En 10 años, Auditoría de Veracruz no encontró irregularidades en gobiernos de Herrera y Duarte
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Cuartoscuro

En 10 años, Auditoría de Veracruz no encontró irregularidades en gobiernos de Herrera y Duarte

La presunta malversación de recursos a través de empresas fantasma, investigación periodística de Animal Político, es la primera denuncia que en 10 años presentan los responsables a nivel local de fiscalizar los recursos públicos de la administración veracruzana.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel @arturoangel20)
14 de septiembre, 2016
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La denuncia que la auditoría de Veracruz presentó por el caso de las empresas fantasma en agosto pasado en contra de la administración de Javier Duarte, es la primera que este órgano interpone en la última década en contra de una administración estatal por presunto desvío de recursos.

Hasta antes de esta denuncia, el Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz (ORFIS) no había detectado ni una sola irregularidad en el manejo de recursos públicos por parte de cualquier funcionario de los gobiernos de Fidel Herrera o Javier Duarte.

Un balance oficial del ORFIS, sobre denuncias penales presentadas de 2007 a 2016 en poder de Animal Político, revela que hasta antes del caso de las “empresas fantasma” se habían presentado 94 denuncias por el posible desvío de más de mil 100 millones de pesos, pero todas fueron contra gobiernos municipales y un fideicomiso mixto.

En el caso de la denuncia por las empresas fantasma, ésta se presentó aun cuando la ORFIS ya había avalado, en años anteriores, los gastos de las dependencias estatales que presuntamente malversaron los recursos.

Fue apenas el mes pasado cuando los auditores locales presentaron formalmente la denuncia en la Fiscalía de Justicia del Estado contra tres dependencias del gobierno de Javier Duarte, por un posible daño patrimonial de más de 940 millones de pesos, la mayor cantidad reportada por la ORFIS en una sola denuncia.

De acuerdo con el documento oficial, esta cantidad está relacionada con pagos realizados en “ejercicios anteriores” a empresas que no fueron localizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El SAT confirmó la inexistencia de los domicilios e infraestructura de estas compañías tras una investigación de oficio que inició luego de que Animal Político publicó, en mayo pasado, un reportaje que evidenció que el gobierno estatal de Veracruz destinó millones de pesos a compañías con domicilios fiscales falsos, y con socios que en realidad eran personas de bajos recursos engañadas para firmar documentos.

Estos pagos se habrían realizado por lo menos entre los años 2012 y 2014, apenas meses después de que varias de estas compañías fueron creadas.

Según el propio documento del ORFIS, la revisión de las cuentas públicas de esos años no arrojó irregularidades en el manejo de recursos del gobierno estatal que derivaran en denuncias  penales.

Pero ahora, en 2016, ORFIS reporta que interpuso una denuncia en la Fiscalía Especializada en delitos Relacionados con Hechos de Corrupción cometidos por Servidores Públicos en contra de  las secretarías de Educación, Protección Civil y de Desarrollo Social del gobierno estatal, por el caso de las “empresas no localizadas” y por un posible daño matrimonial de 940 millones 234 mil pesos.

Cabe señalar que el ORFIS tiene facultades para denunciar desvíos de recursos públicos estatales, no federales. Aun así, los 940 millones denunciados de posible daño patrimonial, son inferiores a los 3 mil 300 millones que el Servicio de Administración Tributaria ha dicho que recibieron las empresas fantasma de al menos once dependencias estatales.

En su reporte, los auditores subrayan que estas y todas las demás denuncias interpuestas continúan abiertas y en integración.

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Las denuncias contra los municipios

Antes del caso de las empresas fantasma, el 95 por ciento de las denuncias interpuestas por las auditorías del ORFIS fueron en contra de las administraciones municipales por presuntos desvíos de recursos, que representan un daño patrimonial de por lo menos 703 millones de pesos.

Una revisión hecha por Animal Político arroja que el 60 por ciento de los municipios denunciados estaban bajo administración de un gobierno emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el resto por partidos de oposición principalmente del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La denuncia más relevante por el monto del presunto desfalco fue la interpuesta en 2009 contra la administración del alcalde de Tecolutla, Fernando Hernández Méndez, por el desvío de más de 62 millones de pesos. En ese mismo año también se interpuso otra denuncia por un posible desfalco de más de 54 millones de pesos contra el municipio de Álamo Temapache, presidido entonces por Blanca Batalla Herver.

Cabe señalar que en 2011, la entonces Procuraduría General de Justicia del estado reportó la detención de al menos 35 exfuncionarios municipales relacionados con desvíos reportados en el ejercicio fiscal 2009. No obstante, según el ORFIS, todas las indagatorias continúan abiertas.

Con excepción de 2016, el balance del ORFIS arroja que el año en que más recursos públicos fueron desviados fue 2013. Las irregularidades denunciadas penalmente dejaron un daño patrimonial en la entidad de más de 390 millones de pesos. Le sigue el 2012 con 285 millones de pesos y 2009 con 252 millones de pesos.

Solamente en 2014 la revisión de la cuenta pública no derivó en denuncias penales interpuestas por los auditores, de acuerdo con el balance oficial proporcionado.

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¿Túnel sumergido en corrupción?

En el 2005 se creó el Fideicomiso del Túnel Sumergido con el objetivo de ser el instrumento financiero para operar, mantener y conservar un puente y un túnel sumergido ubicado que conectaría a los municipios de Coatzacoalcos con Villa Allende. El fideicomiso se alimentaría de recursos, federales, estatales y privados.

Más de una década después la inversión supera los tres mil 800 millones de pesos pero el referido túnel ha sufrido de múltiples retrasos. En 2014 las empresas responsables de su construcción incluso detuvieron los trabajos argumentando falta de liquidez para continuar con los mismos.

De acuerdo con el reporte de los auditores, en 2012 se interpuso una primera denuncia relacionada con este fideicomiso por un daño patrimonial que superaba los 225 millones de pesos, mientras que la revisión de la Cuenta Pública 2013 derivó en una segunda denuncia por un desfalco de 251 millones de pesos.

En suma, de acuerdo con la revisión de los auditores, más de 477 millones de pesos de este fideicomiso han sido desviados ilícitamente según las denuncias penales interpuestas por el ORFIS.

La situación es delicada porque en 2011, ya durante la actual administración estatal, se autorizó la inyección del tres por ciento del impuesto de nómina a este fideicomiso. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Jaime Morales Silva, dijo que se trataba de un “desperdicio” de dinero en una obra que no se ha logrado terminar,  pues ésta no benefició a empresas del ramo, además critica que cobrará peaje a los automovilistas.

Miles de millones desaparecidos

Con la denuncia que el ORFIS interpuso en contra de tres dependencias estatales del gobierno de Veracruz, el monto de recursos públicos locales en la entidad que presuntamente fueron desviados ya supera los dos mil 200 millones de pesos.

Se trata de dinero que tras verificaciones hechas por los auditores, no se conoce su destino final debido a que no hay documentos que lo comprueben.

A esta cifra hay que agregar más de 18 mil millones de pesos provenientes de partidas y subsidios federales, que la Auditoría Superior de la Federación descubrió que también fueron desviados por el gobierno de Javier Duarte principalmente, y que ya derivaron en más de 50 denuncias penales presentadas ante la PGR.

Denuncias Orfis by http://www.animalpolitico.com on Scribd

Con información de Montserrat Sánchez Maldonado. 

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Birmania: decenas de miles se manifiestan contra el golpe de Estado en las mayores protestas en décadas

Este sábado la ciudad más grande del país asiático vivió las protestas más multitudinarias hasta la fecha contra el nuevo régimen militar, que se impuso en el poder con un golpe el pasado 1 de febrero.
Por BBC News Mundo
7 de febrero, 2021
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Birmania vive días convulsos.

Los gobernantes militares, que tomaron el poder el lunes con un golpe de Estado que atajó abruptamente la frágil democracia birmana, han bloqueado la internet en el país mientras miles de personas salen a la calle a protestar.

A la multitudinaria manifestación del sábado en Yangón, la antigua capital, le siguió otra este domingo que no solo es la más grande hasta la fecha contra el nuevo régimen militar, sino la mayor en décadas.

“No queremos una dictadura militar. Queremos democracia “, coreó la multitud, ataviada con camisas rojas y sostenía globos del mismo color, que es el del partido de la depuesta Aung Suu Kyi.

Los automóviles y autobuses reducían la velocidad para hacer sonar sus bocinas en apoyo, con muchos haciendo el saludo de tres dedos, un símbolo de desafío contra el autoritarismo en la región.

También se re realizaron manifestaciones en más de una docena de otras ciudades.

“Tenemos que acabar con esto ahora”

Los manifestantes son trabajadores de fábricas y estudiantes, pidieron la liberación de los detenidos por el ejército, incluida la líder electa Aung San Suu Kyi.

“Estamos aquí para luchar por nuestra próxima generación, para liberarlos de una dictadura militar“, dijo una manifestante a la agencia AFP. “Tenemos que acabar con esto ahora”.

Hasta ahora Birmania, se había mantenido mayoritariamente en calma después del golpe, aunque se produjeron algunas manifestaciones en diferentes partes del país.

Las autoridades militares están atrincheradas en la capital, Naypyidaw, y hasta ahora han evitado entablar contacto directo con los manifestantes.

Policía bloqueando las calles en Yangón.

EPA
La policía bloqueó las calles en Yangón, la ciudad más grande del país.

Nyein Chan, corresponsal de la BBC en Yangon, dice que los birmanos conocen muy bien la violencia de las que son capaces los militares, pero ahora que la gente tuvo tiempo de digerir lo que está sucediendo están encontrando diferentes formas de hacer oír su voz.

El país fue gobernado por un gobierno militar opresivo desde 1962 hasta 2011.

Pero según Chan, aunque la atmósfera estaba cargada, los manifestantes se mostraron desafiantes.

“Están enojados pero también silenciosamente asustados. Saben que los militares son capaces de utilizar la violencia para reprimir la disidencia, pero sienten que no tienen otra opción”, explicó.

“Cuando un grupo de manifestantes se encontró con una fila de soldados, les gritaron: ‘Están entrenados para ser soldados profesionales, no maten a civiles‘”, relató.

Regresó internet

Por lo demás, el servicio de internet, que había sido interrumpido, ya fue restablecido.

El apagón de internet hizo que la conectividad cayera a un 16% de los niveles normales, dijo NetBlocks Internet Observatory, un organismo que monitorea las redes.

Pero el tráfico ya había aumentado a un 50% a las 14:00 hora local (07:30 GMT) de este domingo, aunque el acceso a las redes sociales, incluídas Facebook y Twitter, permanecía bloqueado.

Muchos usuarios evadieron las restricciones en las redes sociales mediante el uso de redes privadas virtuales (VPN), pero el apagón más general interrumpió gravemente su actividad.

mujer protestando en Yangón

AFP
El miércoles hubo protestas, pero no fueron tan multitudianrias como las de este sábado.

El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional calificó el cierre como “atroz e irresponsable.

Organizaciones de la sociedad civil instaron a los proveedores de internet y redes móviles a desafiar la orden del apagón.

Mientras tanto, Suu Kyi está bajo arresto domiciliario, según su abogado. Documentos policiales muestran que está acusada de importar y utilizar ilegalmente equipos de comunicaciones (walkie-talkies) en su casa de la capital.

Además, Sean Turnell, un académico australiano exasesor económico de Suu Kyi, fue detenido en Yangón.

Turnell le dijo a la BBC que lo han confinado en su hotel y que no sabe de qué pueden acusarlo.

El golpe tuvo lugar cuando se inauguró una nueva sesión del parlamento, tras la aplastante victoria electoral de noviembre del partido Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi.

Aung San Suu Kyi en 2020.

Getty Images
Aung San Suu Kyi en 2020.

Muchos birmanos vieron cómo se desarrollaban los eventos a través de Facebook, la principal fuente de información y noticias en el país.

Tres días después, se ordenó el bloqueo de plataforma por “razones de estabilidad”.

Una vocera de Twitter dijo que la prohibición socava “la conversación pública y los derechos de las personas a hacer oír su voz”. Facebook, propietaria de Instagram, pidió a las autoridades que “restablezcan la conectividad”.

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