Con cárceles viejas, corrupción y sin personal, la CDMX busca reinsertar a jóvenes infractores
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Archivo Cuartoscuro

Con cárceles viejas, corrupción y sin personal, la CDMX busca reinsertar a jóvenes infractores

Los dos motines ocurridos en mayo pasado en el centro tutelar para menores de San Fernando de la CDMX dejó al descubierto las estructuras de poder allí operantes; por esos hechos se investiga a funcionarios que privilegiaban la entrada de sexoservidoras y objetos prohibidos.
Archivo Cuartoscuro
Por Manuel Ureste
15 de agosto, 2016
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Las paredes y techos de San Fernando, una de las seis comunidades para jóvenes en conflicto con la ley de la Ciudad de México, se caen literalmente a pedazos por la corrosiva humedad. Los baños de los dormitorios son cuartos nauseabundos, donde varios garrafones de agua hacen la función de cisternas rotas. El drenaje de las duchas está tapado desde hace meses. Y por los pasillos oscuros brotan charcos de agua que se filtran por los recovecos de esta vieja cárcel que tiene más de 100 años de antigüedad.

En estas instalaciones el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) tiene la obligación de rehabilitar a 108 jóvenes que, al corte del 15 de julio, están presos por cometer homicidio, secuestro, o extorsión, o robo con violencia.

Dos riñas ocurridas en mayo pasado en la comunidad de San Fernando, donde hubo varios internos lesionados y uno de los menores perdió un ojo,  han dejado en evidencia tres cosas: décadas de abandono institucional cuando se trata de políticas para reinsertar a estos jóvenes a la sociedad; que las estructuras de poder existentes en centros penitenciarios para adultos se reproducen acá y carencia de herramientas y personal para lograr una adecuada reinserción de estos jóvenes problema.

De acuerdo con datos oficiales, de los 125 millones de pesos (mdp) que recibió  en 2016 la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes (DGTPA) del Gobierno del CDMX, 32 mdp (alrededor del 25% del presupuesto) se prevé que sea para la manutención de los jóvenes y el mantenimiento de las instalaciones que albergan los seis centros de internamiento operantes en la CDMX; los 90 mdp restantes (75% del presupuesto) serán ‘absorbidos’ en el pago de sueldos y prestaciones para los funcionarios de la institución.

Partidas clave como la compra de útiles educativos, medicinas, artículos deportivos y materiales como madera, utilizada en los talleres de carpintería donde se les enseña un oficio a los jóvenes infractores, están en cero. No se les otorgó ni un solo peso.

Por otro lado, no hay presupuesto para contratar a personal cualificado para trabajar en la reinserción de los jóvenes. Según datos oficiales al corte del 15 de julio, sólo había cuatro psicólogos para los 214 internos de las seis comunidades. Esto es, en promedio, un psicólogo por cada 53 jóvenes.

En un informe elaborado por la DGTPA, entregado el pasado lunes 25 de julio a la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), la dependencia solicitaba que por lo menos se contratara a 30 psicólogos más para las comunidades, y otros 14 para atender a los 324 jóvenes que enfrentan su proceso en libertad bajo medidas como acudir a terapias y realizar trabajos comunitarios.

En San Fernando, la comunidad más poblada con 108 jóvenes, no hay un solo psicólogo para dar un seguimiento individualizado a los internos, por lo que la DGTPA pide que se contraten por lo menos 11.

En cuanto a los terapeutas, psicólogos especializados en terapias grupales y que cuentan con estudios superiores de maestría, en San Fernando hay tres para 108 internos (uno para 36). La DGTPA solicita la contratación de por lo menos nueve más.

Además, los custodios que se encargan de la seguridad de los centros, 185 para las seis comunidades, son Policías Bancarios de la CDMX. Lo cual, a pesar de contar con capacitación en derechos humanos y tener un protocolo para el trato con los adolescentes, ha generado relaciones nocivas con los internos, reconocen funcionarios de la DGTPA.

Tras las dos riñas de mayo, la DGTPA despidió  y removió a funcionarios e interpuso denuncias contra servidores públicos, la mayoría custodios, por permitir introducir a las comunidades sexoservidoras; “objetos prohibidos” como celulares, tabletas electrónicas, desarmadores y drogas como hachís o mariguana.

La remoción de estos funcionarios generó reacciones negativas entre los integrantes de la Comisión de Reclusorios de la ALDF, que públicamente criticaron la medida, por lo que pidieron a la Secretaría de Gobernación de la CDMX, cabeza de la DGTPA, el cese de lo que llaman “hostigamiento laboral”. Según la diputada Rebeca Peralta, vicepresidenta de la comisión, son por lo menos 40 los funcionarios despedidos y removidos en el primer semestre de 2016.

Desde entonces, las críticas para los funcionarios de la DGTPA arrecian:

Perla Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), reconoce que aunque el deterioro de los centros de internamiento no es nuevo –existen acumuladas 69 quejas por violaciones de los derechos humanos-, la situación se ha agravado en el presente año cuando han recibido 17 quejas.

Lo cierto es que la situación que actualmente impera en los centros va más allá de dos riñas y de autoridades que sin personal y recursos se enfrentan a una problemática añeja.  Fruto de una política fallida son las paupérrimas condiciones en las que opera la comunidad de San Fernando y las estructuras de poder existentes entre jóvenes y guardias.

Animal Político constató en un recorrido en San Fernando que hay internos denominados “padrinos” que mantienen el control y el orden en algunos dormitorios a cambio de “privilegios”, como tener más pantallas de televisión, calzado deportivo y comida.

“Cicatrices de batalla”

Abel se pone en guardia ante la inesperada visita de extraños. Se levanta de la litera de este dormitorio del patio 1 de San Fernando, le baja el volumen al estéreo de donde salen letras de Gangsta Rap, y farfulla alguna maldición entre dientes.

-¿A qué vienen aquí? –pregunta hosco el joven de unos 18 años cuyo verdadero nombre está protegido por el anonimato, mientras se envuelve en una cobija ocultando la ‘charrasca’ que lleva en el hombro; unas abultadas cicatrices que algunos internos se hacen con la cuchilla de un sacapuntos a modo de ‘tatuaje’, para granjearse el estatus del ‘corregendo’ que ya estuvo en la correccional.

Jaime, uno de los ‘operadores de vida cotidiana’ cuya función es servir de orientador para los jóvenes, encoge los hombros y sonríe, como si ya esperara la pregunta.

-Pues aquí trabajo, mijo. Perdón si te molesta –le contesta algo sarcástico.

Abel tensa la mandíbula. Se acomoda de nuevo la cobija para taparse desde el cuello hasta los pies, y se sienta en una de las literas vacías para clavar los ojos en los extraños que lo incomodan.

Frente a él, la imagen de una Santa Muerte trazada al carboncillo en la pared observa con una sonrisa descarnada a Jaime y a los otros cuatro funcionarios que caminan hasta el centro del dormitorio. 

Abel tiene privilegios. Por ejemplo, a diferencia del resto de las literas, la suya está cubierta con lonas para impedir que los policías bancarios que custodian la comunidad metan las narices en sus asuntos. Además, tiene más tenis de los permitidos. Incluso, el altar repleto de ofrendas a la Santa Muerte no está autorizado.

Abel es un ‘padrino’. Una especie de jefe que controla los dormitorios de su zona.

Dos compañeros de Abel entran en la habitación. Saludan de mano a todos los funcionarios y uno de ellos les pregunta con una sonrisa cándida que cuándo van a tener de nuevo “un celular” para hacer sus llamadas.

Desconcertada, una de las funcionarias que acompaña a Jaime niega con la cabeza.

-Eso ya no está permitido –le contesta-. Sólo se puede hablar por el teléfono de la comunidad.

La funcionaria niega que sea habitual que los internos tengan celulares, aunque admite que hace unos meses era un privilegio común.

-Antes había cuatro celulares comunitarios que las familias recargaban desde afuera –explica-. Se supone que los tutores que trabajan con los chavos hacían los enlaces, pero no había control.

La mujer encoge los hombros.

-Imagínate, con esos celulares llamaban a quien fuera. Podía ser a sus familias o parejas. Pero también podían usar el celular para hacer extorsiones o secuestros virtuales.

Los orientadores salen del dormitorio. Abel prende de nuevo la música a todo volumen y los observa altivo marcharse.

“Las señales en mi cara son cicatrices de batalla –fluye el Rap a través del estéreo -. Este perro callejero muerde y ladra”. 

Otra realidad

En otro cuarto del patio 2, el cuadro es muy distinto. El barracón tiene las mismas paredes desconchadas y baños en malas condiciones; situación endémica en San Fernando y en otras comunidades. Aquí no hay literas cubiertas con lonas que delimiten cotos de poder, no hay altares a la Santa Muerte, y por las ventanas se filtran los rayos del mediodía sin que lonas de felpa lo impidan. Incluso, el aire que se respira es más liviano.

En este dormitorio no hay privilegios, presume Jaime apuntando con la barbilla a los cuatro jóvenes que entraron al cuarto, para explicar que la estrategia es “aislar lentamente a los ‘padrinos’”.

-Estamos eliminando las estructuras de poder, pero con estos chavos hay que ir poco a poco –recalca-. En un mes no puedes cambiar prácticas de hace 60 años, porque puedes tener problemas serios.

Jaime no lo dice explícitamente. Pero algunos de esos problemas sucedieron en mayo, cuando en apenas seis días estallaron dos intentos de motín en San Fernando.

Décadas de abandono

Martín, otro ‘operador de vida cotidiana’ quien pide anonimato, opina en cambio que tanto los motines de mayo, como todo lo que se muestra en este recorrido por San Fernando –instalaciones ruinosas, privilegios, estructuras de poder- son el resultado de “décadas de abandono” de las autoridades y no de una crisis súbita.

Por ejemplo, dice, además de la falta de psicólogos, terapeutas, y de talleristas que enseñen a los internos oficios como la carpintería, no hay suficientes ‘operadores de vida cotidiana’, quienes resultan clave para mantener el control de los dormitorios y que éste no recaiga en el ‘padrino’.

En este sentido, aunque el promedio de operadores por interno en las comunidades no es tan bajo, 47 para 214 (1 por cada 5), la DGTPA señala en su informe que esta plantilla solo alcanza para cubrir los turnos de mañana. Por lo que en las tardes las labores de reinserción de los jóvenes recaen en organizaciones civiles como Reinserta, y sobre todo en los policías bancarios. 

-En una comunidad hay autoridad que se debe respetar, hay responsabilidades y obligaciones –expone Martín-. En cambio, los de seguridad sólo hacían alianzas con los chavos para tenerlos tranquilos y que no molestaran, y para que fueran a sus talleres y a la escuela.

Y como consecuencia, dice el funcionario, la labor de los talleristas, pedagogos, y de los operadores de vida cotidiana, se vio emborronada por esos “acuerdos” entre policías y ‘padrinos’.

-Había chavos que comían en el mismo espacio que los policías –tercia ahora Jaime-. Y en una comunidad donde tener más tenis que el resto te da un estatus superior, esto generaba que el joven se empoderara frente a la autoridad y frente a quienes trabajamos con ellos.

-U otro privilegio era el ‘pase extra’ –añade-, que consistía en conceder que pasara una sexoservidora a la comunidad para que el joven tuviera relaciones sexuales en el comedor con el permiso de algunos policías.

Posterior al recorrido, y ante los señalamientos expuestos por los funcionarios entrevistados, Animal Político buscó a la Dirección General de la Policía Bancaria de la CDMX para conocer su postura, pero ésta no ofreció respuesta alguna.

“Háganle como puedan”

La última parada del recorrido por los dormitorios de San Fernando antes de visitar los pocos talleres que siguen en funcionamiento, como los de carpintería y serigrafía, es el cuarto de Miguel; un joven de baja estatura, mandíbula prominente y músculos fibrosos.

Miguel está próximo a quedar libre tras varios años de condena, comenta Jaime. Y aunque eso debería ser una buena noticia, el funcionario dice que están preocupados porque afuera ningún familiar lo espera, ni tampoco recibirá seguimiento de ninguna autoridad porque no hay políticas públicas para ello.

Básicamente, su único chance serán las pocas organizaciones civiles que trabajan específicamente con este tipo de jóvenes, aunque otro problema es que muchos de ellos no quieren recibir ayuda, por lo que sin una “guía” afuera que los oriente, el riesgo de reincidir es alto.

-En realidad, existe un abandono múltiple de estos chavos –reflexiona Jaime, quien comienza a enumerar sus argumentos.

En primer lugar, muchos de los internos vienen de familias en las que la madre es la cabeza “porque el padre los abandonó”, plantea. En segundo, las familias se desentienden del proceso de reinserción del joven.

“Simplemente llegan, nos depositan al joven, y sólo vienen los fines de semana a comer con él”. En tercero, existe un abandono del Estado, “porque no inyectan recursos para mejorar las instalaciones, ni para contratar personal, ni para generar políticas públicas de reinserción y de seguimiento”.

Y cuarto, también hay un abandono de la sociedad civil. Porque hay organizaciones que tienen “criterios de inclusión y exclusión”. Y cuando se trata de jóvenes que estuvieron presos por homicidio, secuestro o extorsión, “los excluyen” de sus programas.

Tras la reflexión, Jaime admite que sí hay una crisis en las comunidades para adolescentes en conflicto con la ley, pero no solo por los motines de mayo, sino por toda una falla sistémica que lleva años sin ser atendida y sin que nadie le preste atención.

-Cuando las autoridades encargadas o los familiares de estos chavos llegan aquí, nos los dejan, y nos dicen: háganle como puedan – concluye el funcionario apuntando con la barbilla al patio donde ocurrieron las riñas de mayo, mientras que algunos pedazos de pared se desmoronan en el piso producto de la corrosiva humedad del inmueble.

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Cómo es Palm Beach, la isla de Florida con la población más blanca y rica de EU, el nuevo hogar de Trump

Vecinos de Palm Beach recibieron con banderas y aplausos a Donald Trump el pasado 20 de enero. Pero no todos los residentes están igual de felices.
23 de enero, 2021
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Intentar entrar en una isla a la que pocos días antes ha llegado un expresidente de Estados Unidos con la idea de convertirse en un vecino más no es tarea sencilla.

Menos si ese expresidente es Donald Trump, con toda la pasión, el fervor, la controversia y las medidas de seguridad que lo acompañan.

Carreteras cortadas, desvíos obligatorios y un férreo control policial hacen que sea imposible acercarse a Mar-a-Lago, el resort donde Trump ha pasado largos fines de semana y períodos vacacionales en estos últimos cuatro años y donde ahora tiene intención de establecer su residencia permanente.

Una decisión que ha generado incomodidad entre algunos de los vecinos de Palm Beach, la ciudad en la que se encuentra la imponente construcción y que es conocida por su exclusividad, elitismo y riqueza, pero -sobre todo- por su deseo de mantener ese estatus.

Una casa en Palm Beach, Florida

BBC Mundo
Las fincas de Palm Beach tienen una flora exuberante.

¿Cómo es este selecto rincón del sur de Florida que Trump definió como paraíso en la Tierra?

Un lugar de retiro

Palm Beach es una ciudad que durante todo el año tiene apenas 11.000 habitantes, una cifra que se triplica en temporada alta (de noviembre a abril), cuando llegan las llamadas “aves migratorias”, personas que normalmente residen en lugares más fríos del país.

Separada del continente por una enorme masa de agua, el lago Worth, los residentes hablan de su ciudad como una isla a la que se puede acceder por la carretera de la costa o a través de una serie de puentes, uno de los cuales conduce directamente hasta Mar-a-Lago.

Mar-a-Lago a lo lejos, Palm Beach

BBC Mundo
Los controles y cortes de carretera impidieron que nos acercáramos al resort de Mar-a-Lago.

Después de manejar una hora y media desde Miami, me dirigía hacia él cuando me encontré con la primera barrera: un letrero con una gran flecha que desviaba todo el tráfico hacia la izquierda.

Quería seguir el recorrido que hizo el convoy que transportó a Trump y familia el pasado miércoles 20 de enero, horas después de haber abandonado la Casa Blanca y la presidencia del país.

Ese día, decenas de seguidores colocados a ambos lados de la carretera le dieron la bienvenida con banderas y carteles de apoyo.

Seguidores de Trump lo reciben en Palm Beach

Getty Images
Los residentes de Palm Beach votaron mayoritariamente por Trump en las pasadas elecciones de noviembre.

Este viernes, lo que había era un caos de autos que daban la vuelta en busca del camino para poder llegar a su destino.

Los atascos y los cortes de carretera son la principal fuente de frustración para una comunidad de personas que, en su mayoría, eligieron Palm Beach como lugar de retiro para no tener que lidiar precisamente con estos fastidios de la vida diaria.

Lujo por todas partes

Encontrada la alternativa para acceder a Palm Beach, llama la atención el contraste con la ciudad que queda atrás, West Palm Beach. No son solo lugares separados por un puente, sino también por millones de dólares.

Un deportivo blanco en la avenida Worth, Palm Beach

BBC Mundo
Los autos de lujo son comunes en las calles de Palm Beach.

Grandes fincas escondidas tras la maleza, con enormes arbustos y plantas cubriendo los muros, una playa larga y estrecha, tiendas de moda con las firmas más exclusivas, galerías de arte y restaurantes con terrazas al sol esperan al curioso visitante.

Los residentes, sin embargo, no se muestran tan abiertos hacia quienes llegamos de fuera.

Ante la pregunta de cómo se sienten ahora que Trump no está de paso, la mayoría prefiere no contestar.

Melissa, una joven que fuma en el exterior de la tienda de ropa en la que trabaja en la avenida Worth, eje del lujo comercial de la ciudad, le dice a BBC Mundo que para ella nada cambia.

“Trump lleva cuatro años viniendo a Mar-a-Lago como presidente, y antes de eso también venía, estamos acostumbrados a los controles y las esperas. Lo único que cambia es que ahora somos más conocidos, aunque la atención también pasará”.

No todos los vecinos asumen la presencia de Trump en la ciudad con tanta naturalidad.

Una batalla legal

“He recibido correos y llamadas de residentes que no quieren que el presidente viva en el condado de Palm Beach”, le cuenta a BBC Mundo Mack Bernard, comisionado del condado de Palm Beach para el distrito 7, al que pertenece Mar-a-Lago.

“Él está en la ciudad, tendrá que alcanzar un acuerdo con la ciudad para ver si puede continuar usando Mar-a-Lago como residencia, tengo entendido que hay limitaciones” explica.

Fachada de Mar-a-Lago

Getty Images
Donald Trump compró Mar-a-Lago en 1985 por US$10 millones.

Las limitaciones a las que se refiere el comisionado datan de 1993, año en el que Trump y el Ayuntamiento de Palm Beach firmaron un pacto por el que el entonces magnate recibía permiso para transformar la mansión en un club social, pero con la contrapartida de no poder usar el edificio como residencia.

Según el convenio, las estancias en el club solo podían ser de 21 días al año, distribuidos en tres semanas no consecutivas. Además, se le imponía al club un máximo de 500 miembros y Trump se comprometía a que al menos un 50% de esos miembros residieran o trabajaran en Palm Beach.

El pasado 15 de diciembre, el abogado Reginald Stambaugh en representación de la familia DeMoss, propietaria de una finca junto a Mar-a-Lago, envió una carta al ayuntamiento y al Servicio Secreto de Estados Unidos en la que denuncia la violación del mencionado acuerdo.

Donald Trump y Xi Jinping

Getty Images
Trump recibió en Mar-a-Lago a líderes internacionales como el presidente de China, Xi Jinping.

“Según el acuerdo de uso de 1993, Mar-a-Lago es un club social y nadie puede residir en la propiedad”, escribió Stambaugh.

“Para evitar una situación embarazosa para todos y darle al presidente tiempo para hacer otros planes de vivienda en la zona, confiamos en que trabajarán con su equipo para recordarles los parámetros del acuerdo de uso ”, proseguía la carta.

“Palm Beach tiene muchas propiedades encantadoras a la venta y seguro que puede encontrar una que satisfaga sus necesidades”.

Sin embargo, el expresidente hizo caso omiso de esta misiva y la Organización Trump emitió un comunicado que decía: “No hay un documento o acuerdo en vigor que prohíba al presidente Trump usar Mar-a-Lago como su residencia“.

Una vivienda en Palm Beach

BBC Mundo
Las propiedades en Palm Beach están muy resguardadas del exterior.

BBC Mundo intentó hablar con el abogado Stambaugh, pero no recibió respuesta.

Una figura extravagante

Conocedores de Palm Beach como el cronista social Laurence Leamer o el agente inmobiliario Rick Rose han apuntado en distintas entrevistas que el desprecio de una parte de la sociedad de Palm Beach hacia Donald Trump no es nada nuevo.

El periodista Ronald Kessler, autor de más de 20 libros sobre la Casa Blanca, el Servicio Secreto y agencias de inteligencia como el FBI o la CIA, cree que esta imagen de rechazo se está exagerando.

Donald Trump saluda

Reuters
Trump goza de apoyo en Florida, estado que ganó en las elecciones de 2016 y 2020.

En entrevista con BBC Mundo, Kessler recuerda que, tanto en 2016 como en 2020, una mayoría de la gente de Palm Beach votó por Trump.

“Siempre ha habido la conocida ‘vieja guardia’ que tiende a ser antisemita y antinegros y a la que nunca le cayó bien. El club de Trump admitía negros y judíos”, indica.

“A algunos no les gusta su estilo, piensan que es extravagante, algo en lo que casi todo el mundo está de acuerdo, pero creo que es solo eso, un segmento de la población”.

Para Kessler, la idea de la carta no tiene fundamento legal.

“El hecho de que vaya a vivir allí no es tan distinto de lo que hacía cuando era presidente, que estaba de viernes a domingo o dos semanas en Navidad, o incluso antes de la presidencia”, afirma.

Map

La ciudad de las donaciones

Palm Beach es el segundo municipio del condado del mismo nombre y recibió categoría de ciudad el 17 de abril de 1911, tras descubrirse que la vecina West Palm Beach iba a intentar anexarse la isla ese mismo año.

Después de más de 100 años de elegante evolución, Palm Beach es una comunidad volcada en los eventos sociales, no en vano el conjunto de sus residentes dona más dinero per cápita a organizaciones caritativas que cualquier comunidad de todo Estados Unidos.

“La ciudad gira en torno a los bailes caritativos que se organizan”, señala Ron Kessler.

Una casa en Palm Beach, Florida

BBC Mundo
En Palm Beach se celebran numerosos eventos de recaudación de fondos para donarlos a causas sociales.

“Ponen tanta atención en las decoraciones y en la comida como en el dinero que donan. Hay comités para estos bailes, se dan peleas internas para ver quién es el miembro de la alta sociedad más querido o la reina social de Palm Beach”, agrega.

“Esa es su industria. Son todos ricos, no necesitan trabajar, por lo tanto, tienen esa forma de socializar y estas jerarquías”.

Mar-a-Lago

Trump aterrizó en ese ambiente en 1985 cuando compró Mar-a-Lago por US$10 millones.

La mansión de 126 habitaciones había sido propiedad de Marjorie Merriweather Post, dueña de General Foods, que murió en 1973 y se la dejó en herencia al gobierno de Estados Unidos como una posible “Casa Blanca de invierno”.

El gobierno la devolvió en 1981. Después de comprarla, Trump se gastó millones en rehabilitar la propiedad mientras vivía allí por temporadas, generalmente entre noviembre y mayo, cuando el clima de Florida es atemperado.

Vista aérea de Mar-a-Lago

Reuters
El club Mar-a-Lago tiene 7 hectáreas de extensión.

A principios de los 90, Trump entró en dificultades financieras por la caída de los precios de los inmuebles y el fracaso de varios de sus negocios y le dijo al ayuntamiento que no podía hacerse cargo de los US$3 millones anuales que costaba el mantenimiento.

Fue entonces cuando se firmó el acuerdo por el que Trump pudo convertir Mar-a-Lago en un club social en el que, hoy día, los miembros pagan una cuota inicial de US$200.000 y una tarifa anual de US$14.000.

Mar-a-Lago es lo más cercano al paraíso. Lo dice Trump y yo estoy de acuerdo”, sostiene Ron Kessler, que ha visitado el lugar en varias ocasiones.

“Cualquiera que está allí queda deslumbrado por la belleza, el follaje, el agua a los dos lados de la isla, el beach club que está en el océano, las dos piscinas climatizadas a unos 25 grados todo el año, la comida, las bebidas… es espectacular, una maravilla”.

Autoridades esquivas

La descripción que realiza el escritor estadounidense encaja con el porte de las otras mansiones que se adivinan detrás de las verjas y las frondosas palmeras.

Fachada en la avenida Worth

BBC Mundo
Hay mucha reserva de las autoridades y los residentes de Palm Beach para hablar con la prensa.

Cuando intento acercarme a Mar-a-Lago desde la zona norte, una barrera similar a la que había en el puente indica que el paso de todos los vehículos, excepto los de los residentes, está prohibido.

Hay un control policial a un kilómetro y medio de distancia de la casa de Trump. Los agentes explican que el perímetro seguirá activo durante unos días.

“Poco a poco recuperaremos la normalidad, ahora está todo muy reciente y las amenazas son reales“, nos dice uno de los policías.

Tanto la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach como el Departamento de Policía de la ciudad responden a nuestras preguntas con el mismo mensaje: “La prioridad es garantizar la seguridad no solo de Trump sino de todos los residentes”.

Seguidores de Trump y un vehículo del sheriff del condado de Palm Beach

EPA
La Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach lleva años colaborando con el Servicio Secreto para la protección de Trump y su familia.

Respecto a la disputa por la posible residencia permanente de Trump, las autoridades de la ciudad se muestran esquivas.

Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa, la republicana Gail Coniglio, no reacciona a nuestra solicitud de entrevista.

El administrador de la ciudad, Kirk Blouin, nos hace llegar un escueto mensaje: “El Ayuntamiento no está al tanto de la intención de Trump en este sentido. Cuando sepamos, como un hecho, que el presidente Trump pretende residir en Mar-a-Lago abordaremos el asunto de la forma apropiada”.

Una función positiva

Por su parte, el comisionado Mack Bernard, del gobierno del condado, intenta encontrar las ventajas de tener una figura tan relevante en el vecindario.

Una casa en Palm Beach, Florida

BBC Mundo
La diferencia de riqueza entre Palm Beach y su vecina West Palm Beach es abrumadora.

“Cuando tienes un expresidente que vive en tu distrito, mi forma de pensar es preguntarme qué cosas positivas pueden salir de esto”, le dice Bernard a BBC Mundo.

Para el comisionado, Trump podría ayudar a la ciudad y al condado a abordar mejor los problemas causados por la pandemia.

“Tenemos muchos residentes que no han sido vacunados y también hay muchos de sus seguidores que no creen en el distanciamiento social o en la importancia de llevar mascarilla”, expone.

Playa de Palm Beach

BBC Mundo
La playa de Palm Beach tiene unos 5 kilómetros de extensión.

“Al igual que hay expresidentes que adoptan causas que son monumentales y pueden cambiar el país, espero que mientras Trump sea uno de nuestros residentes use su poder y su micrófono para influir en la actitud de sus seguidores y abogar por que los residentes del condado de Palm Beach sean vacunados”.

Queda por ver si los reservados habitantes de Palm Beach verían con buenos ojos esta nueva función del expresidente y terminarían por acogerlo como uno de los suyos.


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