Javier Duarte construyó un rancho de lujo con dinero destinado a Educación y Salud
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Cuartoscuro

Javier Duarte construyó un rancho de lujo con dinero destinado a Educación y Salud

Este domingo, la PGR presentó las conclusiones de la investigación realizada contra dos mujeres vinculadas a la red Duarte y las empresas fantasma de Veracruz.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel
24 de octubre, 2016
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Un rancho de lujo con caballerizas y suites incluidas, localizado en Valle de Bravo, Estado de México,  donde el exgobernador Javier Duarte y su familia vacacionaban, fue comprado y remodelado con más de 200 millones de pesos desviados del presupuesto de las secretarías de Educación y Salud de Veracruz.

El dinero, según la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), fue triangulado a través de múltiples empresas fantasma.

Tanto la PGR como la Secretaría de Hacienda presentaron ante un juez federal, una acusación en la que se identifica a Javier Duarte como “jefe de una estructura criminal” en la que participaron al menos ocho personas más, diseñada con el fin de lavar dinero público.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público y debatidas en una audiencia ayer domingo –que se extendió por casi siete horas–, fueron consideradas suficientes por un juez para abrir el juicio contra las dos mujeres detenidas la semana pasada por sus presuntos vínculos con las empresas fantasma de Duarte.

La acusación incluye el testimonio de Alfonso Ortega López, un abogado corporativo que confiesa la creación de múltiples empresas fantasma en los últimos cinco años, bajo las órdenes de Javier Duarte y Moisés Mansur.

Se trata de la primera de varias averiguaciones que tiene abierta la PGR y que serán presentadas ante la justicia en las próximas semanas y meses.

Lee: Javier Duarte compró una lancha italiana valuada en 9.9 millones de pesos

La red que permitió desviar los recursos está constituida por múltiples empresas que según la PGR y Hacienda denominaron como “fantasma o fachada”, porque solo “existen en el papel” y en el mejor de los casos los domicilios existen pero sólo se trata de habitaciones en la mayoría de los casos.

El eje central de esta acusación es una empresa de nombre Consorcio Brades S.A de C.V en la que aparecen como accionistas las dos mujeres detenidas con iniciales EAP y NIAP (cuyo nombre se reservará a partir de ahora por orden del juez).

Brades acordó con Moisés Mansur (amigo y presunto prestanombres de Duarte) el pago de 223 millones de pesos, por la compra sobrevaluada de cinco parcelas de unos ejidos en Lerma de Campeche en diciembre de 2013.

Lee: Delincuencia organizada y lavado de dinero, los cargos contra Javier Duarte

Esos ejidos habían sido adquiridos por Mansur tres años antes en apenas millón y medio de pesos, incluso, el valor catastral de los mismos eran de 200 mil pesos pero se tuvo que desembolsar más dinero a un gestor, Antonio Almazán, para convertir a Mansur en “ejidatario”, pues la Ley agraria exige que solo los habitantes de la región puedan comprar terrenos ejidales.

Pero…. ¿de dónde sacó Consorcio Brades 223 millones para pagarle a Mansur esas parcelas ejidales sobrevaluadas? De acuerdo con la PGR y Hacienda dicha la empresa, que no tiene antecedente ni perfil que justifique sus operaciones y carece de empleados, pagó con recursos públicos.

El origen del dinero

La investigación ministerial permitió documentar que Consorcio Brades fue “fondeada” por al menos nueve empresas que le entregaron más de 300 millones de pesos. Entre esas empresas están Medical Healthy Service S.A de C.V; Diseños Arquitectónicos Melvan; Sacmet Inmobiliaria S.A de C.V; Benfa Inmobiliaria S.A de C.V; Diseños Arquitectónicos Alim S.A de C.V y otras.

Este grupo de empresas intermediarias a su vez recibieron el dinero de otras compañías como Solaris Technologies; Aglomerados de Concretos del Papaloapan o Evolución de Diseños que eran proveedoras de productos  y servicios de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud de Veracruz.

Todas las empresas señaladas son “fachada”. En varias de ellas aparecen como representantes legales o apoderados José Juan Janeiro Rodríguez y Javier Nava Soria, hoy prófugos de la justicia.

La PGR señaló que no hay evidencia alguna que las empresas proveedoras hayan surtido los servicios productos por los que fueron contratados. El esquema, es el mismo que el utilizado en el reportaje sobre empresas fantasma publicado por Animal Político en donde se movieron casi mil millones de pesos solo de recursos estatales, y cuyo destino final se encuentra bajo investigación.

Lee: Un abogado cercano a Duarte confiesa ser uno de sus prestanombres

El dinero, según la acusación de PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, nunca salió de la misma estructura criminal. Aunque el dinero era trasladado vía transferencia electrónica, las cuentas bancarias que lo movían estaban bajo control del mismo grupo. La intención era moverlo de cuenta en cuenta para hacer más difícil su rastreo.

Vámonos al rancho

En la acusación de la PGR ante el juez, obra el testimonio por escrito del abogado Alfonso Ortega López, quien confirmó que la compra de los ejidos fue una simulación para lavar dinero y que el dinero obtenido fue utilizado entre otras cosas para la adquisición y remodelación de El Rancho Las Mesas ubicado en Valle de Bravo.

“Se trata de una propiedad muy grande con una construcción central de al menos mil metros cuadrados. Tiene una terraza muy grande que da vista a todos los alrededores de la región pero también hay unas caballerizas y cuatro suites de lujo”, declaró.

De acuerdo con Ortega el rancho fue adquirido y construido por Javier Duarte, quien lo usaba para sus descansos vacacionales, pero como todas sus propiedades no estaba a nombre de él sino de sus prestanombres.

En este caso la propiedad fue adquirida por Moisés Mansur quien luego, vendió una tercera parte a José Juan Janeiro Rodríguez y la otra a Rafael Gerardo Rosas Bocardo. Así todos quedaron como propietarios del 33.3 por ciento del valor de la propiedad, al menos en el papel.

Ortega dijo que esto es solo un caso de varios de la creación de empresas fachada para invertir en la adquisición de propiedades en México y Estados Unidos.

Comienzan juicios por lavado

Luego de una audiencia celebrada ayer domingo y que se extendió por casi 7 horas, el juez federal Gerardo Moreno García decretó abrir un juicio (auto de vinculación a proceso) contra las dos únicas detenidas hasta el momento de las nueve personas consignadas por PGR el pasado 14 de octubre, y a quien se les giró una orden de aprehensión.

El juez dijo que había pruebas suficientes para abrir el juicio en contra de EAP y NIAP, accionistas de la empresa Consorcio Brades, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como se trata de una falta grave, la ley establece que ambas mujeres deben permanecer en prisión mientras se desarrolla el juicio.

En la audiencia, el abogado defensor Ricardo Zinser Cruz intentó desestimar la acusación de la PGR. No negó que sus clientas fueran accionistas de la empresa y la compra de los terrenos ejidales, pero rechazó que esto fuera un delito pues las propiedades se compraron al precio evaluado por un corredor público.

Rechazó que el consorcio de sus clientas se trate de una empresa fantasma solo porque su domicilio pertenece a una casa; también negó que hubiera forma de demostrar que sus clientas actuaron en complicidad con las otras personas señaladas en la acusación pues aseguró que no las conocen.

Pese a ello el juez decretó que las pruebas permiten presumir, por ahora, que hubo “una maquinación para efectos de ocultar el origen de los recursos” y que “existe una estructura delictiva que lo hizo posible.

Durante el desarrollo de la audiencia las dos accionistas acusadas escucharon las imputaciones sin mostrar mayores gestos de aprobación o desaprobación. Se negaron por el momento a emitir una declaración.

Dictado el auto de vinculación a proceso, la PGR solicitó al juez un plazo de seis meses para completar la investigación pero éste autorizó solo tres meses a petición de la defensa que lo consideró excesivo.

Buscarán un amparo

En entrevista tras concluir la audiencia, el abogado defensor, Ricardo Zinser, dijo que interpondrán una demanda de amparo en contra de la determinación del juez de someter a juicio a sus defendidas, pues consideró que no había elementos suficientes para ello.

“El testigo presentado por la PGR, Alfredo Ortega López, es un testigo de oídas (que no le constan los hechos). Además se dice que el compareció de manera voluntaria a la PGR en una carpeta de investigación donde mis defendidas nunca fueron citadas a declarar. Ahí hay una irregularidad”, expuso.

Lee: Los suegros de Duarte buscan amparos contra alerta migratoria que les impida salir del país

El abogado destacó además que Ortega, quien estaba citado como testigo en el juzgado, no se presentó lo que desde la perspectiva del abogado genera dudas de la veracidad de lo que dice.

Zinser aseguró que sus clientas tienen los elementos para demostrar que la empresa en la que aparecen como accionista tiene un origen lícito lo que va a desvirtuar toda la acusación.

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Por qué en México están apareciendo “antimonumentos” (y cómo reflejan los episodios más oscuros de su historia reciente)

Instalados por movimientos sociales en las calles de la capital mexicana, los "antimonumentos" intentan que las víctimas de casos de violencia emblemáticos y a la espera de justicia no se olviden.
8 de diciembre, 2020
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En México, un país donde nueve de cada diez delitos denunciados quedan impunes, los familiares de las víctimas luchan por conseguir que sus casos no caigan en el olvido.

Con ese objetivo afloraron en los últimos años en el país los llamados “antimonumentos”, unos memoriales que simbolizan historias muy distintas pero que comparten una finalidad: el recordar que sus casos continúan a la espera de justicia.

Todos fueron colocados en espacios de la vía pública por ciudadanos y movimientos sociales al margen de las autoridades, ya que precisamente lo que persiguen es “denunciar la inacción o poca empatía del Estado”, le dice a BBC Mundo el doctor en Antropología Alfonso Díaz Tovar.

Autor de la investigación “Antimonumentos. Espacio público, memoria y duelo social en México”, el experto destaca cómo los monumentos “tradicionales” son instalados por el Estado para que perduren en el tiempo y representen “discursos oficiales y verdades históricas”.

“Pero los antimonumentos surgen para deconstruir esas posturas oficiales mediante una apropiación del espacio público, digamos ‘caótica’, y que sí tienen una temporalidad”, apunta.

Así, según Díaz Tovar, mientras los monumentos representan ideas generales sobre la historia de una nación, los antimonumentos simbolizan historias que aún no han terminado, que actúan como una memoria que no está cerrada sobre algo pendiente y que no ha podido acceder a la justicia.

Varios de estos conjuntos están distribuidos por buena parte de México, como la imponente cruz de clavos en Chihuahua (y su réplica en Ciudad Juárez) que fue uno de los primeros que se instaló para representar a cada una de las mujeres asesinadas o desaparecidas desde los años 90.

Sin embargo, probablemente son los antimonumentos de la capital del país los que logran mayor atención, al haberse levantado en puntos emblemáticos y muy transitados de una de las ciudades más pobladas del mundo.

Esta es la historia -y la reivindicación- de los siete antimonumentos de Ciudad de México.

1. Los 43 de Ayotzinapa

Antimonumento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Marcos González

El primer antimonumento fue levantado en 2015 en memoria de uno de los casos de desaparición forzada más escandalosos y reconocidos internacionalmente en la historia reciente de México.

Un año antes, 43 jóvenes estudiantes de una escuela de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron en el municipio de Iguala.

Seis años después, el caso sigue sin resolver y está considerado como uno de los mayores episodios de violaciones de derechos humanos en el país.

El Paseo de la Reforma, una de las arterias principales de la capital mexicana, se convirtió en escenario de habituales protestas por este caso y fue el lugar donde sus padres inauguraron un gran “+ 43” en rojo, en alusión a las otras miles de personas desaparecidas en México.

“Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, se lee en la base del antimonumento.

2. La desaparición de David y Miguel

Antimonumento a la desaparición de Miguel y David

Marcos González

A pocos metros, se encuentra otro antimonumento que recuerda precisamente otro caso de desaparición que tampoco fue resuelto.

Se trata de David Ramírez y Miguel Rivera, dos jóvenes secuestrados en 2012 cerca de Ciudad Altamirano cuando se dirigían al estado de Guerrero para festejar el 20º cumpleaños de uno de ellos.

Los captores se comunicaron con la familia, que llegó a pagar un rescate. Las autoridades iniciaron una investigación pero, en todo este tiempo, ni los jóvenes fueron liberados ni se logró detener a los responsables.

Sus familiares, sin embargo, denunciaron en numerosas ocasiones “inacción” por parte de la policía, y aseguraron que fueron ellos mismos quienes investigaron el paradero de sus hijos rastreando por ejemplo la señal de sus teléfonos, que los secuestradores siguieron utilizando.

La instalación representa una forma de letra T azul que simula dos siluetas dividas a la mitad y los transeúntes son llamados a colocar un candado en su base como muestra de apoyo.

3. Incendio de la guardería ABC

Antimonumento a los 49 niños muertos en el incendio de la guardería ABC.

Marcos González

En el mismo Paseo de la Reforma, un “ABC” de colores recuerda a los 49 niños que murieron en 2009 en el incendio de la guardería que llevaba este nombre en Hermosillo, estado de Sonora. Más de un centenar resultaron heridos.

El fuego se originó en los archivos de un edificio del gobierno estatal contiguo a la guardería mientras los pequeños dormían la siesta. Parte del personal se encontraba en la hora de la comida, y otros ya habían concluido su turno.

Las labores de evacuación fueron caóticas y se prolongaron durante 30 minutos. Vecinos de la zona abrieron boquetes en las paredes incluso con vehículos ante la falta de salidas de emergencia y extintores suficientes.

Cerca de 20 personas, entre funcionarios y encargados del cuidado de los niños, fueron condenadas a prisión. Pero cuando el año pasado se cumplió una década de la tragedia, ninguna había ingresado en la cárcel mientras se resuelven sus recursos de amparo.

Los familiares denuncian que no se ha hecho justicia y por eso colocaron el antimonumento frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del cual la guardería prestaba sus servicios de manera subrogada.

4. La explosión en la mina de Pasta de Conchos

Antimonumento a los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos.

Marcos González

Un gran “+ 65” pide justicia para los 65 trabajadores que fallecieron en 2006 atrapados por una explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en Coahuila.

Un año después, la compañía a cargo de la explotación de la mina suspendió las tareas de rescate tras haber recuperado solo dos cuerpos. Argumentó que se ponía en riesgo la vida de los equipos de emergencia.

Varias familias denunciaron que, de ser rescatados los cadáveres, podría evidenciarse que las condiciones de trabajo en la mina no eran adecuadas para garantizar la seguridad de los mineros, como concluyó después la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El pasado octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en 2021 se reanudará el rescate de los cuerpos atrapados. También confirmó que este año los familiares de los fallecidos recibirían sendas indemnizaciones.

Su antimonumento se encuentra desde 2018 en Reforma, frente a la Bolsa Mexicana de Valores. Un año después, los familiares colocaron junto a él decenas de cascos como símbolo de los mineros que quedaban por rescatar.

5. La masacre de Tlatelolco

Antimonumento a la masacre de Tlatelolco.

Marcos González

El simbólico Zócalo de Ciudad de México fue el lugar elegido para inaugurar un antimonumento cuando se cumplieron 50 años de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Aquel día, miles de personas se reunieron en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, convocadas por un movimiento de estudiantes cada vez más activo que protestaba contra el gobierno y la violencia de la policía.

Pero ese 2 de octubre la actuación fue aún más desmedida. Cientos de soldados y miembros de grupos paramilitares iniciaron una balacera contra la multitud que participaba en un mitin pacífico. No hay un balance oficial de víctimas, aunque se estima que mataron a cientos de personas.

No fue hasta 2006 que el expresidente Luis Echeverría -quien era secretario de Gobernación en 1968 en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz- quedó en arresto domiciliario acusado de genocidio, aunque fue exonerado tres años después. Ningún funcionario fue declarado nunca culpable.

La emblemática frase “2 de octubre no se olvida” y otra que reza “Fue el Ejército, fue el Estado” pueden leerse en el antimonumento dedicado a una masacre que dio un vuelco a la vida política y social de México para siempre.

6. “Antimonumenta” contra los feminicidios

Antimonumento a los feminicidios

Marcos González

Un antimonumento para denunciar la violencia contra las mujeres parece inevitable en México, un país donde diez mujeres son asesinadas cada día.

El conocido como “Antimonumenta” fue inaugurado en el marco del Día Internacional de la Mujer del año pasado frente al Palacio de Bellas Artes.

Convertido en punto central de muchas de las marchas de mujeres organizadas en los últimos meses en la capital mexicana, junto a él suelen verse veladoras, flores, cruces rosas, fotografías de decenas de mujeres asesinadas o desaparecidas en el país y mensajes exigiendo justicia.

“Ni una más. No más feminicidios”, se lee en este antimonumento que fue saboteado durante una marcha de opositores al aborto el pasado año.

7. Masacre de migrantes de San Fernando

Antimonumento de la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas.

AFP

El último en sumarse a la lista de antimonumentos de Ciudad de México fue un “+72” instalado el pasado agosto en Reforma, frente a la Embajada de Estados Unidos, para reclamar justicia por la masacre ocurrida en San Fernando diez años antes.

En agosto de 2010, 72 personas migrantes -la mayoría de origen centroamericano- fueron brutalmente asesinadas en esta localidad del estado de Tamaulipas, en la frontera norte de México.

El grupo fue secuestrado mientras viajaba en autobús por el cartel de Los Zetas, que los acribilló después de negarse a pagar el dinero que les exigían por dejarlos libres.

Los captores los vendaron, los obligaron a apoyarse contra un muro y luego los balearon. Solo dos personas lograron escapar. Ninguna persona llegó a ser condenada por este espeluznante hecho.

Con el mensaje “migrar es un derecho humano”, el antimonumento fue colocado como homenaje a las víctimas de esta masacre y a todos los migrantes muertos o desaparecidos en el peligroso viaje que emprenden cada año hacia territorio estadounidense.


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