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Derecho al olvido en internet: ¿un derecho, censura o un redituable negocio en México?

El 28 de agosto un tribunal anuló la orden que el INAI giró en 2015 a Google México para que eliminara un link a una nota sobre un caso de corrupción, a partir de la queja de un empresario mencionado en el reportaje. Esta decisión ha reabierto el debate entre quienes defienden el llamado ‘derecho al olvido en Internet’, y quienes lo consideran censura.
Por Manu Ureste
13 de septiembre, 2016
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¿Puede un ciudadano exigir a Google que elimine de su motor de búsqueda los enlaces a una información periodística de años atrás en la que se le menciona en un presunto caso de corrupción, argumentando que se atenta contra sus datos personales y su imagen?

La respuesta a esta pregunta ha originado en México un intenso debate entre senadores, comisionados del Instituto de acceso a la información, expertos de Google, activistas, comunicadores, y ciudadanos, hasta formarse dos posturas: por un lado, están quienes sostienen que cualquier persona tiene derecho a ser ‘olvidado’ en Internet si se cumplen ciertas condiciones. Y por el otro, están los que denuncian que eliminar enlaces que lleven a notas periodísticas en la Red es un acto de censura.

El caso en México de la revista ‘Fortuna’

En México, este debate comenzó el 28 de enero de 2015, cuando el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) anunció un proceso sancionatorio contra Google México porque un ciudadano no había podido ejercer su derecho a cancelar sus datos personales en Internet.

El caso fue promovido por el empresario Carlos Sánchez de la Peña, quien pidió a Google que eliminara varios resultados de búsqueda relacionados con su nombre. Uno de esos enlaces llevaba al reportaje periodístico ‘Fraude en Estrella Blanca alcanza a Vamos México’, publicado en el 2007 por la revista Fortuna. En esta nota, el empresario es mencionado como uno de los implicados en presuntos actos de corrupción.

Ante la negativa de Google de retirar los enlaces, Sánchez de la Peña inició un procedimiento de protección de derechos ante el INAI alegando que la nota afecta a su esfera “más íntima” y también a sus “relaciones financieras actuales”. El Instituto resolvió ordenar a Google que removiera los enlaces, haciendo referencia en su argumentación al llamado ‘derecho al olvido’.

Este derecho, que en realidad es un concepto puesto que no está reconocido en la legislación mexicana como tal, tuvo su primer antecedente en mayo de 2014. En ese entonces, y a partir de la demanda de un abogado español que exigió a Google España que retirara un link a una nota de 1997 sobre un caso de impagos que ya había saldado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europa ordenó a los buscadores que retiraran los enlaces a notas publicadas años atrás, si se comprueba que son lesivas para una persona y carecen de relevancia.

La sentencia aclara que en ningún caso se eliminará la nota original del medio, solo los enlaces de los buscadores a esa nota. Y precisa que no se tomarán en cuenta las peticiones cuando la información afecte a una figura pública como funcionarios de gobierno (lee aquí 5 puntos para ejercer el ‘derecho al olvido’).

“Google no quiere el rol de censor de la red”

Los puntos no tranquilizaron a las organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

La oficina en México de Artículo 19 denuncia que aunque no se elimine la nota original, el acto de suprimir los enlaces provoca un daño al medio de comunicación, puesto que deja de recibir tráfico a su nota, y supone “un claro acto de censura”.

“Para nosotros, el mal llamado ‘derecho al olvido’ en un concepto regresivo para la libertad de expresión -subraya Paulina Gutiérrez, abogada integrante de Artículo 19-, puesto que a partir de una interpretación errónea de la ley de protección de datos personales, se valida un mecanismo que sirve para censurar información”.

El punto sobre la ‘relevancia’ de la información es la otra gran polémica.

La resolución europea establece que cuando la ciudadanía solicite eliminar un link, los buscadores deberán ponderar “caso por caso” si la información publicada es aún relevante o no, y si por tanto el enlace se elimina o no. Una decisión “muy grave”, en opinión de la jefa de políticas públicas de Google México, Lina Ornelas, puesto que deja en manos de una empresa privada la facultad de impartir justicia.

“Intervenir en las notas periodísticas que Google debe o no buscar puede pegarle a la neutralidad de la Red, y nos parece que es un acto de censura previa y de privatización de la justicia, porque al final del día es una empresa la que determina a qué información tenemos derecho a acceder y a cuál no. Y nosotros no queremos ese rol de censores”, recalca Ornelas.

En este sentido, la especialista de Google señala que hay “excepciones” para eliminar links en México y en cualquier otro país, aunque se trata de casos muy claros como pornografía infantil, cuando se publican datos personales como el pasaporte, el IFE, o grupo sanguíneo, o cuando hay una violación a los derechos de autor.

“Si hay un ilícito, no hay interpretación posible: se elimina el enlace. El problema es que la sentencia europea dice que no debemos desindexar –eliminar- los enlaces a notas que sean de interés público y relevante. Pero esto es algo muy subjetivo y ahí está el peligro, porque lo que puede ser de interés para Google, para otra persona puede que no lo sea, y viceversa”.

En enero de 2015 el INAI ordenó a Google México retirar los links a una nota periodística sobre un caso de corrupción.

En enero de 2015 el INAI ordenó a Google México retirar los links a una nota periodística sobre un caso de corrupción.

Derecho a la rectificación, sí; borrado, no

Para evitar esto, el director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando García, recuerda que en el caso de México la ley ya reconoce mecanismos para limitar la libertad de expresión cuando se producen abusos, como la demanda por daño moral, u otras medidas como el derecho a rectificación o el derecho de réplica.

“Por ejemplo, si el empresario Carlos Sánchez cree que la nota de Fortuna daña su imagen de manera ilegítima, pues que demande a la revista o que le pida una rectificación –plantea García-. Y entonces será responsabilidad del medio analizar si rectifica. Pero será una decisión del medio, que es el responsable de la información, y no de un tercero como Google”.

Lina Ornelas trae a colación otro ejemplo de un caso real en Colombia. En aquel caso, una ciudadana pidió a Google que eliminara los links a las búsquedas que la relacionaban con una investigación de trata de personas, misma que prescribió y de la que no fue hallada culpable.

“La diferencia es que la justicia colombiana, en lugar de pedirle a Google que desindexara los enlaces (como hizo en México el INAI en el caso del empresario Carlos Sánchez) le ordena al medio que aclare en otra nota que el delito prescribió. Es decir, no borra la verdad sobre que una ciudadana estuvo mencionada en este caso, sino que aclara que no es culpable”.

De esta manera, para Ornelas la justicia sí garantiza una protección integral a la afectada, porque en la resolución europea solo le pide al buscador que elimine los links, pero la nota sigue apareciendo en el sitio original, lo cual puede continuar generando afectaciones a la persona.

En definitiva, para la directora de políticas públicas de Google existen “otros mecanismos mucho más eficaces”, que el borrado de la información para proteger a los ciudadanos. No obstante, coincide con los activistas de Artículo 19 y de la R3D en que “se está malinterpretando” el llamado ‘derecho al olvido en internet’, para permitir a personas “borrar un pasado ominoso en la Red”. Una situación, critica, que está generando que empresas vean en este ‘derecho’ una jugosa oportunidad de negocio.

“Borramos tu pasado en Internet desde 60 mil pesos”

Eliminalia, una empresa española que aterrizó en México en 2015 con el lema ‘Borramos tu pasado’, es una de esas compañías.

“Borrar tu nombre y apellidos de internet y sus buscadores es posible –reza uno de sus reclamos publicitarios-. En Eliminalia nos dedicamos a borrar su pasado, porque usted también tiene derecho al olvido”.

Dídac Sánchez es el fundador de esta compañía que, según el joven empresario, tiene un volumen de 400 clientes mensuales entre políticos, personas de negocios, ciudadanos, “y alguna compañía de electricidad y suministros”. Un grupo heterogéneo de clientes que paga cifras que van desde los 3 mil euros “si eres un ciudadano anónimo” (60 mil pesos aproximadamente), hasta los 20-30 mil “si eres un personaje público” (400-600 mil pesos), o incluso hasta los 100 mil “si eres un personaje muy público” (2 millones de pesos).

“El derecho al olvido en internet es un derecho que merece todo el mundo”, plantea Sánchez nada más arrancar la plática vía Skype para, a continuación, exponer un ejemplo con el que argumenta su afirmación.

“Imaginemos que hablan de mí en un diario. Y esa información puede ser veraz o no. Pero durante todo el tiempo en el que un juez lo decide, la información está en la Red. Pero ojo, incluso aunque el juez me diera la razón, tampoco tendría el derecho de eliminar la información. Entonces –se pregunta el empresario-, ¿para qué me sirve que la Justicia me dé la razón si voy a seguir condenado en los medios toda mi vida?”.

Por ello, Sánchez muestra a su compañía como el resultado de la necesidad en México de hacer lo que el INAI, a la fecha, no ha conseguido hacer: “satisfacer al ciudadano que quiere salir de Internet”.

“Cuando el río suena…”

Sobre las herramientas planteadas por Google y la R3D para solicitar mecanismos de reparación que rectifiquen una información sin borrar los enlaces, el fundador de Eliminalia opina que éstas no son suficientes: “El cliente no quiere que la noticia que lo perjudica se alimente de más noticia, sino que su nombre deje de estar relacionado a esa noticia”.

“Además –agrega- Sánchez-, hay una expresión que dice que ‘cuando el río suena, agua lleva’ . Y si durante un año un medio ha publicado que yo era un violador, ¿de qué me sirve que de forma puntual ese medio, de otros 200 que ya habrán replicado la nota, diga ahora que las acusaciones no eran ciertas? No sirve de nada, porque el daño va continuar”.

Por otra parte, se le cuestionó sobre las acusaciones que organizaciones civiles vierten sobre su compañía, acerca de que ésta defiende a personajes corruptos llevando a cabo prácticas agresivas, como asistir a medios de comunicación para advertir que deben bajar tal información sobre un cliente so pena de iniciar una demanda.

“Nuestro targeting en México es un cliente que ha tenido roces con su Gobierno, pero no tiene por qué ser un cliente corrupto, sino un cliente con un perfil público. En cualquier caso –matiza el empresario-, Eliminalia no es un juzgado. No somos fiscales, ni la policía. Somos una compañía que nos dedicamos a eliminar contenido en Internet, y defendemos los intereses de cualquier cliente, independientemente de si es político o no, y de si gusta o no a los medios”.

-¿Aunque sea un político con acusaciones de corrupción? –se le insiste, a lo que Sánchez contesta muy puntual:

-Creemos que todas las personas tienen el derecho al olvido en Internet, sin importar qué es lo que hizo durante su vida profesional.

Epílogo: anulan resolución en México sobre ‘derecho al olvido’

El pasado 24 de agosto, el debate sobre el ‘derecho al olvido en Internet’ escribió un nuevo capítulo en México. Ese día, un tribunal colegiado concedió el amparo solicitado por la revista Fortuna, representada legalmente por la R3D, en contra del INAI. Con esta decisión, se anuló la orden que giró el INAI a Google México en enero de 2015 para remover un enlace a la nota periodística de esta revista.

Aunque para la R3D esta decisión es un triunfo frente al ‘derecho al olvido’, la comisionada del INAI Patricia Cursain matiza que la decisión de la justicia significa que el procedimiento de protección de derechos del empresario Carlos Sánchez deberá reiniciarse. Solo que en esta ocasión están obligados a llamar a la revista Fortuna, ya que en la resolución de 2015 la excluyeron del proceso.

“El juez no consideró si la decisión del INAI (de ordenar a Google eliminar los links a la nota de Fortuna) es una decisión que debemos cambiar. No, lo que el juez dijo fue: ‘no escuchaste a un tercero (revista Fortuna) que tenía derecho a audiencia y por lo tanto debes llamarlo y repetir todo el proceso”, explica la comisionada, quien recalca que una vez que analicen de nuevo todos los argumentos, incluidos los de la revista, “volveremos a emitir un resolución, y ésta puede ser en el mismo sentido de la primera (cuando ordenaron retirar los links), o a lo mejor puede cambiar. Pero eso aún no lo sabemos”.

En otras palabras, el debate sobre el ‘derecho al olvido’ continuará.

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Los presos que están en la misma cárcel de máxima seguridad de EU con el “Chapo”

"El Chapo" ya ingresó en la llamada "Alcatraz de las Rocosas", una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos en la que están encerrados algunos de los criminales más destacados del país.
21 de julio, 2019
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Joaquín “El Chapo” Guzmán ya está en la “Alcatraz del siglo XXI” o “Alcatraz de las Rocosas”: la prisión federal de más alta seguridad de Estados Unidos.

El narcotraficante mexicano fue trasladado a la Penitenciaría Administrativa de Máxima Seguridad en Florence (Colorado) -mejor conocida por sus siglas en inglés ADX-, tras ser condenado esta semana a cadena perpetua en un histórico juicio celebrado en Nueva York.

Mundialmente conocido por sus fugas de cárceles mexicanas, Guzmán pasará a vivir recluido en una celda individual hasta 23 horas del día, en condiciones que están a un paso “de la muerte”, según describía en entrevista con BBC Mundo Robert Hood, uno de los exdirectores del penal.

El centro es “hogar” de otros destacados criminales, entre ellos el conocido “Unabomber”, uno de los autores del mortal ataque de la maratón de Boston o el único condenado por los atentados del 11-S en Estados Unidos.

“Unabomber”

Theodore J. Kaczynski, más conocido como “Unabomber”, aterrorizó a la sociedad estadounidense durante más de una década.

Kaczynski, anarquista y genio de las matemáticas, fue el autor de 16 atentados que mataron a tres personas e hirieron a otras 28, a través del envío de paquetes bomba.

Unabomber

Policía
Este es el retrato que la policía distribuyó de “Unabomber” y que se convirtió en una imagen icónica del caso.

El hombre se alejó del mundo para vivir en una rústica cabaña en Montana, Estados Unidos, y desde ahí planeó sus ataques.

Sus crímenes se extendieron desde 1978 hasta 1995 y su caso se convirtió en la investigación más larga y costosa hasta entonces del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Fue capturado el 3 de abril de 1996 en su cabaña, gracias a las pistas que su hermano ofreció al FBI.

En enero de 1998, Kaczynski se declaró culpable de todos los cargos en su contra, reconociendo ser “Unabomber”, a cambio de evitar la pena de muerte y recibir una condena a prisión perpetua sin posibilidad de recuperar su libertad y renunciando a la posibilidad de apelar la sentencia.

Dzhokhar Tsarnaev

Otro de los reclusos de alto perfil de ADX es Dzhokhar Tsarnaev, autor del atentado contra la maratón de Boston de 2013.

El ataque dejó tres muertos y 264 heridos, entre ellos 17 que perdieron alguna extremidad. Una cuarta víctima, un policía, falleció en la persecución posterior de los sospechosos.

Tsarnaev perpetró el crimen cuando tenía 18 años junto a su hermano Tamerlan y fue sentenciado a pena de muerte por un jurado popular.

Su hermano murió por los disparos de la policía cuando intentaba escapar después de haber matado a un agente.

Dzhokhar Tsarnaev

Getty Images
Dzhokhar Tsarnaev fue condenado a la pena de muerte.

Durante su juicio, el equipo de defensa de Tsarnaev, que no puso en duda las pruebas contra él, centró su estrategia en tratar de salvarlo de la pena de muerte con testigos que apuntaran a que la acción fue manipulada por su hermano mayor, Tamerlan.

El programa dela BBC Panorama realizó una investigación sobre el caso y descubrió que el hermano mayor leía material en el que se desarrollaban teorías conspirativas para explicar los atentados del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas y el Pentágono, así como el que tuvo como blanco un edificio federal en la ciudad de Oklahoma, en 1995.

Asimismo, algunos de sus documentos exponían que Hitler y el nazismo tenían “su cuota de razón”.

Zacarias Moussaoui

Moussaoui es el único condenado en Estados Unidos por los atentados del 11-S, que provocaron casi 3.000 muertos.

El hombre fue detenido por el FBI tres semanas antes del 11 de septiembre por infracciones de inmigración y después fue acusado por su implicación indirecta en los atentados más sangrientos de la historia del país.

Durante su juicio, aseguró que tenía previsto secuestrar un avión y estrellarlo contra la Casa Blanca, después de negar cualquier participación directa en los atentados.

Fue sentenciado a cadena perpetua en 2006 y enviado a la cárcel de máxima seguridad de Colorado.

Zacarias Moussaoui, convicto en la prisión de Colorado.

Reuters
Zacarias Moussaoui fue condenado a cadena perpetua.

Desde esa cárcel, aseguró casi nueve años después que miembros de la familia real saudí ayudaron a financiar a Al Qaeda.

Moussaoui afirmó que a finales de los años 90 creó una base de datos digital con los nombres de las personas que daban financiación a esa red islamista a petición de los líderes de Al Qaeda en Afganistán.

Entre los nombres que recuerda, mencionó al príncipe Turki al Faisal, entonces jefe de los servicios de inteligencia, al príncipe Bandar bin Sultán, antiguo embajador en Washington, y al príncipe Al Waleed bin Talal, uno de los hombres más ricos del mundo por entonces.

“El jeque Osama (bin Laden) quería tener un registro de la gente que donaba dinero, de la gente a la que había que escuchar o de los que contribuyeron a la yihad“, explicó el Moussaoui desde su celda.


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