A dos años de la aplicación de la reforma educativa promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, no se han concretado todos los beneficios prometidos para los profesores, quienes se encuentran en una situación de “incertidumbre”, aseguran dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
[contextly_sidebar id=”z8SEyNJRGsc1pgV2n6qX3VMJn3l0KAkf”]Por eso, la dirigencia sindical exigió al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, replantear la evaluación y el sistema de estímulos para profesores, aspectos medulares de la reforma. Aunque el discurso del titular parecía irreductible, este jueves 7 de julio se abrió la puerta para “construir” consensos a través de una mesa de negociación con representantes de ambas partes.
Durante un encuentro este miércoles, Juan Díaz de la Torre, presidente del SNTE, entregó al secretario Nuño un documento con 12 puntos para “corregir” la reforma educativa, sobre todo en su implementación.
A raíz de esa exigencia, este jueves instalaron la mesa de negociación que si bien coincide en la aplicación de la reforma, el sindicato busca el respeto a los derechos laborales de sus agremiados.
“Estamos trabajando para que los docentes se vean en la propia reforma”, porque los maestros se sienten “en la incertidumbre”, aseguró José García, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE.
Luego de la reunión de dos horas, el líder sindical dijo que buscan el blindaje del sistema educativo para que cumpla con la función, pero, sobre todo, “que los docentes sepan que están garantizados sus derechos. Ese es el objetivo”.
En el documento de 12 puntos, el SNTE pidió que la evaluación a los docentes no tenga el carácter “punitivo” y que se aplique con base en un criterio de “contextualización” y con la participación de los maestros, es decir, que tomen en cuenta las diferencias económicas y culturales de las diferentes regiones del país.
Otro reclamo central es el “respeto” a los derechos adquiridos en el programa Carrera Magisterial, toda vez que la SEP decidió separar dicho estímulo a salario, lo que repercute en una disminución en las prestaciones, jubilaciones y el aumento salarial anual de los profesores.
Además, exigen “la inmediata aplicación del pago de salarios, incentivos económicos, asignación de plazas y la promoción de docentes destacados en la primera etapa de evaluación del desempeño docente”, es decir, cumplir con la promesa de que los maestros que participarían en la evaluación que mandata la reforma educativa verían mejoras económicas y laborales.
El SNTE apoyó la reforma educativa que según el presidente Peña Nieto, era la más importante de su sexenio; sin embargo, dos años después, la dirigencia considera que hay “interpretaciones equívocas”.
Luis Manuel Hernández, integrante del CEN del SNTE, aseguró “se puede mejorar la calidad de la educación a la par de respetar los derechos laborales”.
El punto más complejo, dijo, es la etapa de implementación. Aunque “hay voluntad de todos para sacarla adelante. Hay que quitarle la presión de agendas diferentes a lo educativo y a lo sindical”.
José García consideró que después de esta primera reunión, “hay sensibilidad” por parte de la SEP, pero “lo que queremos es que todos entendamos la ley de la misma manera. A partir de ahí, que sea aplicable”.
El subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño, quién encabezó la mesa por parte de la SEP, descartó la suspensión de las evaluaciones que han causado movilizaciones en diferentes estados del país.
Aunque habrá diálogo para encontrar consensos, existirá “pleno respeto a la ley”, porque esta mesa de negociación se trata de “fortalecer todos los procesos de implementación”.
El SNTE también demandó “establecer como criterio para la evaluación” la participación previa de los docentes en las distintas modalidades.
Además, pidió al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), instalar de manera inmediata, un “mecanismo de revisión y análisis riguroso de las primeras etapas de evaluación y replantear todo el proceso”.
En un comunicado enviado horas después de la mesa de negociación, el INEE dijo estar dispuesto a escuchar a todos los actores, pero advirtió que “la evaluación docente no atenta contra los derechos constitucionales del magisterio y no tiene intención punitiva”.
Por ello, dijo, cada actor debe asumir la responsabilidad que le corresponde y en este caso, al INEE, como “organismo constitucional autónomo, le corresponde asegurar la solidez técnica de las evaluaciones, vigilar su adecuada aplicación y el estricto apego a sus resultados”.
