Por falta de equipo y un traslado rápido, una mujer y su bebé mueren en Chiapas
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Archivo Cuartoscuro

Por falta de equipo y un traslado rápido, una mujer y su bebé mueren en Chiapas

El personal de la clínica rural del IMSS donde fue atendida extravió el útero que le fue extirpado a la mujer, vital para conocer si las decisiones tomadas por los médicos de la institución fueron las correctas.
Archivo Cuartoscuro
Por Nayeli Roldán
10 de agosto, 2016
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*Esta nota fue actualizada con la respuesta del área de Prensa de la delegación del IMSS en Chiapas. Posteriormente Fundar también envió una respuesta a esos señalamientos.

Marisol Martiríz, de 30 años, llegó al Hospital rural IMSS Oportunidades en Bochil, Chiapas, cinco días antes de la fecha programada para cesárea. No tuvo dolores de parto, pero las náuseas y vómitos la alarmaron. Los doctores detectaron que la bebé estaba muerta en su vientre; al intervenirla, tuvo desprendimiento de placenta y una hemorragia que pareció incontrolable. Le extirparon el útero, la suturaron y recibió transfusiones de sangre que le salvaron la vida… en ese momento.

Eran las 9 de la noche del 20 de julio de 2015. La clínica IMSS Oportunidades de Chiapas, donde era atendida, no tenía equipo ni personal para atender su emergencia, así que debían trasladarla urgentemente al hospital del IMSS en Tuxtla Gutiérrez, pero se tardaron ocho horas para hacerlo. ¿La razón? El único especialista que la podía atenderla iniciaba su turno a las 8 de la mañana del 20 de julio. Marisol falleció durante el traslado.

El caso de Marisol, además de ser una cadena de errores y una emergencia que se convirtió en una situación irreversible, ejemplifica lo inoperante del “Convenio para la Atención de la Emergencia Obstétrica” que el ex presidente Felipe Calderón anunció en 2009 como la estrategia que evitaría muertes maternas en el país.

Este consistía en convertir en una sola red los hospitales y unidades médicas del IMSS, ISSTE y la Secretaría de Salud para atender a las mujeres embarazadas sin que estuvieran afiliadas a esas instituciones. Así, cuando un hospital careciera del equipo y médicos para atenderla, podría trasladar a la paciente a un lugar donde sí hubiera infraestructura o personal.

No ocurrió con Marisol.

El “extravío” del útero extirpado

Marisol era de nacionalidad salvadoreña y desde hacía 12 años vivía en unión libre con Miceli Gómez, originario de Bochil, Chiapas. Este era el cuarto embarazo de la joven. Acudía con regularidad al Hospital rural IMSS Oportunidades, creado para atender a la población de áreas rurales o urbanas marginadas en condiciones de pobreza extrema, sin que le advirtieran de algún tipo de riesgo durante el proceso de gestación.

Su expediente revela una cadena de errores que le costaron la vida a ella y al bebé. El 16 de julio de 2015, cuando le dieron la fecha para practicarle una cesárea, el médico ordenó que se le practicara una prueba PSS, que sirve para registrar la frecuencia cardiaca del feto.

El personal médico del hospital no se lo hizo porque no tenían papel para el registro cardiotocográfico en el servicio de urgencias y sólo hicieron una auscultación para obtener el dato. El médico también había ordenado un ultrasonido, pero tampoco lo hicieron porque el aparato sólo se usaba para emergencias.

Lo que hizo el personal de la clínica fue recomendarle que acudiera a un médico particular para obtener el ultrasonido, pero Miceli, que trabaja como chofer, asegura que no tenían dinero para pagarlo.

Marisol había tenido cierto dolor de cabeza, sus brazos y manos se pusieron morados desde el 14 o 15 de julio.

“No tengo la certeza de que esto se encuentre relacionado con los hechos, pero cabe la posibilidad de que de haberse realizado el estudio se hubiera podido detectar alguna urgencia obstétrica, dando oportunidad a que ahora nuestra bebé y Marisol estuvieran vivas”, narra Miceli.

Se trata de “irregularidades” en el expediente durante la atención, advierte, Daniela Díaz Echeverría, integrante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C, quien representa a Miceli, en la denuncia administrativa que interpuso contra el hospital rural por la muerte de Marisol.

Las irregularidades continuaron el día del fallecimiento. Cuando los doctores se dieron cuenta que la bebé estaba muerta y la intervinieron, debido al desprendimiento de placenta y a la hemorragia en la cavidad uterina, decidieron extirpar el útero, controlar la hemorragia y transfundirle sangre

Cuando los doctores avisaron a Miceli sobre el estado crítico de su esposa, eran las 12:30 de la madrugada. Ya no había más sangre para transfusión y debía ser tratada en un hospital que sí tuviera equipo de cuidados intensivos. Los médicos le decían que ningún hospital quería recibirla.

El personal solicitó el traslado al Hospital General de Tuxtla Gutiérrez a las 4 de la madrugada. De acuerdo con la declaración ministerial del médico general del hospital rural, habló con sus colegas vía un chat de celular explicando la situación, pero la respuesta llegó a las 4:22 horas de la mañana.

“Sin médico, (se encuentra) en terapia intensiva en estos momentos”. Y la conversación siguió:

  • no es posible recibirla en urgencias? Requiere hemoderivados (tejidos de la sangre).
  • Estamos solicitando espacio a las 8 am del siguiente turno (4:25 horas). Está autorizada recepción a las 8 am. Deberán salir a las 6:30 con anestesiólogo a cargo del traslado (4:27 horas)
  • Enterado, notificaré al personal.

Poco antes de ser trasladada, por la mañana, una enfermera le entregó a Miceli un ánfora que contenía la matriz de Marisol para que la llevara al hospital de Tuxtla. Así lo hizo, la entregó al médico encargado de la unidad de cuidados intensivos.

En el expediente clínico (obtenido vía el Juicio de Amparo y el entregado posteriormente por el IMSS) no existe ninguna constancia de esa entrega, así que no se sabe el destino del útero extraído.

“El útero extraído a Marisol se perdió; nunca fue entregada a patología del Hospital General Zona 2 del IMSS en Tuxtla, el personal involucrado no sabe qué ocurrió”, narra Miceli. La importancia del útero radica en que un análisis patológico del mismo permitiría saber si el diagnóstico de Marisol, y por tanto conocer si las decisiones tomadas fueron las correctas”, dice.

Estas irregularidades, expone Daniela Díaz, “constituye indudablemente una grave violación a sus derechos humanos, pues ello contribuyó a su muerte”.

El equipo de Fundar integró un expediente del caso y, además de la investigación que realiza la delegación de la PGR en Tuxtla (debido a que se trata de una unidad médica federal), interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que fue admitida esta semana.

El convenio de papel

El Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica (CAEO) fue firmado en mayo de 2009 por el ex presidente Felipe Calderón como parte de la estrategia para disminuir la mortalidad materna en México. Establecía que todas las mujeres con complicaciones obstétricas deberían ser atendidas en cualquier unidad de salud del IMSS, ISSSTE o SSA, sin importar su afiliación.

Sin embargo, este caso pone en evidencia que no ocurre, insiste Daniela Díaz. Tardaron ocho horas en trasladar a una paciente en estado crítico por la falta de personal, pese a que, según el convenio, debería haber recursos humanos las 24 horas, los 365 días.

Además, aunque los hospitales sean certificados para formar parte de la red de atención, no van acompañados de mayores recursos para que puedan brindar una mejor atención a las poblaciones, afirma.

Aunque en la adhesión al convenio, Chiapas se comprometió a que todos los hospitales tuvieran plantillas completas, en sus tres turnos, con insumos necesarios para la atención de las emergencias obstétricas y equipamiento para atenderlas, no estuvo acompañado de presupuesto necesario.

De acuerdo con el monitoreo al convenio realizado por el Observatorio de mortalidad materna en México, en 2011, Chiapas recibió 19 millones 412 mil pesos de presupuesto para este rubro, de ello, sólo 4 millones se destinó a insumos y el resto a gastos financieros (nómina y gastos de operación).

Además, el monitoreo incluyó entrevistas en el estado y concluyó que “no hay nexos de colaboración entre las diversas instituciones resolutivas en caso de que su capacidad sea rebasada”. Además, el personal encuestado coincidió que “faltan recursos materiales (insumos y equipo médico)” en tres instituciones visitadas “Dr. Rafael Pascasio Gamboa”, de la Secretaría de Salud, Hospital General “Belisario Domínguez”, del ISSSTE y el Hospital General No. 2 del IMSS.

Después de lo ocurrido a Marisol, Miceli pide que la entidad se comprometa a generar las condiciones para que estos casos no se repitan y que los hospitales de Chiapas cuenten con recursos humanos, insumos, equipo e infraestructura suficiente para la atención de emergencias.

Además, en la queja interpuesta ante la CNDH, pidió que el ombudsman emita una recomendación donde señale las violaciones a derechos humanos cometidas y se establezcan las medidas correspondientes para la reparación integral del daño, incluyendo una justa compensación, becas que garanticen la educación a los tres hijos pequeños de Marisol, atención psicológica, emocional para la familia y garantías de no repetición.

La postura del IMSS Chiapas

Oscar Sieber Muñoz, Coordinador de Comunicación Social en IMSS Chiapas, envío un correo electrónico tras la publicación de la nota en el que ofrece la postura de la Delegación del IMSS:

  • Desde que ocurrieron estos hechos donde lamentablemente perdió la vida Marisol Martiris (sic) Guzmán, el IMSS inició una investigación que hasta el momento sigue en proceso para el esclarecimiento de esta situación, a fin de deslindar responsabilidades.
  • La CNDH abrió una investigación por estos hechos, y el día de hoy, personal de la comisión se presentaron en Hospital Rural de IMSS Prospera del municipio de Bochil para hacer una investigación de lo sucedido.
  • No obstante, el Instituto siempre respetuoso de los derechos humanos estará atento a la recomendación que turne la CNDH, por lo tanto el IMSS será coadyuvante en la investigación.

 Y Fundar responde

Itzel Silva, Coordinadora de Estrategias Jurídicas de Fundar y abogada responsable de la queja que por el caso de la muerte materna de Marisol Matiriz se presentara ante la CNDH, señala respecto a lo dicho por el IMSS Chiapas:

“Me interesa aclarar que de acuerdo con información proporcionada en febrero de este año por la Coordinación de Atención a Quejas y Orientación al Derechohabiente del propio IMSS, no fue abierta ninguna queja médica por los hechos (aun cuando el esposo de Marisol exigió al Hospital desde aquel momento esclarecer lo sucedido, y aún cuando le aseguraron que investigarían); lo que el IMSS abrió fue una investigación laboral (ésto en la Oficina de Investigaciones Laborales en la Delegación Chiapas), que de acuerdo con la citada Coordinación de Atención a Quejas, fue archivada ‘ante la falta de ratificación de diversa documentación’. Cuestiono pues la afirmación hecha por la Delegación del IMSS en Chiapas, ya que la información con la que contamos de parte del propio IMSS asegura una situación muy distinta”.

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El baile de los 41: la fiesta en México que desató un escándalo hace más de un siglo

Se estrena la película "El baile de los 41", basada en el escándalo que sacudió a México a inicios del siglo XX y marcó decenas de vidas para siempre.
18 de noviembre, 2020
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Desde hace más de cien años, algunos mexicanos asocian el número 41 con la homosexualidad masculina.

El origen es un baile al que acudieron 42 hombres la noche del 17 de noviembre de 1901 en el centro de Ciudad de México.

La mitad vestía ropa de mujer. Varios de ellos eran personas adineradas y formaban parte de la élite social de esos tiempos.

El festejo fue interrumpido por la policía, que arrestó a casi todos: solo uno logró escapar.

El caso fue uno de los mayores escándalos sociales de la época conocida como el ‘Porfiriato’, pues el presidente era Porfirio Díaz.

De hecho, según una leyenda muy conocida en México, quien logró escapar esa noche era su yerno, Ignacio de la Torre y Mier.

Este mes de noviembre, la historia llegó a la pantalla grande gracias a la película “El baile de los 41”, protagonizada por Alfonso Herrera en el papel del marido de la hija del presidente mexicano.

Durante más de un siglo, la identidad del resto de los detenidos no se conoció.

Hasta que el abogado Juan Carlos Harris, quien se define como “historiador frustrado”, localizó los nombres de siete de ellos en los archivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las personas identificadas porque promovieron amparos contra su conscripción forzada en el Ejército son: Pascual Barrón, Felipe Martínez, Joaquín Moreno, Alejandro Pérez, Raúl Sevilla, Juan B. Sandoval y Jesús Solórzano.

Pero Harris encontró algo más: una serie de abusos y violaciones contra los detenidos que, más de un siglo después, comenzó a develarse.

Detención ilegal

El escándalo de 1901 se conoce como “El baile de los 41 maricones”. Este baile tuvo lugar en la calle de La Paz, en lo que hoy es el Centro Histórico de la capital y cerca de Palacio Nacional, la residencia del presidente.

Según los diarios de la época –la única fuente documental del caso– un policía escuchó ruido en una casa a las tres de la madrugada, y al asomarse descubrió a las parejas.

Entonces pidió refuerzos para detenerlos, algo que según el abogado Harris era ilegal.

“No existía un motivo para haberlos detenido”, le dijo a BBC Mundo.

“Jurídicamente, la homosexualidad como tal nunca ha estado prohibida en México”.

Pero casi todos fueron arrestados excepto el yerno de Porfirio Díaz, según la creencia popular, cuyo nombre habría sido borrado de la lista para evitar el escándalo político.

Luego fueron obligados a barrer las calles de la capital mexicana con la ropa del festejo, algo que también fue ilegal, pues ninguna ley establecía esa sanción.

Otro abuso fue el escarnio en los periódicos. Incluso se publicó una canción para burlarse de ellos.

Actores de la pelicula "El baile de los 41"

IMDB
Alfonso Herrera (derecha) da vida al marido de Amada Díaz, hija del presidente Porfirio Díaz, en la película “El baile de los 41”.

La composición se llamó ‘El corrido de los 41’ y fue acompañado con grabados de José Guadalupe Posada.

El artista es uno de los grabadores más importantes de México, autor del famoso personaje ‘La Catrina’ que elegantemente representa a la muerte.

Con ese escándalo nació la ‘Leyenda de los 41’. Pero aquí no termina la historia.

Trágico destino

En las horas siguientes a la redada, varios de los detenidos fueron puestos en libertad.

Juan Carlos Harris cree que pagaron a la policía y las autoridades de la capital para conseguirlo.

Fue el caso de los más adinerados o quienes formaban parte de familias conocidas en el entorno social del ‘Porfiriato’.

Manos entrelazadas con una bandera mexicana.

Getty Images
Algunos mexicanos asociaron el número 41 a la homosexualidad.

El resto, sin tantos recursos, fueron incorporados por la fuerza en el Ejército.

Varios fueron enviados a combatir en la ‘Guerra de Castas’ que en ese entonces se libraba en Yucatán, en el sureste del país.

“Fue una especie de destierro y la única forma que encuentran para hacerlo es metiéndolos al Ejército, una especie de leva”, según el abogado.

No se conoce el destino final de ellos, aunque según Harris y algunos historiadores que investigaron el tema, murieron en las batallas.

Aunque no se ha documentado, es muy posible que dentro del Ejército hayan sufrido abusos porque nunca se ocultó a los soldados la razón de su reclutamiento, dijo el abogado.

“Fueron detenidos, sufrieron un escarnio fuertísimo”, explicó. “Es una cuestión muy grave y no nada más las tonterías que ciertos grupos sociales lanzan”.

Más de un siglo después

¿Por qué algunos mexicanos asociaron el número 41 a la homosexualidad?

Una de las razones es el escándalo que significó el baile y la cantidad de personas detenidas, explican historiadores.

Pero también influyó la posición social de algunos participantes, según Harris. El escarnio que se desató fue una especie de venganza social.

Una reacción de molestia por lo que en la época se conocía como “la decadencia de los lagartijos”, el apodo de entonces a las personas adineradas del Porfiriato.

Y también evidencia el profundo cariz de homofobia que incluso ahora, más de un siglo después del baile, permanece en algunos sectores del país.

Por eso es importante identificar a quienes fueron detenidos, dice el abogado, pero sobre todo recordar cuál fue su destino.

“Hay intentos muy serios, muy graves de retroceso, incluso buscando la supresión de derechos civiles”, explicó.

“A lo mejor no entendemos lo que eso significa. Es algo muy grave”.

* Este artículo fue originalmente publicado en 2017 y actualizado con motivo del estreno de la película “El baile de los 41”.


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