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Cuartoscuro

La Cruzada contra el Hambre es una estrategia asistencialista y no una política social: Senado

Un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado establece que no se pueden medir los avances en pobreza y educación prometidos por EPN, ni de la Cruzada.
Cuartoscuro
Por Nayeli Roldán
8 de agosto, 2016
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El presidente Enrique Peña Nieto (EPN) prometió disminuir la pobreza y mejorar la educación como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; sin embargo, no hay manera de verificar los avances de dichas estrategias porque carecen de parámetros cuantitativos, concluye un estudio realizado por el sistema de indicadores para el seguimiento de políticas del desarrollo del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores.

El estudio partió de los programas sociales aplicados durante 2014 y que fueron entregados por el Gobierno Federal en el “Informe de Ejecución”. En éstos se analizaron que los indicadores planteados para la evaluación efectivamente sirvieran para verificar el cumpliendo de las metas.

Aunque el informe del Gobierno Federal explica un supuesto progreso, se trata sólo de “una larga enumeración –sin jerarquía alguna– de acciones gubernamentales, lo que limita su utilidad como instrumento para dar seguimiento y evaluar los avances”, establece el análisis del Senado.

Política asistencial

El estudio elaborado por los investigadores del Instituto Belisario Domínguez evidencia que el combate a la pobreza en este sexenio –centrada en la Cruzada contra el Hambre– es una estrategia asistencialista y no una política social de “nueva generación”, como prometió la administración que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto.

El la meta “México incluyente”, del Programa Nacional de Desarrollo, se tome como indicador de avance, el número total y porcentaje de la población en pobreza extrema con carencia por acceso a la alimentación.

El informe sólo reporta avances de la Cruzada Nacional contra el Hambre, como “las acciones realizadas para precisar el universo de atención” (5.01 millones de personas) y las emprendidas para los programas que se incluyen en tal estrategia (comedores comunitarios; sistema DIF; tarjeta de apoyo alimentario SINHAMBRE; asistencia alimentaria a familias en desamparo; asistencia alimentaria a sujetos vulnerables, entre otros).

“La larga enumeración de acciones no permite conocer los beneficios específicos –cantidad, frecuencia y calidad (de los alimentos)– que ha recibido la población objetivo”. En todo caso, dice el informe del Senado, “sólo se da cuenta de la contención de la pobreza extrema como resultado, básicamente, de una política de corte asistencial”.

Los investigadores advierten que se tratan de “acciones remediales”, pero para conseguir mayor impacto en el combate a la pobreza, la población objetivo debería ser incorporada a actividades productivas o al mercado laboral formal, “lo que aumentaría sus posibilidades de ejercicio pleno de los derechos sociales”.

Una de las razones por las que no se puede medir el avance es la diferencia de datos. En el documento “Esquema General de Evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013-2019” se reporta que la población en pobreza extrema y con carencia por acceso a la alimentación en 2010 era de aproximadamente 7.4 millones.

En cambio, en las bases de datos del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ascendía a 8.9 millones de personas en 2010.  Estas cifras difieren también de las reportadas en el informe de ejecución del Ejecutivo que establece que en 2008 había 6.6 millones de personas en pobreza extrema, para 2010 aumentó a 7.8 millones y para 2012 disminuyó a 7 millones.

¿Qué es la “calidad” educativa?  

Aunque el discurso del presidente Enrique Peña Nieto se ha centrado en la “calidad educativa”, ni siquiera existe una definición de ese concepto en el Plan Nacional de Desarrollo.

Por tanto, la carencia de “definiciones sustanciales”, es una “limitación clave para el seguimiento y valoración de las acciones asociadas a la meta México con Educación de Calidad”, concluye el estudio coordinado por los investigadores Jesuswaldo Martínez y Alberto Galindo.

El Gobierno Federal sólo “reseña actividades” derivadas de la reforma a los artículos 3° y 73 de la Constitución (la Reforma educativa), como la creación del Sistema de Información y Gestión Educativa, los concursos de ingreso al servicio profesional docente o el financiamiento en becas y mobiliario.

“Este conjunto de acciones son solamente el soporte institucional y normativo que permitirá valorar la eficacia de la estrategia central de la reforma”. En cambio, “se reportan avances mínimos, preparatorios”, sobre la práctica educativa: la elaboración de nuevos planes y programas de estudio, la formación inicial y continua del personal docente y el mejoramiento de las condiciones de estudio y trabajo.

Otro dificultad para medir los supuestos avances, es que se canceló la prueba ENLACE, para estudiantes de primaria y secundaria, con lo que se midió el nivel de logro educativo en español y matemáticas desde 2006 hasta 2013.

Ejercicio inédito, pero mal hecho

Esta es la primera vez en la historia del país que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 incluye indicadores específicos para cada uno de los ejes o metas nacionales ahí definidos, pero lo hacen de manera “arbitraria y poco acertada”.

El artículo 6 de la Ley General de Planeación, obliga al Ejecutivo a entregar un informe ante el Congreso sobre “las decisiones adoptadas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales”.

El documento entregado en abril pasado, se reportan “acciones de gestión, como las de financiamiento público o los cambios legales y no de resultados”; por lo que “reducen la utilidad del informe de ejecución como un instrumento de seguimiento y de rendición de cuentas”.

En el Plan Nacional de Desarrollo se explica que la tarea de establecer las metas numéricas se deja a las dependencias, pero “es conveniente que desde la elaboración del mismo PND se especifiquen estas referencias de desempeño”, revela el informe del Senado.

Instituto Belisario Domínguez by http://www.animalpolitico.com on Scribd

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Acuerdo entre los gobiernos de Trump y AMLO: ¿una victoria o traición a México?

México destacó su acuerdo migratorio con EE.UU. como un gran logro por haber evitado los aranceles anunciados por Trump, pero algunos creen que hubo demasiadas concesiones.
14 de junio, 2019
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El gobierno de México lo vendió como una victoria ante la amenaza arancelaria de Trump, pero muchos consideran que fue una concesión a todas y cada una de las exigencias estadounidenses.

El acuerdo migratorio alcanzado la semana pasada por ambos países, que contempla entre otras medidas el despliegue de 6.000 miembros de la Guardia Nacional de México en su frontera con Guatemala, no dejó a nadie indiferente.

El canciller de México, Marcelo Ebrard, reconoció este lunes que la negociación fue el momento “más difícil” de las relaciones con Washington, pero que el acuerdo evitó la imposición de aranceles de un 5% a todos los productos mexicanos importados por EE.UU. tal y como había anunciado el presidente Trump si no se detenía “el flujo de inmigrantes indocumentados”.

En sus conversaciones, EE.UU. puso sobre la mesa la cifra de 140.000 migrantes llegados en mayo al país vía México antes de darle “un ultimatum”, dijo Ebrard.

Pero pese a esquivar la amenaza arancelaria -al menos de momento-, muchas voces criticaron la postura del gobierno mexicano al considerar que se había concedido demasiado al dejar todo el poder de la negociación en manos de EE.UU. y contradiciendo en parte algunas de las políticas de migración defendidas por el presidente López Obrador.

Ebrard y AMLO

AFP
El canciller de México, Marcelo Ebrard, ofreció detalles sobre el acuerdo migratorio alcanzado con EE.UU. en presencia del presidente López Obrador.

Los ataques llegaron incluso de las filas del propio partido de AMLO, Morena.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, afirmó que aceptar las medidas de EE.UU. “es una traición a la historia de México” y precisó que la Guardia Nacional es una solución contra el crimen organizado y no contra los migrantes.

“Estamos con una mentalidad de país colonizado”, dijo este jueves en una entrevista con la periodista Carmen Arístegui.

“Sí, con esto México está doblando las manos (cediendo, dando el brazo a torcer) ante EE.UU. con este acuerdo”, coincide Alejandro Hope, analista de seguridad y quien ejerció diversos cargos directivos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el pasado.

“Una tregua” temporal

Una de las críticas al acuerdo migratorio se centra en la “incertidumbre” que supone el no saber cómo se evaluarán sus resultados tras los 45 días iniciales fijados como plazo.

“A los 45 días, nos tendremos que sentar las partes y ver si tuvo éxito o no tuvo éxito (…). Y si no logramos resultados, tendríamos que participar en discusiones para un acuerdo que incluye el retorno de solicitantes de asilo bajo una perspectiva regional”, anunció el canciller.

Pero ¿cómo se medirá ese “éxito” para que EE.UU. no retome de nuevo la amenaza de los aranceles?

Donald Trump

Reuters
Aunque Trump se negó este martes a hablar sobre el acuerdo alcanzado con México, la hoja sostenida en sus manos reveló algunos detalles.

“No hay parámetros oficiales”, responde Hope. “Lo que hizo México fue someterse a un proceso de revisión continua en el cual la métrica de éxito-fracaso la imponen de manera unilateral los estadounidenses”, le dice Hope a BBC Mundo.

“Desde luego, no parece un acuerdo especialmente satisfactorio para México”, opina.

El analista cree que conseguir que se retirara “temporalmente” la amenaza de aranceles fue más bien “una tregua, un cese al fuego, más que un arreglo ejecutivo”.

Otro de los logros que México expuso tras su negociación fue haber evitado convertirse en “primer país de asilo” o “tercer país seguro” para las miles de personas, sobre todo centroamericanas, que tratan de buscar asilo en EE.UU.

Sin embargo, sí que aceptó recibir a un número indeterminado de migrantes en esta situación hasta que se resuelvan sus casos, que hasta el momento asciende a 10.000. Según dijo este miércoles el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración de México, Alejandro Encinas, la cifra podría ascender a 50.000.

Por esto, muchas personas se preguntan si, en la práctica, México ya está actuando en cierto modo como “tercer país”, algo que Hope descarta ya que para ello, “México tendría que iniciar procesos de asilo en su país”, algo que no está ocurriendo.

“Muro militar”

La medida acordada que más polémica despertó fue el despliegue de la Guardia Nacional mexicana en la frontera para tratar de frenar a los migrantes.

“La extensa y espantosa historia de abusos vinculados con la militarización de la seguridad pública en México hacen que sea fácil prever que esta medida podría resultar en un desastre”, dijo este miércoles el director ejecutivo adjunto de Human Rights Watch, Daniel Wilkinson.

Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano, coincide en que este “muro militar” en la frontera sur podría “incrementar las violaciones a los derechos humanos” de los migrantes mediante operativos y retenes que acaben en detenciones.

Soldados mexicanos en la frontera

AFP
Organizaciones humanitarias vaticinan que el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera para frenar el flujo migratorio podría resultar en “un desastre”.

El canciller mexicano Ebrard negó en su conferencia del lunes que se busque criminalizar al migrante, pero sí dijo que será necesario registrarse para cruzar territorio mexicano.

“Se dice que se va a criminalizar a los migrantes, México nunca haría eso, ni menos este gobierno. Es decir, porque alguien se quiera mover, eso no lo convierte en criminal”, dijo.

“Por parte del gobierno, todo han sido discursos falsos con respecto a lo que prometió respecto a la migración. Lo que se siente y se ve en la frontera es totalmente lo contrario, esa supuesta ayuda a migrantes ha sido nula, sobre todo respecto a la migración pobre y forzada”, le dice Figueroa a BBC Mundo desde el estado de Tabasco, en la frontera con Guatemala.

Además, Figueroa alerta que la presencia de la Guardia Nacional en la frontera podría tener como consecuencia el aumento de tráfico de personas.

“Para los migrantes que van solos sería mucho más difícil cruzar territorio mexicano y optarían por buscar traficantes de personas que podrían tienen convenio o complicidad con autoridades corruptas”, alerta.

Migrantes detenidos

Getty Images
EE.UU. aseguró que 140.000 migrantes llegarón en mayo al país vía México antes de darle “un ultimatum” para llegar a un acuerdo.

A la espera de conocer los resultados de este acuerdo migratorio tras los anunciados 45 días, Hope alerta del daño que su aceptación ya habría causado sobre la figura de AMLO.

“Ahorita medio salvaron la crisis, pero esto le va a perseguir el resto de su mandato”, asegura, pronosticando que si la amenaza de los aranceles de Trump acaba por regresar, al presidente mexicano no le quedaría margen de maniobra.

“Hacerle una concesión adicional a EE.UU. sería políticamente muy costoso. Ahorita medio lo pudieron vender como victoria, pero ¿una más? No lo creo”, concluye.


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