Funcionarios de Quintana Roo despojan a empresarios de terrenos, bienes y dinero
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Funcionarios de Quintana Roo despojan a empresarios de terrenos, bienes y dinero

Para concretar los despojos, los funcionarios cercanos al gobernador Roberto Borge utilizaron trampas legales como juicios laborales falsos.
Cuartoscuro
Por Silber Meza y Mariel Ibarra / Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y Expansión
6 de julio, 2016
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Apoyados en juicios laborales falsosfuncionarios y exfuncionarios del gobierno de Roberto Borge, en Quintana Roo, han despojado a empresas y particulares de bienes inmuebles, pero también de su dinero a través del congelamiento de cuentas bancarias. 

Expansión y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad documentaron casos de los cuales revisaron cuatro expedientes–  que prueban cómo el gobierno del priista Borge ha despojado terrenos y hoteles en Tulum, embargado condominios en Cancún, y se ha apoderado de departamentos de lujo para después venderlos a la mitad de su valor a funcionarios públicos.

Estos actos han sido legalizados por funcionarios cercanos a Borge. Uno de ellos es Carlos Lima, ex director del Registro Público y del Comercio (RPyC), a quien el Congreso local acaba de nombrar magistrado a propuesta directa del gobernador.

Ese nombramiento quedó aprobado junto con el llamado “paquete de impunidad” para proteger al gobernador priista.

Otros funcionarios implicados: el ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del Trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; y el presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila.

Lee: Congreso de QRoo blinda al gobernador saliente; elige un fiscal y un auditor cercanos a Borge

Los despojos y el modus operandi  

El 23 de mayo de 2014, el actuario Freddy Ricardo Quintal Bojórquez y tres funcionarios más de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún –que depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de QRoo– irrumpieron en el hotel Playa Azul, en Tulum. Ahí, sin identificarse ni mostrar alguna orden por escrito, y con el apoyo de policías municipales armados, despojaron al ejidatario Joel Tovar de 4 mil 500 metros cuadrados de tierra, y dejaron al español Andrés Pérez sin los ahorros que invirtió en el hotel que administraba desde hacía cinco años.

Ese día lo mismo ocurrió en tres hoteles más: Cabañas Ixchel, Dos Ceibas y Puerta del Cielo. Sólo por estos cuatro casos de despojo, cuyos expedientes están en poder de Expansión y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, el daño rebasa los 340 millones de pesos.

El despojo en el hotel Plaza Azul ocurrió luego de que dos particulares –quienes aseguraron haber trabajado en dicho hotel ganando sueldos mensuales de 753,234 pesos, tres veces más que el presidente Enrique Peña Nieto– interpusieron un juicio laboral contra las personas que dicen ser dueñas de esa franja de costa en Tulum. Jamás mencionaron los nombres de Joel Tovar y Andrés Pérez.

A pesar de que Joel y Andrés dicen que no se les notificó del juicio en su contra, y de que nunca conocieron a los supuestos demandantes, la justicia de Quinta Roo los condenó a pagar 200 millones de pesos a esos empleados. Para hacer efectivo el pago, embargaron el terreno y el hotel.

En entrevista, el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún, Alexis Zavala Ávila, negó la versión de los afectados acerca de que no se les notificó del juicio en su contra.

Y cuestionado acerca del exhorbitante sueldo de los supuestos trabajadores, el funcionario respondió que “por regla general, la carga de la prueba es para el patrón, y si el patrón en su momento no puede desacreditar o desvirtuar esta situación, se tiene en su momento que condenar“.

Con el mismo modus operandi de juicios laborales a modo, 51 de 62 condominios del complejo Lagoon Loft –valuado en 20 millones de dólares– fueron embargados en otra diligencia del actuario Quintal Bojórquez. Como ocurrió en el hotel Plaza Azul, también llegó con una veintena de policías municipales armados para tomar el desarrollo.

Este embargo ocurrió para pagar 48 millones de pesos a favor de 21 supuestos trabajadores que demandaron a la compañía. En este caso, el tiempo que transcurrió entre que el propietario del complejo habitacional se enteró del juicio laboral y el desalojo del inmueble fue de tres meses.

La empresa presentó un juicio de amparo, lo ganó y se ordenó reponer el procedimiento. Sin embargo, eso no ha ocurrido hasta la fecha de publicación de este reportaje.

En 2015, el gobernador Borge respondió al reclamo de los empresarios locales sobre la ilegalidad de los juicios laborales amañados y creó una mesa de diálogo; sin embargo, en ella participaban los responsables de los despojos: el ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña y el subsecretario, Enrique de la Cruz Pineda.

Estos despojos también son conocidos por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La Presidencia mexicana turnó el caso a la Procuraduría Agraria.

Departamentos de lujo para funcionarios

Funcionarios y políticos de Quintana Roo ocupan departamentos de lujo en Maioris Tower –un edificio de dos torres ubicado en una de las zonas de mayor plusvalía de Cancún–. Sin embargo, son condominios que se vendieron de forma irregular y a casi la mitad de su verdadero precio en el mercado.

El penthouse 18, por ejemplo, es propiedad de Federico Fichtl Unger y Ulrika Fichtl Merino, que es regidora del Partido Verde (PVEM) en el municipio de Benito Juárez , Cancún. La funcionaria local compró el inmueble el 2 de octubre de 2015 en 7 millones 500 mil pesos, según datos obtenidos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. El verdadero precio de la propiedad es de 10 millones 420 mil pesos.

Entre los dueños de estos inmuebles también se encuentran: la actual directora de Relaciones Públicas del ayuntamiento de Cancún, Lydia Esther Portilla Manica; Filiberto Javier de la Garza Santos, hermano del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza; Gerardo José Rejón y Ruiz de Velasco, líder empresarial priista y socio de la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco; y el ex funcionario municipal de Cancún, Aldo Francisco Reséndiz Martínez, y su hijo Aldo Francisco Reséndiz Ruiz.

La empresa Maioris denunció la venta irregular de al menos 19 departamentos. “Consideramos que todos estos actos ilegales fueron llevados a cabo por la notario 22 y con la participación importante del Registro Público y de la Secretaría de Gobierno del estado de Quintana Roo, ya que ellos eran los responsables de  supervisar este notario”, dijo Francisco Siman, abogado de Maioris.

Cuentas congeladas… sin previo aviso

Otra ilegalidad producto de  juicios laborales irregulares les ocurrió a las empresas Pochteca y Planigrupo, cuyas cuentas bancarias fueron congeladas sin que se les notificara la existencia de algún juicio en su contra. Además, se les retiró dinero: al menos 7.5 millones de dólares.

En marzo de este año, el director de  Pochteca, Armando Santacruz, descubrió que siete cuentas bancarias de la compañía fueron congeladas para hacer efectivo el pago de un juicio laboral donde se había fallado en contra de la empresa y del cual no estaban enterados.

“Fuimos a la Junta de Conciliación a pedir copia de los expedientes y nos dijeron que estaba ‘extraviado’; intentamos interponer un amparo y el Juez nos pedía que le lleváramos copia del expediente. Tuvimos que llevar a un Notario a que diera fe de que el expediente no lo tenían en la Junta… logramos el amparo y nos dieron acceso a él, pero era demasiado tarde, de nuestras cuentas ya habían retirado dinero para cobrar los laudos (5 mdp)”, dijo Santacruz.

Según Santacruz, su empresa fue víctima de un juicio laboral amañado donde se violó su derecho a audiencia, ya que nunca fueron notificados para defenderse. Tampoco se les informó del fallo del juicio que los condenaba al pago de una indemnización millonaria.

También la desarrolladora Planigrupo sufrió la congelación de sus cuentas por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún el 10 de mayo de este año. A ellos les retiraron 2.2 millones de pesos de sus cuentas. A la fecha de publicación de este reportaje, la compañía sigue sin recibir el expediente del caso, en el cual pudieron saber por otras fuentes que el laudo nació de una denuncia de 2011, fecha en que la empresa aún no estaba constituida.

Lee el reportaje completo en Expansión. 

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Facebook: qué grandes empresas se han sumado al boicot a la red social (y qué buscan con él)

La campaña "Stop Hate For Profit" pide al gigante tecnológico que tome medidas más enérgicas contra los discursos racistas y de odio que se propagan en sus plataformas.
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24 de junio, 2020
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La marca de helados Ben &Jerry’s se ha unido a lo que es ya una creciente lista de empresas que, a lo largo del mes de julio, han decidido retirar su publicidad -y sus fondos- de las plataformas de Facebook.

La compañía que dirige Mark Zuckerberg es propietaria de Instagram y Whatsapp, además de la propia red social y el conglomerado suma hasta otras 80 compañías menos conocidas.

Este boicot es parte de la campaña “Stop Hate For Profit” (No al Odio por Dinero), que exige a Facebook tomar medidas más estrictas contra el contenido racista y de odio.

Facebook obtiene US$70.000 millones al año de ingresos por publicidad.

La campaña acusa a la red socail de “amplificar los mensajes de los supremacistas blancos” y “permitir mensajes que incitan a la violencia”.

Ben &Jerry’s, propiedad del gigante británico de bienes de consumo Unilever, tuiteó que “dejará de poner publicidad en Facebook e Instagram en Estados Unidos”.

Otras marcas

A principios de esta semana, las marcas de equipamiento para actividades al aire libre The North Face, Patagonia y REI se unieron a la campaña.

Facebook

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Facebook es el segundo anunciante digital de Estados Unidos, por detrás de Google.

“De elecciones seguras a la justicia racial pasando por una pandemia global, hay mucho en juego para sentarse y dejar que la compañía siga siendo cómplice de la difusión de noticias falsas y de discursos que fomentan el miedo y el odio “, dijo uno de los tuits de Patagonia.

Desde Ben &Jerry’s dijeron que están de acuerdo con la campaña y con “todos los que han solicitado a Facebook que adopte medidas más enérgicas para evitar que sus plataformas de redes sociales se utilicen para dividir a nuestra nación, anular a los votantes, fomentar y avivar el racismo y la violencia, y socavar nuestra democracia”.

Después de la muerte de George Floyd bajo custodia policial el pasado mayo, el director ejecutivo de Ben &Jerry’s , Matthew McCarthy, dijo que “los negocios tienen que ser responsables” y poner en marcha planes para aumentar la diversidad.

A principios de esta semana, la plataforma independiente de trabajos Upwork y el desarrollador de software de código abierto Mozilla también se unieron a la campaña.

George Floyd

Getty Images
La muerte de George Floyd ocurrió mientras estaba bajo custodia policial en Minneapolis.

Facebook se comprometió a “avanzar en la equidad y la justicia racial”.

“Estamos tomando medidas para revisar nuestras políticas, garantizar la diversidad y la transparencia al tomar decisiones sobre cómo aplicamos nuestras políticas y avanzar en la justicia racial y la participación de los votantes en nuestra plataforma”, dijo la red social el domingo.

La declaración también señaló los Estándares de la Comunidad de la compañía, que incluyen el reconocimiento de la importancia de la plataforma como un “lugar donde las personas pueden comunicarse”.

“Nos tomamos en serio nuestro papel para evitar el abuso de nuestro servicio”.

Manifestantes

Getty Images
Tras la muerte de George Floyd, cientos de manifestantes salieron a protestar en las calles de Minneapolis.

No al odio por dinero

La campaña Stop Hate for Profit fue lanzada la semana pasada por grupos de defensa de derechos civiles, como la Liga Anti-Difamación, la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color y la organización Color Of Change (El Color del Cambio).

El movimiento ha dicho que es una “respuesta al largo historial de Facebook de permitir que el contenido racista, violento y verificablemente falso corra desenfrenadamente en su plataforma”.

Stop Hate for Profit ha pedido a los anunciantes que presionen a la compañía para que adopte medidas más estrictas contra el contenido racista y de odio en sus plataformas al retirar la inversión en publicidad durante todo el mes de julio.

Según la consultora eMarketer, Facebook es el segundo anunciante digital de Estados Unidos, por detrás de Google.

Mark Zuckerberg

Getty Images
Mark Zuckerberg dirige un conglomerado de empresa que incluyen Facebook, Instagram y Whatsapp.

Facebook y su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, a menudo han sido criticados por el manejo de temas controvertidos.

Este mes, el personal de la compañía se pronunció en contra de la decisión del gigante tecnológico de no eliminar o marcar con una advertencia una publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mismo mensaje en Twitter fue clasificado con una etiqueta de advertencia alegando que “glorificaba la violencia”.

Unilever, la empresa matriz de Ben and Jerry’s, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la BBC.


https://www.youtube.com/watch?v=8urGTdEioOQ

https://www.youtube.com/watch?v=JwghZEmvmb8

https://www.youtube.com/watch?v=qd1YehNpbV4

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