La nueva de Javier Duarte: usa trampa legal para salvar al dueño de Tiburones Rojos
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La nueva de Javier Duarte: usa trampa legal para salvar al dueño de Tiburones Rojos

El gobierno de Veracruz pidió que se anulara la sentencia laboral que dio la razón a los extrabajadores por despido injustificado. Un juez desechó la solicitud de amparo, pero los exempleados siguen sin recibir el pago o la reinstalación en sus puestos de trabajo.
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Por Arturo Angel
1 de julio, 2016
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El gobierno de Veracruz salió en defensa de la empresa del diputado federal Fidel Kuri que maneja el club Tiburones Rojos de Veracruz. Con una demanda de amparo que un juez federal desechó por improcedente, consiguió frenar que la compañía comience a pagar 12 millones de pesos que le debe a extrabajadores despedidos injustificadamente.

Dos horas antes de que iniciara la diligencia para solicitar a la empresa la reinstalación y pago de uno de los afectados, en cumplimiento de la sentencia laboral ya confirmada, los abogados de Kuri “avisaron” a la junta de Conciliación que el gobierno había solicitado un amparo. Aunque la notificación no era oficial, la diligencia se suspendió.

La empresa de Kuri, Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, es la responsable de pagar a los extrabajadores. Pero fue el gobierno de Veracruz el que presentó la demanda de amparo en la que pedía que todo el proceso, que derivó en la sentencia favorable a los extrabajadores, fuera revocado.

El argumento de la administración de Duarte es que “nunca se enteró” de este juicio laboral —de más de cinco años—, el cual podía afectarle en caso de que se embargaran bienes que dio en comodato a la empresa. Esto pese a que la ley en realidad dice que los bienes del Estado son inembargables.

Lee: Las empresas fantasma de Veracruz

Es claro que están coludidos porque ¿cómo supieron que había una demanda?[/animalp-quote-highlight]

El juez analizó la solicitud de demanda de amparo y la desechó sin abrir ningún juicio. En la resolución judicial de la que Animal Político tiene una copia íntegra, el juzgado concluyó que el gobierno carecía de cualquier interés legal y legítimo, por lo que la “desechó de plano”.

Sin embargo, de acuerdo con lo denunciado por el trabajador Julio Martínez Arroyo, quien es el primero de los afectados que deberá ser reinstalado o indemnizado, el escrito de la demanda de amparo fue utilizado por los abogados de Kuri para retrasar las diligencias de cobro o de embargo.

“Ellos metieron el escrito ante la Junta Local de Conciliación, ni siquiera fueron los del gobierno pero es claro que están coludidos porque ¿cómo supieron que había una demanda? Esa demanda de amparo ni se notificó a las partes porque el juez desechó la solicitud, pero aún con eso consiguieron que el presidente de la Junta no quiera fijar una nueva fecha ahora” dijo.

Lo peor, dice Arroyo, es que en la junta ya se van de vacaciones y los dejarán sin por lo menos una fecha nueva para que se realice la diligencia.

Los “argumentos” del gobierno

De acuerdo con la información a la que Animal Político tuvo acceso, el pasado 16 de junio el procurador fiscal de Veracruz, Javier Yáñez Vázquez, interpuso a nombre del gobierno estatal una demanda de amparo en contra de una diligencia de la Junta Especial 10 de Conciliación y Arbitraje, resultado del laudo laboral (sentencia) a favor de los extrabajadores.

La diligencia reclamada no involucraba al gobierno, sino que se trataba de la notificación formal a la empresa Promotora Deportiva del Valle de Orizaba para que comenzará con la reinstalación o indemnización de un trabajador despedido de forma injustificada según la sentencia laboral ya dictada, y en caso de negarse, proceder con el embargo de bienes para garantizar el pago.

Pero aunque el tema era entre particulares, el procurador fiscal argumentó que ellos nunca se enteraron del juicio, lo que consideraron irregular.

“Nosotros como gobierno del Estado nunca hemos sido llamados a juicio laboral ni al de sustitución patronal ya que el gobierno del Estado es propietario del nombre, marca comercial y logotipo Tiburones Rojos” señala la solicitud de aparo.

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Según la demanda, el gobierno de Veracruz se enteró del caso apenas el pasado 13 de enero, gracias a una “nota periodística”. Ese día Animal Político publicó la resolución del caso y la obligación del club Tiburones Rojos de pagar o en su defecto de la posibilidad de ser embargado en sus bienes.

La solicitud del amparo subraya que el gobierno es propietario de la marca comercial y el logotipo de Tiburones Rojos de Veracruz, así como del estado, pero por convenirlo a sus intereses lo cedió en comodato a la empresa de Fidel Kuri.

En ese contexto, el gobierno estatal reclamó que no se les citara en todo el proceso laboral pero además, expresó su temor de perder bienes que le había cedido a la empresa de Kuri.

“Con la ejecución del laudo que se pretende hacer en el juicio laboral del cual deriva el acto reclamado, se puede llegar a trabar el embargo sobre bienes que son propiedad única y exclusiva de mi representada (el gobierno estatal), lo cual de materializarse constituiría una franca violación al debido proceso” indica la demanda.

Por estos motivos, el gobierno pidió que todo el proceso laboral que favoreció a los extrabajadores y responsabilizó a la promotora de Fidel Kuri de pagarles, fuera anulado.

“Notoriamente improcedente”

El 22 de junio pasado el juez Mario de la Medina Soto, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Veracruz, resolvió que la demanda de amparo del gobierno era “notoriamente improcedente” y por ello, determinó “desecharla de plano”. Es decir, no le dio trámite al proceso por falta de sustento jurídico.

En la resolución judicial, de la que Animal Político tiene copia, el juez hace un recuento del procedimiento laboral el cual terminó dirimiéndose en tribunales federales, los cuales confirmaron que aunque los trabajadores fueron despedidos antes de que Promotora Deportiva de Orizaba recibiera en comodato al club, esto la convertía en “patrón sustituto” y por lo tanto en responsable de los exempleados.

En ese contexto, el juez determina que se trata de un conflicto entre dos partes, en donde el gobierno estatal no tiene ninguna participación, pues tanto en el laudo laboral como en la sentencia de los tribunales ha quedado claro que la responsabilidad recae en la promotora de Fidel Kuri.

“Por eso no puede considerarse que le asista un derecho (al gobierno de Veracruz) en razón de que el acto reclamado (la sentencia a favor de los extrabajadores) deriva de un procedimiento jurisdiccional en el que se encuentran definidas las partes (trabajadores y empresa), así como los derechos en disputa” indica la resolución.

Es claro que la demanda que se provee resulte notoriamente improcedente[/animalp-quote-highlight]

Sobre el temor del gobierno a que sus bienes fueran “embargados”, el juez subraya que se trata de un “hecho hipotético” y recuerda que los amparos son contra hechos concretos y no contra circunstancias probables.

Además, el embargo de cualquier propiedad del gobierno en realidad no es posible. El artículo 7 de la Ley de Bienes del Estado señala textualmente que “todos los bienes muebles o inmuebles que son propiedad del Estado son inembargables”.

“En tales condiciones, es claro que la demanda que se provee resulte notoriamente improcedente, conforme con lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano” concluye la resolución.

 

Con las manos vacías

El pasado lunes 20 de junio, Julio Arroyo Martínez acudió con su abogado a las oficinas de Promotora Deportiva ubicadas en el Estadio “Luis Pirata Fuente”, en Veracruz. Tras una batalla legal de casi cinco años, finalmente el club sería notificado de la obligación de reinstalar a este extrabajador y de pagarle los salarios caídos, o en su caso, indemnizarlo.

Arbitrariamente la promotora da aviso a la junta local cuando no fue quien promovió dicho amparo sino había sido el gobierno[/animalp-quote-highlight]

La cita estaba programada para el mediodía pero fue hasta las dos de la tarde cuando arribó al sitio el abogado de la empresa, Rafael Rodall. El retraso, detalla el trabajador afectado, se debió a que dicho abogado fue a buscar una copia de la solicitud de amparo del gobierno al juzgado, y luego le avisó al presidente de la Junta de Conciliación, Eutiquio Vargas, para que suspendiera el procedimiento.

“Rodall solicitó por escrito a la junta de conciliación y arbitraje local, anexando copia del amparo interpuesto por gobierno del estado, para que le fuera suspendida cualquier tipo de diligencia, es decir arbitrariamente la promotora da aviso a la junta local cuando no fue quien promovió dicho amparo sino había sido el gobierno” dijo el trabajador.

Sumado a lo anterior, cuando el abogado se presentó afuera del estadio, argumentó ante el actuario de la Junta que ellos no habían sido notificados 24 horas antes de la diligencia de reinstalación como marca la ley, por lo cual tampoco podía realizarse. Aunque el exempleado y su abogado argumentaron en contra, la diligencia termino suspendiéndose.

Así, Arroyo Martínez se regresó con las manos vacías una vez más.

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El extrabajador comenta que en las últimas dos semanas le ha insistido al presidente de la Junta para que fije una nueva fecha de la audiencia; sin embargo, no ha ocurrido. El argumento es que no lo puede hacer, pues están esperando a conocer el resultado de la demanda de amparo del gobierno.

“El amparo ya fue desechado por las irregularidades claras que tenía pero el trámite sigue obstaculizado en la junta local; la junta sigue empecinada en no quererme agendar fecha para llevar a cabo nuevamente la diligencia en las oficinas del club deportivo, además de no entender que injerencia podría tener gobierno del estado en un juicio entre particulares” agregó Arroyo en entrevista.

En un intento por tratar de agilizar su pago, el extrabajador acudió el pasado 21 de junio a una entrevista con el secretario del Trabajo de Veracruz, Fernando Aguilera Dehombre, quien jerárquicamente es el superior de las juntas de conciliación y arbitraje. El funcionario le dijo que cambiaría al titular de la Junta; sin embargo, hasta ahora sigue sin fijarse una fecha.

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El duro testimonio de Matthew, el niño estadounidense que amenazó a Trump en un video de Estado Islámico

Matthew todavía recuerda cuando su vida cambió: la noche en que su madre y su padrastro cruzaron con él hacia territorio de Estado Isámico.
24 de noviembre, 2020
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Matthew todavía recuerda el momento en que su vida cambió: la noche en que su madre y su padrastro cruzaron con él las fronteras de Turquía hacia el territorio del autodenominando Estado Isámico (EI) en Siria.

“Corrimos por una zona muy oscura, llena de alambres… No pasaba mucho por mi cabeza, excepto, ‘necesito correr'”, recordó al contar por primera vez su terrible experiencia al programa Panorama de la BBC y a Frontline, de la emisora pública estadounidense PBS.

Matthew, nacido en EE.UU., fue llevado a Siria cuando tenía 8 años y su cara se hizo conocida cuando los militantes de EI lo utilizaron en un video en el que amenazaba al presidente Donald Trump.

Ahora con 13 años, está de vuelta en su país y vive con su padre, luego de que el ejército de Estados Unidos lo rescatara y lo llevara a casa en 2018.

Dice que es un “dulce alivio” estar de vuelta.

“Lo que pasó, pasó. Todo quedó atrás”, cuenta a la BBC.

“Era tan pequeño que no entendía lo que estaba sucediendo”, agrega.

Camino al infierno

Fue en abril de 2015 cuando una aparentemente común familia estadounidense cruzó al territorio de EI desde la provincia fronteriza turca de Sanliurfa.

En Raqqa, la ciudad reivindicada por los combatientes islamistas como su capital, el padrastro de Matthew, Moussa Elhassani, fue enviado a recibir entrenamiento militar y se convirtió en francotirador.

A sus 8 años, Matthew hizo todo lo posible para darle sentido a su nuevo hogar.

“Cuando estuvimos por primera vez en Raqqa, nos quedábamos en la ciudad. Era bastante ruidosa por los disparos. De vez en cuando se escuchaba una explosión, pero era lejana. Así que no teníamos mucho de qué preocuparnos”, recuerda.

Matthew in the US, aged 13

BBC
Matthew tiene 13 años actualmente.

A principios de 2017, la madre de Matthew, Samantha Sally, le envió un correo electrónico a una hermana en EE.UU.

Le pedía dinero de forma desesperada para ayudar a la familia a escapar.

Adjunto, le envió también algunos videos extremadamente inquietantes sobre Matthew.

En uno, el padrastro Moussa Elhassani, obligaba a Matthew a armar un cinturón suicida.

El niño, que seguía las instrucciones, recreaba cómo daría la bienvenida a posibles rescatadores estadounidenses, para luego matarlos detonando los explosivos.

En otro video, se le veía desmontando un AK-47 cargado, desafiado por su padrastro a hacerlo en menos de un minuto.

La pesadilla

Una noche, a medida que la coalición liderada por Estados Unidos intensificaba sus ataques aéreos contra Raqqa, una bomba golpeó una casa vecina, que se derrumbó sobre el lugar donde vivía Matthew con su familia.

El niño se salvó de milagro: logró salir a tientas entre los escombros y el polvo.

Poco después, en agosto de 2017, Raqqa estaba en ruinas, pero Estado Islámico todavía estaba seguro de su victoria.

Matthew aged 10 in a still from the IS propaganda video in which he was made to recite a message to Donald Trump

BBC
Matthew fue utilizado en varios videos de propaganda de EI.

Fue entonces cuando el grupo utilizó a Matthew para grabar un video de propaganda en el que amenazaba a Trump.

“Mi mensaje para Trump, el títere de los judíos: Alá nos ha prometido la victoria y te ha prometido la derrota“, dijo el niño, recitando el mensaje que le habían hecho aprender de memoria.

“Esta batalla no va a terminar en Raqqa o Mosul. Va a terminar en tus tierras… Así que prepárate, porque la lucha acaba de comenzar”.

Años después, el niño recuerda que fue su padrastro quien lo obligó a grabar el video y que durante la filmación lo amenazaba.

“Estaba empezando a perder el control, como si hubiera tenido problemas mentales”, cuenta.

Matthew on a fishing trip with his father, Juan

BBC
Matthew vive actualmente con su padre.

Poco después, Elhassani murió en un presunto ataque con drones.

“Me alegré porque no me agradaba, obviamente”, dijo Matthew.

“No creo que debería haber estado feliz porque una persona murió, pero lo estaba. Todos estábamos llorando…de alegría”.

El rescate

Tras la muerte del padrastro, la madre de Matthew, Samantha Sally, le pagó a unos traficantes de personas para que ella y sus cuatro hijos salieran del territorio de Estado Islámico.

Matthew fue escondido dentro de un barril en la parte trasera de un camión para poder pasar por los puestos de control.

Cuando llegaron al territorio controlado por los kurdos, fueron retenidos en un campo de detención, y fue allí en el invierno de 2017 donde la BBC comenzó a hablar con Sally.

La mujer contó que su marido la había engañado para que llevara a su familia a Siria y que no tenía idea de lo que estaba planeando.

Samantha Sally in a detention camp in Syria

BBC
Samantha Sally comenzó a hablar con la BBC en 2017.

Una vez en Raqqa, dijo, el hombre se había vuelto violento con ella.

La estadounidense reconoció que durante su estancia allí habían comprado a dos adolescentes yazidíes como esclavas y que su marido las violaba con regularidad.

Las pruebas

Tras su regreso a EE.UU., mientras estaba en la cárcel en espera de juicio, Sally continuó defendiendo su versión de que había sido engañada por su marido.

Aunque lo había apoyado “en sus estúpidas empresas“, insistió en que no era culpable de que se uniera al EI.

Sin embargo, la investigación de la BBC y de PBS descubrió pruebas que socavaron esta historia.

Un miembro de la familia Elhassani dijo que Moussa se había obsesionado con EI en los meses previos a la salida de la familia de EE.UU. y que lo había visto viendo propaganda del grupo, incluidos videos de ejecuciones, en la casa de la familia.

Una amiga de Sally también recordó una conversación con ella en la que le había dicho que su esposo sentía un llamado para unirse a “la guerra santa”.

La investigación también reveló que Sally había hecho una serie de viajes a Hong Kong en las semanas antes de que la familia dejara EE.UU. y que había depositado al menos US$30.000 en efectivo y oro en cajas de seguridad.

Después de casi 12 meses tras las rejas, Sally cambió su historia y se declaró culpable de financiar el terrorismo como parte de un acuerdo de culpabilidad.

Las pruebas mostraron después que Sally había ayudado a filmar los videos de su hijo con el cinturón suicida y el AK-47.

De acuerdo con los fiscales, es probable que nunca se sepa por qué ayudó a su esposo a unirse a Estado Islámico, aunque su defensa argumenta que fue coaccionada por el marido controlador.

Desde su regreso a EE.UU.. Matthew ha recibido asesoramiento para ayudarlo a lidiar con los traumas de todo lo que le sucedió.

Según sus médicos, ha mejorado y lo está haciendo bien.


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