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Manu Ureste
Las claves de la iniciativa que busca dar amnistía a detenidos en protestas en la CDMX
Este jueves 20 de octubre está prevista la discusión en la ALDF de la ley de Amnistía que propone Morena; el PAN y el PRI la apoyan; el GDF se opone.
Manu Ureste
Por Manu Ureste
19 de octubre, 2016
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Mañana jueves 20 de octubre está previsto que se discuta en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la propuesta de ley que busca conceder amnistía a todas las personas que fueron detenidas, procesadas, sentenciadas, o con orden de detención pendiente de ejecutar, por delitos imputados durante actos de protesta en la Ciudad de México (CDMX).

La iniciativa de Morena ya fue dictaminada por la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF el pasado 27 de septiembre. El PAN y el PRI en la ALDF reiteraron ayer su apoyo para que este jueves se discuta y apruebe la ley. Pero ésta continúa generando resistencias, especialmente en el gobierno de la CDMX, de extracción perredista, el cual considera la propuesta anticonstitucional.

En Animal Político te presentamos un análisis de las principales claves de la iniciativa, y de los puntos que el gobierno de la ciudad ha esgrimido en su contra.

¿Qué dice la iniciativa de Ley?

De aprobarse, la amnistía aplicaría para todos los ciudadanos contra quienes las autoridades de la ciudad emprendieron acciones penales por delitos como ataques a la paz pública, rebelión, motín, sabotaje o ataques a la autoridad, tras su participación en protestas en la Ciudad de México, del 1 de diciembre de 2012 al 1 de diciembre de 2015.

Aunque durante la discusión del dictamen el Partido Acción Nacional (PAN) propuso que quienes busquen la amnistía deben demostrar que sufrieron detenciones arbitrarias, el proyecto de ley finalmente estableció que la amnistía es incondicional para todos los detenidos en marchas en la ciudad, del 1 de diciembre de 2012 al 1 de diciembre de 2015. No obstante, el diputado panista Ernesto Sánchez reiteró el pasado lunes que apoyarán la liberación de los presos, siempre y cuando estos hayan sido detenidos por manifestarse de manera pacífica, y no se comprobara la comisión de delitos.

El artículo 2 del proyecto de ley que puedes leer íntegro aquí, también establece que cualquier persona que se encuentre actualmente prófugo de la justicia “dentro o fuera del país” por delitos imputados tras su participación en protestas, también se beneficiarían de la amnistía.

Además, la iniciativa contempla que las autoridades deberán cancelar las órdenes de aprehensión pendientes, y que en los casos de imputados con causas abiertas, el juez deberá declarar el proceso terminado y ordenar la puesta en libertad.

¿A quién reconoce como víctimas?

La ley de amnistía reconoce como víctimas a quienes sufrieron detenciones arbitrarias, violaciones a derechos humanos, o fueron víctimas de algún delito, con motivo de su participación en movilizaciones y protestas en la fecha señalada. Asimismo, serán reconocidas como víctimas las personas que sufrieran en este contexto algún daño económico, físico, mental o emocional.

Granaderos del DF, custodiando un marcha, en una imagen de archivo.

Granaderos del DF, custodiando un marcha, en una imagen de archivo.

¿Quién determinará si hubo detención arbitraria?

El proyecto establece que la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del DF será la encargada de revisar todos los casos “donde notoria y abiertamente existan violaciones a derechos humanos e inconsistencias que pongan en entredicho la aplicación de la justicia y el debido proceso”.

La Comisión podrá canalizar a las autoridades todos los casos en los que se demuestre la participación de servidores públicos en delitos contra las víctimas, y solicitar a la Secretaría de Gobierno de la CDMX medidas de reparación, como la creación de un programa de reinserción social para las víctimas, y de reinserción al estudio y al trabajo para las personas que fueron detenidas y/o sentenciadas.

Morena dice que se beneficiará a 500; el GDF dice que a 4

De aprobarse la amnistía, ésta sacaría automáticamente de la cárcel a cuatro personas que en la actualidad cumplen condena acusadas de haber cometido delitos durante diferentes protestas sociales.

Manuel Granados, consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México, criticó que esta amnistía sería “una ley individual o particular” que beneficiaría únicamente a estas cuatro personas. Por lo que, dijo en conferencia de prensa el pasado 12 de octubre, sería una ley anticonstitucional.

Cuestionado al respecto, César Cravioto, coordinador del grupo parlamentario Morena en la ALDF, rechazó las críticas. “Eso es una mentira –dijo Cravioto en entrevista con Animal Político-. Con la amnistía se beneficiaría aproximadamente a 500 personas que sufrieron procesos totalmente ilegales, amañados, y sin sustento jurídico”.

Entre esas 500 personas –puntualizó el diputado-, estarían los cuatro presos y también todos los que “actualmente enfrentan un proceso penal fuera de la cárcel”.

Cuestionado sobre cómo llegaron a la conclusión de que 500 personas podrían beneficiarse de la amnistía, Cravioto precisó que es una cifra obtenida a partir del recuento de personas que fueron detenidas en protestas del 1 de diciembre de 2012 al 1 de diciembre de 2015, y que fue realizado en colaboración con abogados.

Personas manifestándose en las inmediaciones del Senado, en una imagen de archivo.

Personas manifestándose en las inmediaciones del Senado, en una imagen de archivo.

¿Quiénes son los 4 presos que podrían obtener la amnistía?

Jesse Alejandro Montaño, de 31 años, detenido antes de la marcha del 1 de septiembre de 2013, en el Monumento a la Revolución, acusado de delitos contra la salud. Salió en libertad, pero fue detenido otra vez el 12 de junio de 2014 por subir a una megapantalla instalada con motivo del mundial 2014 en el Zócalo capitalino. La PGJDF lo acusó de ultrajes a la autoridad, portación de objetos aptos para agredir y posesión de mariguana. Sentenciado a 7 años y 7 meses de prisión.

Francisco Estrada, abogado coadyuvante de la defensa, explicó a Animal Político que pueden acreditar deficiencias en el caso. Por ejemplo, denunció, las autoridades capitalinas se negaron a revisar los videos ciudadanos y los captados por cámaras de seguridad, que “desmentirían las acusaciones”.

Luis Fernando Bárcenas Castillo, detenido el 13 de diciembre de 2014 durante una protesta contra el alza de las tarifas al Metro. Fue acusado de ataques a la paz pública en pandilla y de haber quemado el árbol de una refresquera. Condenado a 5 años y 9 meses. Según el abogado Estrada, el joven de 19 años y estudiante del CCH-Vallejo, fue sentenciado con la única prueba de un video “editado” en el que no se puede distinguir con detalle quién se encuentra en la protesta.

Abraham Cortés Ávila, de 23 años, detenido en la marcha del 2 de octubre de 2013, durante una carga policial que dejó varios detenidos. Condenado a 5 años y 9 meses por portación de objeto apto para agredir, tentativa de homicidio y ataques a la paz pública. El abogado coadyuvante denunció siembra de pruebas, agresiones físicas y psicológicas durante su traslado al MP, entre otras irregularidades.

Luis Fernando Sotelo, estudiante y activista, sentenciado a 33 años y 5 meses. Acusado de incendiar un Metrobús en CU, el 5 de noviembre de 2014. También fue parte del movimiento de protesta contra el alza al pasaje del Metro. Sus abogados señalaron que fue condenado solo con la declaración del chofer del Metrobús.

Solo Peña Nieto tiene facultad para dar amnistías: GDF

Ahora bien, ¿la ALDF puede otorgar amnistías? Según Manuel Granados, consejero jurídico del GDF, no tiene facultad para ello, ya que en la capital del país quien concede indultos para delitos previstos en el Código Penal local es el presidente, Enrique Peña Nieto. No obstante, para Morena la respuesta a esta pregunta no la puede dar el Gobierno capitalino, sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Animal Político buscó la opinión sobre esta iniciativa de Rebeca Peralta, diputada del PRD y presidenta de la comisión de penales en la ALDF, y de Leonel Luna Estrada, también diputado perredista y presidente de la comisión de gobierno en la ALDF, pero al momento de publicar esta nota no ofrecieron respuesta.

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Rafael Correa sobre el arresto de Julian Assange: Es una de las traiciones más grandes en la historia latinoamericana
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, arremetió contra el actual mandatario del país, Lenín Moreno, en su análisis sobre la detención del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
12 de abril, 2019
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Una venganza personal y una traición. En estos términos califica el expresidente de Ecuador Rafael Correa la expulsión del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, de la embajada ecuatoriana en Londres y su posterior arresto este jueves.

Correa señala directamente al actual presidente de su país, Lenín Moreno, como responsable de “una de las traiciones más grandes de la historia latinoamericana”.

En entrevista concedida a la BBC en Bruselas, Bélgica, Correa afirmó que la detención de Assange no le sorprende, aunque sí le resulta increíble “la brutalidad con la que se llevó a cabo”.

Cuestión de horas

“La suerte de Julian Assange ya estaba echada”, dijo Correa, que presidió Ecuador de 2007 a 2017.

“Desde el inicio de su gobierno, Lenín Moreno negoció con Estados Unidos la entrega de Julian Assange; eso ya se sabe, no es opinión, hay pruebas.

“Cuando recibió a Paul Manafort (exconsejero de Donald Trump) el 30 de mayo de 2017, testigos presenciales dicen que el mismo Lenín Moreno ofreció entregar a Julian Assange a cambio de que EE.UU. le dé ayuda financiera.

“Luego recibió al vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, el año pasado y acordaron tres cosas: aislar a Venezuela, dejar en la impunidad a Chevron y sacar a Julian Assange de la embajada de Ecuador”, señaló.

Mike Pence y Lenín Moreno

Getty Images
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitó Ecuador en junio de 2018.

“Lenín Moreno es una marioneta de Estados Unidos”, denunció el exmandatario.

Caso de corrupción

Para Correa, el elemento que terminó por acelerar el desenlace de este jueves fue la difusión por parte de WikiLeaks de los Papeles INA, un caso de corrupción que supuestamente involucra a Moreno y su familia.

“El último factor fue que WikiLeaks publicó hace unos días un caso de corrupción muy serio que implica a la familia de Lenín Moreno y al propio Lenín Moreno”, señaló el exmandatario.

“Es el final para él, terminará en la cárcel. Por eso, por venganza, quiso sacar a Assange de la embajada antes de salir del gobierno”.

Respeto al derecho internacional

Correa reveló que durante su presidencia, el gobierno ecuatoriano mantuvo conversaciones sobre el caso Assange, también con Suecia, “en el más estricto marco de respeto mutuo”.

“Somos -o éramos- un país soberano, no teníamos que pedir permiso a nadie para otorgar un asilo”, expuso.

Julian Assange, fundador de WikiLeaks

Getty Images
El asilo a Julian Assange en la embajada de Ecuador lo concedió el gobierno de Rafael Correa en junio de 2012.

“Jamás hemos querido impedir la marcha de la justicia, como se quiso decir en un momento. Suecia siempre pudo interrogar a Julian Assange en la embajada, como finalmente lo hizo, pero después de muchos años”.

El exmandatario contó que su gobierno revisó el caso de Assange durante dos meses antes de concederle el asilo en junio de 2012 y explicó por qué lo aprobaron.

“No estuvimos de acuerdo con todo lo que (Assange) hizo. Por ejemplo, creo que los países sí necesitan mantener alguna información confidencial.

“Lo que quisimos impedir después de estudiar su caso es que lo extraditaran a EE.UU. donde los halcones norteamericanos querían juzgarlo con una ley que incluía la pena de muerte.

“No tenía posibilidades de un juicio justo y podía exponerse a la pena de muerte, lo cual contradice la Constitución ecuatoriana, contradice el sistema interamericano de derechos humanos, la Convención de San José, y contradice todos los instrumentos de derechos humanos”, subrayó.

Qué pasará con Assange

El expresidente ecuatoriano le dijo a la BBC que, durante su gobierno, tanto Reino Unido como Estados Unidos no se atrevieron a presionarle a él directamente, aunque sí hubo conversaciones entre cancilleres y embajadores.

Rafael Correa, expresidente de Ecuador

BBC
Rafael Correa ve inevitable la extradición de Julian Assange a Estados Unidos.

“El gobierno británico fue muy arrogante, no quisieron ser flexibles. La solución estaba en sus manos, que le hubieran dado un salvoconducto para que abandonara la embajada”, opinó.

En cuanto a lo que pasará con el fundador de WikiLeaks a partir de ahora, Correa tiene una imagen bastante clara: “Yo creo que va a ser extraditado, espero que no lo sea, pero no veo otra opción. Para eso lo sacaron de la embajada, para entregárselo a los estadounidenses”.

*La entrevista fue realizada por Bruno Boelpaep, periodista de la BBC en Bruselas.


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