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Sólo se recupera 1 de cada 100 bienes culturales robados en México

México tiene resultados pobres en la recuperación de bienes culturales robados, carencias en su registro y en la coordinación de las autoridades para preservarlos.
Por Tania L. Montalvo y Arturo Daen
17 de octubre, 2016
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Memoria robada

El tráfico del patrimonio cultural es una actividad que conecta desde anticuarios y políticos en Buenos Aires hasta narcos en Guatemala, y desde coleccionistas bajo sospecha en México hasta diplomáticos en Costa Rica y Perú. Este especial –conformado por varias entregas– fue realizado entre cinco equipos periodísticos del continente y revela el esquema del mercado internacional del arte que permite la venta de objetos robados de templos, museos públicos y colecciones privadas. Es la primera investigación periodística del tráfico cultural con datos masivos e incluye un banco de datos que constituye el inicio del primer censo latinoamericano de bienes culturales robados.

A iniciativa de OjoPúblico, se conformó una alianza de equipos periodísticos integrada por La Nación (Costa Rica), Plaza Pública (Guatemala), Animal Político (México) y Chequeado (Argentina).


Una imagen muy clara del tráfico de bienes culturales en México es una iglesia donde los fieles se hincan ante ocho imágenes falsas. El altar mayor de la parroquia de Santa Isabel de Portugal —ubicada en la colonia Santa Isabel Tola, un barrio pobre en el noreste de la capital— es un retablo de oro que luce una Virgen de Guadalupe, una escena de la Crucifixión de Cristo a la que flanquean dos imágenes de arcángeles, y cuatro retratos de santos. Todas son copias de pinturas de los siglos XVII y XVIII que fueron robadas en agosto de 2008.

Aquel día, el párroco Jaime Hernández mandó a repicar las campanas para anunciar el robo. El sonido de esa alerta está tan vivo entre los pobladores de Santa Isabel Tola como las versiones y especulaciones que surgieron después y que pronto fueron puestas en duda. Por ejemplo, que los ladrones no pudieron entrar por la ventana porque es demasiado pequeña; o por qué no había vigilancia si las pinturas eran tan valiosas; o las razones de que la Policía no actuara si había sido alertada esa misma madrugada, y los agentes ni siquiera quisieran entrar al templo para revisar lo que había ocurrido.


Parroquia de Santa Isabel de Portugal.

Mientras la investigación seguía su curso, el padre Hernández y los pobladores de Santa Isabel Tola juntaron poco más de medio millón de pesos —casi 30 mil dólares— con rifas y colectas para mandar a hacer réplicas y revestir el altar de su templo. Sabían que las piezas originales nunca serían recuperadas.

La realidad les da la razón: nueve de cada diez bienes culturales  —entre los que se cuenta piezas arqueológicas, objetos litúrgicos y arte religioso— reportados como robados en México nunca son recuperados, según cifras oficiales revisadas por Animal Político como parte del proyecto Memoria Robada, la primera investigación regional sobre tráfico de patrimonio cultural con datos masivos.

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La revisión incluye información del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Procuraduría General de la República (PGR), desde el 2003 hasta la fecha, sobre robo de bienes culturales como las imágenes robadas de la Iglesia de Santa Isabel.

En los últimos 13 años, el INAH ha acumulado una lista de 4 mil 757 objetos arqueológicos o históricos con reporte de robo en México, que es considerado un delito federal. Sin embargo, la PGR sólo tiene datos de 67 obras recuperadas en ese lapso y restituidas a su lugar de origen. El cruce sugiere que la capacidad de recuperación es de apenas 1.4%.

Animal Político solicitó una entrevista con la directora del área de conservación del patrimonio del INAH —organismo encargado de la conservación y protección de las piezas arqueológicas e históricas anteriores al siglo XIX—, pero fue rechazada.

“Ni las autoridades eclesiásticas ni el gobierno mexicano prestan atención al saqueo en el país”, dijo en entrevista Elisa Vargaslugo, directora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una de las principales voces en el ambiente cultural mexicano, quien exige coordinación entre instancias de gobierno para poner fin al robo y tráfico de arte.

Los registros oficiales no sólo muestran pocos resultados en la recuperación de bienes culturales robados: también revelan carencia de información, seguimiento y descoordinación entre los responsables del tema.

Desde 2003, el INAH ha dado cuenta de al menos 333 casos distintos de robo, todos reportados ante la PGR, según pudo conocer Animal Político a través de un pedido de información pública. Sin embargo, en ese mismo lapso la PGR sólo tiene registro de 62 averiguaciones previas o indagatorias por distintos robos de bienes culturales reportados tanto por el INAH como por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), que tiene a cargo la conservación y protección del arte contemporáneo. Es decir, la mayoría de delitos contra el patrimonio cultural mexicano ni siquiera llega a ser investigado.

Una muestra evidente es lo ocurrido en 2014. Ese año, el INAH registró 11 hechos distintos en los cuales se robaron un total de 230 piezas: 223 arqueológicas y siete históricas. La PGR señala que no ha iniciado alguna averiguación en ese periodo.

Animal Político solicitó una entrevista con la subprocuraduría especializada en este tipo de robos, pero hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta.

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece en el Artículo 53 penas de hasta 12 años de prisión para quien saque del país, sin el permiso correspondiente, bienes culturales que son considerados patrimonio nacional.

También incluye penas de hasta 10 años de cárcel para quien dañe o altere bienes arqueológicos, históricos o artísticos, y para quien comercie con ellos, los transporte, reproduzca y exhiba sin la autorización debida.

Pero en casos como el saqueo en la parroquia de Santa Isabel de Portugal, ocho años después, no hay ningún responsable, nadie ha sido detenido y ninguna obra ha sido recuperada.

“No sabemos dónde están las pinturas. Tal vez algún día aparezcan en un museo de Europa”, dijo José Martínez, habitante de la zona.

Tesoro desconocido

México no conoce con certeza cuántas ni qué tipo de piezas constituyen el universo de su patrimonio de bienes culturales. No existe un registro pormenorizado y único sobre las piezas arqueológicas, de valor histórico (incluyendo el arte sacro) o artístico que hay en el país.

El investigador Bolfy Cottom, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dijo en entrevista que durante la última década esa institución ha avanzado en el propósito de catalogar todas las obras del país. Sin embargo, rechazó dar detalles de esos avances y señaló que el trabajo para lograr el registro “es inmenso” y el progreso, “lento”.

A la magnitud del reto, apuntó Cottom, se suma que año a año las instituciones culturales mexicanas sufren recortes de presupuesto y de personal: en 2012, el INAH y el INBA recibieron en conjunto 108.2 millones de dólares para ese fin. Para este 2016, el presupuesto de ambas instituciones para la conservación del patrimonio cultural fue de apenas 87.3 millones de dólares.

El presupuesto asignado por la Cámara de Diputados para la Conservación del Patrimonio Cultural de la Nación disminuyó en términos reales 28% en los últimos cinco años.

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El recorte podría continuar, pues según los datos de la Secretaría de Hacienda sobre el proyecto de presupuesto del gasto público 2017 del gobierno mexicano, la cifra para la protección de bienes culturales podría ser 8 mil dólares inferior.

Y no sólo es cuestión de presupuesto, el próximo año hay un nuevo reto: la entrada en vigor presupuestal de la Secretaría de Cultura.

Hasta diciembre de 2015 la conservación y protección del patrimonio cultural estuvo en manos de la Secretaría de Educación Pública a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), un órgano que estuvo a cargo de coordinar las actividades de todas las dependencias de gobierno vinculadas a cualquier tipo de actividad cultural.

Conaculta dejó de existir oficialmente el 18 de diciembre de 2015, pero como para ese entonces el presupuesto 2016 ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, la Secretaría de Cultura no tuvo presupuesto asignado.

En 2017, la Secretaría de Cultura ejercerá por primera vez recursos para la protección y conservación de bienes culturales a través de las nuevas unidades administrativas y oficinas ligadas al INAH y al INBA.

Será la primera vez que México contará con una secretaría de estado directamente vinculada al tema, pues siempre lo había hecho a través de subsecretarías u organismos descentralizados que eran coordinados por la autoridad educativa del país y no por una cultural.

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El arte sacro, un cliente frecuente

Paul Achar, presidente de la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas, afirmó  en entrevista que el poco presupuesto para tener un registro público sobre las obras que el país posee facilita su robo y desaparición, pues muchas veces ni siquiera existen datos sobre las piezas y por eso es más sencillo venderlas y trasladarlas.

El caso de la parroquia de Santa Isabel de Portugal es un ejemplo. Trabajadores de la iglesia afirmaron que las autoridades culturales no hacían un seguimiento riguroso al estado de las obras en el templo. Cuando la comunidad optó por mandar a hacer réplicas de las pinturas robadas, no pudo acudir a registro oficial alguno. Los vecinos tuvieron que buscar imágenes de las obras en sus álbumes familiares para poder recrearlas.

Animal Político solicitó una entrevista al INAH sobre este caso, pero no obtuvo respuesta. En la Comisión de Arte Sacro de la Arquidiócesis Primada de México dijeron que no tenían disponibles los datos sobre el robo ni las características de los óleos.

En el país existen más de 19 mil sitios dedicados al culto religioso, de acuerdo con información que aparece en la página del poder Legislativo mexicano.

El sacerdote José Raúl Hernández Schäfler, encargado de la Comisión de Arte Sacro de la Arquidiócesis Primada de México, dijo que para combatir la falta de registros la iglesia católica está elaborando un catálogo con las obras que se encuentran en cada uno de los templos del país.

El religioso reconoció en entrevista que completarlo podría tardar 15 años, a partir de este 2016, y que ello implica que continúe la pérdida de patrimonio:  “Como no existe un catálogo completo, pormenorizado, con todos los elementos de descripción, de medidas, de fotografías, entonces es muy difícil dar la información a aduanas, a la PGR, a los ministerios públicos, porque no se tiene un catálogo adecuado”.

En junio de 2010, el gobierno mexicano informó que el INAH, el Conaculta y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tenían un avance de 75% en la elaboración de un catálogo del arte sacro bajo resguardo en el país, pero seis años después las fuentes consultadas no pudieron confirmar la existencia o publicación del documento.

Del total de piezas que el INAH ha reportado como robadas y no han sido recuperadas en los últimos trece años, 827 —el 17.3%— son piezas históricas, entre las que se incluyen obras de arte sacro.

A estas cifras se suman los casos no reportados. El sacerdote José Raúl Hernández Schäfler reconoció que al faltar piezas en una iglesia, lo más común es que el mismo personal religioso elija no denunciar. Esto hace que muchos de los robos de piezas de arte sacro sean invisibles.

Según la PGR, el gobierno federal cuenta con un Catálogo de Bienes Culturales Robados que consta de 539 páginas con fotografías e información detallada sobre cada pieza robada, pero tras una solicitud de información pública dijo que el documento está reservado por tratarse de investigaciones en curso o información que forma parte de alguna.

La única información pública disponible con detalle sobre bienes culturales robados en México es la de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), a la que Animal Político accedió como parte del proyecto Memoria Robada, una investigación internacional que analiza el tráfico de patrimonio cultural en América Latina.

La base de datos de Interpol sobre México cuenta con 320 registros que incluyen información sobre el tipo de obra, imagen o nombre de la pieza; sitio y fecha de desaparición, o detalles como tamaño y autor.

Aunque la información de Interpol se basa en la que reporta la misma PGR tras el robo de un bien cultural, los datos disponibles en México no coinciden con los de la policía internacional.

Interpol, PGR, INAH e INBA poseen un registro distinto sobre los bienes perdidos en el país, no sólo en cuanto a número de piezas desaparecidas, sino también respecto a los detalles de cada una, fechas o características.

“Si tuviéramos un catálogo en el que quedara perfectamente estipulado quién es el propietario, hablando de bienes del país, sería mucho más sencillo encontrar las piezas, rastrearlas”, dijo Paul Achar, presidente de la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas.

Las autoridades mexicanas no cuentan con información sobre qué obras con reporte de robo están bajo sospecha de haber salido del país. Los vecinos de la comunidad de Santa Isabel Tola rumoran que las pinturas robadas de su templo en agosto de 2008 salieron de inmediato hacia el exterior.

En realidad, no hay datos que confirmen o rechacen esa versión.

Mientras tanto, el INAH reporta que entre 2006 y 2016 logró recuperar piezas arqueológicas mexicanas en diez ciudades estadounidenses como Dallas, Houston, Mc Allen, El Paso, Laredo y San Antonio en el estado de Texas; Los Ángeles y San Francisco en California; Miami en Florida; y Albuquerque en Nuevo México. También en localidades no especificadas de Seattle, Kansas City, Boston, Brownsville y Carolina del Norte.

Ese instituto también ha recibido información de piezas robadas en México que en los últimos diez años han aparecido en Italia, España, Bélgica y Alemania.

El problema es que México cuenta con siete tratados bilaterales vigentes en materia de recuperación de patrimonio cultural, pero ninguno con un país europeo, sino con Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Belice, Perú, Uruguay y Chile.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana rechazó informar sobre el proceso para restituir bienes culturales robados al argumentar que se trata de negociaciones diplomáticas vigentes con esos países.

El sacerdote Jaime Hernández insistió en que ya no espera un avance de las investigaciones para recuperar los óleos de la parroquia de Santa Isabel de Portugal. Dijo que los actuales óleos “no le piden nada a los pasados” en belleza. Aunque las obras robadas eran del siglo XVII y XVIII, “las nuevas son obras muy fieles. El recuperar la vista del retablo y sus óleos nos hizo trabajar mucho, hizo conciencia en la comunidad, se bendijo nuevamente el retablo, y ya es de nuevo una expresión de la esperanza de la gente”.

Pero para otros habitantes consultados, el rendirle culto a réplicas en la iglesia sigue representando un agravio, el recuerdo de la falta de control sobre el patrimonio del pueblo, y de la falta de resultados de las autoridades.

“Al principio fue muy sonado el caso, pero ya no se sabe nada, nadie ha estado pendiente de la investigación”, dijo una mujer que trabaja en una panadería, frente a la iglesia donde la gente se hinca y reza frente al recuerdo de un robo.

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La mayoría de las misteriosas emisiones de gas que destruyen la capa de ozono provienen de China

El gas, llamado CFC-11, es usado en la fabricación de espumas aislantes de poliuretano para casas y es además un potente gas de invernadero. A pesar de que un tratado internacional prohibió su producción, un equipo internacional de investigadores confirmó que sigue siendo emitido en grandes cantidades en el este de China.
24 de mayo, 2019
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Rigby et al
Estaciones de monitoreo en Corea del Sur y Japón fueron clave para determinar que las emisiones del gas prohibido provenían del este de China.

Ya no hay dudas sobre las principales fuentes del enigmático aumento de un gas que destruye la capa de ozono.

El gas, llamado CFC-11, era usado principalmente en la fabricación de espumas aislantes para casas, pero se acordó a nivel internacional que la producción cesaría gradualmente a partir del año 2010.

Sin embargo, los científicos detectaron un extraño fenómeno: el ritmo de reducción se ha vuelto más lento en los últimos seis años.

Un nuevo estudio publicado en la revista Nature asegura tener una explicación. Gran parte de las emisiones provienen de fábricas que siguen manufacturando material aislante con el gas dañino en provincias del este de China.

El CFC-11 es también llamado triclorofluorometano, y es un tipo de clorofluorocarbono o CFC, una serie de sustancias químicas desarrolladas inicialmente como refrigerantes en la década de 1930.

A los científicos les llevó décadas descubrir que cuando los CFCs se descomponen en la atmósfera, liberan átomos de cloro que rápidamente destruyen la capa de ozono que nos protege de la luz ultravioleta.

El gran agujero en la capa de ozono sobre la Antártica fue descubierto recién a mediados de la década de 1980.

La comunidad internacional acordó el llamado Protocolo de Montreal en 1987, que prohibió la emisión de los CFCs más perjudiciales.

Estudios recientes indican que si se respeta la prohibición, la brecha en la capa de ozono en el Hemisferio Norte podría desaparecer para 2030, y la de la Antártica para cerca de 2060.

¿Cuándo se descubrió el problema de los CFC?

CFC-11 era el segundo CFC en abundancia, y las emisiones del gas comenzaron a bajar tras el protocolo de Montreal de acuerdo a lo esperado.

Sin embargo, en 2018 un equipo de investigadores encontró que el ritmo de disminución se redujo en un 50% después de 2012.

Uso espuma aislante en la construcción de una casa

Getty Images
El gas prohibido, CFC-11, es usado en la fabricación de espumas aislantes para la construcción.

Las mediciones de estaciones de monitoreo en Corea del Sur y Japón fueron clave para detectar las misteriosas fuentes de CFC-11.

Los científicos especularon que el motivo de la caída en el ritmo de reducción era que el gas se seguía produciendo en el este de Asia.

Los autores del nuevo estudio señalan que si las fábricas que usan CFC-11 no son clausuradas, esto puede retrasar en una década la reparación de la capa de ozono.

¿Qué hallaron los científicos en el terreno?

Estudios adicionales de la Agencia de Investigación de China en 2018 indicaron que efectivamente ese país era la fuente de las emisiones.

El organismo constató el uso ilegal de CFC-11 en la gran mayoría de las fábricas productoras de aislantes de poliuretano que fueron investigadas.

Atmósfera sobre la superficie de Tierra

Getty Images
El Protocolo de Montreal prohibió el uso de algunas sustancias que destruyen la capa de ozono, vital para protegernos de los rayos ultravioleta.

Un vendedor señaló a la agencia que cerca del 70% del material aislante en hogares chinos es fabricado usando el gas prohibido.

Y el motivo es simple: CFC-11 es un producto de mejor calidad y mucho más barato que otros alternativos.

¿Qué demuestra este nuevo estudio?

El trabajo confirma más allá de cualquier duda razonable que entre el 40 y el 60% del aumento en emisiones de CFC11 proviene de provincias en el este de China.

Los científicos demostraron que desde 2012, los niveles de CFC-11 aumentaron debido a la producción en fábricas chinas en esa parte del país.

Los investigadores calcularon que hubo un aumento de un 110% en la producción del gas en esa región entre 2014 y 2017, en comparación con el período entre 2008 y 2012.

Agujero en la capa de ozono

NASA
El agujero en la capa de ozono sobre Antártica, visto en esta imagen en septiembre de 2018, podría repararse para 2060. Pero la producción de gases prohibidos en China puede retrasar esto una década.

“Este nuevo estudio se basa en aumentos bruscos en las mediciones del aire que viene de China”, señaló al programa Inside Science de la BBC el autor principal del estudio, Matt Rigby, profesor del departamento de química de la Universidad de Bristol en Inglaterra.

“Usando simulaciones por computadora del transporte de estos gases en la atmósfera pudimos calcular emisiones de diferentes regiones, y así llegamos a la estimación de emisiones extra de 7.000 toneladas de CFC-11 provenientes de China en comparación con los niveles anteriores a 2012”.

“Sin embargo, los datos indican los niveles del gas en la atmósfera, pero no cómo fue usado ese gas donde fue producido”, afirmó Rigby

Es posible que el gas haya sido producido en otra región de China o incluso en otro país, y haya sido transportado a las fábricas de espumas aislantes. Es en esta última etapa que parte del CFC-11 es emitido a la atmósfera”.

¿De dónde proviene el resto de las emisiones?

Los científicos no están seguros. Es posible que el 40% restante provenga de otras partes de China, que no están cubiertas por las estaciones de monitoreo.

También podrían originarse en India, África o Sudamérica, pero el monitoreo de las emisiones de CFC-11 en esas regiones es muy escaso, según el estudio.

¿Tiene el aumento de CFC-11 implicaciones para el cambio climático?

Sí. Los autores del estudio señalan que estos clorofluorocarbonos también son gases de invernadero extremadamente potentes.

Uso de espumas aislantes

Getty Images
El gas usado en espumas aislantes de poliuretano es un potente gas de invernadero. Una tonelada de CFC-11 equivale a cerca de 5.000 toneladas de CO2 o dióxido de carbono.

Una tonelada de CFC-11 equivale a cerca de 5.000 toneladas de CO2 o dióxido de carbono.

“Estas emisiones extra que identificamos en el este de China equivalen a la emisión de cerca de 35 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera al año, una cantidad similar al 10% de las emisiones anuales de todo Reino Unido, o las emisiones anuales totales de Londres“, afirmó Rigby.

¿Qué medidas tomará China?

Las autoridades chinas afirman que ya comenzaron a tomar medidas para reducir la producción del gas dañino por parte de lo que describe como “fabricantes corruptos”.

Varios sospechosos arrestados en la provincia de Henan en noviembre poseían 30 toneladas de CFC-11.

Clare Perry, de la Agencia de Investigaciones Ambientales, Environmental Investigations Agency o EIA, una ONG británica, señaló que el nuevo estudio enfatiza la necesidad de acabar con la producción de ese gas.

“Creo que con este estudio ya no quedan dudas de que China es la fuente de estas emisiones inesperadas, y esperamos que las autoridades chinas hagan todo lo necesario para descubrir las fuentes de la producción CFC-11“.

“A menos que la producción de esta sustancia química se elimine será casi imposible impedir su uso por parte de las compañías fabricantes de espumas aislantes”.


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