La Cruzada contra el Hambre es una estrategia asistencialista y no una política social: Senado
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Cuartoscuro

La Cruzada contra el Hambre es una estrategia asistencialista y no una política social: Senado

Un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado establece que no se pueden medir los avances en pobreza y educación prometidos por EPN, ni de la Cruzada.
Cuartoscuro
Por Nayeli Roldán
8 de agosto, 2016
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El presidente Enrique Peña Nieto (EPN) prometió disminuir la pobreza y mejorar la educación como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; sin embargo, no hay manera de verificar los avances de dichas estrategias porque carecen de parámetros cuantitativos, concluye un estudio realizado por el sistema de indicadores para el seguimiento de políticas del desarrollo del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores.

El estudio partió de los programas sociales aplicados durante 2014 y que fueron entregados por el Gobierno Federal en el “Informe de Ejecución”. En éstos se analizaron que los indicadores planteados para la evaluación efectivamente sirvieran para verificar el cumpliendo de las metas.

Aunque el informe del Gobierno Federal explica un supuesto progreso, se trata sólo de “una larga enumeración –sin jerarquía alguna– de acciones gubernamentales, lo que limita su utilidad como instrumento para dar seguimiento y evaluar los avances”, establece el análisis del Senado.

Política asistencial

El estudio elaborado por los investigadores del Instituto Belisario Domínguez evidencia que el combate a la pobreza en este sexenio –centrada en la Cruzada contra el Hambre– es una estrategia asistencialista y no una política social de “nueva generación”, como prometió la administración que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto.

El la meta “México incluyente”, del Programa Nacional de Desarrollo, se tome como indicador de avance, el número total y porcentaje de la población en pobreza extrema con carencia por acceso a la alimentación.

El informe sólo reporta avances de la Cruzada Nacional contra el Hambre, como “las acciones realizadas para precisar el universo de atención” (5.01 millones de personas) y las emprendidas para los programas que se incluyen en tal estrategia (comedores comunitarios; sistema DIF; tarjeta de apoyo alimentario SINHAMBRE; asistencia alimentaria a familias en desamparo; asistencia alimentaria a sujetos vulnerables, entre otros).

“La larga enumeración de acciones no permite conocer los beneficios específicos –cantidad, frecuencia y calidad (de los alimentos)– que ha recibido la población objetivo”. En todo caso, dice el informe del Senado, “sólo se da cuenta de la contención de la pobreza extrema como resultado, básicamente, de una política de corte asistencial”.

Los investigadores advierten que se tratan de “acciones remediales”, pero para conseguir mayor impacto en el combate a la pobreza, la población objetivo debería ser incorporada a actividades productivas o al mercado laboral formal, “lo que aumentaría sus posibilidades de ejercicio pleno de los derechos sociales”.

Una de las razones por las que no se puede medir el avance es la diferencia de datos. En el documento “Esquema General de Evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013-2019” se reporta que la población en pobreza extrema y con carencia por acceso a la alimentación en 2010 era de aproximadamente 7.4 millones.

En cambio, en las bases de datos del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ascendía a 8.9 millones de personas en 2010.  Estas cifras difieren también de las reportadas en el informe de ejecución del Ejecutivo que establece que en 2008 había 6.6 millones de personas en pobreza extrema, para 2010 aumentó a 7.8 millones y para 2012 disminuyó a 7 millones.

¿Qué es la “calidad” educativa?  

Aunque el discurso del presidente Enrique Peña Nieto se ha centrado en la “calidad educativa”, ni siquiera existe una definición de ese concepto en el Plan Nacional de Desarrollo.

Por tanto, la carencia de “definiciones sustanciales”, es una “limitación clave para el seguimiento y valoración de las acciones asociadas a la meta México con Educación de Calidad”, concluye el estudio coordinado por los investigadores Jesuswaldo Martínez y Alberto Galindo.

El Gobierno Federal sólo “reseña actividades” derivadas de la reforma a los artículos 3° y 73 de la Constitución (la Reforma educativa), como la creación del Sistema de Información y Gestión Educativa, los concursos de ingreso al servicio profesional docente o el financiamiento en becas y mobiliario.

“Este conjunto de acciones son solamente el soporte institucional y normativo que permitirá valorar la eficacia de la estrategia central de la reforma”. En cambio, “se reportan avances mínimos, preparatorios”, sobre la práctica educativa: la elaboración de nuevos planes y programas de estudio, la formación inicial y continua del personal docente y el mejoramiento de las condiciones de estudio y trabajo.

Otro dificultad para medir los supuestos avances, es que se canceló la prueba ENLACE, para estudiantes de primaria y secundaria, con lo que se midió el nivel de logro educativo en español y matemáticas desde 2006 hasta 2013.

Ejercicio inédito, pero mal hecho

Esta es la primera vez en la historia del país que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 incluye indicadores específicos para cada uno de los ejes o metas nacionales ahí definidos, pero lo hacen de manera “arbitraria y poco acertada”.

El artículo 6 de la Ley General de Planeación, obliga al Ejecutivo a entregar un informe ante el Congreso sobre “las decisiones adoptadas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales”.

El documento entregado en abril pasado, se reportan “acciones de gestión, como las de financiamiento público o los cambios legales y no de resultados”; por lo que “reducen la utilidad del informe de ejecución como un instrumento de seguimiento y de rendición de cuentas”.

En el Plan Nacional de Desarrollo se explica que la tarea de establecer las metas numéricas se deja a las dependencias, pero “es conveniente que desde la elaboración del mismo PND se especifiquen estas referencias de desempeño”, revela el informe del Senado.

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Ruth Bader Ginsburg: por qué la muerte de la jueza de la Corte Suprema de EE.UU. supone un terremoto en una nación ya fracturada

Si el presidente Trump nomina un reemplazante de la magistrada podría alterar por años el equilibrio ideológico del mayor tribunal de justicia del país y aumentar la tensión política a pocas semanas de las elecciones.
19 de septiembre, 2020
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La muerte de un juez de la Corte Suprema de Justicia siempre es algo trascendente en Estados Unidos. Pero la de Ruth Bader Ginsburg supone un terremoto de consecuencias imprevisibles para este país.

Ginsburg, que murió el viernes a los 87 años debido a un cáncer de páncreas, era un ícono feminista y progresista del máximo tribunal judicial de EE.UU. para asuntos como la igualdad de género o la inmigración, el aborto o el matrimonio igualitario.

Su muerte abre ahora la posibilidad de que el presidente Donald Trump nomine a su sucesor en una corte de nueve miembros donde ya ha colocado a dos, y altere así por años el equilibrio ideológico del Supremo a favor de los conservadores.

Como esto ocurre además en un país políticamente polarizado y a pocas semanas de una elección presidencial cargada de tensión, el debate por el reemplazo de Ginsburg amenaza con aumentar la fractura entre republicanos y demócratas.

“Normalmente las nominaciones a la Corte Suprema son un deporte de sangre. Entonces esto va a ser verdaderamente apocalíptico. Hay mucho en juego en esta nominación”, dice Jonathan Turley, un destacado profesor de derecho constitucional en la Universidad George Washington, a BBC Mundo.

Una silla clave

El hecho de que los magistrados de la Corte Suprema ocupen su cargo de manera vitalicia significa que cualquier cambio en la integración tiene efectos duraderos.

Nominada por el presidente Bill Clinton en 1993, Ginsburg formaba parte de un bloque de cuatro jueces progresistas de la corte que solía necesitar de un quinto voto “péndulo” para lograr mayoría.

Ruth Bader Ginsburg

Reuters
Ginsbrurg era parte de un bloque de cuatro jueces progresistas.

En votaciones recientes ese quinto voto lo aportó el juez John Roberts para decisiones sobre inmigración, derechos de homosexuales y otros temas importantes de la “guerra cultural” en este país.

Los presidentes de EE.UU. tienen la potestad de elegir los miembros de la corte, que deben ser ratificados por el Senado, y Trump suele señalar como un logro el haberlo hecho dos veces en menos de cuatro años de mandato.

Si lograse colocar a un tercer magistrado netamente conservador, la Corte pasaría a tener seis jueces instalados por republicanos, mientras el bloque liberal quedaría en una minoría de tres.

Eso puede conducir con el paso del tiempo a alteraciones significativas en diversas ramas del derecho.

“Esta es posiblemente la nominación más importante en la historia de la corte moderna. Hay una serie de doctrinas que actualmente penden de mayorías de cinco a cuatro”, advierte Turley.

Por ejemplo, señala que con un nuevo juez conservador en la corte quizás se abriría el camino para a revertir parcial o totalmente Roe versus Wade, el emblemático caso por el que el tribunal despenalizó el aborto en 1973.

Trump y Kavanaugh

Reuters
Dos de los actuales jueces del Supremo fueron nominados por Donald Trump.

Probablemente consciente de todo esto, Ginsburg indicó en su testamento que su “deseo más ferviente” era que evitaran reemplazarla hasta que asumiera un nuevo presidente, según informó la radio pública estadounidense NPR.

La pregunta ahora es si Trump podrá provocar tal desequilibrio en un Supremo que recientemente ha fallado más de una vez en contra de los intereses del mandatario.

“Aumentará el nivel de furia”

La muerte de Ginsburg le ofrece a Trump la oportunidad de acicatear al electorado conservador y religioso a menos de 50 días de las elecciones, cuando las encuestas lo muestran atrás del candidato demócrata Joe Biden.

De hecho, desde hace semanas Trump señalaba la eventualidad de nominar a un tercer juez del Supremo como una razón para que lo reelijan, por lo que quedan pocas dudas de que intentará hacerlo en los meses que le quedan como presidente.

Mensaje para Ruth Baden Ginsburg

Reuters
Ginsburg pidió en su testamento que no se nombrara un sucesor antes de las elecciones.

Además, el debate que se abre con esto desviará algo la atención de la respuesta de Trump a la pandemia de coronavirus, cuando EE.UU. está a punto de llegar a 200.000 muertos por el covid-19, una cifra que ningún otro país ha registrado.

El Senado está controlado por el Partido Republicano de Trump y su líder allí, Mitch McConnell, anticipó en la misma noche del viernes que en la cámara habrá una votación sobre el juez que nomine el presidente.

Sin embargo, evitó decir cuándo ocurriría esto: si antes o después de las elecciones del 3 de noviembre.

Los republicanos tienen 53 senadores (contra 47 demócratas), pero al menos dos miembros de esa mayoría se manifestaron días atrás reticentes a votar un nuevo juez de la corte tan cerca de las elecciones.

Esto sugiere que el reemplazo de Ginsburg puede volverse una nueva prueba de fuego de la lealtad republicana hacia Trump cuando algunos senadores tienen dificultades para ser reelectos ellos mismos.

Joe Biden

Reuters
Biden también ha dicho que el remplazo de Ginsbrurg debe esperar a las elecciones.

Por otro lado, a la controversia se añade el antecedente de que McConnell bloqueó en 2016 la votación en el Senado de un juez nominado para la corte por el entonces presidente Barack Obama, argumentando que era un año electoral.

Su explicación ahora es que el voto puede proceder porque, a diferencia de cuatro años atrás, el presidente y la mayoría del Senado pertenecen al mismo partido.

Los demócratas se apresuraron a exigir que se espere hasta después de la elección.

“Los votantes deben elegir al presidente y el presidente debe elegir al juez para que lo considere el Senado”, declaró Biden el mismo viernes.

Esto también podría movilizar a favor de Biden a electores de izquierda que aún están inseguros de votar por él.

“No podía imaginar que fuera posible hacer esta elección más divisiva, pero ocurrió: esto agrega un elemento transformador a la elección”, reflexiona Turley. “Esto aumentará el nivel de furia en el país”.


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