Aun cuando el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, libró ayer acusaciones de “peculado” y delitos “contra el patrimonio”, un Juez de Monterrey ordenó iniciar un juicio penal en su contra por “ejercicio ilegal de funciones”, que se castiga con hasta 12 años de cárcel.
[contextly_sidebar id=”eijReRTHexGjDC4E4X4rrW7SJcl3Qmzy”]De esta manera el ex gobernador Medina, emanado del PRI, tendrá que enfrentar los señalamientos en su contra hechos por la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León que lo acusa por presuntas irregularidades en los incentivos otorgados a la armadora KIA Motors, por más de 3 mil millones de pesos y por brindar exenciones de impuestos que excedieron los montos establecidos por la ley, cuando éste se desempeñaba como gobernador.
De acuerdo con el código penal de Nuevo León, el delito de “ejercicio ilegal de funciones”, al igual que el “peculado” y el delito patrimonial, se castiga con penas de cárcel que van desde los 3 meses hasta los 12 años de prisión. El tiempo de la sanción lo establece el monto del dinero presuntamente desviado o utilizado.
Ayer el ex gobernador Medina asistió a la audiencia de imputación de cargos, después de que la Fiscalía Anticorrupción estatal lo acusara penalmente.
Durante la audiencia, el juez no encontró evidencia suficiente para sustentar los delitos de peculado y delitos patrimoniales, pero si ordenó iniciar un juicio por ejercicio indebido de funciones.
En un comunicado, la Fiscalía Anticorrupción informó que ante la decisión del juez, de no vincularlo con peculado y delitos contra el patrimonio, presentarán una apelación. Además, explicaron que el juicio contra el ex gobernador durara 3 meses, en el cual “el Ministerio Público y la defensa deberán aportar las pruebas y argumentos”.
“El Juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de investigación, que deberá ser el 9 de noviembre”.
No sólo eso. También informaron que debido a que la defensa de Medina, encabezada por el ex Procurador General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores, y el abogado penalista Alonso Aguilar Zinzer, presentó una suspensión provisional de amparo, el Juez no emitió medidas cautelares contra el ex gobernador.
Audiencia histórica
Esta es la primera vez en Nuevo León que un exgobernador se presenta a declarar ante un juez. Anteriormente, Sócrates Rizzo García declaró durante más de 14 horas en calidad de indiciado por el caso del asesinato del abogado Polo del Real, pero lo hizo ante el Ministerio Público Federal, no ante un juzgador.
“Solamente quedó un delito, el de ejercicio indebido de funciones, tanto el peculado como el quebranto al patrimonio del estado pues ya no fui sujeto de vinculación a proceso, lo cual es una buena noticia para nosotros, dijo Medina al salir del Palacio de Justicia de Monterrey.
“Es muy importante aclarar que esto no significa que se haya comprobado la existencia de un delito o que se nos haya encontrado responsables, sino que sigue la investigación y el juicio continua”, expresó.
La próxima cita del juicio la dejó establecida el juez Jaime Garza Castañeda para el 9 de noviembre, y aunque no dictó medidas cautelares contra el exgobernador priista, como retirarle el pasaporte, sí prevaleció el embargo de una casa en Las Misiones y un rancho en el municipio de General Terán.
La estrategia de la Fiscalía, en los tres meses que tiene de plazo para demostrar la culpabilidad del exgobernador, es seguir la huella del dinero y para ello se solicitarán informes a la Comisión Bancaria y a la Secretaría de Hacienda, informó uno de los fiscales, Gregorio Vázquez.
También se buscarán entrevistas con exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico y empleados de la automotriz KIA para buscar pruebas en contra del exmandatario.
Más de 13 horas de audiencia
Medina arribó al Palacio de Justicia de Monterrey a las 8:10 de la mañana y luego de 13 horas y 41 minutos concluyó su audiencia ante el juez de control. Durante el proceso la electricidad se fue un par de veces y seis personas acudieron con pancartas de apoyo al exmandatario.
Aunque dijo haber desayunado solamente un muffin y café, durante todo el día solamente bebió agua y masticó un chicle. Se le notó visiblemente nervioso y más delgado y solamente una vez pidió permiso para ir al baño.
Durante la audiencia, la fiscalía informó que el contrato entre el gobierno estatal y KIA se elaboró entre el 2 de mayo y el 26 de agosto de 2014 y desde entonces se otorgaron incentivos que exceden lo establecido por la Ley de Fomento a la Inversión.
Además, el convenio de inversión se firmó entre ambas partes hasta el 27 de agosto del mismo año, por lo que se alegó el delito de ejercicio indebido de funciones.
Al respecto, la defensa señaló que Medina solamente firmó como testigo de honor, ya que todos los destalles técnicos los llevó a cabo la secretaría de Desarrollo Económico, cuyo titular era Rolando Zubirán.
Medina es uno de los acusados por el gobierno actual, encabezado por el independiente Jaime Rodríguez, dentro de la llamada “Operación Tornado” y que involucra a 30 exfuncionarios estatales.
