Funcionarios de Quintana Roo despojan a empresarios de terrenos, bienes y dinero
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Funcionarios de Quintana Roo despojan a empresarios de terrenos, bienes y dinero

Para concretar los despojos, los funcionarios cercanos al gobernador Roberto Borge utilizaron trampas legales como juicios laborales falsos.
Cuartoscuro
Por Silber Meza y Mariel Ibarra / Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y Expansión
6 de julio, 2016
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Apoyados en juicios laborales falsosfuncionarios y exfuncionarios del gobierno de Roberto Borge, en Quintana Roo, han despojado a empresas y particulares de bienes inmuebles, pero también de su dinero a través del congelamiento de cuentas bancarias. 

Expansión y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad documentaron casos de los cuales revisaron cuatro expedientes–  que prueban cómo el gobierno del priista Borge ha despojado terrenos y hoteles en Tulum, embargado condominios en Cancún, y se ha apoderado de departamentos de lujo para después venderlos a la mitad de su valor a funcionarios públicos.

Estos actos han sido legalizados por funcionarios cercanos a Borge. Uno de ellos es Carlos Lima, ex director del Registro Público y del Comercio (RPyC), a quien el Congreso local acaba de nombrar magistrado a propuesta directa del gobernador.

Ese nombramiento quedó aprobado junto con el llamado “paquete de impunidad” para proteger al gobernador priista.

Otros funcionarios implicados: el ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del Trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; y el presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila.

Lee: Congreso de QRoo blinda al gobernador saliente; elige un fiscal y un auditor cercanos a Borge

Los despojos y el modus operandi  

El 23 de mayo de 2014, el actuario Freddy Ricardo Quintal Bojórquez y tres funcionarios más de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún –que depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de QRoo– irrumpieron en el hotel Playa Azul, en Tulum. Ahí, sin identificarse ni mostrar alguna orden por escrito, y con el apoyo de policías municipales armados, despojaron al ejidatario Joel Tovar de 4 mil 500 metros cuadrados de tierra, y dejaron al español Andrés Pérez sin los ahorros que invirtió en el hotel que administraba desde hacía cinco años.

Ese día lo mismo ocurrió en tres hoteles más: Cabañas Ixchel, Dos Ceibas y Puerta del Cielo. Sólo por estos cuatro casos de despojo, cuyos expedientes están en poder de Expansión y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, el daño rebasa los 340 millones de pesos.

El despojo en el hotel Plaza Azul ocurrió luego de que dos particulares –quienes aseguraron haber trabajado en dicho hotel ganando sueldos mensuales de 753,234 pesos, tres veces más que el presidente Enrique Peña Nieto– interpusieron un juicio laboral contra las personas que dicen ser dueñas de esa franja de costa en Tulum. Jamás mencionaron los nombres de Joel Tovar y Andrés Pérez.

A pesar de que Joel y Andrés dicen que no se les notificó del juicio en su contra, y de que nunca conocieron a los supuestos demandantes, la justicia de Quinta Roo los condenó a pagar 200 millones de pesos a esos empleados. Para hacer efectivo el pago, embargaron el terreno y el hotel.

En entrevista, el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún, Alexis Zavala Ávila, negó la versión de los afectados acerca de que no se les notificó del juicio en su contra.

Y cuestionado acerca del exhorbitante sueldo de los supuestos trabajadores, el funcionario respondió que “por regla general, la carga de la prueba es para el patrón, y si el patrón en su momento no puede desacreditar o desvirtuar esta situación, se tiene en su momento que condenar“.

Con el mismo modus operandi de juicios laborales a modo, 51 de 62 condominios del complejo Lagoon Loft –valuado en 20 millones de dólares– fueron embargados en otra diligencia del actuario Quintal Bojórquez. Como ocurrió en el hotel Plaza Azul, también llegó con una veintena de policías municipales armados para tomar el desarrollo.

Este embargo ocurrió para pagar 48 millones de pesos a favor de 21 supuestos trabajadores que demandaron a la compañía. En este caso, el tiempo que transcurrió entre que el propietario del complejo habitacional se enteró del juicio laboral y el desalojo del inmueble fue de tres meses.

La empresa presentó un juicio de amparo, lo ganó y se ordenó reponer el procedimiento. Sin embargo, eso no ha ocurrido hasta la fecha de publicación de este reportaje.

En 2015, el gobernador Borge respondió al reclamo de los empresarios locales sobre la ilegalidad de los juicios laborales amañados y creó una mesa de diálogo; sin embargo, en ella participaban los responsables de los despojos: el ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña y el subsecretario, Enrique de la Cruz Pineda.

Estos despojos también son conocidos por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La Presidencia mexicana turnó el caso a la Procuraduría Agraria.

Departamentos de lujo para funcionarios

Funcionarios y políticos de Quintana Roo ocupan departamentos de lujo en Maioris Tower –un edificio de dos torres ubicado en una de las zonas de mayor plusvalía de Cancún–. Sin embargo, son condominios que se vendieron de forma irregular y a casi la mitad de su verdadero precio en el mercado.

El penthouse 18, por ejemplo, es propiedad de Federico Fichtl Unger y Ulrika Fichtl Merino, que es regidora del Partido Verde (PVEM) en el municipio de Benito Juárez , Cancún. La funcionaria local compró el inmueble el 2 de octubre de 2015 en 7 millones 500 mil pesos, según datos obtenidos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. El verdadero precio de la propiedad es de 10 millones 420 mil pesos.

Entre los dueños de estos inmuebles también se encuentran: la actual directora de Relaciones Públicas del ayuntamiento de Cancún, Lydia Esther Portilla Manica; Filiberto Javier de la Garza Santos, hermano del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza; Gerardo José Rejón y Ruiz de Velasco, líder empresarial priista y socio de la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco; y el ex funcionario municipal de Cancún, Aldo Francisco Reséndiz Martínez, y su hijo Aldo Francisco Reséndiz Ruiz.

La empresa Maioris denunció la venta irregular de al menos 19 departamentos. “Consideramos que todos estos actos ilegales fueron llevados a cabo por la notario 22 y con la participación importante del Registro Público y de la Secretaría de Gobierno del estado de Quintana Roo, ya que ellos eran los responsables de  supervisar este notario”, dijo Francisco Siman, abogado de Maioris.

Cuentas congeladas… sin previo aviso

Otra ilegalidad producto de  juicios laborales irregulares les ocurrió a las empresas Pochteca y Planigrupo, cuyas cuentas bancarias fueron congeladas sin que se les notificara la existencia de algún juicio en su contra. Además, se les retiró dinero: al menos 7.5 millones de dólares.

En marzo de este año, el director de  Pochteca, Armando Santacruz, descubrió que siete cuentas bancarias de la compañía fueron congeladas para hacer efectivo el pago de un juicio laboral donde se había fallado en contra de la empresa y del cual no estaban enterados.

“Fuimos a la Junta de Conciliación a pedir copia de los expedientes y nos dijeron que estaba ‘extraviado’; intentamos interponer un amparo y el Juez nos pedía que le lleváramos copia del expediente. Tuvimos que llevar a un Notario a que diera fe de que el expediente no lo tenían en la Junta… logramos el amparo y nos dieron acceso a él, pero era demasiado tarde, de nuestras cuentas ya habían retirado dinero para cobrar los laudos (5 mdp)”, dijo Santacruz.

Según Santacruz, su empresa fue víctima de un juicio laboral amañado donde se violó su derecho a audiencia, ya que nunca fueron notificados para defenderse. Tampoco se les informó del fallo del juicio que los condenaba al pago de una indemnización millonaria.

También la desarrolladora Planigrupo sufrió la congelación de sus cuentas por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún el 10 de mayo de este año. A ellos les retiraron 2.2 millones de pesos de sus cuentas. A la fecha de publicación de este reportaje, la compañía sigue sin recibir el expediente del caso, en el cual pudieron saber por otras fuentes que el laudo nació de una denuncia de 2011, fecha en que la empresa aún no estaba constituida.

Lee el reportaje completo en Expansión. 

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La familia que no tiene huellas dactilares

Una familia en Bangladesh tiene una rara mutación genética que les ha representado dificultades en un mundo cada vez más dependiente de datos biométricos.
26 de diciembre, 2020
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Apu Sarker me mostró la palma abierta de su mano durante una videoconferencia desde su casa en Bangladesh. Al comienzo nada me pareció raro, pero cuando miré más de cerca me percaté de lo lisas que eran las superficies de sus dedos.

Apu, de 22 años, vive con su familia en una aldea en el distrito norteño de Rajshahi. Hasta hace poco, trabajaba como asistente médico. Su padre y abuelo eran agricultores.

Los hombres en la familia de Apu parecen compartir una rara mutación genética que se cree que solo afecta a un puñado de personas en el mundo: no tienen huellas dactilares.

Antes, en las épocas del abuelo de Apu, no tener huellas digitales no era gran lío. “Nunca lo pensé como un problema”, dijo Apu.

Pero después de décadas, esos pequeños surcos que se arremolinan en las puntas de nuestros dedos -llamados dermatoglifos– se han convertido en el dato biométrico más recopilado del mundo.

Se usan para todo, desde el paso por un aeropuerto hasta para abrir nuestros teléfonos inteligentes.

Un teléfono inteligente que se abre con la huella digital

AFP
Hoy en día, las huellas digitales se utilizan para operar un sinnúmero de dispositivos, como el teléfono inteligente.

En 2008, cuando Apu era niño, Bangladesh introdujo una Tarjeta de Identidad Nacional para todos los adultos y la base de datos requería una huella del pulgar.

Los funcionarios confundidos no sabían si emitirle una tarjeta al padre de Apu, Amal Sarker. Finalmente, recibió una tarjeta con el sello “SIN HUELLA DIGITAL”.

En 2010, las huellas dactilares se volvieron obligatorias para pasaportes y licencias de conducción.

Después de varios intentos, Amal logró conseguir un pasaporte mostrando un certificado de una junta médica. Nunca lo ha usado, en parte porque teme que haya problemas en el aeropuerto. Y, aunque conducir una motocicleta es esencial para su trabajo de agricultor, nunca ha obtenido una licencia.

“Pagué la tarifa, pasé el examen, pero no me dieron la licencia porque no podía dar una huella digital”, explicó.

Registro de datos biométricos en Bangladesh

Getty Images
Bangladesh ha realizado una extensa recopilación de datos biométricos de sus habitantes, sin los cuales no se puede aquirir un pasaporte, o una licencia de conducir, ni siquiera una tarjeta SIM para el teléfono.

Amal carga consigo el recibo de pago de la licencia, pero no siempre le ayuda cuando lo detienen. Le han multado dos veces. En ambas ocasiones explicó sobre su dolencia a los policías, dijo, y les mostró las puntas de sus dedos para que vieran. Ninguno le perdonó la multa.

“Siempre es un experiencia vergonzosa para mí”, contó Amal.

En 2016, el gobierno hizo obligatorio comparar la huella digital con la base nacional de datos para poder comprar una tarjeta SIM para un celular.

“Parecieron confundidos cuando fui a comprar una SIM, el software de su sistema se congelaba cada vez que ponía mi dedo en el sensor”, dijo Apu, con una sonrisa irónica.

Le rechazaron la compra. Todos los hombres de su familia tienen que usar tarjetas SIM bajo el nombre de su madre.

Amal

BBC
Los dedos de Amal Sarker no tienen los patrones distintivos que se encuentran en la mayoría de las personas.

La dolencia rara que afecta a la familia Sarker se llama adermatoglifia.

Se dio a conocer ampliamente en 2007 cuando Peter Itin, un dermatólogo suizo, fue contactado por una mujer de su país que tenía problemas entrando a EE.UU.

Su cara correspondía a la foto de su pasaporte, pero los agentes de inmigración no podían registrar sus huellas dactilares. No tenía.

Tras examinarle, el profesor Itin encontró que la mujer y ocho miembros de su familia sufrían una rara condición, con las yemas de los dedos planas y un número reducido de glándulas sudoríparas en las manos.

Trabajando con otro dermatólogo, Eli Sprecher, y la estudiante de posgrado Jann Nousbeck, el profesor Itin examinó el ADN de 16 miembros de la familia -siete con huellas digitales y nueve sin éstas.

“Los casos aislados son muy raros y no se han documentado más que unas pocas familias”, contó el profesor Itin a la BBC.

Agente de inmigración en EE.UU. verifica las huellas digitales de una pasajera

Getty Images
En muchos países, como en EE.UU., los agentes fronterizos verifican las huellas digitales de los viajeros antes de permitir su entrada.

En 2011, el equipo se enfocó en un gen, SMARCAD1, que mutó en los nueve miembros sin huellas de la familia y pudieron identificarlo como la causa de la rara dolencia. Prácticamente no se conocía nada de este gen. La mutación no parecía causar otros efectos negativos aparte de los cambios en las manos.

La mutación que se buscó durante todos esos años afectaba un gen “del que nadie sabía nada”, expresó el profesor Sprecher. Por eso tardaron años en encontrarlo.

Una vez descubierto, la enfermedad fue nombrada adermatoglifia, pero el profesor Itin la apodó “enfermedad de demora migratoria”- por su primera paciente que tuvo problemas entrando a EE.UU.- y el nombre resultó.

Amal y Apu

BBC
Amal y Apu Sarker. “No está en mis manos, es algo que heredé”, dijo Amal.

La enfermedad de demora migratoria puede afectar a varias generaciones de una familia. El tío de Apu Saker, Gopesh, que vive en Dinajpur, a unos 350km de Daca, tuvo que esperar dos años antes de que le autorizaran un pasaporte.

“Tuve que viajar a Daca cuatro o cinco veces en los últimos dos años para convencerles de que sufría la mutación”, declaró Gopesh.

Cuando su oficina empezó a utilizar un sistema de control de asistencia con huellas digitales, Gopesh tuvo que convencer a sus jefes que le permitieran utilizar el sistema antiguo: firmando una planilla de asistencia todos los días.

Un dermatólogo en Bangladesh ha diagnosticado la condición de la familia como queratodermia palmoplantar congénita, que el profesor Itin cree que evolucionó en adermatoglifia secundaria, una versión de la enfermedad que también puede producir resequedad cutánea y reducción de la transpiración en las palmas de las manos y plantas de los pies.

Los Sarker na reportado todos estos síntomas.

Se necesitarían hacer más exámenes para confirmar si la familia tiene alguna forma de adermatoglifia.

El profesor Sprecher expresó que su equipo estaría “muy contento” de ayudar a la familia con pruebas genéticas.

Los resultados de esas pruebas podrían darles a los Sarker alguna certidumbre, pero no les aliviaría la carga de navegar diariamente por un mundo sin huellas digitales.

El hermano menor de Apu Sarker, Anu

BBC
El hermano menor de Apu Sarker, Anu, también heredó la rara mutación genética.

Los Sarker que padecen de esta mutación están viviendo en una sociedad que no solo les resulta más difícil de manejar, sino que no ha evolucionado para acomodar su problema.

Amal Sarker pasó la mayoría de su vida sin mucho traspié, pero ahora dice que siente tristeza por sus hijos.

“No está en mis manos, es algo que heredé”, declaró.

“Pero la manera en que mis hijos y yo nos estamos metiendo en todo tipo de problemas, es realmente doloroso para mí”.

Amal y Apu acaban de recibir un nuevo tipo de tarjeta de identidad nacional emitida por el gobierno bangladesí, tras presentar un certificado médico. La tarjeta utiliza otros datos biométricos –un escaneo de la retina y reconocimiento facial.

Pero todavía no pueden comprar una tarjeta SIM ni obtener una licencia de conducción. Expedir un pasaporte es un largo y arduo proceso.

“Estoy cansado de explicar mi situación una y otra vez. He pedido consejo a mucha gente, pero nadie puede darme una respuesta definitiva”, se quejó Apu. “Alguien me sugirió ir a un tribunal. Si todas las otras opciones fallan, eso es lo que tendré que hacer”.

Apu espera poder conseguir un pasaporte, dijo. Le encantaría viajar fuera de Bangladesh. Sólo tiene que empezar a llenar la solicitud.

Las fotos son cortesía de la familia Sarker.


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