El nuevo sistema penal acusatorio opera sin vigilancia en los estados
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Cuartoscuro

El nuevo sistema penal acusatorio opera sin vigilancia en los estados

El órgano autónomo que supervisaba la implementación de este nuevo sistema en las entidades y vigilaba el uso de recursos desapareció; especialistas acusan al gobierno federal de desatender acuerdo para renovarlo.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel
29 de agosto, 2016
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El nuevo sistema penal en México, puesto en marcha el pasado 18 de junio, funciona sin que nadie vigile su correcta aplicación y resultados. El órgano autónomo que se encargaba de hacerlo ya no tiene facultades para intervenir y el gobierno federal no tiene planes para crear uno nuevo, denunció la red de expertos que colaboró en la implementación de este modelo de justicia.

Esto ocurre a pesar de que este sistema penal no está consolidado. Aunque por mandato constitucional desde el 18 de junio entró en funcionamiento en todo el país, el gobierno reconoció que su funcionamiento óptimo será hasta 2024 pues hay rezagos en la construcción de salas de juicios orales, capacitación de policías y la implementación del sistema de justicia para adolescentes, entre otros.

El presidente de la Red Nacional de Juicios Orales, Martín Carlos Sánchez Bocanegra, dijo además que con la desaparición de la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio (SETEC) que era el órgano autónomo responsable de supervisar el sistema, se ponen en riesgo los recursos económicos para el éste.

La SETEC contaba con un presupuesto propio anual (el último de 80 millones de pesos) para supervisar la implementación y funcionamiento del sistema, pero además, administraba más de mil 200 millones de pesos en subsidios que se daban a las entidades para que invirtieran en infraestructura, capacitación y modificaciones legales, entre otros.

“Esto es un tema de urgencia. El presupuesto para 2017 está por presentarse  y si no hay un nuevo órgano autónomo entonces tampoco habrá recursos específicos para ellos. ¿Y los subsidios? Estamos hablando que en 2017 no habría dinero para apoyar el sistema de justicia en los estados”,dijo.

Consultados por Animal Político sobre el tema, el área de comunicación de la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio (SETEC), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, dijo que hay un acuerdo firmado entre los tres poderes del pasado 20 de julio para dar seguimiento a la consolidación de dicho sistema.

El problema, tal y como dijeron los expertos de la red, es que dicho acuerdo no plantea la creación de un órgano autónomo y por el contrario, deja a discreción de los estados si aceptan o no un mecanismo de vigilancia coordinado.

Cierre y liquidación del órgano autónomo

La SETEC se creó por decreto, el 13 de octubre de 2008, con la finalidad de coordinar las acciones necesarias para la implementación del nuevo sistema penal  que entre otras innovaciones sustituía los procesos escritos por juicios orales. El plazo para el arranque del sistema vencía el 18 de junio de 2016.

En el actual sexenio, ante el retraso en la puesta en marcha del sistema en los estados, la SETEC diseñó un nuevo esquema de seguimiento con más de 30 indicadores divididos en tres ejes y tres operadores. La metodología dio resultados, se detectaron retrasos en obras, presupuesto mal aplicado y errores en las entidades que ya lo habían puesto en funcionamiento, entre los más importantes.

Así se logró que llegada la fecha límite, los estados pudieran iniciar el sistema aunque en algunos casos como Guerrero fue con lo mínimo.

Para hacer este trabajo la SETEC tenía un equipo de casi cien personas y un presupuesto aprobado año con año, exclusivo para su operación. Además, en su calidad de órgano autónomo, contaba con la capacidad de vigilar la implementación del sistema en todos los estados y el correcto uso de miles de millones de pesos en subsidios.

Con la entrada en funcionamiento del nuevo sistema el 18 de junio concluyó el periodo de funcionamiento de este órgano que estuvo presidido por María de los Ángeles Fromow. Desde esa fecha se inició el trabajo administrativo de cierre y liquidación que concluirá el próximo mes de octubre.

Dos semanas antes del arranque del sistema, durante el Octavo Foro Nacional de Seguridad y Justicia organizado por la Red de Juicios Orales, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que el sistema penal acusatorio “no podía quedar abandonado” ni “dejársele solo” una vez cumplida la meta del arranque.

“Yo quiero dejar comprometida la amplia voluntad y disposición del gobierno para seguir acompañando este esfuerzo. Así lo hemos hecho a través de la SETEC y hoy a su titular (María de los Ángeles Fromow) le doy la indicación para que con los otros poderes y organizaciones veamos de qué mecanismo nos valemos para seguir evaluándolo y retroalimentándolo”, dijo el Presidente.

Sánchez Bocanegra comentó que las charlas con el gobierno federal, ratificadas por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, apuntaban a un acuerdo para extender el funcionamiento de la SETEC por lo menos el resto del sexenio o crear un organismo con la misma autonomía y capacidad operativa.

Poco después de la fecha de entrada en funcionamiento del sistema, funcionarios de la SETEC indicaron a Animal Político que ya trabajaban en el diseño de nuevos indicadores relacionados con la consolidación del sistema.

Convenio opcional

El 20 de junio pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo entre los Tres Poderes de la Unión para la Consolidación del Sistema Penal Acusatorio”, en el cual se delegó a los poderes federales implementar la supervisión de su sistema en el ámbito de sus atribuciones, y crear enlaces para coordinarse entre ellos.

Como último punto del acuerdo, se estableció que las entidades federativas “que así lo decidan, en ejercicio de su soberanía, podrían adherirse al acuerdo”. Se trataba de un convenio opcional.

El presidente de la Red Nacional de Juicios Orales aseguró que este convenio carece del mínimo alcance operativo para supervisar el funcionamiento del sistema penal en los estados.

“Desaparece la SETEC sin que exista un plan de formación de un órgano que continúe con estas funciones. Se deja al libre albedrío de los estados el adherirse a este acuerdo para ser de alguna forma evaluado o supervisado, al igual que a las otras instituciones (…) no consideramos sano que ellos mismos se evalúen sin un monitoreo externo”.

En la sesión que sostendrá el Consejo Nacional de Seguridad este martes 30 de agosto, añadió Sánchez Bocanegra, se oficializará el nuevo mecanismo resultado del acuerdo de los Tres Poderes. “Creemos que todo esto será convertido en un programa del Sistema Nacional, bastante disminuido y con un presupuesto y personal mucho menor que el de la SETEC”, explicó.

Animal Político preguntó a través de área de comunicación de la SETEC sobre las preocupaciones externadas por la Red de Juicios Orales y la desaparición de esta instancia. La respuesta consistió en el acuerdo ya referido de los tres poderes y que sus alcances serían anunciados en el Consejo Nacional de Seguridad.

En ese contexto el presidente de la Red de juicios Orales dijo que buscarán el apoyo  de los legisladores.

“Nosotros queremos que se garantice primero que si habrá un apoyo para los estados para seguir avanzando el sistema, que no vayamos a tener un 2017 un apoyo porque sería bastante grave. Y también estamos proponiendo que se evalúe seriamente como tener una instancia con autonomía y presupuesto, incluso un órgano constitucional que cumpliera con este tema”

Frentes abiertos

Aunque ya funciona en todos los estados del país, el nuevo sistema penal enfrenta aún varios obstáculos para su consolidación. Los pendientes son de distinto tipo, desde temas de capacitación hasta de infraestructura.

“Lo más urgentes es la capacitación de los policías, tanto investigadores como preventivos. Recientemente se cambio el informe homologado que es el que tienen que rendir los agentes luego de cualquier hecho y es necesario que se refuerce la capacitación en este sentido”, dijo Sánchez Bocanegra.

De acuerdo con datos oficiales, la mayoría de los 450 mil policías preventivos del país cuentan apenas con un taller básico de 40 horas sobre fundamentos del nuevo sistema. La duración del curso fue recortada para alcanzar la meta de dar una preparación mínima a los agentes antes de arrancar el sistema.

“Además recientemente tenemos dos leyes nuevas, la ley nacional de ejecución penal y de justicia para adolescentes que requieren un plan de seguimiento, apoyo y evaluación y si no existe un órgano que le dé seguimiento estaríamos con un vacío que puede derivar en anarquismo en la implementación que no es lo que se está buscando precisamente”, añadió.

Por otra parte el sistema penal acusatorio inició con 804 salas de juicios orales habilitadas. Muchas de ellas son nuevas pero también hay casos en donde se tuvieron que rentar casas para habilitarlas. La estimación oficial es que aún se requieren construir 400 salas de juicio oral más para garantizar un funcionamiento óptimo.

Estos y otros pendientes tomarán aun un plazo de ocho años en quedar solventados, según la estimación de la casi existan SETEC.

 

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Reuters

El inédito rol del ejército y la marina en el gobierno de AMLO (más allá de la seguridad pública)

El Ejército y la Marina han tomado el mando de grandes proyectos que en el pasado eran manejados en la esfera civil en México.
Reuters
1 de diciembre, 2020
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Al asumir uno de los gobiernos con más respaldo popular de la historia de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se topó con una realidad que chocó con sus ideales de campaña: no es fácil hacer que las fuerzas armadas vuelvan a sus cuarteles.

Bajo su mandato, que cumple dos años este 1 de diciembre, el país ha seguido acumulando números record de homicidios por la violencia de las bandas criminales. Y en las últimas dos décadas las policías civiles no han podido ser depuradas.

Así que su plan de sacar de las calles a las fuerzas armadas en los primeros seis meses de gobierno, como prometía en campaña, no se pudo materializar.

De hecho, el presidente ha puesto en marcha un plan totalmente opuesto.

AMLO, como se conoce al político de 67 años, ha echado mano de los militares en funciones inéditas en México, como las construcciones de un aeropuerto internacional, un sistema ferroviario y cientos de sucursales bancarias estatales.

Por otro lado, la Marina ya no solo vigila la seguridad de los puertos mercantiles y aduanas marítimas, ahora también hace las funciones administrativas.

Nuevos roles en los que las fuerzas militares tienen un rol activo que contrasta notablemente con la discreta presencia que mantuvieron durante casi todo el siglo XX, cuando se limitaban a brindar apoyo social en casos de emergencia.

Maquinaria de construcción militar

Getty Images
El Ejército está al mando de obras civiles prioritarias, como el nuevo aeropuerto de Ciudad de México.

“El rol político del ejército se ha venido fortaleciendo a lo largo de los años. Y el rol de las autoridades civiles se ha venido debilitando debido a la fragmentación de la corrupción política que ha causado la delincuencia organizada”, señala a BBC Mundo el analista de seguridad Edgardo Buscaglia.

“Hoy de alguna manera el ejército mexicano se está latinoamericanizando en muchos sentidos: está adquiriendo un poder político en relación a las autoridades civiles fragmentadas que antes no tenía”, indica el también investigador de la Universidad de Columbia (EE.UU.).

La presencia activa de las fuerzas armadas en tareas por fuera de la seguridad pública se ha vuelto un tema de debate en los últimos meses en México, con análisis en la prensa y en foros que no han pasado desapercibidos por los jefes militares.

“El instituto armando jamás ha buscado, ni buscará protagonismo, porque nuestra esencia es servir a la patria. Es evidente que no buscamos ningún poder porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo”, se defendió el propio jefe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval.

Atrás ha quedado la pública desconfianza que tenía AMLO por las actividades militares en el país que incluso lo llevaron a demandar investigaciones judiciales contra las fuerzas armadas.

“Como candidato, no ha habido uno que haya estado más alejado de las fuerzas armadas que López Obrador”, explica a BBC Mundo el analista del sector militar mexicano Juan Ibarrola.

Por el contrario, ya en el gobierno AMLO está depositando toda su confianza en ellos.

López Obrador y Luis Sandoval

Reuters
AMLO delegó la elección de su jefe de la Defensa casi hasta que asumió el gobierno en 2018.

“Tenía que ser así. La relación siempre existe entre un presidente y sus fuerzas armadas. No puede estar sin esa fortaleza”, apunta Ibarrola.

Ejército constructor, Marina administradora

Al llegar al gobierno con una mayoría absoluta en el Congreso, López Obrador promovió nuevas leyes para legalizar los patrullajes militares en las calles.

Desapareció la Policía Federal y formó laGuardia Nacional, una nueva corporación con disciplina castrense que el Congreso aprobó para tener un mando civil, pero que de facto está dirigida por militares.

Eso contrasta con lo que decía en 2011, cuando era candidato presidencial y se ponía como meta desmovilizar a las fuerzas armadas en seis meses: “Tenemos que ir sacando al Ejército de las calles”, decía.

“El Ejército no está preparado para esta función, es otro su encargo, es defender la soberanía nacional y no debe de seguirse exponiendo al Ejército, es una institución que debemos de cuidar todos, no socavar al Ejército”, afirmaba.

militares méxico

BBC
La Guardia Nacional se integra por policías militares y navales.

En contaste, desde que asumió el gobierno, dos de sus proyectos insignia han recaído en la ingeniería militar.

Uno es la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (nombrado en honor a un general). El otro es una tramo del Tren Maya, una ambiciosa red ferroviaria de pasajeros en el sureste del país.

La Sedena también tiene en su encargo la construcción 1.600 sucursales del Banco del Bienestar del gobierno, así como 266 cuarteles de la Guardia Nacional.

Por su parte, a la Secretaría de Marina le ordenaron tomar el control administrativo de los puertos mercantes, lo cual motivó la renuncia del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez.

Militares

AFP
El Ejército construirá la nueva terminal aérea de México, una tarea inédita para los militares en el país.

“Nunca la Secretaría de Comunicaciones fue consultada al respecto y obviamente no estamos de acuerdo de ninguna manera en lo que se plantea de llevar a la militarización una actividad que es eminentemente civil”, dijo el entonces funcionario del gabinete de AMLO.

El creciente rol militar

El investigador Edgardo Buscaglia sostiene que los nuevos roles militares en el gobierno mexicano son producto de una “compensación” a las fuerzas armadas, por su desgaste social en las tareas de seguridad.

“El rol del ejército ahora es mucho más activo e improvisado. El ejército exige mejorar su imagen ante la población civil, exige un presupuesto más grande, y exige irse de las tareas de seguridad civil. Pero como no hay ninguna otra institución funcional en México, se tiene que ocupar de la seguridad. Y como forma de compensar eso que no quiere hacer, el presidente le da proyectos aquí y allá”, añade.

Militares supervisando una obra de construcción

Getty Images
La Sedena realiza la operación de ingeniería y contratación de personal del aeropuerto “Felipe Ángeles”.

BBC Mundo solicitó a la Presidencia de México una entrevista, pero no hubo respuesta oportuna.

Sin embargo el tema ha resonado en los mandos militares, con el propio jefe de la Defensa señalando públicamente el porqué de las tareas militares en proyectos civiles del gobierno de AMLO.

“Apoyamos los proyectos prioritarios de su gobierno con todos los recursos humanos, materiales y financieros que la nación nos provee en aras del bienestar de los mexicanos. Nuestra lealtad institucional es a toda prueba”, dijo el general Sandoval el pasado 20 de noviembre al asegurar que el Ejército no “ningún poder”.

“Nos subordinamos por ley y por la decisión democrática del pueblo de México. Pero sobre todo por convicción. Con esa subordinación al poder civil, cumplimos las misiones generales que tenemos asignadas y trabajamos en proyectos prioritarios para el desarrollo del país, sin que eso signifique perder nuestra naturaleza o razón de ser“, justificó.

General Sandoval

Gobierno de México
Sandoval aseguró que las nuevas tareas del Ejército no implican una desatención de otras labores, como la seguridad.

Citó la ley para las fuerzas armadas, la cual tiene como cuarta misión para los militares “Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”.

A su vez, el almirante Rafael Ojeda dijo que en el pasado ha habido almirantes al frente de puertos mercantiles como Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los principales del Pacífico, que han aumentado la recaudación.

“Simple y sencillamente por dos razones: una, porque el personal es honesto, hace las cosas bien. Y la otra, porque al ser un militar que tiene un apoyo para la seguridad integral del puerto, lógico es que se evita que existan malos manejos”, afirmó en julio pasado.

Marinos mexicanos en el puerto de Veracruz

Getty Images
La Marina ahora no solo vigila los puertos, también hace la administración civil.

Según el analista Juan Ibarrola, la ingeniería de construcción no ha sido ajena a los militares, solo poco conocida. La edificación de hospitales, escuelas, carreteras y puentes han sido parte de sus tareas, advierte.

“Los soldados no están haciendo la función de albañiles. El desarrollo del proyecto está en manos de ingenieros militares. Son los ingenieros y arquitectos responsables de la obra, pero todo el personal de mano de obra es personal civil”, explica.

Ya que la Sedena no busca tener una utilidad económica, dice Ibarrola, eso reduce costos y tiempos.

Como la construcción del aeropuerto “Felipe Ángeles” prometido para 2021: “es una orden, se entrega en tiempo en que se compromete a hacerlo”.

¿Hay riesgos en la militarización de tareas civiles?

Al considerar que en México está en marcha una “latinoamericanización” de sus fuerzas armadas, Edgardo Buscaglia señala que las fuerzas armadas están transitando hacia el estilo influyente en el gobierno civil que había en países de Sudamérica en la segunda mitad del siglo XX.

“El ejército ha quedado parado como un actor político de demanda ante autoridades civiles de igual a igual. Es una situación muy grave (…) está adquiriendo un poder político en relación a las autoridades civiles fragmentadas que antes no tenía”, dice.

Personal militar en camiones de construcción

Getty Images
En las fotos promocionales de las obras, los militares aparecen en la primera línea de construcción, pese a que no es su función principal.

A medida que hay un desgaste a un ejército por las tareas de seguridad pública, los presidentes y las autoridades civiles tienen que compensarlos y “dar cotos de caza empresariales”, considera.

“El ejército termina de gozando de mayores presupuestos y este tipo de rol la experiencia internacional te dice que conlleva más casos de corrupción. Como en Egipto y Venezuela hoy, o como en el pasado hubo en otros países de Latinoamérica”, añade.

El riesgo es mayor en los puertos, donde se realiza el manejo administrativo de mercancías. Pero AMLO ha dicho que el objetivo es el contrario, “combatir la corrupción”.

“No es un asunto solo de capacidad, de profesionalismo. Es un asunto fundamentalmente de honestidad. Ni modo de que sea tan complicado saber la importancia que tiene el comercio exterior y cómo recaudar los impuestos”, dijo en julio pasado.

Un barco mercante en Lázaro Cárdenas

Getty Images
La exposición a proyectos no tan cercanos a su razón de ser, como la administración portuaria, puede generar corrupción, según Buscaglia.

El analista Juan Ibarrola también reconoce que las fuerzas armadas se exponen a casos de corrupción al ocuparse de proyectos civiles, como en la construcción de obras. Pero considera que los militares lo piensan dos veces antes de caer en esas situaciones.

“Los militares se atienen a dos leyes: a la ley de justicia militar y a la ley civil. Un militar que comete un delito lo juzgan doble”, apunta.

“No es que sean incorruptibles. Son seres humanos y en algunos casos ha habido corrupción. Sin embargo el riesgo se reduce significativamente por ser juzgado dos leyes. Pierden todo”.


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