Un campesino de 73 años relata cómo lo golpearon policías el día del operativo en Oaxaca
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Cuartoscuro Archivo

Un campesino de 73 años relata cómo lo golpearon policías el día del operativo en Oaxaca

El habitante del poblado de Huitzo acusa que policías federales lo golpearon el pasado 19 de junio, el mismo día del operativo en Nochixtlán, aunque no era parte de las protestas.
Cuartoscuro Archivo
Por Paris Martínez
24 de julio, 2016
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V. es un campesino de 73 años, que ha pasado toda su vida en Huitzo, un pueblo que queda a mitad de camino entre la ciudad de Oaxaca y Nochixtlán.

La edad, la vida entera de trabajo en el campo y una operación en la rodilla practicada hace algunos años, obligan a V. a caminar muy lentamente, avanzando apenas unos centímetros en cada paso, siempre encorvado sobre un bastón.

Aún así, V. es un hombre que ama el campo, y por esa razón camina cada día un kilómetro, desde su casa hasta su parcela, ubicada a las afueras del poblado, para alimentar a su “burrito”, y para cultivar alfalfa.

La parcela de V. está a un lado de la caseta carretera de Huitzo, en la cual, el pasado 19 de junio, simpatizantes del movimiento magisterial montaron un bloqueo carretero, con la intención de dificultar el operativo policiaco que en ese mismo momento se realizaba en la localidad vecina de Nochixtlán.

V., sin embargo, no era parte de la manifestación.

“Yo fui a la parcela –narra– para darle de comer al burrito, para cuidar mi alfalfa, porque ya no puedo cultivar otras cosas, ya me canso y no puedo estar mucho tiempo parado. Y la alfalfa no necesita tanto trabajo para crecer”.

Desde su parcela, alrededor de las 9:00 de la mañana, V. se percató de que muchos de sus vecinos comenzaban a congregarse en la caseta carretera, por lo que decidió apurar su faena y volver lo más pronto posible a casa.

Una hora después, alrededor de las 10:00 de la mañana, a la caseta carretera llegó un contingente de la Policía Federal, apoyados con un helicóptero, con la intención de retirar el bloqueo de Huitzo, y al ver a sus vecinos huir de la carretera, V. también emprendió el camino a casa, llevando consigo a su burro, pasito a pasito.

Fue entonces que “pasaron varios policías, unos ocho, venían desde la autopista, gritando cosas a la gente, oí cosas como ‘oaxaqueños frijoleros’, mentando madres, pues, aventando piedras y todo… Y yo, lo único que les dije fue que no hablaran así, porque está mal, ¿o no? ‘Fíjense cómo hablan’, les dije, y con eso nomás se me fueron encima tres policías”.

Un golpe en el rostro echó al anciano de 73 años al suelo, y ahí fue pateado por los tres policías en todo el cuerpo.

Luego, ahuyentaron a su burro y se fueron, no sin antes arrojar lejos el bastón con el que V. camina.

“Se llevaron el bastón –narra, enojado–, les dije todavía yo ‘échenme mi bastón, para que yo camine’, pero qué me lo iban a entregar, lo tiraron por ahí… ‘aprovechados’, les grité… cómo pueden pegarme así”.

Como prueba, V. exhibe su torso, lleno de moretones, su brazo derecho, morado e inflamado, así como los abultamientos detrás de su oreja y en la espalda.

El reporte del examen médico practicado a V. señala que este anciano de 73 años presenta “múltiples lesiones dolorosas a la palpación en la región del cráneo; brazo derecho con inflamación importante en hombro, que le imposibilita el movimiento; dolor a la palpación de toda el área dorsal y lumbar, con agudización en áreas renales; dolor en ambas extremidades inferiores”.

Los policías federales “actuaron como cobardes –señala X., hermana de V.–, ¿cómo pueden pegarle a un hombre grande, con bastón, patearlo en montón? Eso no tiene otro nombre. Eso es de cobardes”.

El operativo en Huitzo

Las siete víctimas mortales que ese día dejó el operativo policiaco en Nochixtlán, la comunidad vecina, restó atención pública a los hechos ocurridos de forma paralela en Huitzo, en donde no hubo muertos ni heridos de bala, pero sí decenas de personas lesionadas por la policía, e intoxicadas por los gases lacrimógenos que se arrojaron contra la población, lo mismo desde posiciones en tierra, que desde el helicóptero que la Policía Federal empleó en estas acciones.

Tal como narran testigos que participaron en los hechos, el bloqueo montado por simpatizantes del movimiento magisterial en Huitzo, el pasado 19 de junio, era custodiado por menos de 30 personas, sin embargo, tal como ocurrió en Nochixtlán, los vecinos de Huitzo salieron en apoyo a los manifestantes, cuando la policía arremetió contra ellos.

“Como a las 7:00 de la mañana nosotros vimos pasar el convoy de camiones de la policía (federal y estatal) con rumbo a Nochitlán –narra el maestro I.–, eran como 25 camiones, y entonces, los vecinos de Huitzo comenzamos a salir a la carretera. Y para las 9:00 de la mañana, decidimos bloquear el paso, para impedir que enviaran más policías desde Oaxaca a reforzar el operativo en Nochixtlán”.

Para ese momento, explica el maestro I., desde Nochixtlán comenzaban a llegar informes de familiares y conocidos, reportando que la Policía Federal estaba disparando con armas de fuego en contra de la población.

“Pero nosotros no teníamos más que piedras para aventarle a los policías, entonces, cuando empezaron a lanzar gas, “la gente entonces se replegó un poco, corrimos hacia las lomas que están junto a la carretera, y los policías se vinieron detrás de nosotros. Afortunadamente no hubo heridos de bala, la policía usó nada más sus toletes, estuvo el forcejeo muy duro, la población indignada resistió bastante, hasta que llegaron los helicópteros, aventando más gas, y entonces sí lograron replegarnos”.

Alrededor de las 11:00 de la mañana, la señora X., la hermana de V., fue avisada de que al anciano lo habían golpeado en su parcela, y que ahí permanecía, lesionado. X. es una señora de edad avanzada también, pero recia, de carácter fuerte.

“Yo estaba aquí en la casa –narra ella– cuando me vinieron a avisar, y no lo pensé dos veces: me subí a la camioneta (una vieja pick up) y me fui a toda velocidad a la parcela. Recogí a mi hermano como pude y no sé ni cómo (por la falta de espacio), pero le di vuelta a la camioneta sobre la misma vereda y me regresé… pero así como arranqué, empezaron a lanzarme bombas de gas desde el helicóptero, ¡parecía una guerra!”

“Yo aceleré lo más que pude, nomás rogando a dios que la camioneta no se me fuera a quedar por los brincos, y entonces me encontré gente que venía también huyendo, y me paré para que se subieran a la camioneta, y más bombas nos aventaban… todo pasó muy rápido, entramos al pueblo, a la zona habitada, y el helicóptero nos siguió, ya sin aventar nada, entonces metí la camioneta a la casa, bajé a mi hermano y a las demás personas, y luego me volví a llevar la camioneta lejos de la casa, por temor a que fueran a volver…”

Durante un recorrido por la parcela de esta familia de campesinos se constató que en distintos puntos del área quedaron los restos de al menos una decena de granadas de gas lacrimógeno.

Entre los matorrales, además, pudo localizarse el bastón arrebatado a V. por sus agresores.

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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