La nueva de Javier Duarte: usa trampa legal para salvar al dueño de Tiburones Rojos
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La nueva de Javier Duarte: usa trampa legal para salvar al dueño de Tiburones Rojos

El gobierno de Veracruz pidió que se anulara la sentencia laboral que dio la razón a los extrabajadores por despido injustificado. Un juez desechó la solicitud de amparo, pero los exempleados siguen sin recibir el pago o la reinstalación en sus puestos de trabajo.
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Por Arturo Angel
1 de julio, 2016
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El gobierno de Veracruz salió en defensa de la empresa del diputado federal Fidel Kuri que maneja el club Tiburones Rojos de Veracruz. Con una demanda de amparo que un juez federal desechó por improcedente, consiguió frenar que la compañía comience a pagar 12 millones de pesos que le debe a extrabajadores despedidos injustificadamente.

Dos horas antes de que iniciara la diligencia para solicitar a la empresa la reinstalación y pago de uno de los afectados, en cumplimiento de la sentencia laboral ya confirmada, los abogados de Kuri “avisaron” a la junta de Conciliación que el gobierno había solicitado un amparo. Aunque la notificación no era oficial, la diligencia se suspendió.

La empresa de Kuri, Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, es la responsable de pagar a los extrabajadores. Pero fue el gobierno de Veracruz el que presentó la demanda de amparo en la que pedía que todo el proceso, que derivó en la sentencia favorable a los extrabajadores, fuera revocado.

El argumento de la administración de Duarte es que “nunca se enteró” de este juicio laboral —de más de cinco años—, el cual podía afectarle en caso de que se embargaran bienes que dio en comodato a la empresa. Esto pese a que la ley en realidad dice que los bienes del Estado son inembargables.

Lee: Las empresas fantasma de Veracruz

Es claro que están coludidos porque ¿cómo supieron que había una demanda?[/animalp-quote-highlight]

El juez analizó la solicitud de demanda de amparo y la desechó sin abrir ningún juicio. En la resolución judicial de la que Animal Político tiene una copia íntegra, el juzgado concluyó que el gobierno carecía de cualquier interés legal y legítimo, por lo que la “desechó de plano”.

Sin embargo, de acuerdo con lo denunciado por el trabajador Julio Martínez Arroyo, quien es el primero de los afectados que deberá ser reinstalado o indemnizado, el escrito de la demanda de amparo fue utilizado por los abogados de Kuri para retrasar las diligencias de cobro o de embargo.

“Ellos metieron el escrito ante la Junta Local de Conciliación, ni siquiera fueron los del gobierno pero es claro que están coludidos porque ¿cómo supieron que había una demanda? Esa demanda de amparo ni se notificó a las partes porque el juez desechó la solicitud, pero aún con eso consiguieron que el presidente de la Junta no quiera fijar una nueva fecha ahora” dijo.

Lo peor, dice Arroyo, es que en la junta ya se van de vacaciones y los dejarán sin por lo menos una fecha nueva para que se realice la diligencia.

Los “argumentos” del gobierno

De acuerdo con la información a la que Animal Político tuvo acceso, el pasado 16 de junio el procurador fiscal de Veracruz, Javier Yáñez Vázquez, interpuso a nombre del gobierno estatal una demanda de amparo en contra de una diligencia de la Junta Especial 10 de Conciliación y Arbitraje, resultado del laudo laboral (sentencia) a favor de los extrabajadores.

La diligencia reclamada no involucraba al gobierno, sino que se trataba de la notificación formal a la empresa Promotora Deportiva del Valle de Orizaba para que comenzará con la reinstalación o indemnización de un trabajador despedido de forma injustificada según la sentencia laboral ya dictada, y en caso de negarse, proceder con el embargo de bienes para garantizar el pago.

Pero aunque el tema era entre particulares, el procurador fiscal argumentó que ellos nunca se enteraron del juicio, lo que consideraron irregular.

“Nosotros como gobierno del Estado nunca hemos sido llamados a juicio laboral ni al de sustitución patronal ya que el gobierno del Estado es propietario del nombre, marca comercial y logotipo Tiburones Rojos” señala la solicitud de aparo.

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Según la demanda, el gobierno de Veracruz se enteró del caso apenas el pasado 13 de enero, gracias a una “nota periodística”. Ese día Animal Político publicó la resolución del caso y la obligación del club Tiburones Rojos de pagar o en su defecto de la posibilidad de ser embargado en sus bienes.

La solicitud del amparo subraya que el gobierno es propietario de la marca comercial y el logotipo de Tiburones Rojos de Veracruz, así como del estado, pero por convenirlo a sus intereses lo cedió en comodato a la empresa de Fidel Kuri.

En ese contexto, el gobierno estatal reclamó que no se les citara en todo el proceso laboral pero además, expresó su temor de perder bienes que le había cedido a la empresa de Kuri.

“Con la ejecución del laudo que se pretende hacer en el juicio laboral del cual deriva el acto reclamado, se puede llegar a trabar el embargo sobre bienes que son propiedad única y exclusiva de mi representada (el gobierno estatal), lo cual de materializarse constituiría una franca violación al debido proceso” indica la demanda.

Por estos motivos, el gobierno pidió que todo el proceso laboral que favoreció a los extrabajadores y responsabilizó a la promotora de Fidel Kuri de pagarles, fuera anulado.

“Notoriamente improcedente”

El 22 de junio pasado el juez Mario de la Medina Soto, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Veracruz, resolvió que la demanda de amparo del gobierno era “notoriamente improcedente” y por ello, determinó “desecharla de plano”. Es decir, no le dio trámite al proceso por falta de sustento jurídico.

En la resolución judicial, de la que Animal Político tiene copia, el juez hace un recuento del procedimiento laboral el cual terminó dirimiéndose en tribunales federales, los cuales confirmaron que aunque los trabajadores fueron despedidos antes de que Promotora Deportiva de Orizaba recibiera en comodato al club, esto la convertía en “patrón sustituto” y por lo tanto en responsable de los exempleados.

En ese contexto, el juez determina que se trata de un conflicto entre dos partes, en donde el gobierno estatal no tiene ninguna participación, pues tanto en el laudo laboral como en la sentencia de los tribunales ha quedado claro que la responsabilidad recae en la promotora de Fidel Kuri.

“Por eso no puede considerarse que le asista un derecho (al gobierno de Veracruz) en razón de que el acto reclamado (la sentencia a favor de los extrabajadores) deriva de un procedimiento jurisdiccional en el que se encuentran definidas las partes (trabajadores y empresa), así como los derechos en disputa” indica la resolución.

Es claro que la demanda que se provee resulte notoriamente improcedente[/animalp-quote-highlight]

Sobre el temor del gobierno a que sus bienes fueran “embargados”, el juez subraya que se trata de un “hecho hipotético” y recuerda que los amparos son contra hechos concretos y no contra circunstancias probables.

Además, el embargo de cualquier propiedad del gobierno en realidad no es posible. El artículo 7 de la Ley de Bienes del Estado señala textualmente que “todos los bienes muebles o inmuebles que son propiedad del Estado son inembargables”.

“En tales condiciones, es claro que la demanda que se provee resulte notoriamente improcedente, conforme con lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano” concluye la resolución.

 

Con las manos vacías

El pasado lunes 20 de junio, Julio Arroyo Martínez acudió con su abogado a las oficinas de Promotora Deportiva ubicadas en el Estadio “Luis Pirata Fuente”, en Veracruz. Tras una batalla legal de casi cinco años, finalmente el club sería notificado de la obligación de reinstalar a este extrabajador y de pagarle los salarios caídos, o en su caso, indemnizarlo.

Arbitrariamente la promotora da aviso a la junta local cuando no fue quien promovió dicho amparo sino había sido el gobierno[/animalp-quote-highlight]

La cita estaba programada para el mediodía pero fue hasta las dos de la tarde cuando arribó al sitio el abogado de la empresa, Rafael Rodall. El retraso, detalla el trabajador afectado, se debió a que dicho abogado fue a buscar una copia de la solicitud de amparo del gobierno al juzgado, y luego le avisó al presidente de la Junta de Conciliación, Eutiquio Vargas, para que suspendiera el procedimiento.

“Rodall solicitó por escrito a la junta de conciliación y arbitraje local, anexando copia del amparo interpuesto por gobierno del estado, para que le fuera suspendida cualquier tipo de diligencia, es decir arbitrariamente la promotora da aviso a la junta local cuando no fue quien promovió dicho amparo sino había sido el gobierno” dijo el trabajador.

Sumado a lo anterior, cuando el abogado se presentó afuera del estadio, argumentó ante el actuario de la Junta que ellos no habían sido notificados 24 horas antes de la diligencia de reinstalación como marca la ley, por lo cual tampoco podía realizarse. Aunque el exempleado y su abogado argumentaron en contra, la diligencia termino suspendiéndose.

Así, Arroyo Martínez se regresó con las manos vacías una vez más.

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El extrabajador comenta que en las últimas dos semanas le ha insistido al presidente de la Junta para que fije una nueva fecha de la audiencia; sin embargo, no ha ocurrido. El argumento es que no lo puede hacer, pues están esperando a conocer el resultado de la demanda de amparo del gobierno.

“El amparo ya fue desechado por las irregularidades claras que tenía pero el trámite sigue obstaculizado en la junta local; la junta sigue empecinada en no quererme agendar fecha para llevar a cabo nuevamente la diligencia en las oficinas del club deportivo, además de no entender que injerencia podría tener gobierno del estado en un juicio entre particulares” agregó Arroyo en entrevista.

En un intento por tratar de agilizar su pago, el extrabajador acudió el pasado 21 de junio a una entrevista con el secretario del Trabajo de Veracruz, Fernando Aguilera Dehombre, quien jerárquicamente es el superior de las juntas de conciliación y arbitraje. El funcionario le dijo que cambiaría al titular de la Junta; sin embargo, hasta ahora sigue sin fijarse una fecha.

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Covid: el drama de los miles niños huérfanos por coronavirus en Perú

Un estudio publicado en la revista médica "The Lancet" estima que 1.134.000 niños experimentaron la muerte de sus cuidadores principales en todo el mundo. Perú ha sido uno de los más afectados
3 de enero, 2022
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Los hijos de Katherine, como muchos otros, tienen dificultades para hablar de su difunta madre.

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Según la revista The Lancet, desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2021, un estimado de 1.134.000 niños experimentaron la muerte de sus cuidadores principales en todo el mundo, incluido al menos uno de los padres o abuelos con custodia.

En una casita a las afueras de Lima, Gabriela Zarate vive con su esposo y ocho hijos. Cuatro son suyos. Y los otros cuatro, dos niñas de 7 y 15 años y dos niños de 9 y 12 años, son hijos de su hermana menor Katherine.

Es difícil meterlos a todos. Los dos niños duermen de a dos en una litera, y las niñas comparten habitación en la parte trasera de la casa. “Siempre ha sido una lucha poner comida en la mesa para mi familia”, dice Gabriela. “Y con cuatro hijos más es aún más difícil”.

En junio de 2020, cuando Perú ya estaba luchando por contener la Covid-19, Katherine se infectó. Los hospitales estaban abarrotados, los suministros se habían agotado y los familiares vieron morir a sus seres queridos, incapaces de ayudar.

Cuando los médicos rechazaron a Katherine, Gabriela no tuvo otra opción que llevarla a casa. Katherine estaba tendida sobre un colchón. Luchaba por respirar, pero su familia no tenía suficiente dinero como para darle oxígeno. Todos vieron a Katherine debilitarse cada vez más.

Una semana después, murió.

Una de las últimas cosas que hizo Katherine fue pedirle a Gabriela que cuidara a sus hijos. Su padre sufre problemas de salud y adicción y no siempre está presente. Katherine no quería que terminaran en un hogar de niños, por lo que Gabriela accedió a cuidarlos.

No ha sido fácil. Cuando el Gobierno impuso una estricta orden de quedarse en casa durante las peores olas de la pandemia, se quedaron preguntándose qué harían.

“Solía conducir un taxi y vender dulces en las calles”, dice Gabriela. “Pero luego nos dijeron que nos quedáramos en casa y me preocupé. ¿Cómo íbamos a alimentarlos a todos?”.

Gabriela ahora cuida de ocho hijos: cuatro de los suyos y los otros cuatro de su hermana, Katherine.

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Gabriela ahora cuida de ocho hijos: cuatro de los suyos y los otros cuatro de su hermana, Katherine.

Para ganar algo de dinero, su pareja comenzó a entregar comida a las personas durante el toque de queda, lo que era ilegal. Fue entonces cuando él también contrajo covid-19 y ya no pudo trabajar. “Todos teníamos miedo de que muriera, pero al final se recuperó”, dice.

En los peores momentos, cuando ninguno de los dos podía salir a trabajar, Gabriela colgó una bandera blanca fuera de su casa para indicar que necesitaba ayuda. Los vecinos comenzaron a traerle sacos de papas y otros alimentos.

Perú ha sido golpeado por Covid-19, con más de 202.500 muertes en una población de menos de 33 millones. Uno de los efectos más trágicos de la pandemia aquí ha sido la cantidad de niños que se han quedado sin una madre, un padre o algún otro cuidador.

Los niños están haciendo clases en línea durante dos días a la semana.

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Los niños están haciendo clases en línea durante dos días a la semana.

En Perú hay al menos 93.000 de ellos, según la revista médica “The Lancet”. Y aunque uno de sus padres aún esté vivo, se les conoce como “huérfanos de covid”.

Muchos enfrentan una lucha diaria por sobrevivir. Financiera y emocionalmente.

Los hijos de Katherine, como muchos otros, tienen dificultades para hablar de su madre. Su hija de 15 años la vio morir y Gabriela dice que está traumatizada. Ella no habla de lo que pasó con nadie.

Los hijos la recuerdan con nostalgia. “Extraño a mi madre”, dice el hijo de nueve años de Katherine. “Solía llevarnos a la calle a jugar con nosotros”.

A pesar de extrañar a su madre, los niños dicen que les gusta vivir con su tía.

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A pesar de extrañar a su madre, los niños dicen que les gusta vivir con su tía.

Ayudar a los niños como ellos es un tema que están tratando de abordar profesionales como Andrea Ramos. Es trabajadora social del ayuntamiento de dos zonas pobres de Lima. Su escritorio está repleto de papeleo y confía en que los lugareños se pongan en contacto con ella a través de WhatsApp para indicar quién necesita ayuda.

La pobreza, dice, está empeorando debido al aumento del desempleo en la pandemia. Esto, a su vez, está generando más frustración y violencia en los hogares.

“Tenemos muchos niños con problemas de salud mental que tienen miedo de salir porque han estado encerrados durante las peores olas de la pandemia”, dice.

Hay talleres de ayuda a las familias para que lidien cuando los niños estén en casa todo el día con clases en línea; y cómo resolver peleas y mantener los ánimos bajo control

Los profesionales están preocupados por los efectos a largo plazo de la pandemia en los niños.

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Los profesionales están preocupados por los efectos a largo plazo de la pandemia en los niños.

Para algunas familias, la vida está mejorando lentamente. Gabriela ahora recibe una pensión covid aprobada por el gobierno para cada uno de sus sobrinos y sobrinas. Solo representa alrededor de $50 al mes por niño, pero significa que puede permitirse comprar comida extra para ellos e imprimir páginas para su tarea.

Los niños están viendo clases en línea dos días a la semana. Es difícil encontrar espacio para todos. A pesar de extrañar a su madre, dicen que les gusta vivir con su tía. Es divertido jugar al fútbol en la calle con sus primos, aunque a veces terminan discutiendo.

Aunque profesionales como Andrea están preocupados por los efectos a largo plazo que tendrá la pandemia en los “huérfanos de covid”, los sobrinos y sobrinas de Gabriela son ambiciosos sobre su futuro. La mayor quiere ser abogada, los dos niños policía y la niña pequeña médica.


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