Burocracia atora el presupuesto de la CAME, solo ha gastado el 17% de sus recursos contra la contaminación
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Burocracia atora el presupuesto de la CAME, solo ha gastado el 17% de sus recursos contra la contaminación

La Comisión Ambiental de la Megalópolis ha invertido cerca de 15 millones de pesos en la elaboración de estudios de medición de contaminantes. El coordinador ejecutivo de la CAME, Martín Gutiérrez Lacayo, reconoció que por cuestiones burocráticas se ha frenado la inversión de los recursos.
Cuartoscuro
Por Nayeli Roldán (@nayaroldan
21 de julio, 2016
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En 2015, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) tuvo un presupuesto de 91.7 millones de pesos para invertir en proyectos contra la contaminación ambiental, pero sólo gastó el 17 % de los recursos, alrededor de 15 mdp, en cuatro programas de monitoreo.

Dichos recursos forman parte del fideicomiso 1490, creado hace más de 20 años para los proyectos de la Comisión Ambiental Metropolitana y que era financiado con recursos de la Secretaría de Hacienda provenientes del sobreprecio de la gasolina.

En 2014, cuando la CAME inició operaciones, en sustitución de la Comisión Ambiental Metropolitana, el fideicomiso tenía 41 millones 973 mil pesos. El primer acuerdo de la CAME fue que los gobiernos participantes (Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Morelos) aportarían a este fondo, 5 pesos por cada auto verificado.

Estas aportaciones sumaron al fideicomiso 48 millones 866 mil pesos durante 2015; por lo tanto, de los recursos de 2014 y 2015, el fideicomiso tuvo 91 millones 764 mil pesos disponibles para proyectos ambientales, según el reporte de la Cuenta Pública 2015.

El coordinador ejecutivo de la CAME, Martín Gutiérrez Lacayo, explicó que “cuestiones burocráticas” han impedido que se gasten los recursos. La Comisión tuvo que diseñar, por ejemplo, su propio funcionamiento y las nuevas reglas de operación del fideicomiso en los primeros meses de 2014 y las aportaciones estatales comenzaron a fluir hasta 2015.

En entrevista con Animal Político, Gutiérrez Lacayo aseguró que el procedimiento para concretar un proyecto ambiental debe cumplir con una serie de procedimientos, según las reglas de operación.

Primero, el subcomité de evaluación y seguimiento de proyectos, integrado por funcionarios de Semarnat, y luego el Comité técnico del fideicomiso, diseñan “conceptos” de proyectos que puedan beneficiar a la megalópolis o resuelvan algún  requerimiento específico de las entidades.

En 2015, se aprobaron 16 “conceptos”, que van desde el monitoreo de emisiones contaminantes, hasta una estrategia de comunicación para la CAME y de carácter legal para hacer más operativo el fideicomiso.

Después, deben publicar las convocatorias y una vez que llegan las propuestas, analizar cuáles serán las mejores opciones. Aunque en 2015 se lanzaron siete convocatorias, sólo hubo participaron en cuatro y el resto se declararon desiertas.

Por lo tanto,  en diciembre de 2015, la CAME informó la selección de cuatro proyectos enfocados a la medición de contaminantes, por un monto de 15 millones 708 mil pesos, que comenzarían a realizarse en 2016. El 2014, dice, Gutiérrez Lacayo, prácticamente fue el tránsito burocrático de la Comisión Ambiental Metropolitana a la CAME.

¿En qué gastaron los recursos?

El proyecto con el mayor monto (5 millones 500 mil pesos) lo obtuvo el Centro Mario Molina para estudios estratégicos sobre medio ambiente A. C., por el programa para “apoyar proyectos de verificación vehicular obligatoria de la megalópolis”, cuyo objetivo era evaluar y generar recomendaciones de los programas de verificación vehicular para “incrementar su eficiencia y confiabilidad”.

La organización Geosistemas sustentables A. C., ganó el proyecto para “apoyar proyectos de generación de información geográfica para la CAME”, por un monto de cuatro millones 582 mil pesos. Según la convocatoria, debían presentar datos cartográficos de la megalópolis, mapeo de cuencas atmosféricas y de transporte de contaminantes, entre otros.

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, obtuvo dos millones 900 mil pesos por la “elaboración de la línea base de contaminantes atmosféricos a nivel de calle de las dos primeras etapas de la ecozona de Cuernavaca, Toluca; el perímetro central de Puebla y en el corredor de transporte masivo Tuzobus en Hidalgo.

El proyecto con menor monto (dos millones 726 mil pesos) fue para “identificar las necesidades regulatorias para la homologación de políticas públicas en materia ambiental en la región y fortalecer la operación de la CAME”, que ganó Gladius asesores legales S. C.

¿Y qué tan indispensables son los proyectos?

De acuerdo con Leonardo Martínez, director de AEQUUM, A.C., Centro de Estudios sobre Equidad y Desarrollo, los proyectos de monitoreo son indispensables para la estrategia ambiental porque “lo que no se puede medir, no se puede mejorar”.

Martínez -excoordinador de Política Ambiental Urbana del Instituto Nacional de Ecología y perito en Desarrollo Urbano- asegura que la labor de monitoreo “es crucial para poder diseñar las líneas más efectivas para reducir las emisiones contaminantes”.

El también ex profesor de la Universidad Iberoamericana y del ITAM, sostiene que estos proyectos son pertinentes porque “no sabemos bien a bien la cantidad de contaminantes que se emiten por ningún tipo de fuente porque hay muchos vacíos en las metodologías”.

Otros gastos

La Comisión Ambiental de la Megalópolis está integrada por un órgano de gobierno conformado por los seis gobernadores de las entidades participantes y por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el coordinador ejecutivo.

Por lo tanto, el organismo no tiene una estructura burocrática como otras oficinas gubernamentales. De hecho, sólo tiene 11 plazas que son pagadas por la Semarnat y trabajan en oficinas de la dependencia. Sin embargo, hay cuatro vacantes.

De acuerdo con la antigua operación del fideicomiso, los recursos sólo podían usarse “para el desarrollo de proyectos y programas por parte de las entidades que conforman la Comisión”, pero ahora también lo podrán usar para gastos de operación.

Por siete plazas de dirección de la CAME, que incluye al coordinador ejecutivo, tres directores generales y tres directores, la Semarnat paga 631 mil pesos de salario bruto, según información del Portal de Obligaciones de Transparencia.

A casi tres años de su conformación, la actuación de la CAME ha sido ineficiente. El trabajo se ha enfocado en cuestiones administrativas y no en una estrategia integral para combatir la contaminación, como documentó Animal Político.

Sin embargo, el coordinador ejecutivo de la CAME, Martín Gutiérrez Lacayo, los avances sí son visibles, como la homologación de los programas de verificación en las seis entidades participantes, aunque con diferencias de carácter administrativo que no depende de la Comisión.

Asegura que aunque las sesiones de la CAME duran menos de dos horas, hay trabajo previo detrás entre los funcionarios de la Comisión, la Semarnat y los representantes de los gobiernos. Por lo tanto, llegan a las sesiones con acuerdos técnicos que son avalados por los titulares.

La crisis ambiental ha llegado a grados que no se habían visto en los últimos 14 años. Hasta el 1 de junio, el Valle de México sólo tuvo 19 días limpios, es decir, con una contaminación menor a 100 puntos en el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (Imeca). En contraste, se han activado ocho contingencias fase I y cuatro precontingencias que han superado los 150 puntos Imeca, según la dirección de Monitoreo atmosférico.

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'Ni vivir así… ni morir así': la controvertida práctica de la eutanasia psiquiátrica y los países donde se lleva a cabo

España acaba de sumarse a la lista de países donde es legal la eutanasia de personas con trastornos mentales y la iniciativa ha provocado un feroz debate en la comunidad médica.
10 de diciembre, 2021
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En enero de 2018 Aurelia Brouwers, una joven neerlandesa de 29 años, escribió en Facebook “Me estoy preparando para mi viaje. Gracias por todo. A partir de ahora no estaré disponible”.

Cuatro horas después, Brouwers se recostó en su cama y, rodeada de amigos, bebió un compuesto tóxico, recetado por su médico, para morir.

La muerte de Aurelia, en la ciudad de Deventer, Países Bajos, ocurrió un mes después de que el Estado le otorgara el derecho a morir bajo la ley de eutanasia y suicidio asistido, que permite la terminación de la vida cuando hay “sufrimiento insoportable e intratable”.

Pero Aurelia no sufría una enfermedad terminal.

A la joven neerlandesa se le permitió poner fin a su vida debido al “sufrimiento psicológico insoportable” de sus trastornos mentales, incluidos, ansiedad, depresión y psicosis.

La eutanasia está permitida en siete países y el procedimiento se practica principalmente en personas con enfermedades terminales como cáncer, donde el paciente tiene meses o semanas de vida.

Pero en cuatro de éstos países -Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y recientemente España- se permite el procedimiento para personas con enfermedades mentales, como depresión, ansiedad o trastornos de la personalidad.

(Canadá votó en marzo para permitir la eutanasia para enfermedades mentales a partir de marzo de 2023).

Igual que ocurrió en 2018 con la muerte de Aurelia, el asunto de la “eutanasia psiquiátrica” ha provocado un feroz debate en la comunidad médica de España y Canadá.

Y ha enfrentado a quienes afirman que una enfermedad mental puede causar tanto sufrimiento e incapacidad como una enfermedad física, y quienes apuntan que hay tratamientos para curar estos trastornos y no se debe ayudar a morir a estas personas.

“Yo creo que se tienen que hacer los esfuerzos públicos para que las personas no deseen morir, pero que algunas personas quieran morirse es algo hasta cierto punto inevitable”, le dice a BBC Mundo David Rodríguez-Arias, profesor de bioética de la Universidad de Granada e investigador principal del proyecto INEDyTO sobre bioética y final de la vida.

“Hay circunstancias que son tan dramáticas y tan duras y tan irreversibles e irremediables que es inevitable que siga habiendo algunas personas que pidan ese tipo de ayuda“.

“Es una constatación triste, pero inevitable”, agrega.

inyección

Getty Images
Holanda fue el primer país del mundo en legalizar la eutanasia en 2002.

Para muchos psiquiatras, sin embargo, la eutanasia es “fundamentalmente incompatible” con el papel de un médico para sanar al enfermo.

“Abrir la puerta a la eutanasia facilita la devaluación del valor de la vida, a la cual si que tenemos derecho como seres humanos”, le dice a BBC Mundo el doctor Manuel Bousoño García, profesor de psiquiatría de la Universidad de Oviedo.

“Debe lucharse por preservarla libre de sufrimiento y no por eliminarla”.

El reto de los criterios

En los cuatro países donde se permite la eutanasia psiquiátrica, las personas que solicitan el procedimiento deben cumplir con una serie de condiciones.

El problema es la dificultad para interpretar muchos de los criterios que se establecen en la ley de eutanasia.

Y distinguir a los pacientes elegibles para el procedimiento es un enorme reto para los profesionales de salud mental.

Por ejemplo, ¿tiene un paciente con un trastorno mental la capacidad para tomar la decisión de poner fin a su vida?

El psiquiatra Manuel Bousoño cree que una de las características de las enfermedades psiquiátricas es la disminución de esta capacidad y, por lo tanto, se debe proteger a estos pacientes.

“Muchas enfermedades psiquiátricas presentan una tendencia al suicidio que podría inclinarles a buscar una salida en la eutanasia, aunque su enfermedad fuese tratable o incluso curable con los medios adecuados”, afirma Bousoño.

“Y hay que proteger a las personas con enfermedad mental del riesgo a que les somete su enfermedad”, agrega.

Pero David Rodríguez-Arias cree que asumir que una persona con un trastorno mental es necesariamente incapaz de tomar decisiones con respecto a su salud es “un prejuicio común”.

“No se puede directamente asumir que una persona con un trastorno de salud mental tenga incapacidad para tomar decisiones”, explica.

“Ante una persona con una depresión se debe demostrar -no presumir- que es incapaz de tomar la decisión acerca de su propia muerte”.

protesta en España

Getty Images

Otro de los grandes retos que enfrentan los psiquiatras es cómo distinguir que una enfermedad mental es incurable, por un lado, y por el otro, crónica e imposibilitante, que son también condiciones que establecen las leyes de eutanasia.

El psiquiatra Manuel Bousoño asegura que “en muy pocas ocasiones podría decirse que (una enfermedad mental) es intratable”.

“Afortunadamente hay tratamientos que son muy eficaces para disminuir el nivel de sufrimiento”.

Y agrega que “a lo largo de más de 40 años de ejercicio profesional no he encontrado ningún caso con sufrimiento intratable“.

Pero el profesor Rodríguez-Arias cree que la cuestión de si las enfermedades mentales pueden curarse o no es un asunto bastante difícil de resolver.

“Los estándares de tratamiento y los propios diagnósticos en el ámbito de salud mental están muy cuestionados”.

“Incluso los propios especialistas dentro de la salud mental no comparten entre sí los criterios de diagnóstico ni de tratamiento”, señala el experto en bioética.

Y con respecto a las otras condiciones que contempla la ley, la de que una enfermedad mental sea crónica e imposibilitante, es quizás más fácil de demostrar con personas que llevan años o gran parte de su vida con una enfermedad que les da un sufrimiento intolerable y sin encontrar un tratamiento adecuado para aliviar ese sufrimiento.

“Entonces yo creo que los enfermos en salud mental, incluidos los que tienen depresión, pueden ser candidatos, en teoría, a este tipo de ayuda a morir, siempre y cuando efectivamente sean competentes para tomar esa decisión y siempre y cuando convenzan a los médicos que su padecimiento es crónico e imposibilitante“, le dice a BBC Mundo el profesor David Rodríguez-Arias.

Suicidio: ¿evitarlo o facilitarlo?

Quienes apoyan la eutanasia apuntan a la autonomía y la autodeterminación para poner fin al sufrimiento intolerable de una enfermedad.

Quienes se oponen aseguran que la sociedad debe esforzarse más para ayudar a los enfermos mentales y que el papel de los psiquiatras es evitar los suicidios y no ofrecerlos como tratamiento.

“La posibilidad de acceder al suicidio asistido (Eutanasia), va en contra de lo que la psiquiatría promueve como ciencia, que es la curación o alivio de las enfermedades mentales y de sus consecuencias”, le dice a BBC Mundo el doctor Manuel Bousoño.

“La lucha por mejorar debe ser hacia una mejor y más completa asistencia, aunque eso suponga unos costes mayores que una eutanasia que solo sirva para eliminar a los miembros más débiles de una sociedad”, agrega.

protesta en España

Getty Images

Pero ¿qué ocurre cuando el sufrimiento de un paciente es verdaderamente irremediable?

“Creo que la tarea de los psiquiatras es saber cuándo tenemos que prevenir suicidios y cuando tenemos que apoyarlos“, le dice a BBC Mundo la doctora Asunción Álvarez del Río profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“El problema es que por definición, muchos psiquiatras consideran que si alguien quiere suicidarse o quitarse la vida eso es una expresión de perturbación, un síntoma de la enfermedad, y eso está equivocado”.

“En muchos casos puede ser la expresión de una depresión profunda o de algo que se puede tratar. Pero no siempre”.

La experta cree que hay un problema con la formación psiquiátrica que establece que si alguien considera terminar su vida es porque está perturbado.

“Eso es un error”, dice. “Hay gente que tiene muy claro que quiere terminar con su vida porque su vida no se va a mejorar y quieren usar su libertar para dejar de vivir“, agrega la también autora de “La Eutanasia” (1998) y “Práctica y ética de la eutanasia” (2005).

Lo que es un hecho es que muchos pacientes psiquiátricos, incluso en los países más desarrollados, no encuentran un tratamiento adecuado para su enfermedad (o no lo buscan) y terminan suicidándose.

En países como Bélgica o Países Bajos, ha habido testimonios de padres cuyos hijos se suicidan de forma violenta después de que se les negó la eutanasia. ¿Qué se les dice a esos padres? ¿Habría sido mejor facilitar su muerte?

“Que un hijo quiera solicitar una eutanasia tiene que ser durísimo, pero también es muy duro que se suicide”, afirma el profesor de bioética David Rodríguez-Arias.

“La ley permitirá sólo aquellas muertes que estén muy bien argumentadas, justificadas y revisadas por varias personas especializadas”.

“Yo creo que la ley no permitiría que las personas jóvenes acaben suicidándose cuando todavía tienen alternativas de conseguir una vida con calidad”, agrega el experto.

En efecto, los médicos tienen el enorme desafío de saber cuándo respetar la libertad de una persona de poner fin a su vida, asegurándose de que tiene la capacidad de tomar la decisión y de que no hay forma de mejorar su sufrimiento y condición.

“Es una responsabilidad entre el médico responsable de ese paciente y ese médico tiene que consultar con otros médicos que también tendrán que valorar al paciente”, explica la doctora Asunción Álvarez del Río.

“Ha habido casos interesantes en donde pacientes psiquiátricos hablan del alivio que sienten cuando se les autoriza la eutanasia y como eso les ha permitido seguir viviendo, porque saben que cuando decidan morir, ya cuentan con esa ayuda”.

“Y también es un hecho que a los pacientes que les niegan la eutanasia encuentran otra forma más violenta de suicidarse”, agrega la experta.

Un equipo de eutanasia para médicos en Bélgica.

Getty Images
Un equipo de eutanasia para médicos en Bélgica.

Abrir el debate

El número de personas a quienes se les permite morir por sufrimiento psiquiátrico es pequeño: representa entre el 1% y el 3% del total de casos de eutanasia y suicidio asistido en los países donde los procedimientos son legales.

Por ejemplo en Países Bajos, de los 6.938 procedimientos de eutanasia que se llevaron a cabo en 2020, 60 pacientes se sometieron a la muerte asistida por trastornos mentales.

Aún así, todavía hay muchos temores alrededor del mundo para abrir el debate de la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido.

Por ejemplo, en Reino Unido, donde la eutanasia es ilegal, un sondeo llevado a cabo por YouGov en agosto encontró que 75% de los británicos apoyan la muerte médicamente asistida para enfermos terminales y, sin embargo, los legisladores continúan rechazando las propuestas para cambiar la ley.

Como señala el profesor de bioética, David Rodríguez-Arias, todavía sigue habiendo muchos tabúes en las sociedades para hablar de la muerte.

“Siempre está la idea de que renunciar a la vida es una especie de fracaso y quizás también genera la sensación de culpa por parte de las demás personas, de la sociedad y de las políticas públicas”, señala.

“Entonces esa sensación de fracaso y de culpa pueden explicar en parte este tabú y este silenciamiento de la muerte”.

“Pero esta tendencia contrasta con toda una tradición cultural, filosófica, literaria… desde Séneca, pasando por Hume y otros filósofos que hablan del suicidio como una forma honrosa de vivir y de culminar una vida con sentido”.

“Y las sociedades están cada vez más comprendiendo que las biotecnologías aplicadas al mantenimiento de la vida a veces solo consiguen prolongar la vida sin al mismo tiempo conservar su calidad”, agrega el experto.

Y la doctora Álvarez del Río también cree que debe abrirse el debate y aceptar las posiciones contradictorias.

“Es un tema en el que siempre van a aparecer posiciones difíciles de conciliar. Pero no se trata de que la gente esté de acuerdo, sino se trata de respetar las diferentes posiciones. Eso es lo que hay que considerar”, señala.

Pero el doctor Manuel Bousoño cree que España “estaba mejor sin esta ley”.

“Mi opinión es que con la legislación sobre la eutanasia, se abre una puerta difícil de cerrar, que va a producir más sufrimiento que el que pretende corregir”.

“Hubiese sido mucho mejor una Ley de Cuidados Paliativos, que en nuestro país aun están insuficientemente dotados”, indica el experto.


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