La odisea de los centenares de chinos que intentan cruzar a EU por la frontera con México
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AFP

La odisea de los centenares de chinos que intentan cruzar a EU por la frontera con México

La patrulla fronteriza de Estados Unidos intenta averiguar por qué está aumentando el número de chinos que cruza desde México.
AFP
Por BBCMundo
11 de julio, 2016
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En la frontera sur de Estados Unidos se habla sobre todo español.

Una obviedad, pensarán, teniendo en cuenta que del otro lado está México, país del que procede la principal comunidad de inmigrantes con y sin papeles en EU.

Sin embargo, en el puesto fronterizo de San Diego-Tijuana se necesitan cada vez más traductores de chino.

Y es que mientras el número total de arrestos que realiza la patrulla fronteriza en ese sector baja cada año, la cifra de chinos detenidos tras intentar cruzar por este punto se ha disparado.

¿Qué está pasando?

Un incremento exponencial

Si se toma en cuenta el panorama general, en los últimos años el flujo migratorio de China a EE.UU. ha crecido de forma exponencial.

Tanto es así, que la comunidad china ya conforma el tercer grupo de inmigrantes en EU, por detrás de mexicanos e indios, según datos del Migration Policy Institute.

Sin embargo, las autoridades están desconcertadas ante el hecho de que cientos de ciudadanos chinos estén dispuestos a emprender una ruta tan larga a través de México, arriesgándose a ser detenidos por no tener papeles.

“Desde octubre de 2015 hasta junio de 2016, los agentes fronterizos del sector de San Diego detuvieron a 752 personas de Asia, específicamente de China“, le dice a BBC Mundo Wendi Lee, portavoz de la agencia de aduanas y patrulla fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés).

En 2015 fueron 48 y en 2014 se reportaron 5 casos. De años anteriores no hay registros porque no hubo ningún arresto de ciudadanos chinos”, añade.

Para Muzaffar Chishti, del Migration Policy Institute, el fenómeno no es tan extraordinario como lo presentan las autoridades de la frontera.

“Cuando miras el esquema global de la inmigración irregular hacia EE.UU., incluso la que pasa específicamente por esa parte de la frontera, este es un fenómeno menor“, opina Chishti en conversación con BBC Mundo.

Toma de huellas de una ciudadana chinaLa llegada de inmigrantes chinos a Estados Unidos ha crecido de forma considerable en los últimos años.

Silencio y cautela

En un paseo por el barrio chino de Los Ángeles, todo parece indicar que no hay grandes cambios.

Los vecinos y comerciantes hacen su vida normal y desvían la mirada cuando se les pregunta si han notado más presencia de compatriotas indocumentados.

Un hombre mayor, que se presenta como Wang, nos cuenta el caso de un primo que consiguió evadir los controles de la frontera y ahora está con unos familiares, estableciéndose en su nueva vida.

“Voló a Tijuana y allí montó en un auto con otros hombres”, relata.

“No sé cómo hizo los contactos ni quién le ayudó. Se escondió al pasar el control y una vez en San Diego se quedó solo.

“Imagino que sus familiares estaban pendientes y fueron a reencontrarse con él”, añade.

Barrio chino de Los ÁngelesLos chinos se han convertido en el tercer grupo de inmigrantes en EU, por detrás de mexicanos e indios.

Una mujer asegura que en el barrio chino no vamos a encontrar indocumentados, que allí tienen los papeles en regla,

Y otra señora nos advierte que es mejor no indagar demasiado por si hubiera grupos criminales implicados.

Tráfico de personas

Desde la CBP, Wendi Lee explica que “la Unidad de Inteligencia de la patrulla fronteriza está coordinada con otras agencias estatales, federales y locales y también con el gobierno mexicano para poder identificar las rutas y el por qué”.

“Por ahora hay varias especulaciones“, agrega.

Una de ellas es la proliferación de grupos del crimen organizado que han encontrado una importante fuente de ingresos en este tipo de tráfico de personas.

Al tener que hacer tantos trámites para traerlos desde tan lejos, los traficantescobran mucho dinero.

“Se está cobrando desde US$5.000-US$7.000 hasta US$70.000 por personaincluyendo la travesía”, exclama Lee.

Otro de los rumores es que los vuelos directos desde China hasta Tijuanaallanan el camino.

Además, los requisitos de visa para los ciudadanos chinos en México o algunos países centroamericanos como Honduras o Guatemala son menos estrictos que en otros lugares, lo que explicaría por qué eligen este paso.

Para algunos analistas, el factor que explica la mayor afluencia de chinos, ya sea en situación regular o irregular, es el económico.

En esa línea se expresa Muzaffar Chishti.

La inmigración irregular casi siempre sigue a la regular. Sabemos que, durante los últimos dos años, la inmigración regular desde China e India está dejando atrás a la inmigración desde México, que históricamente ha sido la más alta en EE.UU.”, indica.

Barrio chino de Los ÁngelesEl barrio chino de Los Ángeles tiene unos 10.000 habitantes.

“Muchos de quienes llegan sin papeles lo hacen con la esperanza de reunirse con familiares que ya están establecidos en EU de forma legal”.

Un largo camino por delante

Una esperanza que en la mayoría de los casos se diluye en las zonas que controla la CBP.

“Patrullamos las áreas rurales; esto es, el desierto, las montañas, los valles… allí es donde el crimen organizado empuja a estas personas a que crucen, allá por el cerro y las áreas montañosas, y allí es donde nosotros los arrestamos”, indica Wendi Lee.

Lee detalla que la gran mayoría son hombres de unos 20 a 30 años de edad y los suelen interceptar en grupos de cinco o seis personas, de las que al menos una sabe hablar algo de inglés o español.

“No hay niños, no hemos interceptado a ningún niño de ascendencia china”, subraya.

Una vez aprehendidos, comienza un largo proceso que generalmente culmina en un viaje obligado de regreso a China:

  • La CBP los lleva a un centro de detención, donde se procesan sus datos, se identifica si hay antecedentes y se abre su caso.
  • Se les da acceso a hablar con el Consulado de su país, también se les da la opción de hacer una llamada a un familiar para que sepan dónde están y se les proporciona un traductor.
  • De ahí pasan a manos delservicio de inmigración y control de aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que los mantiene retenidos a la espera de la audiencia ante el juez de inmigración que estudia la posible deportación.
  • El ICE valora, caso por caso, si la persona sigue detenida mientras espera juicio o si puede salir en libertad condicional.
  • Para ello se evalúa si el individuo supone una amenaza para la comunidad y qué probabilidades hay de que se presente a la audiencia o de que se escape.
  • Finalmente el juez de inmigración, que depende del Departamento de Justicia de EE.UU., emite su fallo.

Si el juez ordena la deportación, el ICE tiene que gestionar los documentos de viaje, conseguir la autorización del gobierno chino y devolver a la persona al lugar del que llegó.

Se cierra así un doloroso y complejo periplo que, en la mayor parte de los casos, concluye en el mismo lugar donde inició.

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Cuartoscuro

Corte obligará a México a atender acciones que ordene el Comité vs Desaparición Forzada de ONU

El proyecto que se analiza este miércoles ampara a las familias de seis víctimas de desaparición, pero dejaría precedente para más casos. México es el segundo país con más acciones urgentes ordenadas por ONU, la mayoría incumplidas.
Cuartoscuro
21 de abril, 2021
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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este miércoles un proyecto de sentencia que establece que las autoridades en México están obligadas a acatar las acciones urgentes de búsqueda e investigación que le ordene el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.

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Dicho proyecto es resultado de la revisión de un amparo que promovieron las familias de seis jóvenes desaparecidos desde 2013 en Veracruz en contra de la negativa de la Fiscalía estatal, avalada en primera instancia por una jueza federal, de atender las acciones ordenadas por el referido Comité.

Los afectados recurrieron ante dicho comité en 2017 desesperados por la falta de resultados en una investigación que, siete años después, no ha dado con los probables responsables ni ha localizado a los desaparecidos. Es decir, que mantiene los casos totalmente impunes.

En respuesta el comité emitió más de una decena de acciones urgentes dirigidas a la Fiscalía en todos los casos, entre las que figuran darles pleno acceso a las indagatorias a las familias e incorporar sus pruebas y líneas de investigación. Pero todo ello está pendiente porque las autoridades locales han litigado para no reconocer la jurisdicción internacional.

En 2018 y por iniciativa del hoy presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, el máximo tribunal atrajo el caso para analizarlo debido a la trascendencia que tiene la definición de si México debe acatar irrestrictamente o no las determinaciones de un organismo internacional como el Comité contra la Desaparición Forzada.

En ese contexto, el proyecto que se votará esta semana a cargo de la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena concluye que la Constitución en México reconoce las convenciones internacionales y tratados derechos humanos como parte del marco legal que prevalece en nuestro país, por lo que las disposiciones que de ella emanan sí son vinculantes.

“Suponer que las acciones urgentes no establecen obligaciones a cargo de las autoridades responsables, ni implican la necesidad de comunicar los resultados, es restar efecto útil a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, disminuir injustificadamente la esfera de protección de las personas sujetas a la jurisdicción del Estado mexicano y contradecir las determinaciones del gobierno mexicano, quien no sólo adoptó, ratificó e incorporó a su régimen jurídico” señala el proyecto.

De acuerdo con la organización civil especializada en defensa de los derechos humanos I(DH)EAS, que ha acompañado a las familias afectadas, de aprobarse este proyecto de la Corte el beneficio se extendería más allá de las seis victimas que promovieron el amparo. Actualmente hay casi 400 casos con acciones urgentes emitidas por el referido Comité.

México es, de hecho, el segundo país en el mundo con más acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, solo detrás de Irak.

Formando Hogar: siete años de impunidad

Daniel, Karlo, Luis, Julián, Emiliano y Héctor desaparecieron en diciembre de 2013. Todos ellos eran vecinos de la colonia Formando Hogar, un barrio popular del puerto de Veracruz. 

Como en tantos otros casos ocurridos durante el gobierno de Javier Duarte, en su desaparición estuvieron involucrados elementos de la policía estatal quienes, según los testigos, se llevaron detenidos a los seis jóvenes. Fue la última vez que alguien pudo verlos.

Aunque las familias intentaron denunciar de inmediato los hechos, el Ministerio Público les pidió esperar 72 horas para que se considerara realmente desaparecidos a los jóvenes. Esa fue la primera de muchas irregularidades y negligencias que seguirían en los años posteriores con este caso.

Ante la falta de resultados, y con el apoyo de la organización I(DH)EAS, los familiares acudieron ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas el cual, en febrero de 2016, ordenó a las autoridades mexicanas implementar una serie de acciones urgentes para agilizar la búsqueda de los desaparecidos, y la identificación de los probables responsables. Un año después dichas acciones fueron reiteradas y ampliadas.

Entre lo ordenado por el comité se encuentra, por ejemplo, realizar un proceso de búsqueda integral y una investigación seria para dar con el paradero de las víctimas; tomar en cuenta la posible participación de policías de todos los niveles y militares en el caso; y agilizar la identificación de restos encontrados en fosas clandestinas.

También se instruyó a la Fiscalía dar cuenta a los familiares de la estrategia implementada para la búsqueda de los desaparecidos, así como permitirles el acceso a la averiguación previa abierta y a todos los avances del caso. Todo ello además de informar al comité de Naciones Unidas sobre el cumplimiento de las disposiciones.

Pero no hubo caso. La Fiscalía estatal se negó a atender dichas acciones urgentes, motivo por el cual los familiares promovieron una demanda de amparo ante un juzgado federal en Veracruz en contra del fiscal General, del titular de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, y de los agentes del Ministerio Público implicados.

El 15 de mayo de 2018 la jueza resolvió amparar a los familiares, pero solo para efectos de que los agentes del MP responsables del caso agilizaran las diligencias. Sin embargo, dicha jueza se negó a reconocer la obligación de las autoridades mexicanas de acatar las acciones urgentes de Naciones Unidas, ni tampoco consideró responsables de las negligencias al fiscal General del Estado.

En ese contexto los familiares y sus abogados impugnaron la resolución de la jueza, lo que motivó que el caso fuera turnado a un tribunal federal y finalmente fuera atraído por la Suprema Corte.

Mientras tanto las investigaciones relacionadas con la desaparición de Daniel, Karlo, Luis, Julián, Emiliano y Héctor continúan estancadas, sin que a más de siete años de distancia se conozca su paradero y sin que tampoco haya personas detenidas.

Lee más: Desaparecidos en México: ‘Encontré a mi hijo en una fosa clandestina que yo misma excavé’

Los argumentos de la Corte

El proyecto del ministro Ortiz Mena que será sometido a votación de la Primera Sala este miércoles concluye no solo que México está obligado a acatar las disposiciones del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, sino que los mandos más altos de la Fiscalía estatal también son responsables de la impunidad que prevalece en el caso.

Contrario a lo decidido por la jueza, el proyecto destaca que tanto el fiscal General del Estado, así como el fiscal Especializado para la búsqueda de personas desaparecidas son, por línea de mando, corresponsables de los casos y no pueden deslindarse de las fallas de sus subordinados.

“Si la jueza de distrito encontró que existía una investigación que no satisfacía los estándares nacionales e internacionales que fueron desarrollados en la sentencia de amparo y que no se había emprendido con la urgencia necesaria la búsqueda del joven Emiliano, esas omisiones son, sin duda, atribuibles a los funcionarios de las entidades encargadas de la función indagatoria del Estado, en todos sus niveles, y la concesión del amparo debe, por supuesto, ampliarse a esas autoridades”, señala el proyecto.

En cuanto a las acciones urgentes ordenadas por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, el proyecto del ministro Ortiz Mena recuerda que con anterioridad la Corte ya ha señalado que el Estado mexicano, al ratificar tratados internacionales, contrae obligaciones frente a la comunidad internacional. Se trata de disposiciones que no se pueden soslayar, y que están al nivel de las propias obligaciones constitucionales.

En ese contexto se enmarcan las acciones urgentes del referido comité las cuales son vinculantes para México, es decir, es obligatorio observarlas y atenderlas. Mas aún tratándose de temas de desaparición forzada, un delito de lesa humanidad y condenado por múltiples organismos internacionales de los que México también forma parte.

“Esta Sala no alberga dudas respecto a la obligatoriedad de las acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada (…) Estas acciones, su cumplimiento y la supervisión judicial de dicho cumplimiento dan contenido específico a la obligación del Estado de garantizar el derecho de las personas a no ser sometidas a desaparición forzada y a la obligación de búsqueda y localización de una persona desaparecida”, concluye el proyecto.

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