Peña duplica el número de militares en las calles, aunque ninguna ley los regula
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Peña duplica el número de militares en las calles, aunque ninguna ley los regula

En 24 estados del país hay militares movilizados en tareas de seguridad pública; desde 2013 la Sedena pidió un marco jurídico que delimite la función del Ejército, pero la reforma sigue siendo una tarea pendiente.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel
6 de octubre, 2016
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En los últimos cinco años el número de militares desplegados de forma permanente en México para tareas de seguridad pública se ha duplicado.

Esto sucede a pesar de que no existe un marco jurídico que regule la actuación del Ejército en tareas de prevención e investigación de los delitos, como lo reconoce la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“No nos gusta, no estamos cómodos y no estudiamos para ello”, dijo el secretario de la Defensa nacional Salvador Cienfuegos a finales del 2015, cuando ratificó que el Ejército seguiría apoyando a las policías en las calles, pese a la falta de un marco jurídico.

El despliegue militar en tareas de seguridad pública fue una medida temporal implementada por la administración de Felipe Calderón, en el marco de la “guerra” contra el narco, que a su vez fue heredada por el presidente Enrique Peña Nieto quien determinó mantener al Ejército en las calles mientras se fortalecían a las policías estatales.

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Las diferencias entre Calderón y Peña

En 2012, último año del sexenio de Felipe Calderón, la Sedena reportó que tenía desplegadas 75 bases de operaciones mixtas en el país.

Se trata de bases fijas o móviles en donde se destina a soldados específicamente en tareas de seguridad pública en coordinación con policías locales; en ese año eran mil 680 los militares asignados de fijo en estas tareas, con el apoyo de 160 vehículos.

En el actual sexenio esa cantidad ha ido creciendo casi de forma sostenida. En 2016 ya suman 142 las bases mixtas con tres mil 386 soldados asignados de fijo en tareas de combate a la delincuencia, con el apoyo de 368 vehículos; es un crecimiento del 100 % del despliegue militar permanente.

A esto hay que sumar los operativos específicos que el Ejército Mexicano despliega por situaciones coyunturales en zonas violentas del país y que de acuerdo con datos del Informe de Labores 2016 de Sedena fueron 14; en este caso la Sedena no informa el número de elementos desplegados por razones de seguridad.

En 24 estados hay militares patrullando

En el arranque del presente sexenio el Ejército tenía desplegadas bases de operaciones para apoyar las tareas de seguridad pública en 19 estados; para 2016 esta presencia militar se ha extendido a 24 entidades, el equivalente al 75 %de cobertura en el país.

Guerrero es la entidad con el mayor número de bases de operaciones mixtas con 28 en total, y le sigue el estado de México con 24; estos dos estados concentran el 36 % de todas las bases militares desplegadas.

Luego se ubica Oaxaca con 12 bases operativas; Puebla con 11; Tabasco con 8; Sonora con 7; Veracruz y Colima con 5 bases cada uno; Michoacán, Quintana Roo, Chiapas y Yucatán con 4 respectivamente; Hidalgo, Coahuila y Baja California con 3.

En la Ciudad de México y en San Luis Potosí la Sedena reporta la operación de dos bases mixtas; Tamaulipas, Tlaxcala, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y Zacatecas están en la lista con una base operativa cada una.

De acuerdo con la Sedena, el despliegue de estas Bases de Operaciones Mixtas es “atender la problemática delictiva en zonas de alto riesgo, las cuales presentan problemática de inseguridad pública, mediante las cuales se realizan operaciones de vigilancia móvil y/o estacionaria”.

Resultados a la baja

El incremento de los militares en las calles del país no ha significado una mejoría de la seguridad, según muestran los resultados de la Sedena en este último año de operaciones.

Entre septiembre de 2011 y agosto de 2012,  los militares adscritos a las bases operativas consiguieron la detención de 426 presuntos delincuentes; cumplieron seis órdenes de aprehensión; aseguraron 381 vehículos, y se logró el decomiso de 631 armas de fuego y 20 granadas.

Entre septiembre de 2015 y agosto de 2016, estos resultados descendieron poco más del 50 %: los detenidos sumaron 175; se cumplimentaron tres órdenes de aprehensión; los vehículos asegurados bajaron a 162, las armas decomisadas cayeron a solo 109, y el número de granadas descubiertas fue de 6.

Marco legal inexistente

Los militares intervienen en tareas de vigilancia en las calles, acciones preventivas y de disuasión. Incluso cumplen órdenes de cateos y de aprehensión; todo esto sin que haya una ley que regule los alcances de su intervención.

Desde el 2013 el secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos insistió al poder legislativo en la necesidad de contar con reformas que permitan la construcción de un marco jurídico que brinde atribuciones de investigación y combate al delito a los militares, además de delimitar su actuación; tres años después esto no se ha materializado.

En octubre de 2015, la Comisión de Seguridad Nacional en el Congreso reconoció que el Poder Legislativo ha sido “omiso” en construir este sistema jurídico para el Ejército y prometió trabajar con asesores y especialistas en el tema. Nada de eso se ha concretado.

A finales del año pasado, el General Cienfuegos subrayó que el Ejército continuaría en las calles realizando tareas de seguridad pública ya que si bien era una medida temporal desde años atrás, no “se había alcanzado la reconfiguración” necesaria en los cuerpos policiales.

En junio del 2010, el entonces presidente Felipe Calderón propuso la reforma para la creación de 32 policías únicas como una alternativa para fortalecer los cuerpos de policías; en 2014 el presidente Peña Nieto volvió a proponer una reforma en este sentido con el objetivo de tener cuerpos policiales capaces de enfrentar a la delincuencia; en seis años tampoco se ha concretado este tema.

Abusos y ataques

La presencia del Ejército Mexicano en labores de seguridad ha derivado en diversos incidentes durante los últimos años.

Se han registrado situaciones de abusos de derechos humanos como por ejemplo el caos Tlatlaya, donde según la Recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hubo 15 civiles ejecutados extrajudicialmente por militares que hacían un patrullaje de vigilancia.

Pero también los militares han padecido los golpes de la delincuencia. Apenas el pasado 30 de septiembre cuatro soldados murieron y diez más resultaron heridos tras ser atacados por un comando armado cuando apoyaban en el traslado de una persona herida; el 1 de mayo de 2015 un helicóptero de la Fuerza Aérea fue derribado por el Cártel de Jalisco dejando una decena de muertos, entre ellos cinco militares.

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Vacuna contra COVID: por qué algunas dosis acaban en la basura y qué se puede hacer para evitarlo

El mundo vive una carrera por hacerse con las escasas vacunas disponibles contra la COVID. ¿Por qué algunas acaban en la basura o se vacuna a personas no prioritarias?
5 de febrero, 2021
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Enfermeras cargan dosis de la vacuna en Nantes, Francia.

Reuters
Muchos países se enfrentan al reto de administrar las vacunas antes de que se estropeen.

Golpeado por la pandemia de covid, el mundo se enfrentó primero al reto de desarrollar en tiempo récord una vacuna. Ahora, al de distribuirla a escala planetaria sin malgastar una sola de las preciadas dosis.

Con la oferta de vacunas disponibles lejos aún de cubrir la ingente demanda mundial, los gobiernos han establecido rigurosos planes de vacunación que establecen los colectivos que deben ser vacunados primero: generalmente, personas mayores, enfermos crónicos y trabajadores de los servicios de salud.

Sin embargo, no han tardado en aparecer las noticias de personas no pertenecientes a estos grupos prioritarios que recibían la vacuna, o, algo más sorprendente aún, de dosis que acababan en el cubo de la basura.

En la ciudad de Trelew, en la Patagonia argentina, la prensa local informó de que hubo que desechar 140 dosis de la vacuna rusa Sputnik-V porque se había roto la cadena de frío en su conservación.

En España, el general al mando de las Fuerzas Armadas tuvo que dimitir después de que se hiciera público que había recibido la vacuna, pese a que algunos de sus colaboradores les dijeron a los medios españoles que lo había hecho precisamente para evitar que se echaran a perder las dosis sobrantes en su departamento tras vacunar a las personas prioritarias.

En México, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, condenó por “inmoral” al médico que vacunó a dos familiares después de un error en el sistema de citas del hospital en el que trabaja.

Son solo algunos ejemplos de noticias que han provocado malestar y críticas en muchos países cuando la mayoría de la gente sigue a la espera y en muchos casos aún sujeta a distintos grados de confinamiento.

El desafío de optimizar las vacunas

Lo cierto es que los sanitarios se pueden ver a veces ante un incómodo dilema, ya que las vacunas requieren condiciones especiales de conservación y, en algunos casos, sobre todo en pequeñas localidades o lugares alejados, no pueden cumplirse a rajatabla los estrictos criterios fijados por los gobiernos.

La vacuna fabricada por Pfizer, por ejemplo, debe conservarse a temperaturas muy bajas y, una vez descongelada, ha de usarse antes de 5 días.

La Sputnik-V se comercializa en ampollas de cinco dosis, por lo que si se quiere evitar malgastar ninguna, debe haber un número igual de pacientes listos para recibir el pinchazo.

Una profesional de la salud recibe la vacuna en un hospital de Ciudad Juárez, México.

Reuters
Los trabajadores sanitarios figuran entre los colectivos prioritarios en la mayoría de países.

Como explicó en conversación con BBC Mundo el doctor Pablo Bonvehí, jefe de la sección Infectología y Control de Infecciones del CEMIC, un centro de investigación médica de Buenos Aires, “la prioridad es no desperdiciar la vacuna“.

“Una campaña de vacunación, y más una como esta, es siempre un gran desafío de ingeniería”, indica el experto. Y no siempre es posible acomodar la disponibilidad de vacunas con el número de pacientes dispuestos a ponérsela, su disponibilidad para acercarse a los centros de vacunación a recibirla y las necesidades de espacio para mantener la distancia social en ellos.

A esto se suma el problema de los pacientes que no acuden a las citas programadas, sea porque no pueden desplazarse o porque, como los seguidores del movimiento antivacunas, rechazan la inmunización o desconfían de los gobiernos y los fabricantes de medicamentos.

¿Qué hacer entonces con la dosis sobrante cuando ya se ha cubierto el cupo de pacientes prioritarios agendados para el día?

Contenedores de residuos sanitarios en Manchester, Inglaterra.

Getty Images
En algunos países ya ha habido noticias de vacunas que acaban en la basura.

En Estados Unidos ya ha habido centros sanitarios que han empezado a convocar por la emisora de emergencias a los paramédicos que quieran vacunarse una vez cubierto el cupo diario para evitar que se echen a perder las dosis sobrantes.

Y un equipo médico del estado de Oregón que quedó atrapado en una congestión de tráfico comenzó a vacunar a otros automovilistas retenidos ante la imposibilidad de volver a refrigerar a tiempo las dosis que llevaban consigo.

Mejor en un brazo que en el cubo de la basura

Ante la emergencia sanitaria global, los centros médicos a nivel local se enfrentan al desafío de vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, conservando adecuadamente las vacunas y priorizando a los grupos de población de riesgo establecidos por las autoridades nacionales.

En esa tarea titánica, han encontrado una inesperada colaboración en los grupos de espontáneos que hacen fila junto a las clínicas y los centros de vacunación a la espera de que se les administre alguna de las dosis no utilizadas, una imagen cada vez más frecuente en Estados Unidos y en Israel, el país que lidera la frenética carrera global por la vacunación.

“A todas las dificultades se suma la de la incertidumbre acerca de las dosis que se van recibir y cuándo”, señala el doctor Bonvehí.

Para los dispensarios locales se complica aún más llevar una planificación adecuada de la vacunación ya que en muchos casos los gobiernos tampoco han podido ofrecer un calendario claro de vacunación y son ellos quienes centralizan la adquisición de los medicamentos.

Un hombre carga una bombona de oxígeno en Manaos, Brasil.

Reuters
América Latina es una de las regiones más golpeadas por la pandemia y muchos países aún no han podido comenzar a vacunar.

Para los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, que se encuentran detrás de los más ricos en la lista de espera global por recibir la vacuna en la cantidad y con la regularidad suficientes, hacer un uso óptimo de las que llegan se hace más crítico si cabe.

Bonvehí propone que “en las citas se llame a pacientes suplentes, para que, si alguien no se presenta, no haya que desperdiciar ninguna dosis”.

Y la Organización Mundial de la Salud ha pedido que los países más prósperos, que han comprado muchas más dosis de las necesarias para vacunar a toda su población, envíen las que no usen a los países en desarrollo.

Todo, porque, como le dijo Amesh Adalja, especialista en enfermedades infecciosas de la Johns Hopkins University, a la cadena NPR, “una vacuna en un brazo siempre va a ser mejor que una vacuna en el cubo de la basura”.


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