La desaparición de cuatro jóvenes y una familia, casos que esperan respuestas en Veracruz
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Cuartoscuro

La desaparición de cuatro jóvenes y una familia, casos que esperan respuestas en Veracruz

Desde el pasado 29 de septiembre fue reportada la desaparición de cuatro jóvenes en Boca del Río, Veracruz; la Fiscalía estatal descartó que se trate de un secuestro.
Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
6 de octubre, 2016
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Los casos de la desaparición de jóvenes universitarios y de una familia originaria de Querétaro son los episodios más recientes respecto a la inseguridad que golpea a Veracruz.

Familiares dejaron de tener noticias sobre la ubicación de Génesis (22 años), Leobardo (24 años) y Octavio (22 años) desde el pasado 29 de septiembre.

Uno de los últimos indicios que se tuvo, según el medio Milenio, es que habían estado en casa de Génesis, y que luego salieron rumbo a una plaza comercial en Boca del Río.

El diario Reforma, en tanto, indicó que fueron vistos por última vez al abordar un taxi.

Las autoridades locales abrieron una investigación a partir del 1 de octubre.

Génesis Deyanira Urrutia Ramírez es estudiante de Ciencias de la Comunicación, en la Universidad Veracruzana.

Leobardo Arroyo ya se tituló como contador, y es egresado de la Universidad Veracruzana. Mientras que Octavio García Baruch estudio ingeniería bioquímica en el Instituto Tecnológico de Veracruz.

La Fiscalía de Veracruz indicó en un comunicado que abrió una investigación paralela sobre el caso del joven Andrés García Aguilar, cuya desaparición podría estar conectada con la de los otros tres jóvenes, ya que también ocurrió el 29 de septiembre.

El fiscal de la entidad, Luis Ángel Bravo, según un comunicado emitido el pasado 4 de octubre, descartó la hipótesis de que haya sido un secuestro, “al no existir, desde la fecha en que ocurrieron los hechos, una exigencia de rescate a cambio de su libertad”.

En su boletín, la Fiscalía de Veracruz señaló que en el caso “hay elementos posiblemente vinculados con delincuencia organizada”.

Al respecto el padre de Génesis, Édgar Urrutia, dijo al diario Reforma que una de las líneas de investigación de las autoridades es que el crimen organizado esté involucrado con las desapariciones. Esto porque uno de los jóvenes de los que no se sabe su paradero, Octavio García, tiene antecedentes penales.

De acuerdo con el diario, García fue detenido en 2012, por la sospecha de que tenía vínculos con una banda de secuestradores.

En entrevista con Radio Fórmula este jueves 6 de octubre, la hermana de Octavio, Dovianid Carranza Baruch, dijo que su hermano estuvo preso 8 días, pero que nadie lo señaló como responsable, así que recuperó su libertad.

Ese hecho de la detención, según Carranza Baruch, se dio después de que un grupo de personas se los llevara y los amarrara, tanto a ella como a Octavio, amenazándolos y pidiendo dinero.

Carranza Baruch mencionó que otro de sus hermanos, Gustavo, también está desaparecido, desde hace un año.

Este jueves ella pidió ayuda de las autoridades. Dice que tiene miedo, y que tanto ella como Octavio habían pensado en pedir asilo en otro país.

En Veracruz está el antecedente de enero pasado, cuando cinco jóvenes que regresaban de un fin de semana en el puerto de Veracruz desaparecieron en el municipio de Tierra Blanca, luego de que fueron detenidos por un grupo de policías estatales.

Lee: Ellos son los cinco jóvenes a los que la Policía Estatal desapareció en Tierra Blanca

El caso de una familia de Querétaro  

Desde el inicio de septiembre pasado también se dio la desaparición de una familia de tres integrantes, originaria de Querétaro, al acudir a Salinas, municipio de Alvarado, Veracruz, donde tienen una casa en la playa.

La familia está conformada por una mujer, María Dolores, su esposo y su hija de 19 años.

Juan Pedro Pérez, hermano de María Dolores, indicó a Radio Fórmula que interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Alvarado.

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, indicó en su cuenta de Twitter el pasado 13 de septiembre que se tenían “avances muy importantes” en la investigación, pero que la Fiscalía no podía revelar los datos. Hasta este jueves 6 de octubre, no había un reporte oficial al respecto.

En otro punto del estado, Coatzacoalcos, ciudadanos han pedido ayuda a las autoridades federales, ante diferentes crímenes que han padecido, entre ellos el secuestro.

“Estamos muy asustados por la situación que vivimos en el sur de Veracruz”, dijo Eduardo Campos, vocero de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Servytur Coatzacoalcos, en entrevista con Televisa.

En una conferencia el miércoles pasado, autoridades informaron sobre la detención de tres presuntos integrantes de una banda vinculada con al menos 12 casos de secuestro en Coatzacoalcos.

Con información de Notimex

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Pedro Castillo: de qué acusa exactamente la Fiscalía al presidente de Perú y qué pasa ahora

La Fiscalía utilizó una figura especial para acusar al mandatario ante el Congreso, lo que podría desencadenar su salida del poder.
12 de octubre, 2022
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La Fiscalía de Perú acusó formalmente, a través de una denuncia constitucional, al presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal en el seno de su gobierno.

Según la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, la investigación ha revelado indicios de que Castillo es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Benavides también dijo que se estaba produciendo “una feroz obstrucción a la justicia” desde esa red supuestamente “enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.

El presidente Castillo replicó en una rueda de prensa con medios internacionales que “no hay ningún fundamento real” y “esas acusaciones son orquestadas”. Reiteró que probará su inocencia y aseguró que se ha puesto en marcha “una nueva modalidad de golpe de estado en Perú”.

La Fiscalía presentó formalmente la acusación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, a quien según el Ministerio Público corresponde ahora pronunciarse, aunque el gobierno acusa a la fiscal Benavides de intentar una maniobra inconstitucional para sacar a Castillo del poder.

La acusación formal al presidente supone un nuevo capítulo en la crisis política peruana y abre una nueva etapa de incertidumbre sobre el futuro del mandatario.

Pero, ¿cuáles son los hechos que se le imputan y que podrían costarle el cargo?

Investigaciones preliminares

La Fiscalía llevó a cabo este martes varios registros en viviendas supuestamente relacionadas con la trama investigada, entre ellos el de la hermana del presidente en San Juan de Lurigancho, un populoso barrio de Lima.

La fiscal Benavides aseguró que los investigadores encontraron “muy graves y reveladores indicios” de la supuesta existencia de la red criminal en el Gobierno, aunque no dijo cuáles..

El Presidente expresó su indignación por Twitter “La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”.

La Fiscalía ha abierto seis investigaciones preliminares sobre Castillo en el poco más de un año que lleva de presidente y la acusación constitucional presentada el viernes supone la culminación a meses de titulares sobre supuestas irregularidades e ilícitos cometidos por su entorno.

Ya en mayo se había emitido orden de busca y captura contra dos sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, que desde entonces continúan huidos de la justicia, y su cuñada, Yenifer Paredes, a la que según el mismo cuenta ha criado como su hija, quien fue encarcelada el 31 de agosto por su supuesta pertenencia a la red liderada por Castillo.

El exsecretario y los sobrinos de Castillo, en la imgen oficial donde se ofrece una recompensa por ellos.

Mininter Perú
El Ministerio del Interior ofrece una recompensa por los sobrinos y el exsecretario de Castillo (izq.).

Denuncia constitucional

Las investigaciones en curso en la Fiscalía son diversas y algunas interconectadas., pero ninguna ha superado la fase preliminar.

De acuerdo con la Constitución peruana, el Presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir la celebración de elecciones, disolver el Congreso indebidamente o impedir que se reúna, así como imposibilitar el funcionamiento de los órganos electorales.

Sin embargo, la Fiscalía asegura que el procedimiento especial de denuncia constitucional permite determinar si las personas que tiene inmunidad (como el primer mandatario y los congresistas) cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones, entre ellos abuso de autoridad o corrupción.

Una vez formulada la acusación por esta vía, para salir adelante requiere del voto de más de la mitad de los congresistas. De ser aprobada en el Congreso, la fiscal de la Nación podrá formular una demanda penal contra Castillo ante la Corte Suprema de Justicia.

El gobierno asegura que la iniciativa va contra la Constitución.

Suspicacia por un ministerio

El Ministerio de Transportes ha sido objeto preferente de las investigaciones. Según la Fiscalía, Castillo y su ex ministro de Transportes, Juan Silva, también huido, favorecieron a determinados empresarios en la concesión de contratos públicos a cambio de pagos irregulares.

Para otro exministro de Transportes de Castillo, Geiner Alvarado, la Fiscalía pidió una medida de impedimento de salida del país, también por su supuesta pertenencia a esta banda, de la que formaría parte también los sobrinos fugados de Castillo.

Los sobrinos se habrían lucrado con la concesión del proyecto para la construcción de un puente en el norte del país. En el mismo procedimiento está imputado Bruno Pacheco, ex secretario de Castillo al que se le intervinieron US$20.000 en el cuarto de baño de su despacho en el Palacio de Gobierno.

Obras bajo sospecha en su tierra

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, la red presuntamente liderada por Castillo también habría buscado lucrarse con contratos públicos del Ministerio de Vivienda en su provincia natal, Chota.

Fue este asunto el que llevó a prisión a su cuñada, Yenifer Paredes, que fue vista en una grabación difundida por el programa Cuarto Poder gestionando la realización de obras de saneamiento en un municipio chotano acompañada del empresario local Hugo Espino.

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

Congreso de la República del Perú
Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

El papel de “Los Niños”

Entre los registros llevados a cabo el martes estuvo el de los despachos de 6 congresistas del partido Acción Popular conocidos en los medios locales como “Los Niños” y a los que la Fiscalía sitúa también como miembros de la organización criminal de Castillo.

Se trata de Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas, Ilich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza.

Informaciones publicadas en los medios peruanos indican que lo que puso a la Fiscalía sobre aviso de los supuestos tratos delictivos de Castillo con “los Niños” fue el testimonio de la empresaria Karelim López Arredondo, que señaló que todos ellos formarían parte de la red corrupta del Ministerio de Transportes.

La empresaria se acogió a la figura de la colaboración eficaz con la justicia para obtener beneficios procesales en un caso en el que ella también está implicada.

Los congresistas se habían caracterizado por votar a favor de los intereses de Castillo en el Congreso pese a pertenecer a una bancada rival.

Ascensos en la Policía y Fuerzas Armadas

Aunque la fiscal Benavides no lo mencionó como uno de los asuntos que sustentan su acusación constitucional contra el presidente, se sabe que la Fiscalía también investiga el papel de Castillo en supuestas irregularidades en el ascenso de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

La Fiscalía considera que Castillo, junto con un exministro de Defensa, Walter Ayala, y su exsecretario personal, Bruno Pacheco, habrían solicitado el ascenso de varios oficiales al grado de general y habrían intentado recibir dinero a cambio de esos ascensos.

Castillo fue citado a declarar por este asunto el pasado 4 de agosto y prefirió acogerse a su derecho a no declarar.

La salida del ministro de Interior

La salida del gobierno del ministro del Interior Mariano González se convirtió en un nuevo expediente judicial contra Castillo.

González declaró a los medios tras haber sido cesado que lo fue en represalia por haber asignado a los policías más competentes a la división encargada de localizar a huidos como los sobrinos de Castillo.

“Cae de maduro que se está cuestionando poner a los mejores profesionales para búsqueda de prófugos”, dijo entonces González.

Para la Fiscalía esto podría constituir un delito contra la administración de justicia por parte del Presidente.


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