Un tribunal determinó que la Procuraduría General de la República (PGR) debe reparar el daño cometido en contra de Teresa González Cornelio, indígena otomí a quien detuvieron hace 10 años con la acusación de que había participado en el secuestro de seis elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), aunque después la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que era inocente y recuperó su libertad.
[contextly_sidebar id=”IUSV9d6o2EvcO3EY47uyvrdlPm8djhv4″]”El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFyA) reiteró que la Procuraduría General de la República (PGR) debe reparar el daño integralmente. Dicha resolución es de carácter inapelable y ordena a la citada dependencia a difundir en los medios de comunicación la inocencia de Teresa”, indicaron en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Amnistía Internacional.
Además de González Cornelio, fueron detenidas y luego liberadas las mujeres indígenas Alberta Alcántara y Jacinta Francisco Marcial, por la misma acusación de que en 2006 habían secuestrado a policías, aunque en realidad no existían pruebas en su contra y se violó el debido proceso, ya que no tuvieron un intérprete.
“Recordemos que en mayo de este año, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la decisión del TFJFyA que ordenaba otorgar la reparación del daño a la indígena Jacinta Francisco Marcial. Esta sentencia ya fue notificada a la PGR por lo que el plazo de 4 meses para que sea cumplida está en curso“, apuntaron las organizaciones.
“Ya sólo queda pendiente el caso de la indígena otomí Alberta Alcántara Juan -quien fue detenida junto a Teresa y Jacinta-, debido a que la PGR interpuso un recurso de revisión que pide revocar la orden de reparación del daño; el caso se encuentra ante el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito”, agregó.
En el caso de González Cornelio, las organizaciones recordaron que permaneció más de tres años privada ilegalmente de su libertad, acusada por el presunto secuestro, y por esa situación Amnistía Internacional la nombró presa de conciencia, “pues había sido condenada injustamente” a 21 años de prisión.
“La organización manifestó que a Teresa se le negó un juicio justo y fue encarcelada por su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia”.
