El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició de oficio una investigación de las operaciones realizadas por funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Quintana Roo, que terminaron en el despojo de bienes y recursos a empresarios en el estado. Hasta ahora ha identificado a 78 implicados (individuos y empresas), entre ellos 21 servidores públicos.
[contextly_sidebar id=”ISUCwwDGiTVajGV4kycP2SFcEiWsxbyJ”]Las referidas operaciones están siendo revisadas y confrontadas con la base de datos del SAT para identificar si existen irregularidades fiscales que pudieran representar algún delito, toda vez que varias de ellas debieron derivar en declaraciones y pagos de impuestos.
Lo anterior fue revelado por el SAT a Animal Político en respuesta a un cuestionario de ocho preguntas que se le envió al organismo para conocer si habían intervenido en el caso, y de ser así, los avances en la investigación.
El 6 de julio pasado un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y Expansión, retomado por Animal Político, titulado “Los Piratas de Borge: El saqueo institucionalizado de bienes” reveló que un grupo de funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Quintana Roo estaban involucrados en una serie de operaciones para despojar a particulares de terrenos y hoteles en Tulum, embargar condominios en Cancún, e incluso apoderarse departamentos de lujo para después venderlos a mitad de precio.
Estas operaciones en el papel parecen legales, pero la investigación periodística documentó posibles irregularidades, como por ejemplo demandas laborales utilizadas para lograr el despojo de hoteles a nombre de exempleados que dijeron tener un sueldo mensual de más de 750 mil pesos.
Estas y otras acciones contaron con el aval de funcionarios del gobierno estatal como el exdirector del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Quintana Roo, Carlos Lima; el ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del Trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda.
El SAT subrayó que, como resultado de un primero análisis de la información publicada del caso, se identifican al menos cuatro tipos de operaciones que debieron tener repercusiones fiscales, lo que será revisado de forma minuciosa.
Señaló que conformidad con su Ley, está facultado para actuar de oficio con base en denuncias públicas, toda vez que tiene la atribución de vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras, incluso, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones. De ahí que iniciara una revisión de lo informado por el reportaje.
A continuación Animal Político presenta el cuestionario con las respuestas íntegras de los funcionarios del SAT.
1.- ¿El SAT tiene en integración alguna investigación derivada del reportaje periodístico publicado el pasado 6 de julio elaborado por la organización Mexicanos contra la Corrupción y publicado en Expansión y Animal Político, y en el que se revelan operaciones que aunque legales en apariencia por la mecánica con que fueron realizadas parecen más bien despojos orquestados por funcionarios de la administración de Rodrigo Borge en Quintana Roo? Si es así ¿cuáles son sus alcances y primeros resultados?
El Servicio de Administración Tributaria inició el análisis de la información publicada y se están haciendo confrontas con la información con que se cuenta en las bases de datos institucionales a fin de verificar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales a que hubiera lugar por ciertas operaciones denunciadas.
De la información pública se presume la realización de actos que pudieran tener efectos o repercusiones fiscales:
- Transmisión de propiedad inmobiliaria por adjudicación judicial y adquisición de bienes.
- Indemnizaciones por separación o terminación de la relación laboral.
- Pago de sueldos y salarios a empleados que acreditan relación laboral en juicios, que obliga el pago de retenciones del ISR y demás obligaciones en materia de seguridad social.
- Obtención de flujos financieros por el congelamiento y retiro de recursos en cuentas bancarias.
2.- ¿A cuántas personas físicas y morales se investiga por este caso y cuáles son?
A la fecha se conoce la participación directa e indirecta de 78 personas, de las cuales 57 son personas físicas y 21 son empresas.
No es posible revelar los nombres de las personas por la obligación que tienen los funcionarios de la Institución de guardar absoluta reserva de la información fiscal, de conformidad con el Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
3.- En el caso particular de los presuntos ex trabajadores que habrían percibido salarios arriba de 700 mil pesos y que mediante los mecanismos descritos en la investigación periodística –querellas con irregularidades-ganaron juicios laborales, ¿ya se verificó su situación fiscal? ¿Han declarado ese nivel de ingresos y cubierto los impuestos correspondientes?
Aún se encuentra en proceso la revisión y análisis de la información. Del avance a la fecha no se puede hacer mayor revelación a fin de cuidar el debido proceso y las formalidades legales de la actuación de la autoridad.
- Además el reportaje habla de poco más de 20 trabajadores que se han visto beneficiados con estos laudos laborales. ¿Ya se identificó a todos ellos y si cubrieron los impuestos correspondientes? Y si hay más ex trabajadores en esta situación ¿cuántos son?
Misma respuesta anterior.
- Como resultado de estas investigaciones ¿el SAT ya impuso sanciones a personas físicas o morales (cancelación de certificados fiscales, inclusión en alguna de las listas públicas por irregularidades)?
Dada la etapa de análisis y revisión de la información; y del inicio de las actuaciones aun no se determinan sanciones.
- Respecto a la venta de propiedades mencionadas en el reportaje, ¿se verificó ya si el procedimiento se hizo conforme a lo que marca la ley y si se cubrió la carga tributaria correspondiente?
En el ejercicio de las facultades de la autoridad fiscal se podría conocer si la transmisión de la propiedad inmobiliaria, ya sea por mandato judicial o por acto voluntario como es la supuesta compra venta de bienes entre particulares, cumplió con las formalidades legales para efectos del cumplimiento fiscal que cada una de estas operaciones conlleva.
7.- Hay servidores públicos en activo y ex servidores públicos en activos a los que el SAT esté investigando por este reportaje. Si es así ¿quiénes son y cuál es el motivo?
De las 78 personas físicas que a la fecha se ha identificado su participación en la denuncia pública, 21 de ellas se desempeñaban como funcionarios públicos cuando ocurrieron los hechos.
- El reportaje menciona el congelamiento de cuentas bancarias a las empresas Pochteca y Panigrupo para hacer efectivo el pago de laudos laborales, y de las que luego se retiraron millones de pesos. ¿El SAT conoció de este procedimiento por lo que hace a su ámbito de competencia? ¿Se cubrieron los impuestos correspondientes?
No corresponde al SAT el conocer el congelamiento de cuentas por mandato de instancia judicial, sin embargo, cuando se realizan retiros de fondos para el cumplimiento de pagos de laudos condenatorios o acuerdos de indemnización por terminación de una relación laboral pudiera existir la obligación hacer retenciones de ISR dependiendo de la cuantía de los pagos realizados, sin embargo también nos encontramos en la investigación correspondiente.
