Procuraduría y Tribunal de Justicia de CDMX practican violencia contra mujeres: Derechos Humanos
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Cuartoscuro

Procuraduría y Tribunal de Justicia de CDMX practican violencia contra mujeres: Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México exige a autoridades capitalnas indemnizar económicamente dos mujeres víctimas de violencia institucional y de género, garantizar su rehabilitación física y dar "garantías de no repetición".
Cuartoscuro
Por Erendira Aquino
9 de julio, 2016
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Por primera vez una autoridad gubernamental deberá disculparse de forma pública e indemnizar económicamente a dos mujeres a las que se practicó violencia institucional y género, de acuerdo con una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Las mujeres fueron agredidas, en 2011 y 2103, por instituciones públicas, debido a su condición de género, estableció la Comisión de Derechos Humanos capitalina, luego de analizar las quejas presentadas por las víctimas.

Basada en los casos de Yakiri Rubio y Clara Tapia, la Comisión concluyó, en su recomendación 6/2016, que en la Procuraduría General de Justicia y en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México prevalecen “prácticas y obstáculos que normalizan la violencia contra las mujeres e impiden el pleno ejercicio de sus derechos”.

Lo anterior trajo como consecuencia que Yakiri y Clara recibieran “un trato discriminatorio” por parte de las autoridades, las cuales actuaron basándose en “estereotipos de género”, causándoles una segunda agresión.

Se trata, según explicó Karla Michel Salas, abogada de ambas víctimas, de dos casos “emblemáticos que reflejan la violencia estructural que viven las mujeres en todo el país, pero particularmente en la Ciudad de México”.

La recomendación señala que, con su mala actuación, las autoridades de justicia violaron no sólo el derecho que tienen las víctimas a una vida libre de violencia, sino también su derecho a un debido proceso judicial, su derecho a acceder a la justicia, su derecho a que su integridad personal sea garantizada, así como su derecho a no ser víctimas de violencia institucional.

Lee el especial: La violencia contra las mujeres (no) es normal.

Yakiri: encarcelada por actuar en legítima defensa

El 9 de diciembre de 2013, Yakiri Rubio fue sometida por dos hombres, quienes la trasladaron a un hotel ubicado en la colonia Doctores, donde la golpearon, la violaron y uno de ellos intentó matarla, infringiéndole varias heridas con una navaja. Yakiri repelió la agresión y forcejeó con el agresor, quien resultó lesionado con una herida en el cuello, la cual le provocó la muerte.

Yakiri huyó del hotel y encontró a un policía de investigación, con quien denunció lo sucedido. Increíblemente, fue ella la que resultó acusada de homicidio y procesada penalmente.

No fue sino hasta una semana después de la agresión, el 17 de diciembre de 2013, que las autoridades gestionaron la atención psicológica y médica requerida para los casos de violación. Todo eso sucedió cuando Yaikiri se encontraba dentro del Centro Femenil de Readaptación Social de Santa María Acatitla.

Casi tres meses después de la agresión y de la reclusión de Yakiri, se reclasificó el delito de homicidio calificado a homicidio cometido con exceso de legítima defensa, quedando en libertad provisional.

Finalmente, el 21 de mayo de 2015, a más de un año de los hechos, un juez la absolvió de todo delito, ya que, concluyó, ella procedió en legítima defensa.

Hasta la fecha, el segundo agresor de Yakiri no ha sido procesado por ningún delito y permanece en libertad.

Clara: procesada por ser esposa de un “monstruo”

El 27 de junio de 2011, Clara Tapia acudió a las instalaciones de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztapalapa, perteneciente a la PGJDF, para interponer una denuncia contra su ex pareja, a quien acusaba de mantener secuestradas a las hijas que habían procreado, impidiéndole verlas, a las cuales, además, sometía a explotación y violencia física y sexual.

A cambio de la promesa de que podría ver a sus hijas, su ex pareja la sometió a actos de violencia, intimidaciones, insultos, amenazas, e incluso le impuso limitaciones para comer o asearse.

La Fiscalía recibió la denuncia, pero no hizo nada para rescatar a las menores.

La PGJDF tardó tres meses para salir en busca de las víctimas, y sólo lo hizo cuando Clara, por investigaciones propias, pudo localizar el sitio en donde las mantenían privadas de la libertad.

Ese parecía el final del calvario para Clara, quien por fin podría recuperar a sus hijas; sin embargo, el 5 de septiembre de 2011, día en que las menores fueron rescatadas, ella fue arrestada por la Procuraduría capitalina, acusada de ser cómplice en las agresiones que las niñas sufrían a manos del padre.

Según la Procuraduría, entonces encabezada por el actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, Clara sufría “la necesidad de mantener a toda costa la relación con el acusado” y por ello, según la versión oficial, habría permitido que sus hijas fueran sometidas a abusos.

Clara fue exhibida ante medios de comunicación por el mismo Mancera, quien la señaló como abusadora de menores en el programa televisivo “La historia detrás del mito”.

Clara pasó tres años encarcelada en el Penal de Santa Martha, luego de que un juez determinó que “carecía de autonomía” para impedir los abusos que ella y sus hijos sufrieron a manos de su ex pareja.

Jorge Antonio Iniestra Salas, a quien los medios llamaron “El Monstruo de Iztapalapa”, recibió una sentencia condenatoria de 251 años de prisión por dos homicidios dolosos, secuestro, violencia familiar, explotación laboral y corrupción de menores.

El papel de las autoridades, según Derechos Humanos

Para la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Yakiri y Clara no sólo fueron víctimas de las personas que directamente las agredieron, sino que también fueron presa de un problema generalizado de violencia contra las mujeres, ejercida desde las instituciones encargadas de velar por la justicia en la Ciudad de México.

Según la CDHDF, tanto en la Procuraduría General de Justicia como en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México existen “prácticas y obstáculos que normalizan la violencia contra las mujeres e impiden el pleno ejercicio de sus derechos”.

Yakiri y Clara, subraya la recomendación 6/2016, “después de haber sido víctimas de diferentes tipos de violencia, acudieron a los órganos de procuración e impartición de justicia y se enfrentaron a un sistema que, en lugar de protegerlas y administrarles justicia… les dio un trato discriminatorio, por estereotipos de género y fueron revictimizadas”.

La Comisión de Derechos Humanos concluyó que ambas instituciones –la primera encargada de perseguir a los presuntos delincuentes, y la segunda responsable de juzgar su culpabilidad o inocencia– siguen sin aplicar los preceptos incluidos en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a pesar de que esta ley está vigente desde diciembre de 2014.

Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal exigió a la Procuraduría y al Tribunal que, además de disculparse públicamente, deberán adoptar “investigaciones y procesos libres de estereotipos”, así como otras medidas necesarias para combatir la discriminación contra las mujeres desde las instituciones de gobierno, para que casos como los de Yakiri y Clara no vuelvan a repetirise.

Asimismo, el ombudsman capitalino exigió a las autoridades capitalnas indemnizar económicamente a ambas víctimas, garantizar su rehabilitación física, así como proporcionarles “garantías de no repetición”.

A continuación puedes consultar la recomendación completa:

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Enmienda 25 o 'impeachment': ¿puede Trump ser destituido tras el violento asalto al Capitolio?

Demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes están pidiendo que se destituyan los poderes del presidente. Hay dos vías para hacerlo.
7 de enero, 2021
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Apenas faltan 13 días para que Donald Trump abandone oficialmente la Casa Blanca y arranque la legislatura del demócrata Joe Biden, cuya victoria electoral fue ratificada por el Congreso de Estados Unidos este jueves.

Pero tras el violento asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump, prolongado durante horas y que dejó cuatro muertos, los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes están pidiendo que se destituyan los poderes del presidente.

Escribieron una carta al vicepresidente Mike Pence en la que le urgían a actuar y sacar a Trump de la presidencia, alegando que había cometido un acto de insurrección y “buscaba socavar” la democracia.

Para destituir al presidente de Estados Unidos hay dos mecanismos: el llamado juicio político –impeachment– o la enmienda número 25 de la Constitución, aseguran expertos.

Sin embargo, ambas vías pueden resultar difíciles e improbables de aplicar dado el poco margen de tiempo que le queda a Trump al mando.

“Creo que la mejor salida es que Trump renuncie, que los de su propio partido lo presionen para que renuncie. Él no lo hará, pero debería”, aseguró el politólogo de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky, entrevistado por BBC Mundo.

El vicepresidente Mike Pence y la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.

Getty Images
Tras los episodios violentos y el desalojo de los seguidores de Trump, el Congreso ratificó este jueves la victoria de Joe Biden en las pasadas elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Tras los violentos acontecimientos del miércoles, Trump ha asegurado que la transición de poder se ejecutará de forma “ordenada”, pero que está en desacuerdo con el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre, las que califica como fraudulentas a pesar de que el Departamento de Justicia estadounidense lo haya descartado.

Pero, ¿en qué consisten las dos vías principales por las que Trump puede ser destituido antes del 20 de enero?

Enmienda 25

Dicha enmienda recogida por la Constitución permite la transferencia de poder desde la presidencia a la vicepresidencia ya sea de forma temporal o permanente.

Convierte al vicepresidente en presidente si este se muestra incapaz de continuar con sus responsabilidades, por ejemplo, si sufre una enfermedad física o mental.

Asaltantes del Congreso.

Getty Images
El asalto al Capitolio y la intervención de las fuerzas de seguridad han dejado al menos cuatro muertos.

La sección número 4 de dicha permite al vicepresidente y la mayoría del gabinete declarar al mandatario incapaz de desarrollar su deber en el cargo.

Para ello necesitarían firmar y remitir una carta a los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado y declarar al presidente como no apto para gobernar o incapaz de desempeñar sus poderes y deberes.

De ser así, el vicepresidente Mike Pence asumiría automáticamente el poder hasta el próximo 20 de enero, cuando empezaría el mandato de Biden.

El presidente tiene la oportunidad de ofrecer una respuesta por escrito, y si impugna el hallazgo, entonces le corresponde al Congreso decidir. Cualquier voto en el Senado y la Cámara de Representantes que ordene la destitución del presidente requiere una mayoría de dos tercios.

Mientras se resuelve el caso, el vicepresidente actuaría como presidente.

Recientemente, cuando Trump fue diagnosticado con COVID-19 el pasado octubre, también hubo discusiones sobre invocar la enmienda 25 ante las preocupaciones de que pudiera estar demasiado enfermo para gobernar el país.

La enmienda 25 fue ratificada en 1967, cuatro años después del asesinato de John F. Kennedy, con el objetivo de resolver las disputas de sucesión presidencial en caso de incapacidad.

Funeral de John F. Kennedy.

Getty Images
La enmienda 25 fue ratificada en 1967, cuatro años después del asesinato de John F. Kennedy.

Por este motivo, varios presidentes han usado esta enmienda, específicamente la sección 3, porque les permite transferir temporalmente el poder a la vicepresidencia.

En 2002 y 2007, el presidente George W. Bush puso a su vicepresidente a cargo al ser sedado durante colonoscopias rutinarias.

El presidente Ronald Reagan hizo lo mismo en 1985, mientras estuvo ingresado en el hospital por una cirugía por cáncer.

Hasta la fecha, ningún presidente ha sido destituido del cargo usando la enmienda 25.

Juicio político o ‘impeachment’

El juicio político, también conocido como impeachment, tiene lugar en el Congreso de EU con el objetivo de llevar a cabo una posible destitución del presidente.

La Constitución estadounidense establece que el presidente “debe ser destituido de su cargo si es acusado de y condenado por traición, soborno, u otros crímenes o delitos graves”.

Es un proceso político, más que penal.

Seguidores de Trump alrededor del Capitolio.

Getty Images
Seguidores de Trump se congregaron e irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos este miércoles, reclamando fraude en las pasadas elecciones presidenciales.

Este proceso tiene lugar en dos etapas.

Tendría que ser iniciado por la Cámara de Representantes y solo necesita una mayoría simple para ser activado.

Luego, el juicio se celebra en el Senado, donde se necesitan dos tercios de los votos para destituir al presidente, y este hito nunca se ha alcanzado en la historia de Estados Unidos.

“Es un proceso bastante largo, a menos que lo hagamos al estilo peruano, de vacar al presidente de la noche a la mañana. Es poco probable que eso pase”, explicó Levitsky a BBC Mundo.

Donald Trump ya ha sido cometido a un proceso de impeachment una vez, y ningún presidente lo fue dos veces durante su mandato.

En diciembre de 2019, la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó dos artículos de impeachment tras acusar a Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Los demócratas acusaron a Trump de retener US$391 millones en ayuda a Ucrania para presionar y forzar que el país europeo investigara al actual presidente electo, Joe Biden, y a su hijo.

En febrero de 2020, el Senado, de mayoría republicana, votó a favor de absolver a Donald Trump en el juicio político por dicho escándalo.

Si el presidente Trump fuera destituido a través de un juicio político, el vicepresidente Pence se haría cargo de la Oficina Oval.


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https://www.youtube.com/watch?v=l2QCDx-bbAc&feature=emb_logo

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