Un juez federal ordenó a la Secretaría de la Defensa abrir todos los cuarteles militares del país para que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue la desaparición forzada de un joven en Guanajuato a manos de militares.
[contextly_sidebar id=”xvJRGPZK1l371CORKttfzJYuWmJIjFBh”]La PGR “investigar de manera efectiva y pronta la desaparición” dentro de las instalaciones militares del estado y el país de ser necesario, señaló Poder Judicial de la Federación en un comunicado.
El 25 de noviembre de 2015, un grupo de elementos del Ejército mexicano, adscrito a la Base de Operaciones en Pénjamo, del Octavo Regimiento Militar Blindado de Reconocimiento en Irapuato, llegó a la comunidad de Pénjamo, a bordo de camionetas oficiales.
Uno de los militares brincó la barda del patio trasero de la casa del hoy desaparecido, abrió el portón y permitió el acceso a los otros militares, sin orden de cateo o delito flagrante, ni permiso de los habitantes de domicilio. Ya en el interior de la casa, detuvieron al hombre y lo sacaron de su domicilio a la fuerza y subieron a una de las camionetas oficiales, sin que existiera caso urgente, flagrancia en la comisión de algún delito ni orden de aprehensión.
Los militares pusieron a disposición de la Dirección de Seguridad Pública de Pénjamo al detenido, por la supuesta comisión de una falta administrativa: haber vejado o maltratado a los militares, quienes afirmaron que los insultó con groserías, motivo por el que lo detuvieron por seis horas y fue ingresado a los separos, sin que se llevara a cabo el procedimiento que señala el Reglamento Cívico y de Buen Gobierno para Pénjamo, Guanajuato.
Concluido el arresto, los elementos de la Dirección Pública Municipal de Pénjamo dejaron en libertad al detenido, quien salió de las instalaciones y avanzó por la calle Siglo XX, en dirección a la calle Insurgentes. Una cámara de seguridad de la institución grabo esos momentos, que es lo último que se conoce de su paradero.
En la grabación se ve que luego de unos minutos de salir de los separos, aparecen tres hombres vestidos de manera semejante, caminando sobre la calle Siglo XX, el mismo rumbo que momentos antes tomó el joven.
Segundos después, en el mismo video se observa una camioneta militar con las luces apagadas, proveniente de la calle Siglo XX.
Militares implicados
El Comandante del Octavo Regimiento Militar Blindado de Reconocimiento informó al Juzgado que el vehículo que aparece en el video era una camioneta oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la que viajaban un Teniente del Arma Blindada, un Cabo de Transmisiones, un Cabo Mecánico Automotriz, dos Cabos del Arma Blindada y dos soldados del Arma Blindada.
Esta información fue reconocida por los militares, mediante declaraciones rendidas ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, en las que dijeron que, precisamente a la hora en que el hoy desaparecido salió de los separos, ellos hicieron una parada en ese lugar, por instrucciones del teniente y descendieron del vehículo.
A final del video, se observa la salida de la camioneta militar de la calle Siglo XX, de la cual ya no se ve salir al detenido. Hasta la fecha, se ignora su paradero.
Con las grabaciones de las cámaras de seguridad y las entrevistas de los militares se acreditó su participación en la detención y desaparición forzada del hombre, además de la vulneración de sus derechos a la inviolabilidad del domicilio y a la libertad, a la integridad personal y personalidad jurídica. Además, fue violado también el derecho a la integridad personal de la esposa del desaparecido, debido al sufrimiento provocado por la incertidumbre sobre la situación de su marido.
Búsqueda en cuarteles
En la sentencia del Juzgado Federal, se señala que la Procuraduría General de la República (PGR), inició la investigación por el delito de privación ilegal de la libertad y no por el de desaparición forzada, considerada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una violación grave a los derechos humanos; ademas, aplicó el procedimiento penal tradicional, aunque la violación tuvo lugar cuando ya había entrado en vigor el sistema penal acusatorio en la entidad.
La sentencia también puntualiza que la PGR omitió informar al Juzgado sobre el estado de la investigación, con lo que se inobservó la obligación de investigar de manera efectiva y pronta el caso de desaparición.
Por todo lo anterior, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato concedió un amparo y protección de la justicia federal, a fin de que la PGR investigue “de manera seria y exhaustiva la desaparición y se permita su búsqueda en las instalaciones del Ejército mexicano”. El fallo subraya que el amparo no se considerará cumplido hasta que se localice al desaparecido con vida o se encuentren sus restos mortales.
Además, el fallo instruye que los familiares del desaparecido sean inscritos en el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas —dentro del cual se registran los casos de personas que son reportadas como desaparecidas —, así como en el Registro Nacional de Víctimas, para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas les pague una compensación en forma subsidiaria por la grave violación a los derechos humanos cometida.
Este caso se da en medio de la “situación crítica en materia de desaparición”, en palabras de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y en un contexto en el que 26 mil 798 personas se encuentran “no localizadas” en el país, según el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
