Jueces dejan impune la tortura de policías contra detenidos en el Estado de México
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Jueces dejan impune la tortura de policías contra detenidos en el Estado de México

México Evalúa y el CIDE presentan este jueves el informe ‘Cómo se juzga en el Estado de México’, revela que la policía estatal no investiga los crímenes: además de que los jueces no toman en cuenta los reportes sobre tortura a detenidos.
Cuartoscuro
Por Manu Ureste
20 de octubre, 2016
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En el Estado de México (Edomex), los jueces no investigan la tortura ni otros tratos crueles contra personas detenidas por las fuerzas de seguridad en la entidad, aunque el informe de un médico certifique los abusos.

Esta es una de las conclusiones que investigadores de México Evalúa y el CIDE revelan en el estudio ‘¿Cómo se juzga en el Estado de México?’; una “radiografía” de cómo ha operado el nuevo sistema de justicia penal desde que en 2009 comenzara a implementarse gradualmente en la entidad, siendo una de las primeras en el país en hacerlo.

El informe, realizado a partir del análisis de mil 145 casos de personas detenidas y con procesos penales concluidos entre 2010 y 2014, señala que en el 18% de los casos se encontraron certificados de médicos legistas que determinaron que el detenido tenía fracturas por golpes o lesiones derivadas del uso de descargas eléctricas, que denotan tortura u otros tratos denigrantes.

O en números enteros: de mil 145 casos, en 206 un médico certificó algún tipo de abuso.

A pesar de estos más de 200 detenidos con lesiones -aunque los investigadores sospechan que la cifra es mayor, debido a que los médicos trabajan regularmente con las fuerzas de seguridad y puede que no reporten todos los casos para evitarse problemas-, los jueces ignoraron los reportes médicos, aun y cuando organismos internacionales como las Naciones Unidas han advertido que la tortura es una práctica generalizada e impune en México.

De hecho, de esos 206 casos de abusos certificados, los jueces no ordenaron que se realizara una investigación contra las fuerzas de seguridad ni una sola vez, ni tampoco liberó al detenido, ni desestimó su declaración.

Por el contrario, en casi el 100% de los casos (el 97.4%) decidieron ‘palomear’ la actuación de la policía y de la fiscalía, a pesar de los abusos. Y sólo en el 2.6% (5 de 206), el juez excluyó las pruebas de la acusación.

Jueces ignoran pruebas

“En los casos de tortura, los jueces no hacen absolutamente nada”, critica en entrevista con Animal Político Gustavo Fondevila, investigador del CIDE que participó en la elaboración del informe.

“Es decir –añade-, no invalidan las pruebas obtenidas mediante tortura, no ordenan investigar a ninguna autoridad, y ni siquiera hablan a la comisión estatal de derechos humanos para reportar los casos”.

El investigador admite que no tienen una respuesta a por qué los magistrados no invalidan las pruebas obtenidas mediante tortura.

Tal vez, plantea, se deba “a una cuestión cultural”: “Puede que haya jueces que digan, ‘bueno, esta persona está acusada de homicidio, y no la voy a dejar libre porque la torturaron’, por ejemplo. O puede que otros jueces piensen que las policías solo dan resultados con la tortura como método de investigación, y que si empieza a tirar casos por acusaciones de abusos, entonces se acabe el sistema penal”.

La policía de investigación que no investiga

Otro de los puntos clave que plantea el informe es que la investigación policial en el Edomex casi no existe. O al menos, no arroja resultados positivos.

Y para corroborarlo un par de datos:

Uno, de mil 145 casos analizados de personas imputadas por algún delito entre 2010-2014, el 91.7% (mil 049) fueron detenidas en flagrancia; es decir, fueron capturadas en el momento de cometer el delito y sin que hubiera una investigación previa, o una muy simple.

Y dos, solo el 8.3% (95) de los imputados fueron detenidos mediante una orden de aprehensión, la cual suele requerir investigaciones policiacas previas.

“Que más de nueve de cada 10 imputados hayan sido detenidos en flagrancia sugiere una baja capacidad de investigación policial bajo supervisión de la fiscalía. Es decir, no parece existir un Ministerio Público investigador que solicite activamente órdenes de aprehensión después de haber recabado dato de prueba en una investigación”, critica el informe.

O dicho con otras palabras: en el Estado de México, si la persona no es detenida al momento de cometer el delito, la probabilidad de que la detengan fruto de una investigación, es muy baja.

¿Cuáles son, entonces, los delitos que sí investigan los MP?

Según apunta el investigador Gustavo Fondevila son los robos o asuntos de “poca complejidad”, para los que interrogan a testigos que la propia policía preventiva les lleva.

“En 9 de cada 10 casos los policías preventivos hacen todo el trabajo, mientras que los MP hacen solo el papeleo”, subraya Fondevila, quien concluye exponiendo un ejemplo muy gráfico: “Es como si a los ministerios públicos les llevaran ya el cerdo atado, con la manzana en la boca, y solo tuvieran que encender el fuego para cocinarlo”.

Aquí puedes leer el informe completo:

Como_Juzga_Edomex (1) by mureste4878 on Scribd

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Las 24 horas de ataques sincronizados del narco en Ecuador que dejaron 6 muertos y llevaron a un nuevo estado de excepción

Los tiroteos por parte de grupos del crimen organizado en Ecuador se han atribuido al traslado de presos del Penal del Litoral, en Guayaquil.
2 de noviembre, 2022
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Dos provincias de Ecuador vivieron 24 horas de terror cuando bandas armadas realizaron ataques sincronizados que fueron calificados por el presidente Guillermo Lasso como “una declaración de guerra” contra el estado de Derecho, el gobierno y la ciudadanía.

El mandatario decretó un nuevo estado de excepción en Guayas y Esmeraldas por 45 días, que implica un toque de queda desde las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana.

Según informó el diario El Universo, hasta el momento hay cinco policías muertos, atacados a tiros mientras patrullaban las calles de estas dos provincias, y un civil, quien falleció, por una herida de bala en la cabeza.

La mayoría de los ataques se produjeron entre la una y las tres y media de la madrugada, e incluyeron detonaciones de artefactos explosivos y coches bomba en los alrededores de gasolineras, terminales de autobuses y comisarías.

Como indicó en septiembre la enviada especial de BBC Mundo a Guayaquil Valentina Oropeza, “el Ministerio del Interior y la Policía Nacional han registrado 145 atentados con explosivos en Ecuador entre enero y agosto de este año, un récord en la historia del país. 72 de ellos, casi la mitad, han ocurrido en Guayaquil”.

Los atentados continuaron en horas de la tarde, por ejemplo frente al edificio municipal de Durán, ciudad vecina a Guayaquil, que tiene la segunda tasa de homicidios más alta del país, según informó el medio GK.

Traslados “por reparaciones”

Los ataques habrían sido -según la prensa local- una respuesta de grupos vinculados al narcotráfico a un traslado de cientos de presos del Penal del Litoral, ubicado en Guayaquil y escenario de motines sangrientos en los últimos dos años (unos 120 internos murieron en esta cárcel en septiembre de 2021).

El diario El Universo informó de panfletos atribuidos a las bandas Los Lobos y Los Tiguerones que advertían el lunes pasado con hacer uso de su poder logístico y armamento si “tocaban” a su gente de los pabellones 8 y 9 de esa penitenciaría.

Familiares de presos en el el Penal del Litoral

Getty Images
Familiares de presos en el el Penal del Litoral se autoconvocaron desde el lunes afuera de la penitenciaría.

Se desconoce aún a qué otros centros de rehabilitación fueron llevados los presos, cuyo traslado fue atribuido por el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores) a “reparaciones en los pabellones”.

“No sabemos a dónde los llevan, los mandan a morir”, dijo a este diario uno de los familiares que desde la noche del 31 de octubre se autoconvocaron en las afueras del Penal del Litoral ante las primeras noticias de los traslados y con temor a nuevas masacres carcelarias que han dejado más de 400 muertos en Ecuador desde 2020.

Mientras, en un centro de rehabilitación de Esmeraldas siete funcionarios penitenciarios fueron secuestrados por los presos y más tarde liberados.

“Incomodidad”

En este marco de violencia, el presidente suspendió sus vacaciones familiares a Orlando, Estados Unidos, por las que había sido criticado en redes sociales debido a la situación de violencia en el país, y se trasladó a Guayaquil -capital de la provincia del Guayas- para encabezar la respuesta del gobierno a esta última ola de atentados.

Según Lasso, lo ocurrido en estas 24 horas muestra “claramente los límites que la delincuencia organizada transnacional está dispuesta a traspasar”.

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador

Getty Images
El presidente Lasso ha decretado varios estados de excepción desde 2020 pero la violencia no se detiene en el país.

“La narcodelincuencia se siente incómoda y manifiesta su malestar con violencia”, añadió el mandatario, atribuyendo la reacción de las bandas armadas al combate de su gobierno al tráfico de drogas.

Como informó Valentina Oropeza, en 2022 Ecuador figura como el tercer país donde se incauta más cocaína después de Colombia y Estados Unidos, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga.

Guayaquil, el mayor puerto marítimo del país, también es el principal puerto de salida de la droga que navega por el Pacífico hacia el norte del continente americano.


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