Caso Ayotzinapa: La PGR quiere hacer un nuevo peritaje en el basurero de Cocula
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Archivo Cuartoscuro

Caso Ayotzinapa: La PGR quiere hacer un nuevo peritaje en el basurero de Cocula

El fiscal encargado de la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes dijo que el nuevo peritaje, que sería el quinto, debe ser consensuado con las familias de los normalistas.
Archivo Cuartoscuro
Por AP
23 de septiembre, 2016
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La fiscalía mexicana quiere hacer un nuevo peritaje en el basurero donde según la primera versión oficial fueron calcinados los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.

Aunque varios estudios han desechado esa hipótesis, calificada por el ex fiscal general Jesús Murillo Karam como la “verdad histórica”, el fiscal especial del caso Alfredo Higuera dijo que un nuevo análisis “podría ser lo más pertinente” para aclarar definitivamente un asunto que ha sido “controvertido”.

Higuera indicó que el nuevo peritaje, que sería el quinto que se realiza en el basurero localizado a 30 kilómetros de Iguala, la ciudad donde desaparecieron los jóvenes, tendría que hacerse tras un acuerdo con los padres de las víctimas.

“Lo que nos interesa es poder desentrañar con auxilio de la ciencia, porque no se puede de otra forma, qué fue lo que pasó ahí” la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. “Pero este es un apartado… no quiere decir que estemos detenidos sólo en ello”, añadió en una entrevista con The Associated Press.

El fiscal indicó que no están “aferrados a una hipótesis aunque admitamos que tiene que esclarecerse cada cosa de lo que se dijo al respecto y ahí el trabajo de la ciencia es fundamental”.

Nuevos datos oficiales contradicen algunas de las afirmaciones del exprocurador, por ejemplo las referidas a que los teléfonos de los alumnos fueron quemados junto con los cuerpos en el basurero. Higuera indicó que alrededor de una docena de celulares se mantuvieron activos después del 27 de septiembre, posiblemente en manos de los perpetradores del ataque.

Esa información ha proporcionado a las autoridades pistas sobre las posibles rutas que tomaron los atacantes cuando detuvieron a los jóvenes, lo que unido a la utilización de tecnología de rastreo terrestre ha ubicado cerca de 40 puntos donde se iniciarán en breve nuevos operativos para buscar indicios sobre el paradero de los alumnos o fosas clandestinas.

Los estudiantes de magisterio fueron atacados el 26 de septiembre de 2014 en Iguala por policías municipales vinculados con el crimen organizado y supuestamente entregados al cartel local Guerreros Unidos que los hizo desaparecer, aparentemente, con la complicidad o la inacción de otros funcionarios.

La primera versión oficial sostenía que los 43 jóvenes fueron llevados al basurero de una localidad cercana, Cocula, donde fueron calcinados en una gran hoguera que duró horas y que sus cenizas fueron tiradas a un río cercano. En el río se encontró una bolsa con restos, uno de los cuales fue identificado como perteneciente a uno de los estudiantes.

Sin embargo, los expertos enviados por la Comisión Interamericana y que investigaron más de un año junto a la fiscalía cuestionaron la versión oficial. Dijeron que fue sustentada en testimonios de personas con “serios indicios de tortura” y con elementos sin sustento científico y que se modificaron a lo largo del proceso sin justificación.

Los expertos también cuestionaron el trabajo del entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General Tomás Zerón, a quien los padres de las víctimas acusaron de manipular pruebas. Zerón renunció el 14 de septiembre después de que se le abriera una investigación interna por presuntas irregularidades.

Higuera, que asumió la investigación en junio y cuyo trabajo es mejor visto por los abogados de las víctimas, subrayó que su objetivo es avanzar en el esclarecimiento del caso teniendo en cuenta todo lo aportado hasta ahora por la fiscalía, los expertos internacionales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos y basándose en pruebas sólidas e irrefutables.

Luego de dos años todavía están prófugos actores clave del crimen y hay pruebas en poder del ejército que no fueron entregadas a la fiscalía.

Un total de 128 personas han sido detenidas y de ellas 70 están bajo proceso aunque ninguno por desaparición forzada sino por secuestro, delincuencia organizada o lavado de dinero.

La gran mayoría de los procesados son policías locales pero también está el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y miembros del cártel de Guerreros Unidos.

Los expertos internacionales cuestionaron también la actuación de funcionarios estatales, policías federales y militares que estuvieron al tanto de los ataques en el momento en que ocurrían. Higuera dijo que miembros de esas tres corporaciones están bajo investigación pero hasta ahora ninguno ha sido procesado. También hay abierta una pesquisa interna en la fiscalía sobre la actuación de sus funcionarios y los tribunales deben todavía pronunciarse sobre las acusaciones de tortura.

Agregó que el FBI estadounidense colabora en cuestiones técnicas como el análisis de algunos equipos de grabación de las corporaciones de seguridad de la zona donde fueron secuestrados los jóvenes para determinar si pudieron ser manipulados.

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La mujer detenida en Suecia por encerrar a su hijo en un apartamento durante años

La policía del país escandinavo arrestó a la mujer, de unos 70 años, tras encontrar a su hijo en un apartamento en estado de abandono.
2 de diciembre, 2020
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La policía sueca arrestó a una mujer de 70 años por haber supuestamente mantenido a su hijo confinado en un apartamento de Estocolmo (Suecia) durante aproximadamente tres décadas.

La mujer es sospechosa de detención ilegal y también de haberle causado daños físicos después de que el hombre, de unos 40 años, fuera encontrado con heridas y en estado de abandono.

El hombre fue descubierto por un familiar el pasado domingo después de que la madre cayera enferma y fuera trasladada al hospital.

Este familiar dijo a Expressen y otros medios suecos ser su hermana y explicó que acudió al piso el pasado domingo 27 de noviembre por la noche con su pareja tras enterarse de que la madre estaba en el hospital.

¿Cómo fue encontrado?

Según le dijo a la cadena sueca SVT, ella se mudó del apartamento cuando era adolescente y nunca había vuelto a ver a su hermano.

De pequeña, explicó, intentó en vano dar la voz de alarma sobre la situación del chico, quien fue sacado de la escuela a los 11 o 12 años.

Al abrir la puerta, que no estaba cerrada con llave, dijo que se encontró el apartamento a oscuras, con un fuerte olor a orina, suciedad y polvo. Nadie le contestó cuando dijo “hola”, así que entró, haciéndose paso entre amasijos de cosas.

Tras oír un ruido en la cocina, vio a un hombre sentado en una esquina oscura. Tenía heridas en las piernas hasta las rodillas.

Cuando él la vio, se levantó y murmuró su nombre una y otra vez. Había perdido casi todos sus dientes y su voz sonaba como un murmullo.

De alguna forma la había reconocido, explicó ella, a pesar de todo el tiempo transcurrido, y no le tenía miedo.

“Solo doy gracias de que le han ayudado y vaya a sobrevivir”, le dijo ella al diario Expressen.

Tras ser trasladado al hospital, donde permanece ingresado, los médicos alertaron a la policía y la madre fue detenida.

Policía en la puerta del piso

EPA
Las autoridades dijeron que el hombre había sido retenido “durante un período largo de tiempo”.

“El único comentario sobre el tiempo que la persona llevaba ‘retenida’ por su madre es: sabemos que ha sido durante un período largo de tiempo”, le dijo la portavoz de la policía Ola Österling a la BBC.

“A veces sucede que (los criminales) agarran a alguien por un par de días y lo encierran en un vehículo o un edificio. Esto pasa a veces. Pero por tanto tiempo, nunca había oído de algo así en Suecia”, añadió Österling.

“No hemos hecho una estimación de cuántos años. Eso es ahora parte de la investigación”, afirmó.

La policía ha precintado el apartamento en Haninge, un suburbio al sur de la capital, para llevar a cabo una investigación y está buscando testigos que ayuden a reconstruir lo sucedido.

La mujer seguirá bajo custodia policial mientras se lleva a cabo la investigación. Si es declarada culpable de detención ilegal se podría enfrentar a una pena de 10 años de cárcel.


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