El SAT investiga a 21 funcionarios de Quintana Roo involucrados en despojo de bienes
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Cuartoscuro

El SAT investiga a 21 funcionarios de Quintana Roo involucrados en despojo de bienes

El Sistema de Administración Tributaria investiga si los funcionarios del gobierno de Roberto Borge, así como otras 57 personas y empresas investigadas, cumplieron con sus obligaciones fiscales.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel
22 de agosto, 2016
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició de oficio una investigación de las operaciones realizadas por funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Quintana Roo, que terminaron en el despojo de bienes y recursos a empresarios en el estado. Hasta ahora ha identificado a 78 implicados (individuos y empresas), entre ellos 21 servidores públicos.

Las referidas operaciones están siendo revisadas y confrontadas con la base de datos del SAT para identificar si existen irregularidades fiscales que pudieran representar algún delito, toda vez que varias de ellas debieron derivar en declaraciones y pagos de impuestos.

Lo anterior fue revelado por el SAT a Animal Político en respuesta a un cuestionario de ocho preguntas que se le envió al organismo para conocer si habían intervenido en el caso, y de ser así, los avances en la investigación.

El 6 de julio pasado un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y Expansión, retomado por Animal Político, titulado “Los Piratas de Borge: El saqueo institucionalizado de bienes” reveló que un grupo de funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Quintana Roo estaban involucrados en una serie de operaciones para despojar a particulares de terrenos y hoteles en Tulum, embargar condominios en Cancún, e incluso apoderarse departamentos de lujo para después venderlos a mitad de precio.

Estas operaciones en el papel parecen legales, pero  la investigación periodística documentó posibles irregularidades, como por ejemplo demandas laborales utilizadas para lograr el despojo de hoteles a nombre de exempleados que dijeron tener un sueldo mensual de más de 750 mil pesos.

Estas y otras acciones contaron con el aval de funcionarios del gobierno estatal como el exdirector del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Quintana Roo, Carlos Lima; el ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del Trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda.

El SAT subrayó que, como resultado de un primero análisis de la información publicada del caso, se identifican al menos cuatro tipos de operaciones que debieron tener repercusiones fiscales, lo que será revisado de forma minuciosa.

Señaló que conformidad con su Ley, está facultado para actuar de oficio  con base en denuncias públicas, toda vez que tiene la atribución de vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras, incluso, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones. De ahí que iniciara una revisión de lo informado por el reportaje.

A continuación Animal Político presenta el cuestionario con las respuestas íntegras de los funcionarios del SAT.

1.- ¿El SAT tiene en integración alguna investigación derivada del reportaje periodístico publicado el pasado 6 de julio elaborado por la organización Mexicanos contra la Corrupción y publicado en Expansión y Animal Político, y en el que se revelan operaciones que aunque legales en apariencia por la mecánica con que fueron realizadas parecen más bien despojos orquestados por funcionarios de la administración de Rodrigo Borge en Quintana Roo? Si es así ¿cuáles son sus alcances y primeros resultados?

El Servicio de Administración Tributaria inició el análisis de la información publicada y se están haciendo confrontas con la información con que se cuenta en las bases de datos institucionales a fin de verificar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales a que hubiera lugar por ciertas operaciones denunciadas.

 De la información pública se presume la realización de actos que pudieran tener efectos o repercusiones fiscales:

  1.  Transmisión de propiedad inmobiliaria por adjudicación judicial y adquisición de bienes.
  2. Indemnizaciones por separación o terminación de la relación laboral.
  3. Pago de sueldos y salarios a empleados que acreditan relación laboral en juicios, que obliga el pago de retenciones del ISR y demás obligaciones en materia de seguridad social.
  4. Obtención de flujos financieros por el congelamiento y retiro de recursos en cuentas bancarias.

 2.- ¿A cuántas personas físicas y morales se investiga por este caso y cuáles son?

A la fecha se conoce la participación directa e indirecta de 78 personas, de las cuales 57 son personas físicas y 21 son empresas.  

No es posible revelar los nombres de las personas por la obligación que tienen los funcionarios de la Institución de guardar absoluta reserva de la información fiscal, de conformidad con el Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.- En el caso particular de los presuntos ex trabajadores que habrían percibido salarios arriba de 700 mil pesos y que mediante los mecanismos descritos en la investigación periodística –querellas con irregularidades-ganaron juicios laborales, ¿ya se verificó su situación fiscal? ¿Han declarado ese nivel de ingresos y cubierto los impuestos correspondientes?

Aún se encuentra en proceso la revisión y análisis de la información. Del avance a la fecha no se puede hacer mayor revelación a fin de cuidar el debido proceso y las formalidades legales de la actuación de la autoridad.

  1. Además el reportaje habla de poco más de 20 trabajadores que se han visto beneficiados con estos laudos laborales. ¿Ya se identificó a todos ellos y si cubrieron los impuestos correspondientes? Y si hay más ex trabajadores en esta situación ¿cuántos son?

Misma respuesta anterior.

  1. Como resultado de estas investigaciones ¿el SAT ya impuso sanciones a personas físicas o morales (cancelación de certificados fiscales, inclusión en alguna de las listas públicas por irregularidades)?

Dada la etapa de análisis y revisión de la información; y del inicio de las actuaciones aun no se determinan sanciones.

  1. Respecto a la venta de propiedades mencionadas en el reportaje, ¿se verificó ya si el procedimiento se hizo conforme a lo que marca la ley y si se cubrió la carga tributaria correspondiente?

En el ejercicio de las facultades de la autoridad fiscal se podría conocer si la transmisión de la propiedad inmobiliaria, ya sea por mandato judicial o por acto voluntario como es la supuesta compra venta de bienes entre particulares, cumplió con las formalidades legales para efectos del  cumplimiento fiscal que cada una de estas operaciones conlleva.

 7.- Hay servidores públicos en activo y ex servidores públicos en activos a los que el SAT esté investigando por este reportaje. Si es así ¿quiénes son y cuál es el motivo?

De las 78 personas físicas que a la fecha se ha identificado su participación en la denuncia pública, 21 de ellas se desempeñaban como funcionarios públicos cuando ocurrieron los hechos.

  1. El reportaje menciona el congelamiento de cuentas bancarias a las empresas Pochteca y Panigrupo para hacer efectivo el pago de laudos laborales, y de las que luego se retiraron millones de pesos. ¿El SAT conoció de este procedimiento por lo que hace a su ámbito de competencia? ¿Se cubrieron los impuestos correspondientes?

No corresponde al SAT el conocer el congelamiento de cuentas por mandato de instancia judicial, sin embargo, cuando se realizan retiros de fondos para el cumplimiento de pagos de laudos condenatorios o acuerdos de indemnización por terminación de una relación laboral pudiera existir la obligación hacer retenciones de ISR dependiendo de la cuantía de los pagos realizados, sin embargo también nos encontramos en la investigación correspondiente.

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Vacuna contra COVID: por qué algunas dosis acaban en la basura y qué se puede hacer para evitarlo

El mundo vive una carrera por hacerse con las escasas vacunas disponibles contra la COVID. ¿Por qué algunas acaban en la basura o se vacuna a personas no prioritarias?
5 de febrero, 2021
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Enfermeras cargan dosis de la vacuna en Nantes, Francia.

Reuters
Muchos países se enfrentan al reto de administrar las vacunas antes de que se estropeen.

Golpeado por la pandemia de covid, el mundo se enfrentó primero al reto de desarrollar en tiempo récord una vacuna. Ahora, al de distribuirla a escala planetaria sin malgastar una sola de las preciadas dosis.

Con la oferta de vacunas disponibles lejos aún de cubrir la ingente demanda mundial, los gobiernos han establecido rigurosos planes de vacunación que establecen los colectivos que deben ser vacunados primero: generalmente, personas mayores, enfermos crónicos y trabajadores de los servicios de salud.

Sin embargo, no han tardado en aparecer las noticias de personas no pertenecientes a estos grupos prioritarios que recibían la vacuna, o, algo más sorprendente aún, de dosis que acababan en el cubo de la basura.

En la ciudad de Trelew, en la Patagonia argentina, la prensa local informó de que hubo que desechar 140 dosis de la vacuna rusa Sputnik-V porque se había roto la cadena de frío en su conservación.

En España, el general al mando de las Fuerzas Armadas tuvo que dimitir después de que se hiciera público que había recibido la vacuna, pese a que algunos de sus colaboradores les dijeron a los medios españoles que lo había hecho precisamente para evitar que se echaran a perder las dosis sobrantes en su departamento tras vacunar a las personas prioritarias.

En México, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, condenó por “inmoral” al médico que vacunó a dos familiares después de un error en el sistema de citas del hospital en el que trabaja.

Son solo algunos ejemplos de noticias que han provocado malestar y críticas en muchos países cuando la mayoría de la gente sigue a la espera y en muchos casos aún sujeta a distintos grados de confinamiento.

El desafío de optimizar las vacunas

Lo cierto es que los sanitarios se pueden ver a veces ante un incómodo dilema, ya que las vacunas requieren condiciones especiales de conservación y, en algunos casos, sobre todo en pequeñas localidades o lugares alejados, no pueden cumplirse a rajatabla los estrictos criterios fijados por los gobiernos.

La vacuna fabricada por Pfizer, por ejemplo, debe conservarse a temperaturas muy bajas y, una vez descongelada, ha de usarse antes de 5 días.

La Sputnik-V se comercializa en ampollas de cinco dosis, por lo que si se quiere evitar malgastar ninguna, debe haber un número igual de pacientes listos para recibir el pinchazo.

Una profesional de la salud recibe la vacuna en un hospital de Ciudad Juárez, México.

Reuters
Los trabajadores sanitarios figuran entre los colectivos prioritarios en la mayoría de países.

Como explicó en conversación con BBC Mundo el doctor Pablo Bonvehí, jefe de la sección Infectología y Control de Infecciones del CEMIC, un centro de investigación médica de Buenos Aires, “la prioridad es no desperdiciar la vacuna“.

“Una campaña de vacunación, y más una como esta, es siempre un gran desafío de ingeniería”, indica el experto. Y no siempre es posible acomodar la disponibilidad de vacunas con el número de pacientes dispuestos a ponérsela, su disponibilidad para acercarse a los centros de vacunación a recibirla y las necesidades de espacio para mantener la distancia social en ellos.

A esto se suma el problema de los pacientes que no acuden a las citas programadas, sea porque no pueden desplazarse o porque, como los seguidores del movimiento antivacunas, rechazan la inmunización o desconfían de los gobiernos y los fabricantes de medicamentos.

¿Qué hacer entonces con la dosis sobrante cuando ya se ha cubierto el cupo de pacientes prioritarios agendados para el día?

Contenedores de residuos sanitarios en Manchester, Inglaterra.

Getty Images
En algunos países ya ha habido noticias de vacunas que acaban en la basura.

En Estados Unidos ya ha habido centros sanitarios que han empezado a convocar por la emisora de emergencias a los paramédicos que quieran vacunarse una vez cubierto el cupo diario para evitar que se echen a perder las dosis sobrantes.

Y un equipo médico del estado de Oregón que quedó atrapado en una congestión de tráfico comenzó a vacunar a otros automovilistas retenidos ante la imposibilidad de volver a refrigerar a tiempo las dosis que llevaban consigo.

Mejor en un brazo que en el cubo de la basura

Ante la emergencia sanitaria global, los centros médicos a nivel local se enfrentan al desafío de vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, conservando adecuadamente las vacunas y priorizando a los grupos de población de riesgo establecidos por las autoridades nacionales.

En esa tarea titánica, han encontrado una inesperada colaboración en los grupos de espontáneos que hacen fila junto a las clínicas y los centros de vacunación a la espera de que se les administre alguna de las dosis no utilizadas, una imagen cada vez más frecuente en Estados Unidos y en Israel, el país que lidera la frenética carrera global por la vacunación.

“A todas las dificultades se suma la de la incertidumbre acerca de las dosis que se van recibir y cuándo”, señala el doctor Bonvehí.

Para los dispensarios locales se complica aún más llevar una planificación adecuada de la vacunación ya que en muchos casos los gobiernos tampoco han podido ofrecer un calendario claro de vacunación y son ellos quienes centralizan la adquisición de los medicamentos.

Un hombre carga una bombona de oxígeno en Manaos, Brasil.

Reuters
América Latina es una de las regiones más golpeadas por la pandemia y muchos países aún no han podido comenzar a vacunar.

Para los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, que se encuentran detrás de los más ricos en la lista de espera global por recibir la vacuna en la cantidad y con la regularidad suficientes, hacer un uso óptimo de las que llegan se hace más crítico si cabe.

Bonvehí propone que “en las citas se llame a pacientes suplentes, para que, si alguien no se presenta, no haya que desperdiciar ninguna dosis”.

Y la Organización Mundial de la Salud ha pedido que los países más prósperos, que han comprado muchas más dosis de las necesarias para vacunar a toda su población, envíen las que no usen a los países en desarrollo.

Todo, porque, como le dijo Amesh Adalja, especialista en enfermedades infecciosas de la Johns Hopkins University, a la cadena NPR, “una vacuna en un brazo siempre va a ser mejor que una vacuna en el cubo de la basura”.


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