Estadounidense acusa que policías de Guerrero lo torturaron; un juez ordena una investigación 
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Estadounidense acusa que policías de Guerrero lo torturaron; un juez ordena una investigación 

Ronald Wooden abrió un taller en las afueras de Taxco. Se negó a pagar derecho de piso a un vecino, quien dijo pertenecer a Guerreros Unidos, y entonces policías lo detuvieron.
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Por AP
13 de julio, 2016
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Ronald James Wooden flexiona sus grandes manos de herrero con las que en su día forjó desde lámparas de araña a intrincada joyería. Dice que aún está recuperando sensibilidad tres años después de una golpiza que duró cuatro horas y durante la que policías municipales del sur de México le propinaron puñetazos y le pegaron con culatas de rifles.

Los agentes le apretaron los grilletes y luego se pusieron sobre sus manos para infligir el mayor daño posible, apunta Wooden, de 46 años, que había abierto un taller en las colinas de las afueras de la ciudad de Taxco, una localidad con minas de plata, junto a su esposa, mexicana de nacimiento.

La policía lo detuvo por supuestamente alterar el orden, pero Wooden sostiene que la paliza se produjo por una disputa con su vecino, un expolicía que dijo pertenecer a un cártel local de la droga.

“Me pegaron durante casi cuatro horas. Algunos se cansaban y entonces entraban otros. Iban a matarme y hacerme desaparecer”, recuerda Wooden, que dice que sufrió daños en el sistema nervioso, además de costillas rotas y lesiones en los genitales.

Lo que lo salvó, sostiene, fue una “intervención divina y el amor que mi familia tiene por mí”. Su esposa, Carmen, esperó afuera del ministerio público durante horas hasta que pudo pagar su fianza de 200 pesos (12 dólares) y llevarlo a un hospital tras quedar en libertad.

Grupos de derechos humanos dicen que la tortura policial sigue siendo muy común en México, pero el caso de Wooden, ocurrido en 2013, es inusual por dos aspectos: es ciudadano estadounidense y logró una orden judicial para una investigación penal sobre la golpiza.

Una pesquisa realizada en 2014 por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, formada por el gobierno, halló que la policía de Taxco detuvo ilegalmente a Wooden, se contradijo sobre cómo se habían producido sus lesiones y esencialmente mintió sobre su alcance.

Se determinó que el estadounidense había quedado cubierto de magulladuras, rasguños y cortes.

La comisión emitió una directiva que decía que las autoridades municipales deberían castigar a los responsables y pagar una indemnización.

Tras dos años sin avances, un juez federal ordenó el pasado 30 de junio que el gobierno de México abra una investigación penal formal por tortura y secuestro en el caso de Wooden.

“Esto abre una brecha nueva, poco explorada, poco utilizada” para obligar a las autoridades a investigar las miles de quejas por torturas en México, dijo Mario Santiago, un abogado del grupo de derechos humanos Idheas, que representa a Wooden.

“Sabemos que suceden cientos o miles de denuncias de torturas, todo el tiempo en este país (…) Hay impunidad, hay una falta de investigación”.

Wooden, que había estado viviendo en Texas, se mudó a Taxco atraído por su afamada industria de la joyería en plata, que había sido reactivada por el aventurero estadounidense William Spratling en la década de 1930.

Pero en los últimos años, la localidad de la época colonial ubicada al sur de la Ciudad de México está controlada por los cárteles de la droga. En 2010, las autoridades descubrieron 55 cadáveres en estado de descomposición que habían sido arrojados a una mina abandonada cerca de la localidad.

Tan pronto como abrió su tienda, recuerda Wooden, comenzó a recibir amenazas de un vecino que decía ser miembro del cártel Guerreros Unidos y le pedía un pago de 10,000 pesos mensuales para su protección.

Cuando el vecino sacó un machete y lo amenazó con enviarlo de vuelta a Estados Unidos en pedazos, ambos hombres llamaron a la policía, explicó Wooden.

Cuando los agentes aparecieron, recuerda, se fueron directamente hacia él pateándolo y propinándole puñetazos en el suelo. Lo detuvieron por estar ebrio y alterar el orden, acusaciones que Wooden niega.

Wooden no se engaña sobre lo que pudo haberle sucedido: las prácticas de la policía de Taxco son tan conocidas que el gobierno federal desarmó a todo el cuerpo durante un año y medio tras la detención de Wooden y pasó la vigilancia a agentes federales.

El exdirector de la policía de la ciudad, Eruviel Salado Chávez, fue detenido el mes pasado por cargos de crimen organizado y secuestro.

Está acusado de mantener estrechos vínculos con Guerreros Unidos, el grupo considerado responsables de muchos de los 100 cuerpos encontrados en fosas comunes en los alrededores de Taxco y la cercana ciudad de Iguala.

El gobierno federal dice que los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en Iguala fueron secuestrados por policías locales corruptos y entregados a Guerreros Unidos, que supuestamente los habrían matado.

“Parte de lo que me protegió es que soy extranjero y no tengo miedo”, explicó Wooden.

“Lo que me ocurrió a mi le ha ocurrido a otras personas (…) Familias enteras han desaparecido en estas situaciones”.

Cuando recuperó la consciencia en el interior de una celda tras la golpiza, “me di cuenta de que había sangre seca en el suelo, y no toda era mía”.

México aprobó una ley que establece sanciones para los abusos policiales en 1986, en medio de la consternación por el descubrimiento de cuerpos torturados en una comisaría de policía dañada por un terremoto. La norma, en teoría, se endureció en 1991, prohibiendo el uso de testimonios obtenidos bajo tortura.

Pero los escándalos que implican a policías, soldados y marines mexicanos siguen creciendo. Y el caso de Wooden es un ejemplo de lo difícil que es castigar estos abusos.

En un primer momento, el artesano presentó una demanda penal tras la paliza. Pero dijo que la retiró cuando un hombre en la oficina del juez lo llevó a un lado y le dijo: “Están planeando hacerte desaparecer si sigues haciendo ruido y pidiendo cargos”.

Además de los daños físicos, Wooden dijo que parte de su equipo fue sustraído. Él y su esposa se marcharon de Taxco por miedo y se trasladaron a otras partes del país. Apunta que no ha podido embarcarse en nuevos proyectos por sus lesiones y falta de dinero para comprar materiales.

Nadie ha entrado en prisión por torturar a Wooden. Dos de los agentes de policía recibieron advertencias y se les pidió que tomasen clases sobre derechos humanos, aunque Santiago apunta que no está claro si llegaron a hacerlo.

“Hay impunidad, hay una falta de investigación. Y como le sucedió a él, le sucede a mucha gente”, dijo Santiago.

“Lo que buscamos es la modificación estructural, hacer modificaciones a las estructuras que permiten que estas violaciones existan”.

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Por qué la reforma exprés de la Ley de Seguridad de México desafía a Estados Unidos

El Congreso mexicano aprobó nuevas regulaciones para la presencia de agentes extranjeros en México. La ley fue criticada por EE.UU., el país que sería más afectado por las nuevas y más estrictas normas.
17 de diciembre, 2020
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Para el gobierno de México, significa la defensa de la “independencia y soberanía” nacional. Para el de Estados Unidos, “solo beneficia a las violentas organizaciones criminales transnacionales”.

Una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que aprobó de forma exprés el Congreso mexicano este martes establece nuevos controles para la presencia de agentes extranjeros en el país.

Pese a que no está dirigida a ningún país en específico, diversos analistas coincidieron al señalar que está claramente enfocada hacia las agencias de inteligencia y combate al narcotráfico de Estados Unidos como consecuencia del reciente caso del general Salvador Cienfuegos.

El exsecretario de la Defensa Nacional fue detenido en octubre en Los Ángeles por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), acusado de vínculos con el narcotráfico, cargos que el general negó. El arresto tuvo lugar luego de una investigación de más de un año de la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que nunca había sido informado.

“Esta iniciativa de ley fue una especie de desagravio para el ejército mexicano, porque siempre han tenido una muy mala relación con la DEA desde el caso del agente Enrique Camarena (agente de la DEA asesinado en México en 1985). Hay una desconfianza mutua”, le dice a BBC Mundo el analista en seguridad Salvador García Soto.

Tras la detención de Cienfuegos “vino una reacción muy fuerte de las Fuerzas Armadas, que le dijeron al presidente López Obrador que tomara cartas en el asunto, que no permitiera que un extitular de la Defensa fuera tratado de esa manera, de la forma en que lo detuvieron, el trato y las acusaciones”, opina.

El general Salvador Cienfuegos durante un evento militar en Ciudad de México en septiembre de 2016.

Reuters
El exsecretario de la Defensa mexicano fue arrestado en Los Ángeles por agentes de la DEA.

Estados Unidos, por su parte, criticó que esta reforma a la ley implica un retroceso en la cooperación entre ambos países en el combate a los grupos criminales y el narcotráfico, tal y como dijo la semana pasada el fiscal general estadounidense William Barr (quien anunció que dejará su cargo antes de fin de año).

“La aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente”, dijo Barr en un comunicado cuando el Senado mexicano aprobaba de manera urgente la reforma promovida por el presidente López Obrador.

En respuesta, el líder de la mayoría del partido Morena, de López Obrador, consideró infundados los temores expresados por Barr.

“Al contrario, contar con protocolos claros de intercambio de información hará posible que ahora ambos países puedan tener mayor cantidad de insumos para desarrollar estrategias conjuntas que permitan fortalecer la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”, dijo al diario El Sol de México.

Una vista del Senado mexicano

EPA
El Congreso mexicano aprobó en menos de 10 días la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Tras recibir luz verde en el Congreso, la ley deberá ahora ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor, pero analistas como García Soto advierten desde ya que su formulación podría afectar a los acuerdos de cooperación de México y EU en materia de combate al narcotráfico.

¿Qué cambia en la ley?

La Ley de Seguridad Nacional es la norma que, entre otros aspectos, regula la presencia de los agentes extranjeros que tienen actividades en México.

Durante décadas, agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, la ATF o la CIA han operado en México a través de agentes que realizan labores de inteligencia e investigación sobre grupos delictivos.

Pero el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 a manos del cartel de Guadalajara, aumentó de manera notable la presencia de estos agentes en México. Y su poder se incrementó más en años recientes, explica García Soto.

“En los gobiernos anteriores, principalmente el de Felipe Calderón (2006-2012), hubo una apertura muy amplia a la participación de este tipo de agentes en el país. Se sabía que la DEA coordinaba operativos en México, tenía asignadas unidades de la Secretaría de Marina para detener a narcotraficantes. Prácticamente ellos controlaban una parte de la lucha contra la delincuencia bajo el gobierno de Calderón”, señala el experto.

Un agente de la DEA

Getty Images
La presencia de agentes extranjeros está regulada por la Ley de Seguridad Nacional.

Pero el caso de Cienfuegos, del que el gobierno de México asegura que no supo nada hasta que prácticamente fue detenido, sacudió de nuevo la relación de los dos países.

Ahora, la reformada Ley de Seguridad Nacional obligará a los agentes de otros países desplegados en México a compartir información sobre sus investigaciones con las autoridades mexicanas.

Les prohíbe hacer detenciones, les exige solicitar una autorización para portar armas y establece que no tienen inmunidad judicial en caso de verse involucrados en la comisión de delitos o infracciones, lo cual fue señalado como una de las modificaciones más controvertidas.

Además, garantiza el soporte legal para la expulsión de las agencias que no cumplan con la ley en México.

“Aunque engloba a cualquier otro gobierno que tenga agentes en México, parece que va dedicada especialmente a los agentes de la DEA. Ni siquiera a los de la CIA u otras agencias. Es una dedicatoria expresa para tratar de controlarlos, de regularlos y de tener control de las investigaciones que están realizando”, considera García Soto.

El factor Cienfuegos

Al ser cuestionado sobre el motivo de la reforma, López Obrador dijo que se trataba de una iniciativa para la defensa de la soberanía nacional, pues en el caso del general Cienfuegos “existen acuerdos que no se cumplieron”, señaló.

“Antes, los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía todo porque no se defendía el principio de independencia y soberanía de nuestra nación”, apuntó la semana pasada.

López Obrador

EPA
López Obrador dice que esta ley finalmente regulará las actividades de agentes de otros países en México.

Este lunes, la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, dijo que “hubo un abuso de confianza” de los estadounidenses al investigar y detener al general sin informar primero a su gobierno.

Para García Soto, es claro que se cometieron excesos en el pasado reciente.

“Tuvieron una especie de manga ancha estas agencias, por encima de la Constitución y de la soberanía. Y ese es el argumento del presidente y de Morena (su partido) para regularlos. Pero también tiene motivaciones políticas”, explica.

“ tiene que ver con una especie de revancha sobre cómo la DEA hizo esto de detener al general y tratarlo como lo trataron, incluida a su familia en la detención. Para poner límites a estas agencias para que no cometan este tipo de actos, lo cual va a ser muy polémico”, pronostica.

Pese a que el caso del Departamento de Justica de EU contra Cienfuegos por presunto narcotráfico estaba listo y en la antesala de un juicio en Nueva York, el mes pasado fue entregado a México tras una negociación con las autoridades estadounidenses.

Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra el general Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” que, según dijeron, “superaron” el interés del gobierno en continuar con la acusación.

“Si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la fiscalía general (mexicana) investigar, substanciar y sostenerlos”, dijo entonces el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Salvador Cienfuegos en un dibujo de la corte

Reuters
El exgeneral Salvador Cienfuegos negó todos los graves cargos en su contra.

“Cuando se negoció la entrega, arguyó razones de seguridad nacional de México”, explica García Soto.

Y esas razones, opina el analista, “eran la rebelión en las Fuerzas Armadas: los mandos militares plantearon que si no había una explicación de EU, o si no se presentaban pruebas contra el general Cienfuegos, o en su defecto lo regresaran, el ejército se saldría de la operación de seguridad del país en el tema del narcotráfico”, añade.

El presidente López Obrador negó haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas.

¿Qué consecuencias puede tener la nueva ley?

El fiscal Barr fue enfático al rechazar la reforma de ley mexicana. “Tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países. Haría menos seguros a los ciudadanos de México y EU”, aseguró.

Ante los señalamientos de México sobre cómo se trató el caso de Cienfuegos, el fiscal general dijo que su entrega a la Justicia mexicana demuestra cómo se colabora “dentro del marco de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos”.

Un agente de la DEA

Getty Images
Los agentes de la DEA han estado en México durante décadas.

Por su parte, el exagente de la DEA Mike Vigil dijo a la emisora Milenio que pese a que hay “muy buenos elementos” mexicanos en materia de combate al narcotráfico, las agencias de EU se reservan información sobre sus operaciones por cuestiones de confianza.

“Hay algunos que son corruptos y entonces es muy difícil compartir toda la información, porque nunca se sabe si va a haber un flujo de información a los narcotraficantes que va a comprometer a agentes de EU, informantes, operativos e investigaciones”, declaró.

Por su parte, el analista en seguridad e inteligencia Ramón Celaya dijo a la agencia EFE que “si no fuera por la información de las agencias americanas en México, no se hubiera logrado la detención del 80% de los capos en los últimos 20 años“.

Para García Soto, esta reforma podría incluso “trastocar convenios internacionales” sobre protección a agentes extranjeros, en particular por el hecho de que pierden la inmunidad de la que han gozado y pueden enfrentar acusaciones en tribunales.

Todo esto entra en juego con la nueva ley.


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