Lanzan campaña de solidaridad para un sonorense enjuiciado por disparar en defensa propia
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Archivo / Cuartoscuro

Lanzan campaña de solidaridad para un sonorense enjuiciado por disparar en defensa propia

Internautas crearon una campaña para ayudar al ingeniero sonorense Juan Pedro Baca, quien es enjuiciado por haber disparado en defensa propia contra uno de sus agresores.
Archivo / Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
21 de octubre, 2016
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Luego de que Animal Político expuso el caso del ingeniero Juan Pedro Baca Ramírez, un padre de familia sonorense que lleva cinco años sometido a proceso penal, por disparar en defensa propia contra personas que allanaron su vivienda y agredieron a su esposa e hijas, distintos lectores se comunicaron a nuestra redacción, para ofrecer su solidaridad a esta familia, que ha perdido todo.

El pasado 20 de octubre, esta solidaridad cristalizó en dos acciones a través de redes sociales: una colecta de fondos en apoyo de la familia Baca, y una convocatoria a abogados que puedan asistirlos legalmente, de forma gratuita.

Tal como reportamos el pasado 29 de septiembre, el ingeniero Baca es un hombre de 66 años, padre de dos hijas, una de diez años, y otra 32, que presenta discapacidad intelectual.

En 2010, el ingeniero sonorense solicitó apoyo a las autoridades municipales de Hermosillo, debido a que su vecino insistía en bloquear el acceso a su vivienda, estacionando autos chatarra frente a su puerta.

A pesar de los distintos escritos que dirigió al ayuntamiento sonorense, el ingeniero Baca nunca recibió respuesta de las autoridades. En cambio, con el paso del tiempo, la actitud del vecino, y sus hijos, todos adultos, se fue tornando cada vez más agresiva, hasta que en marzo de 2011, integrantes de esta familia decidieron invadir la morada de la familia Baca y atacarlos físicamente.

Así narró los hechos la señora Bárbara: “Eran pasadas las 5 de la tarde del 6 de marzo de 2011. Nosotros veníamos regresando de Caborca, y al llegar a nuestro domicilio nos percatamos que había mucha gente afuera, en la casa del vecino. Estaban teniendo una celebración, estaba el vecino, don Ramón, sus hijos Lalo y Beto, sus nueras, y varios familiares más… estaban tomando.”

“Metimos la camioneta y cerramos la reja con la cadena, y empezamos a bajar a las niñas y a meter a la casa las mochilas que llevábamos, y cuando voy dando la segunda vuelta a la camioneta, para traer una última mochila que faltaba, me percato que se deja venir el montón de gente sobre la reja… El señor Ramón, el vecino, empezó a gritarle a mi esposo que no importaba que lo demandara, que él lo iba a dejar inválido, para que se arrepintiera toda la vida.”

“Nos encerramos dentro de la casa, y metimos a las niñas a su recámara (…) Poco después, escuchamos que rompieron la cadena de la reja y se metieron al porche de la casa, y también nos dimos cuenta que estaban golpeando el aire acondicionado de la azotea, para tumbarlo y meterse por el hueco. Luego rompieron la ventana de la cocina y la del baño, pero no pudieron meterse porque una tiene rejas y la otra es muy chiquita. Eran Lalo y Beto, los hijos del vecino, que son ya hombres adultos, y a través de las ventanas rotas, nos gritaban que ya nos había llevado la chingada. Estaban muy borrachos.”

Tras varios minutos de gritos y amenazas, “Beto rompió la puerta interior de la casa y se metió”. 

Luego de arrojar a la señora Bárbara contra el suelo, “Beto se fue sobre mi esposo, comenzaron a forcejear y entonces mi esposo disparó”.

El arma que usó el ingeniero sonorense para defenderse fue una pistola calibre 22, que no es de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, y que guardaba en un cajón, hasta el día de los hechos.

Aún en su desesperación, la señora Bárbara tuvo la precaución de registrar el ataque a su vivienda, con una grabadora de audio.

Este audio, de 20 minutos –y al que tuvo acceso Animal Político–, confirma los hechos: registra las amenazas de muerte que desde fuera del inmueble lanzan distintas personas, registra el momento en que es rota la reja exterior, y luego cuando la puerta interior es quebrada; se escucha el forcejeo de dos hombres, luego viene una detonación y un grito de dolor. Por último, se escucha la voz de la señora Bárbara, angustiada, diciendo a su atacante: “¿Para qué te metiste? ¿Para qué te metiste?”.

El lesionado, Manuel Alberto Segura Romero, fue dado de alta tres días después de los hechos, tras sufrir una herida leve en el costado del tórax.

El ingeniero Baca, por el contrario, pasó un año en la cárcel y lleva cuatro más en libertad condicional, sometido a juicio, y bajo la amenaza de volver a prisión en caso de recibir una sentencia condenatoria.

A pesar de las evidencias de que el ingeniero sonorense actuó en defensa de su familia, entre las que destaca la grabación en audio de los hechos, el Ministerio Público lo acusó de haber disparado contra su vecino en la vía pública, y de haber arrastrado su cuerpo hasta el interior de su vivienda.

A raíz de esta acusación, el ingeniero Baca perdió su trabajo en el ramo minero, tuvieron que abandonar su hogar y hoy, él y su familia, sobreviven del comercio callejero y, cuando esto no da, recogen la comida desechada en el basurero del mercado municipal.

“La pistola estuvo años en un cajón –narró el ingeniero Baca, en entrevista–, pero el día que nos atacaron, yo la saqué de ese cajón, porque vi amenazada la vida de mis hijas y de mi esposa. Y cuando los atacantes entraron a la casa, golpeando a mi mujer y avanzando hacia el cuarto de mis hijas, yo actué en legítima defensa, las defendí a ellas y a mí mismo.”

Por esta situación, añadió, “perdimos la casa, no tenemos trabajo, no pude inscribir a mi hija en la escuela este año y, a veces, no tenemos ni para comer. Cuando tenemos, apenas nos alcanza para comprar sopas. A veces nos alcanza para comprar tres sopas y eso comemos, y a veces sólo nos alcanza para una sopa… yo soy ingeniero minero, pero desde hace cinco años nadie me da trabajo, quedé estigmatizado, y ahora subsistimos de lo que salga, he vendido ropa de segunda mano en tianguis, y he ido a recoger verduras y fruta de la que tiran en los mercados.”

A raíz de su denuncia pública, usuarios de “Reddit” lanzaron una carta convocando a la solidaridad de internautas que estén en condición de tenderle una mano a esa familia sonorense, ya que “Juan Baca no tiene abogado el día de hoy y lucha por probar su inocencia, en constante riesgo de volver a la cárcel por haber defendido a su familia”.

Acompañan a esta convocatoria los expedientes relacionados con su proceso penal, con la intención de que abogados solidarios puedan brindarle asesoría.

Asimismo, se invita a todos y todas quienes deseen apoyar a “además de donar, inundar las cuentas de Twitter de sus legisladores y senadores para que apoyen esta causa”.

Como complemento, internautas crearon también una colecta digital a través del sistema GoGetFunding, para recabar fondos que ayuden a esa familia sonorense a enfrentar la precaria condición a la que están sometidos. Esta colecta ha reunido ya 4 mil 649 pesos.

Si deseas expresar tu solidaridad a la familia Baca, puedes suscribir la carta de apoyo y comunicarte directamente con ellos dando clic aquí.

Y si estás en condición y deseas brindar un apoyo económico, ingresa a la colecta dando clic aquí.

Cuentas de antemano con el agradecimiento del ingeniero Juan Pedro Baja, su esposa Bárbara, y sus dos hijas.

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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