Las claves de la iniciativa que busca dar amnistía a detenidos en protestas en la CDMX
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Manu Ureste

Las claves de la iniciativa que busca dar amnistía a detenidos en protestas en la CDMX

Este jueves 20 de octubre está prevista la discusión en la ALDF de la ley de Amnistía que propone Morena; el PAN y el PRI la apoyan; el GDF se opone.
Manu Ureste
Por Manu Ureste
19 de octubre, 2016
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Mañana jueves 20 de octubre está previsto que se discuta en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la propuesta de ley que busca conceder amnistía a todas las personas que fueron detenidas, procesadas, sentenciadas, o con orden de detención pendiente de ejecutar, por delitos imputados durante actos de protesta en la Ciudad de México (CDMX).

La iniciativa de Morena ya fue dictaminada por la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF el pasado 27 de septiembre. El PAN y el PRI en la ALDF reiteraron ayer su apoyo para que este jueves se discuta y apruebe la ley. Pero ésta continúa generando resistencias, especialmente en el gobierno de la CDMX, de extracción perredista, el cual considera la propuesta anticonstitucional.

En Animal Político te presentamos un análisis de las principales claves de la iniciativa, y de los puntos que el gobierno de la ciudad ha esgrimido en su contra.

¿Qué dice la iniciativa de Ley?

De aprobarse, la amnistía aplicaría para todos los ciudadanos contra quienes las autoridades de la ciudad emprendieron acciones penales por delitos como ataques a la paz pública, rebelión, motín, sabotaje o ataques a la autoridad, tras su participación en protestas en la Ciudad de México, del 1 de diciembre de 2012 al 1 de diciembre de 2015.

Aunque durante la discusión del dictamen el Partido Acción Nacional (PAN) propuso que quienes busquen la amnistía deben demostrar que sufrieron detenciones arbitrarias, el proyecto de ley finalmente estableció que la amnistía es incondicional para todos los detenidos en marchas en la ciudad, del 1 de diciembre de 2012 al 1 de diciembre de 2015. No obstante, el diputado panista Ernesto Sánchez reiteró el pasado lunes que apoyarán la liberación de los presos, siempre y cuando estos hayan sido detenidos por manifestarse de manera pacífica, y no se comprobara la comisión de delitos.

El artículo 2 del proyecto de ley que puedes leer íntegro aquí, también establece que cualquier persona que se encuentre actualmente prófugo de la justicia “dentro o fuera del país” por delitos imputados tras su participación en protestas, también se beneficiarían de la amnistía.

Además, la iniciativa contempla que las autoridades deberán cancelar las órdenes de aprehensión pendientes, y que en los casos de imputados con causas abiertas, el juez deberá declarar el proceso terminado y ordenar la puesta en libertad.

¿A quién reconoce como víctimas?

La ley de amnistía reconoce como víctimas a quienes sufrieron detenciones arbitrarias, violaciones a derechos humanos, o fueron víctimas de algún delito, con motivo de su participación en movilizaciones y protestas en la fecha señalada. Asimismo, serán reconocidas como víctimas las personas que sufrieran en este contexto algún daño económico, físico, mental o emocional.

Granaderos del DF, custodiando un marcha, en una imagen de archivo.

Granaderos del DF, custodiando un marcha, en una imagen de archivo.

¿Quién determinará si hubo detención arbitraria?

El proyecto establece que la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del DF será la encargada de revisar todos los casos “donde notoria y abiertamente existan violaciones a derechos humanos e inconsistencias que pongan en entredicho la aplicación de la justicia y el debido proceso”.

La Comisión podrá canalizar a las autoridades todos los casos en los que se demuestre la participación de servidores públicos en delitos contra las víctimas, y solicitar a la Secretaría de Gobierno de la CDMX medidas de reparación, como la creación de un programa de reinserción social para las víctimas, y de reinserción al estudio y al trabajo para las personas que fueron detenidas y/o sentenciadas.

Morena dice que se beneficiará a 500; el GDF dice que a 4

De aprobarse la amnistía, ésta sacaría automáticamente de la cárcel a cuatro personas que en la actualidad cumplen condena acusadas de haber cometido delitos durante diferentes protestas sociales.

Manuel Granados, consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México, criticó que esta amnistía sería “una ley individual o particular” que beneficiaría únicamente a estas cuatro personas. Por lo que, dijo en conferencia de prensa el pasado 12 de octubre, sería una ley anticonstitucional.

Cuestionado al respecto, César Cravioto, coordinador del grupo parlamentario Morena en la ALDF, rechazó las críticas. “Eso es una mentira –dijo Cravioto en entrevista con Animal Político-. Con la amnistía se beneficiaría aproximadamente a 500 personas que sufrieron procesos totalmente ilegales, amañados, y sin sustento jurídico”.

Entre esas 500 personas –puntualizó el diputado-, estarían los cuatro presos y también todos los que “actualmente enfrentan un proceso penal fuera de la cárcel”.

Cuestionado sobre cómo llegaron a la conclusión de que 500 personas podrían beneficiarse de la amnistía, Cravioto precisó que es una cifra obtenida a partir del recuento de personas que fueron detenidas en protestas del 1 de diciembre de 2012 al 1 de diciembre de 2015, y que fue realizado en colaboración con abogados.

Personas manifestándose en las inmediaciones del Senado, en una imagen de archivo.

Personas manifestándose en las inmediaciones del Senado, en una imagen de archivo.

¿Quiénes son los 4 presos que podrían obtener la amnistía?

Jesse Alejandro Montaño, de 31 años, detenido antes de la marcha del 1 de septiembre de 2013, en el Monumento a la Revolución, acusado de delitos contra la salud. Salió en libertad, pero fue detenido otra vez el 12 de junio de 2014 por subir a una megapantalla instalada con motivo del mundial 2014 en el Zócalo capitalino. La PGJDF lo acusó de ultrajes a la autoridad, portación de objetos aptos para agredir y posesión de mariguana. Sentenciado a 7 años y 7 meses de prisión.

Francisco Estrada, abogado coadyuvante de la defensa, explicó a Animal Político que pueden acreditar deficiencias en el caso. Por ejemplo, denunció, las autoridades capitalinas se negaron a revisar los videos ciudadanos y los captados por cámaras de seguridad, que “desmentirían las acusaciones”.

Luis Fernando Bárcenas Castillo, detenido el 13 de diciembre de 2014 durante una protesta contra el alza de las tarifas al Metro. Fue acusado de ataques a la paz pública en pandilla y de haber quemado el árbol de una refresquera. Condenado a 5 años y 9 meses. Según el abogado Estrada, el joven de 19 años y estudiante del CCH-Vallejo, fue sentenciado con la única prueba de un video “editado” en el que no se puede distinguir con detalle quién se encuentra en la protesta.

Abraham Cortés Ávila, de 23 años, detenido en la marcha del 2 de octubre de 2013, durante una carga policial que dejó varios detenidos. Condenado a 5 años y 9 meses por portación de objeto apto para agredir, tentativa de homicidio y ataques a la paz pública. El abogado coadyuvante denunció siembra de pruebas, agresiones físicas y psicológicas durante su traslado al MP, entre otras irregularidades.

Luis Fernando Sotelo, estudiante y activista, sentenciado a 33 años y 5 meses. Acusado de incendiar un Metrobús en CU, el 5 de noviembre de 2014. También fue parte del movimiento de protesta contra el alza al pasaje del Metro. Sus abogados señalaron que fue condenado solo con la declaración del chofer del Metrobús.

Solo Peña Nieto tiene facultad para dar amnistías: GDF

Ahora bien, ¿la ALDF puede otorgar amnistías? Según Manuel Granados, consejero jurídico del GDF, no tiene facultad para ello, ya que en la capital del país quien concede indultos para delitos previstos en el Código Penal local es el presidente, Enrique Peña Nieto. No obstante, para Morena la respuesta a esta pregunta no la puede dar el Gobierno capitalino, sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Animal Político buscó la opinión sobre esta iniciativa de Rebeca Peralta, diputada del PRD y presidenta de la comisión de penales en la ALDF, y de Leonel Luna Estrada, también diputado perredista y presidente de la comisión de gobierno en la ALDF, pero al momento de publicar esta nota no ofrecieron respuesta.

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Elecciones de mitad de período en Estados Unidos: ¿por qué la esclavitud está en las boletas de 5 estados?

La abolición de la esclavitud en Estados Unidos se estableció en 1865. Pero hay excepciones en algunos lugares. Los votantes decidirán en las elecciones del próximo 8 de noviembre si las mantienen.
6 de noviembre, 2022
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Han pasado 157 años desde que Estados Unidos prohibió la esclavitud, entendida como el acto por el cual una persona es propiedad legal de otra. Sin embargo, existe una exención para los presos condenados.

En la mayor parte de Estados Unidos, la esclavitud sigue siendo legal como castigo por un delito.

Pero el 8 de noviembre, los votantes de cinco estados (Alabama, Luisiana, Oregón, Tennessee y Vermont) decidirán si eliminan estas exenciones de sus constituciones estatales en un esfuerzo por prohibir la esclavitud por completo.

El resultado podría permitir que los presos dejen de estar sujetos al trabajo forzoso.

Unos 800 mil encarcelados trabajan actualmente a cambio de unos centavos, o a cambio de nada en absoluto.

Siete estados no pagan a los trabajadores presos ningún salario por la mayoría de las asignaciones de trabajo.

Los partidarios del cambio dicen que se trata de un vacío legal que permite la explotación y que debe terminarse.

Pero los críticos argumentan que eliminar esa exención no es asequible económicamente y que podría tener consecuencias no deseadas en el sistema de justicia penal.

“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124”

El sistema moderno tiene sus raíces en los siglos de esclavitud de los afroestadounidenses, dicen los investigadores de derechos humanos.

Curtis Ray Davis

Curtis Ray Davis
Davis escribió un libro sobre su experiencia en la cárcel de Luisiana.

En los años posteriores a la prohibición de la esclavitud, se aprobaron leyes que tenían como objetivo específico reprimir a las comunidades negras y que las obligaban a ingresar en prisiones donde se les exigiría que trabajaran.

En la actualidad, algunos estadounidenses negros encarcelados todavía se ven obligados a recoger algodón y otros cultivos en las plantaciones del sur donde sus antepasados fueron encadenados.

“Estados Unidos de América nunca tuvo un día sin esclavitud codificada”, dice Curtis Ray Davis II, quien pasó más de 25 años cumpliendo trabajos forzados en una prisión de Luisiana por un asesinato que no cometió, antes de ser indultado en 2019.

Davis tuvo una variedad de trabajos en la Penitenciaría Estatal de Luisiana -apodada “Angola”, por el país del que fueron llevados muchos de los esclavos africanos a esa área.

“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124”, describe Davis, a quien nunca le pagaron más de 20 centavos por hora por su trabajo. Fue “contra mi voluntad y a punta de pistola”, asegura.

Alrededor del 75% de los presos en la penitenciaría son negros, según Innocence Project, un grupo que trabaja para exonerar a los reos condenados injustamente.

Presos en una cárcel de Washington DC.

Getty Images

Argumentan que “Angola” es, esencialmente, un lugar donde la esclavitud estadounidense nunca terminó.

“Aunque la esclavitud se abolió, realmente fue solo una transferencia de propiedad de la esclavitud privada a, literalmente, una esclavitud sancionada por el estado”, afirma Savannah Eldrige de la Red Nacional Abolir la Esclavitud.

Su organización ha estado trabajando para ampliar el número de estados que prohíben la esclavitud sin excepciones y ha tratado de persuadir a los legisladores de Washington para que aprueben una ley similar que modifique la Constitución de Estados Unidos.

Colorado, Nebraska y Utah han aprobado medidas que prohíben todas las formas de esclavitud desde 2018.

Eldrige señala que el movimiento sumó el apoyo bipartidista, la única forma en que podría aprobarse en Utah y Nebraska, dominados por los republicanos.

En 2023, predice que las legislaturas de 18 estados votarán una legislación para prohibir la esclavitud.

“Consecuencias no deseadas”

Son pocos los opositores que se han manifestado en contra de los esfuerzos de los estados para eliminar el lenguaje de la esclavitud.

El movimiento encontró cierta resistencia por parte de los críticos que dicen que sería demasiado costoso pagar a los presos salarios adecuados, que no merecen la misma compensación, o que los cambios podrían perjudicar a los mismos reclusos.

Una votación en la legislatura de California para eliminar de la ley las referencias a la esclavitud fracasó este año después de que los demócratas, incluido el gobernador, advirtieran que pagar a los presos el salario mínimo estatal de US$15 por hora costaría más de US$1.500 millones.

Un grupo de presos encadenados fotografiados en 1909.

Getty Images
Un grupo de presos encadenados fotografiados en 1909.

La Asociación de Alguaciles de Oregón se opone también a la medida en ese estado, argumentando que conduciría a “consecuencias no deseadas” y a la pérdida de todos los “programas de resinserción”, que incluyen tareas mal pagadas como trabajar en la biblioteca, la cocina y la lavandería.

El grupo dice que les dan a los presos algo que hacer y “sirve como un incentivo para el buen comportamiento”, que es un factor durante las audiencias de libertad condicional.

Según ellos, existen dos problemas con la medida: que solo se aplica a los condenados, dejando fuera a las personas en prisión preventiva, y que podría significar el fin de cualquier programa penitenciario no autorizado específicamente por una sentencia judicial.

“Los alguaciles de Oregón no aprueban ni apoyan la esclavitud y/o la servidumbre involuntaria de ninguna forma”, asegura la asociación en un panfleto a los votantes, pero agrega que la aprobación de la medida “dará como resultado la eliminación de todos los programas de reinserción y el aumento de los costos para las operaciones carcelarias locales”.

Mano de obra penitenciaria

Los reclusos contribuyen a la cadena de suministro y la economía de muchas maneras, algunas de ellas sorprendentes.

Presos combatiendo el fuego.

Getty Images
Los presos son reclutados para combatir incendios forestales cada verano en algunos lugares del país.

Se les ha encargado hacer de todo, desde anteojos, placas de automóviles, hasta bancos de parques de la ciudad.

Procesan carne de res, leche y queso y trabajan en centros de soporte de llamadas para agencias gubernamentales y empresas importantes.

Puede ser difícil rastrear qué empresas utilizaron mano de obra penitenciaria, ya que el trabajo generalmente se realiza para un subcontratista.

El subcontratista luego vende los productos y servicios a grandes empresas que a veces desconocen su origen.

Las empresas que anteriormente se beneficiaron del trabajo penitenciario solo en Utah incluyen American Express, Apple, Pepsi-Co y FedEx, según un informe de junio de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Al menos 30 estados incluyen a los trabajadores penitenciarios en sus planes de operación de emergencia para desastres naturales y otros disturbios civiles.

Combaten incendios forestales en al menos 14 estados, según el informe de la ACLU.

“Necesarios pero no suficientes”

Sin embargo, es poco probable que la vida de los presos cambie de la noche a la mañana si los cinco estados con próximas votaciones respaldan un cambio.

“Estos referendos son necesarios pero no suficientes para acabar con la esclavitud”, opina Jennifer Turner, investigadora de derechos humanos de la ACLU.

Los tribunales aún tendrían que interpretar qué derechos tienen los trabajadores encarcelados y si obtendrán beneficios, como licencia por enfermedad.

Penitenciaría en Washington DC.

Getty Images

En los estados que eliminaron previamente la exención para este tipo de esclavitud hubo resultados variados.

En Colorado, un preso demandó al estado, argumentando que se estaba violando la prohibición de la esclavitud.

Pero un tribunal dictaminó en agosto que los votantes no tenían la intención de abolir todo el trabajo penitenciario y desestimó el caso.

Una cárcel en Nebraska comenzó a pagar a los reclusos entre US$20 y US$30 por semana después de que se eliminó la exención allí, según el diario The New York Times.

Se esperan más demandas legales a medida que los presos continúan presionando por derechos y protecciones.

Davis, quien fue encarcelado por error en Luisiana, dice que quitar la exención de la esclavitud para los presos eliminará un “incentivo” para que su estado natal encarcele a sus ciudadanos.

“Creo que cualquier persona de conciencia que entienda la ley de propiedad, sabe que los seres humanos no deben ser propiedad de otras personas”, le dice a la BBC.

“Y ellos no deberían ser propiedad del estado de Luisiana”.


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