Estadounidense acusa que policías de Guerrero lo torturaron; un juez ordena una investigación 
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Estadounidense acusa que policías de Guerrero lo torturaron; un juez ordena una investigación 

Ronald Wooden abrió un taller en las afueras de Taxco. Se negó a pagar derecho de piso a un vecino, quien dijo pertenecer a Guerreros Unidos, y entonces policías lo detuvieron.
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Por AP
13 de julio, 2016
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Ronald James Wooden flexiona sus grandes manos de herrero con las que en su día forjó desde lámparas de araña a intrincada joyería. Dice que aún está recuperando sensibilidad tres años después de una golpiza que duró cuatro horas y durante la que policías municipales del sur de México le propinaron puñetazos y le pegaron con culatas de rifles.

Los agentes le apretaron los grilletes y luego se pusieron sobre sus manos para infligir el mayor daño posible, apunta Wooden, de 46 años, que había abierto un taller en las colinas de las afueras de la ciudad de Taxco, una localidad con minas de plata, junto a su esposa, mexicana de nacimiento.

La policía lo detuvo por supuestamente alterar el orden, pero Wooden sostiene que la paliza se produjo por una disputa con su vecino, un expolicía que dijo pertenecer a un cártel local de la droga.

“Me pegaron durante casi cuatro horas. Algunos se cansaban y entonces entraban otros. Iban a matarme y hacerme desaparecer”, recuerda Wooden, que dice que sufrió daños en el sistema nervioso, además de costillas rotas y lesiones en los genitales.

Lo que lo salvó, sostiene, fue una “intervención divina y el amor que mi familia tiene por mí”. Su esposa, Carmen, esperó afuera del ministerio público durante horas hasta que pudo pagar su fianza de 200 pesos (12 dólares) y llevarlo a un hospital tras quedar en libertad.

Grupos de derechos humanos dicen que la tortura policial sigue siendo muy común en México, pero el caso de Wooden, ocurrido en 2013, es inusual por dos aspectos: es ciudadano estadounidense y logró una orden judicial para una investigación penal sobre la golpiza.

Una pesquisa realizada en 2014 por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, formada por el gobierno, halló que la policía de Taxco detuvo ilegalmente a Wooden, se contradijo sobre cómo se habían producido sus lesiones y esencialmente mintió sobre su alcance.

Se determinó que el estadounidense había quedado cubierto de magulladuras, rasguños y cortes.

La comisión emitió una directiva que decía que las autoridades municipales deberían castigar a los responsables y pagar una indemnización.

Tras dos años sin avances, un juez federal ordenó el pasado 30 de junio que el gobierno de México abra una investigación penal formal por tortura y secuestro en el caso de Wooden.

“Esto abre una brecha nueva, poco explorada, poco utilizada” para obligar a las autoridades a investigar las miles de quejas por torturas en México, dijo Mario Santiago, un abogado del grupo de derechos humanos Idheas, que representa a Wooden.

“Sabemos que suceden cientos o miles de denuncias de torturas, todo el tiempo en este país (…) Hay impunidad, hay una falta de investigación”.

Wooden, que había estado viviendo en Texas, se mudó a Taxco atraído por su afamada industria de la joyería en plata, que había sido reactivada por el aventurero estadounidense William Spratling en la década de 1930.

Pero en los últimos años, la localidad de la época colonial ubicada al sur de la Ciudad de México está controlada por los cárteles de la droga. En 2010, las autoridades descubrieron 55 cadáveres en estado de descomposición que habían sido arrojados a una mina abandonada cerca de la localidad.

Tan pronto como abrió su tienda, recuerda Wooden, comenzó a recibir amenazas de un vecino que decía ser miembro del cártel Guerreros Unidos y le pedía un pago de 10,000 pesos mensuales para su protección.

Cuando el vecino sacó un machete y lo amenazó con enviarlo de vuelta a Estados Unidos en pedazos, ambos hombres llamaron a la policía, explicó Wooden.

Cuando los agentes aparecieron, recuerda, se fueron directamente hacia él pateándolo y propinándole puñetazos en el suelo. Lo detuvieron por estar ebrio y alterar el orden, acusaciones que Wooden niega.

Wooden no se engaña sobre lo que pudo haberle sucedido: las prácticas de la policía de Taxco son tan conocidas que el gobierno federal desarmó a todo el cuerpo durante un año y medio tras la detención de Wooden y pasó la vigilancia a agentes federales.

El exdirector de la policía de la ciudad, Eruviel Salado Chávez, fue detenido el mes pasado por cargos de crimen organizado y secuestro.

Está acusado de mantener estrechos vínculos con Guerreros Unidos, el grupo considerado responsables de muchos de los 100 cuerpos encontrados en fosas comunes en los alrededores de Taxco y la cercana ciudad de Iguala.

El gobierno federal dice que los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en Iguala fueron secuestrados por policías locales corruptos y entregados a Guerreros Unidos, que supuestamente los habrían matado.

“Parte de lo que me protegió es que soy extranjero y no tengo miedo”, explicó Wooden.

“Lo que me ocurrió a mi le ha ocurrido a otras personas (…) Familias enteras han desaparecido en estas situaciones”.

Cuando recuperó la consciencia en el interior de una celda tras la golpiza, “me di cuenta de que había sangre seca en el suelo, y no toda era mía”.

México aprobó una ley que establece sanciones para los abusos policiales en 1986, en medio de la consternación por el descubrimiento de cuerpos torturados en una comisaría de policía dañada por un terremoto. La norma, en teoría, se endureció en 1991, prohibiendo el uso de testimonios obtenidos bajo tortura.

Pero los escándalos que implican a policías, soldados y marines mexicanos siguen creciendo. Y el caso de Wooden es un ejemplo de lo difícil que es castigar estos abusos.

En un primer momento, el artesano presentó una demanda penal tras la paliza. Pero dijo que la retiró cuando un hombre en la oficina del juez lo llevó a un lado y le dijo: “Están planeando hacerte desaparecer si sigues haciendo ruido y pidiendo cargos”.

Además de los daños físicos, Wooden dijo que parte de su equipo fue sustraído. Él y su esposa se marcharon de Taxco por miedo y se trasladaron a otras partes del país. Apunta que no ha podido embarcarse en nuevos proyectos por sus lesiones y falta de dinero para comprar materiales.

Nadie ha entrado en prisión por torturar a Wooden. Dos de los agentes de policía recibieron advertencias y se les pidió que tomasen clases sobre derechos humanos, aunque Santiago apunta que no está claro si llegaron a hacerlo.

“Hay impunidad, hay una falta de investigación. Y como le sucedió a él, le sucede a mucha gente”, dijo Santiago.

“Lo que buscamos es la modificación estructural, hacer modificaciones a las estructuras que permiten que estas violaciones existan”.

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Cómo Uruguay pasó de ser una excepción en la pandemia de coronavirus al país con mayor tasa de casos nuevos en América Latina

A la cabeza de la región en cantidad de casos nuevos cada millón de personas, Uruguay enfrenta semanas "muy difíciles" en la pandemia luego de su relativa calma, sostienen expertos.
21 de marzo, 2021
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Cuando muchos en el mundo aún veían a Uruguay como una excepción latinoamericana en el control de contagios de COVID-19, el doctor Julio Medina lanzó una advertencia desde allí.

“Inexorablemente vamos perdiendo nuestro lugar de privilegio. Debemos restringir nuestra movilidad e interacción física para desacelerar la propagación del virus”, tuiteó Medina, catedrático de enfermedades infecciosas en la Universidad de la República (Udelar), el 29 de noviembre.

Menos de cuatro meses más tarde, la situación del país ha dado un giro en la peor dirección.

Uruguay pasó a Brasil el domingo como la nación latinoamericana con mayor número de casos nuevos de covid-19 por cada millón de habitantes, según el promedio móvil de siete días de Our World in Data.

Si bien las posiciones en este ranking pueden variar de un día al otro, los expertos observan preocupados el panorama uruguayo.

El país marcó el domingo su récord de contagios diarios, casos activos y pacientes en terapia intensiva desde el inicio de la pandemia hace un año.

Con 33,51 casos de promedio por cada 100 mil personas en una semana, Uruguay está en zona roja de riesgo según los parámetros de la Universidad de Harvard (a partir de 25 casos).

“Estamos en el peor momento de la epidemia en nuestro país y las próximas semanas van a ser muy difíciles”, anticipa Medina en diálogo con BBC Mundo.

Entonces ¿a qué se debe esto?

Vacunación en Uruguay.

Getty Images
Uruguay, que ya ha comenzado a vacunar, registró el pasado domingo un récord de contagios diarios.

“Presos del propio éxito”

Uruguay aún está mejor que varios de sus vecinos regionales en algunos indicadores de la pandemia.

Con menos de 3,5 millones de habitantes, el país llevaba hasta el lunes 712 muertes por COVID-19, según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins.

Su tasa de letalidad por COVID-19 (1%) es una de las más bajas en América Latina y menor que la de naciones con población similar, como Costa Rica, Panamá y Paraguay, de acuerdo a Our World in Data.

Uruguay mantiene además uno de los registros más bajos en la región de muertes por COVID-19 por millón de habitantes.

Hasta ahora, el sistema de salud uruguayo nunca se vio desbordado por la pandemia.

Y aunque fue uno de los últimos países de la región en recibir vacunas contra el COVID-19, a fines de febrero, ahora es el segundo latinoamericano con más dosis administradas por cada 100 personas (5,9), detrás de Chile (34,5).

Dos personas del equipo sanitario en Uruguay.

Getty Images
Uruguay fue uno de los últimos países latinoamericanos en obtener vacunas, pero inocula a uno de los ritmos más rápidos de la región.

Uruguay llamó la atención desde el año pasado por haber aplicado una singular estrategia frente a la pandemia, sin confinamientos obligatorios.

El presidente Luis Lacalle definió este camino como de “libertad responsable”: pidió a la población que permaneciera en sus casas, pero evitó los controles policiales de otros países.

Como la población siguió los consejos y el virus estaba bajo control, a partir de abril de 2020 el gobierno reabrió gradualmente actividades que había cerrado al inicio de la pandemia: construcción, comercio, escuelas presenciales, restaurantes…

https://www.youtube.com/watch?v=dDHHLysaCHg

Pero la primera ola de contagios comenzó a subir a fin de año en Uruguay y los expertos creen que lo que observan ahora es un rebote de la misma.

Parte del fenómeno es atribuido al comportamiento de las personas, que interactúan más en su regreso de las vacaciones del verano austral.

“A veces es estar preso del propio éxito: al país le había ido muy bien y las personas relajaron las medidas, eso explica buena parte de lo que nos está pasando”, señala Medina.

Agrega que la otra explicación posible del aumento de casos es que la variante brasileña del virus —definida como la P.1 y más transmisible— haya entrado a Uruguay por su frontera terrestre con Brasil.

Si bien el gobierno de Lacalle dispuso un cierre parcial de fronteras, esto es difícil de lograr en ciudades fronterizas con Brasil,donde apenas una calle marca el límite binacional.

“Estamos convencidos de que (la P.1) debe estar en el país, simplemente todavía no logramos demostrarlo”, señala el infectólogo.

Y sostiene que, si esto se confirma en estudios que se realizan, “quiere decir que las medidas que venía usando el país para contener la epidemia dejan de ser tan eficientes y usted tiene que ser más estricto”.

La liebre y la tortuga

El gobierno uruguayo tiene previsto analizar la situación sanitaria este martes en un Consejo de Ministros.

Por lo pronto, ya ha decidido solicitar al Parlamento que renueve un límite impuesto al derecho a reunión para evitar aglomeraciones, informaron medios locales.

Hospital en Montevideo.

Getty Images
Es probable que Uruguay anuncie más medidas restrictivas esta semana.

El presidente Lacalle se mostraba contrario hasta la semana pasada a adoptar medidas más restrictivas, como la prohibición de circulación.

Sin embargo, el Grupo Asesor Científico Honorario (Gach), integrado por expertos como Medina y que aconseja al gobierno en la pandemia, sugirió en febrero limitar reuniones sociales o familiares y las actividades de comercios no esenciales.

Y el lunes distintos especialistas reclamaron públicamente más medidas.

“A diferencia de la fábula de la carrera entre la liebre (virus) y la tortuga (nosotros), acá no se va a dormir sola. Es ahora que hay que noquearla, bajando la movilidad con nuevas medidas, y así llegar a la meta”, tuiteó Gonzalo Moratorio, un virólogo del Instituto Pasteur de Montevideo, el lunes.

El nefrólogo Oscar Noboa sostuvo en la misma red que “cada minuto sin medidas tiene costos muy altos para los enfermos y sus contactos”.

Enfermera en Uruguay.

Getty Images
Uruguay estableció un calendario singular de vacunación, sin comenzar por los mayores.

“La realidad ya no nos permite ser optimistas. Es una carrera entre el aumento de casos y el muy buen ritmo de vacunación. En este mes (entre hoy y mediados de abril) se juegan las finales. Es necesario adoptar medidas duras, aunque no gusten”, tuiteó Oscar Ventura, catedrático de la Universidad de Química de la Udelar.

Uruguay también ha adoptado un calendario singular de vacunación, sin comenzar por la población de mayor edad como hicieron otros países por ser grupo de riesgo.

Esto se debe a que, según expertos locales, las primeras vacunas que recibió el país, del laboratorio chino Sinovac, carecían de suficientes ensayos clínicos en mayores de 60 años.

El lunes el gobierno anunció que comenzará a vacunar a personas de entre 50 y 70 años. Pero aún se desconoce cuándo exactamente inoculará a quienes tienen entre 70 y 75 con dosis de otros laboratorios.

Medina destaca la importancia clave de vacunarse contra la covid-19, pero señala que, sin otras medidas, incluso una tasa alta de inoculación tendría escaso impacto en el momento actual del país.

“Esto no nos va a ayudar en esta etapa de aceleración de la epidemia”, advierte. “Nos va a ir ayudando más adelante”.


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