Estos son los candidatos que se disputan la dirigencia del PRD
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Estos son los candidatos que se disputan la dirigencia del PRD

Alejandra Barrales, Beatriz Mojica y Pablo Gómez son los tres candidatos que buscan la dirigencia nacional del PRD; sin embargo, las corrientes perredistas plantearon la posibilidad proponer a un cuarto candidato que no cause "un choque de trenes" en el partido.
Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
2 de julio, 2016
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A dos semanas de que Agustín Basave anunció su renuncia a la presidencia nacional del PRD, el partido elegirá este sábado 2 de julio a su sucesor. Los aspirantes: Alejandra Barrales, Beatriz Mojica y Pablo Gómez.

Sin embargo, en una mesa de negociación realizada la noche del viernes, los dirigentes de las corrientes perredistas plantearon la posibilidad proponer a un cuarto candidato que no cause “un choque de trenes” en el partido.

Lee: ¿Qué impacto tendrá la renuncia de Agustín Basave en el PRD?

“Hay voluntad de no llegar al choque de trenes, pero al momento de flexibilizar posiciones se mantienen las candidaturas, de tal manera que quedó en el ambiente que se pueda explorar una tercera vía, más allá de los nombres que hasta el momento se han manejado“, dijo Alejandro Sánchez Camacho, de Izquierda Democrática Nacional, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.

Sánchez Camacho agregó que la clave para destrabar el conflicto es que se otorgue a Nueva Izquierda la dirección del partido en la Ciudad de México y así no insistan en imponer a Beatriz Mojica –quien en caso de que no haya acuerdo asumirá el cargo de presidenta del PRD provisionalmente, por ser la actual secretaria General del partido–.

En tanto que los opositores a Nueva Izquierda –conocido como Los Chuchos– reiteraron su apoyo a Alejandra Barrales y Pablo Gómez. 

Hasta el momento, ninguna de las corrientes tiene los dos tercios de consejeros que exige la norma perredista.

De acuerdo con versiones de los propios perredistas, citados por la agencia Notimex, la actual secretaria de Educación del gobierno capitalino, Alejandra Barrales –que integra la corriente Vanguardia Progresista, afín al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera–, es mencionada como la eventual sustituta de Basave Benítez.

Sin embargo, por la política estatutaria de ese partido, al tener a una mujer al frente de la presidencia nacional, el siguiente cargo, la Secretaría General, tendría que ser ocupada por un hombre, pero en este momento lo ejerce Beatriz Mojica, quien no ha renunciado, pero también aspira a presidir al organismo.

El pleno del Consejo Nacional está citado para este sábado en la Expo Reforma –en el centro de la Ciudad de México–, donde se realizará el séptimo pleno extraordinario del IX Consejo Nacional para elegir al sucesor de Basave, quien presentó su renuncia con fecha de 2 de julio.

A continuación te presentamos los perfiles de los tres candidatos.

Beatriz Mojica 

Es la actual secretaria general del PRD y fue candidata para el gobierno de Guerrero, en las elecciones del 7 de junio de 2015. Además, fue secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Ángel Aguirre –quien pidió licencia a su cargo tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa–.

Tiene al menos 25 años de trayectoria en el PRD, donde también se desempeñó como secretaria de Alianzas y Relaciones Políticas Nacionales. Asimismo, fue diputada federal en el periodo 2003– 2006.

“Yo estoy lista (para dirigir al PRD)  porque he recorrido el país, conozco las necesidades del partido, el territorio, no soy una mujer de escritorio (…) esta dirigencia que  es transitoria puede sentar las bases de lo que va a seguirse en 2017 y 2018 y para eso estamos preparados”, dijo este viernes en una conferencia de prensa.

Alejandra Barrales 

Es la actual secretaria de Educación de la Ciudad de México, donde también fue secretaria de Turismo (2006-2008) durante la administración de Marcelo Ebrard. En cuanto a su trabajo legislativo, fue senadora, diputada federal y se desempeñó como diputada en la Asamblea Legislativa capitalina.

Se incorporó a las filas del PRD en 2002 y seis años después fue electa como la presidenta de ese partido en la Ciudad de México.

Barrales defiende su candidatura para la presidencia del PRD con el argumento de que no pertenece a ninguna corriente interna del partido.

“Tengo más de 16 años de militancia en el PRD, conozco sus diferentes expresiones, pero no ser parte orgánica de ninguna me facilita y obliga a fomentar el diálogo y acuerdo para transitar en el interior de las expresiones (…) Al no ser parte de ninguna corriente nos obliga a platicar con todos y salvaguardar los puntos de vista de todos los equipos”, dijo, según un reporte de Reforma.

Pablo Gómez 

Actualmente es senador de la República y ha sido diputado federal en al menos tres ocasiones. En su aspiración a dirigir el PRD es respaldado por las corrientes Patria Digna y Coalición de Izquierdas.

“Pablo Gómez debe ser presidente del PRD porque necesitamos un partido en el cual la política de alianzas para las elecciones de 2017 y 2018 se construya y decida en el seno del partido”, dijo en una rueda de prensa el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa.

Recientemente fue criticado por decir que la elección del nuevo líder del PRD “no será un concurso de belleza”, en referencia a Barrales y a Mojica.

El proceso de la elección

De acuerdo con la orden del día que dio a conocer el PRD, para la realización del pleno se iniciará con la verificación y, en su caso, declaración del quórum legal, la instalación de la sesión y la lectura del acta anterior.

Los consejeros conocerán entonces el texto de la renuncia del todavía presidente Agustín Basave y de inmediato se abrirá un espacio para recibir las solicitudes de “intención” para ocupar ese cargo, aunque se prevé que puedan declarar un receso, en espera de que haya un acuerdo de las corrientes sobre el tema.

Después, se realizará la votación y el nombramiento del presidente o presidenta nacional, un mensaje de quien resulte electo y por último se discutirá y, en su caso, aprobará la solicitud de registro de una nueva corriente llamada “Iniciativa Galileos”.

Con información de Notimex y Reforma. 

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Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
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El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


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