La PGR sin evidencias suficientes para probar que existe el cártel de Guerreros Unidos: juez
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La PGR sin evidencias suficientes para probar que existe el cártel de Guerreros Unidos: juez

Un juez federal ha rechazado diversas pruebas presentadas por la PGR para demostrar la existencia del cártel, al que se se atribuye la desaparición de los normalistas en 2014.
Cuartoscuro
Por Paris Martínez
15 de noviembre, 2016
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El pasado 2 de septiembre de 2016, un juez federal de amparo determinó que la Procuraduría General de la República no cuenta con pruebas suficientes para demostrar la existencia de la organización delictiva Guerreros Unidos, a la que las autoridades atribuyen el secuestro y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

Luego de analizar las imputaciones formuladas contra Sidronio Casarrubias (a quien la PGR arrestó en octubre de 2014 y al que identifica como uno de los principales líderes de Guerreros Unidos), el juez Óscar García Vega concluyó que “del caudal probatorio que obra en el sumario (de la causa penal) no se aprecian indicios suficientes para acreditar que existe la organización permanente o reiterada, de forma jerarquizada de tres o más personas”.

En su resolución, el juez federal explica que, “para acreditar la existencia del conglomerado criminal Guerreros Unidos”, la PGR citó como evidencias tres autos de formal prisión emitidos en 2012 y 2013 contra presuntos integrantes de ese grupo delictivo, sin embargo, la PGR nunca presentó dichos autos de formal prisión, sólo proporcionó la clave de identificación de cada uno de los tres expedientes, y le pidió al juez que rastreara dichos expedientes a través de internet.

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Esa fue, de hecho, la primera razón por la que dichas evidencias fueron desechadas por el juez, ya que consideró que no es atribución del juzgador recabar evidencias, y menos a través de búsquedas en internet.

“Se considera –señala la resolución– que la autoridad ministerial debió aportar las copias certificadas de los autos de plazo constitucional (autos de formal prisión) con los que pretende probar la existencia de la organización criminal a la que alude”, lo cual, se subraya, “no ocurrió”.

Pero aún cuando la PGR hubiera presentado copia de dichos expedientes, éstos tampoco habrían sido válidos, ya que, tal como explica el juez en su resolución, un auto de formal prisión se emite contra un presunto inocente, que será juzgado para determinar si es culpable de algún delito. Es decir, el auto es emitido antes de saberse si efectivamente existió delito o no.

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Por esta razón, el juez García Vega subrayó que un auto de formal prisión girado contra terceras personas, no puede ser usado como prueba de que Casarrubias pertenezca a Guerreros Unidos, y por ello, “no es posible vincular a Sidronio Casarrubias Salgado a algún grupo delincuencial”.

Peor aún: las evidencias aportadas por la PGR ni siquiera prueban fehacientemente que dicho grupo criminal exista.

Por otra parte, detalla la resolución, la PGR también presentó las declaraciones ministeriales de Casarrubias y otros detenidos, como evidencia de la existencia de Guerreros Unidos.

Sin embargo, nuevamente, dichas declaraciones fueron desechadas por el juez, ya que Casarrubias y los otros detenidos nunca reconocen ser parte del cártel Guerreros Unidos, sino sólo haber vendido droga.

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Es decir: dichas declaraciones no son evidencia de que los detenidos estuvieran organizados entre sí para delinquir de forma sistemática, sólo son indicios de que cada uno por separado vendía estupefacientes.

La PGR también presentó declaraciones de otros inculpados que reconocieronn pertenecen a Guerreros Unidos, pero, según el juzgador, estas actas ministeriales sólo prueban “que en determinada fecha una persona compareció ante el MP”, pero no prueban que lo que hayan dicho esas personas sea verdad.

Por esa razón, el juez determinó que dichas evidencias “no son aptas para acreditar la existencia del grupo criminal Guerreros Unidos, por las razones expuestas, pero tampoco demuestran la pertenencia del inculpado Sidronio Casarrubias Salgado a dicho conglomerado, toda vez que del análisis de las documentales relativas a las declaraciones ministeriales en cuestión, se advierte que sólo se señalan nombres de algunas personas que se dedican a realizar actividades ilícitas en diversos lugares en el estado de Guerrero, sin embargo, tales desposados son insuficientes e ineficaces para acreditar una estructura (criminal organizada)”.

De hecho, subrayó, “no existe constancia que, aún de manera indiciaria, sustente la imputación” formulada por la PGR en contra de Casarrubias.

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 “De lo expuesto –señala la resolución–, se concluye que el agente del MP de la Federación, en la fase de indagatoria, realizó una deficiente investigación, en virtud de que no aportó probanzas aptas y suficientes para corroborar lo señalado en su pliego consignatorio”, por lo cual, determinó absolver al acusado del delito de delincuencia organizada, y le concedió el auto de libertad con respecto a dicha imputación.

No obstante, el mismo juez emitió un nuevo auto de formal prisión contra Casarrubias, esta vez sólo por el delito agravado de portación de arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas, ya que cuando fue detenido estaba en posesión de una pistola y fusiles de asalto.

Así, Casarrubias permanecerá en prisión mientras es juzgado por el delito de portación de armas, cuya pena, en caso de ser hallado culpable, podría ir de tres a diez años de prisión.

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Qué es el kafala, el controvertido sistema de empleo por patrocinio que 'esclaviza' a los trabajadores

Miles de trabajadores viajan a los países del Golfo, Jordania y Líbano con el sueño de ahorrar dinero para ayudar a sus familias, pero acaban en un ciclo interminable de abuso.
6 de octubre, 2021
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Pensó que había encontrado el empleo de su vida, pero terminó cautivo y obligado a trabajar gratis.

Athenkosi Dyonta, un barista de 30 años, trabajaba en un café en la ciudad de George, un popular sitio de vacaciones en su país natal, Sudáfrica.

El joven solía compartir su “arte en latte“, los diseños que se hacen con leche sobre el café, con baristas de todo el mundo en un grupo de Facebook.

Fue allí donde una mujer lo contactó con una oferta de trabajo en Omán.

Además de un salario decente, le ofrecían alojamiento, comida y transporte gratuitos.

La mujer dijo que se ocuparía de su visa. Todo lo que Athenkosi tendría que hacer era pagar un boleto de avión, un chequeo médico y una prueba de covid-19.

Taza de latte con diseños hechos con el café sobre la leche

Getty Images
Athenkozi fue contactado en un grupo de Facebook donde compartía su “arte en latte”.

“Pensé que cuando él regresara después de un año más o menos nos compraríamos una casa y podríamos enviar a nuestros niños a mejores escuelas”, recordó su novia Pheliswa Feni, de 28 años, con quien tiene dos hijos.

La pareja pidió prestado dinero para el pasaje aéreo de Athenkosi, quien poco después viajó a Omán.

Al llegar al país árabe, el barista fue conducido desde la capital, Muscat, a una ciudad llamada Ibra, donde lo trasladaron a su nuevo hogar.

“Era un lugar sucio, una habitación pequeña, con apenas un colchón y cajas”, le dijo Athenkosi al podcast The Comb de la BBC.

La sorpresa fue solo el inicio de un período de enorme angustia para el joven, quien se enteró poco después de que el “empleo de sus sueños” no existía.

Athenkosi Dyonta lavando tazas en Omán

Athenkosi Dyonta
En Omán, cuando Athenkosi no estaba trabajando debía permanecer encerrado en su habitación.

Athenkozi pasó a trabajar de 12 a 14 horas al día en tareas de limpieza en cafés.

Cuando no tenía que trabajar lo obligaban a permanecer encerrado en su habitación. La comida era terrible y no le pagaban.

“Comía solo pan y leche, a veces un panecillo con un huevo. No recibía ningún salario, solo trabajaba”.

Lo que el joven no sabía era que había firmado un acuerdo de patrocinio utilizado en partes del Medio Oriente llamado “kafala”, que otorga a ciudadanos y empresas privadas un control casi absoluto sobre el empleo y el estatus migratorio de los trabajadores extranjeros.

A la merced del empleador

“El sistema de kafala o patrocinio ata a los trabajadores migrantes a sus empleadores”, le señaló a BBC Mundo May Romanos, investigadora de Amnistía Internacional (AI) sobre derechos de migrantes en la región del Golfo .

Romanos es una de las autoras de un informe de AI de 2019 sobre el sistema de kafala en Líbano.

La palabra árabe kafala significa garantizar.

En este sistema “los trabajadores no pueden entrar al país u obtener una visa a menos que tengan ese patrocinio”.

“Y el empleador puede en cualquier momento cancelar el permiso de residencia y dejar al trabajador como un ilegal en riesgo de ser deportado”, explicó Romanos.

“El trabajador no puede cambiar de trabajo ni abandonar el país sin permiso de su empleador, así que acaba atrapado en un ciclo de abuso”.

El sistema fue creado para asegurar una oferta abundante de mano de obra barata durante una era de boom económico.

Sus defensores aseguran que beneficia a las empresas locales y es un factor que impulsa el desarrollo, aunque el sistema se ha vuelto cada vez más polémico por las denuncias de casos de abuso.

A pesar de la posible explotación, los trabajadores muchas veces aceptan trabajos en el sistema de kafala porque la paga que se ofrece es mejor que la que obtendrían en sus propios países, señala el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés), un think tank con sede en Nueva York.

Muchos trabajadores envían remesas a sus hogares, que según el Banco Mundial pueden ayudar a aliviar la pobreza en países de medianos y bajos ingresos. En 2019, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos estuvieron entre los 10 países desde donde se enviaron más remesas.

Los valedores del sistema argumentan que facilitar la entrada legal de trabajadores a la región hace que éstos sean menos vulnerables al tráfico de personas.

Quienes se oponen, sin embargo, señalan que se requieren mayores garantías legales para proteger a los trabajadores, agrega el análisis de CFR.

Mujeres protestando en Líbano con un cartel que dice "abajo el kafala". 2019

Getty Images
“Abajo el kafala”. Trabajadores migrantes protestaron contra este sistema en Líbano.

El sistema de kafala se aplica con variaciones en todos los países del Golfo, además de en Jordania y Líbano.

“En Líbano, por ejemplo, los trabajadores migrantes no pueden cambiar de empleo sin el permiso del empleador pero sí pueden salir del país”, afirmó Romanos.

“Aunque en la práctica es muy difícil hacerlo si el empleador se niega a pagar el pasaje aéreo, ya que estos trabajadores ganan muy poco. En muchos casos además los empleadores confiscan sus pasaportes“.

“Historias desgarradoras”

El informe de 2019 de Amnistía Internacional se centra en el caso de las trabajadoras domésticas.

Uno de los testimonios que recoge el reporte es el de Mary, una trabajadora de Etiopía que viajó a Líbano, donde aseguró haber sufrido abuso físico y verbal.

“Estuve en la casa de mis empleadores sin salir durante un año, trabajaba 18 horas al día. Lloraba todos los días y traté de acabar con mi vida en tres ocasiones. Su casa era mi prisión”, relató Mary.

“La historia de las trabajadoras domésticas es tristemente muy similar en toda la región”, señaló Romanos.

Manos con guantes de limpieza

Getty Images
Algunas de las trabajadoras domésticas entrevistadas por Amnistía Internacional trabajaban hasta 18 horas al día.

“Como viven en la casa de sus empleadores tienden a estar aisladas, a muchas se les prohíbe salir de la casa. Creo que algunas de las historias más desgarradoras que escuchamos eran especialmente de trabajadoras domésticas”.

La mayoría de las trabajadoras domésticas atrapadas en el sistema de kafala son mujeres y provienen de Filipinas, Sri Lanka, India, Bangladesh, y en muchos casos de África.

Muchas de ellas son madres que dejaron a sus hijos en sus países y viajaron con la idea de ganar dinero para la educación y alimentación de sus niños”.

Romano señaló que muchas trabajadoras domésticas migrantes trabajan, como Mary, hasta 18 horas al día sin ningún día libre a la semana.

La carga de trabajo es atroz y muchas relatan casos de abusos físicos por parte no solo de sus empleadores sino de los menores a su cargo”.

“Hemos hablando con muchas de estas mujeres que estaban en refugios en Líbano y Qatar. Estaban atrapadas, porque los empleadores aún tenían sus pasaportes y además no tenían dinero para regresar a su país y reunirse con sus hijos”.

Muchas de ellas ni siquiera habían recibido sus salarios así que trabajaron por nada”.

Un estudio de 2008 de Human Rights Watch denunció que las trabajadoras domésticas migrantes estaban muriendo en Líbano a una tasa de más de una por semana, debido a suicidios o intentos de escapes fallidos.

Bahréin, Qatar y Arabia Saudita

Bahréin anunció en 2009 que desmantelaría el sistema de kafala y estableció un organismo público, la Autoridad Reguladora del Mercado de Trabajo, con el fin de regular el estatus de los trabajadores migrantes en lugar de los empleadores.

Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señaló que esa Autoridad actúa luego del reclutamiento y “no ha asumido el rol de patrocinio, por lo que el sistema de kafala permaneció con algunas restricciones”.

Los trabajadores migrantes en Bahréin ahora tienen “un grado de mobilidad ya que pueden cambiar de empleo sin el consentimiento escrito de su empleador”.

Pero la OIT advirtió que esta libertad fue luego restringida por otra ley en 2011 “que impide a los trabajadores cambiar de empleo antes de un año”.

Qatar también introdujo reformas recientemente al sistema de kafala “ante la presión internacional y por ser foco de atención antes del Mundial de fútbol de 2022”, señaló Romanos.

El país tiene cerca de dos millones de trabajadores migrantes, que representan el 95% de su fuerza laboral, según AI.

“Qatar permite ahora que los trabajadores migrantes cambien de trabajo y salgan del país sin permiso de sus empleadores, pero en la práctica esto sigue siendo difícil”.

“Y además el empleador aún tiene el poder de cancelar en cualquier momento el permiso de residencia. Si el trabajador abandona el empleo por abuso puede ser acusado de huir y enfrentar un posible arresto y deportación”.

La OIT, por su parte, describió la reforma al sistema de kafala en Qatar como “un cambio histórico”.

“Qatar ha introducido grandes modificaciones a su sistema laboral, poniendo fin al requisito de que los trabajadores migrantes obtengan el permiso de su empleador para cambiar de trabajo. El país convirtió al mismo tiempo en el primero de la región en adoptar un salario mínimo no discriminatorio”, señaló la OIT.

“Tras la adopción de la ley 19 de 2020, el 30 de agosto de ese año, los trabjaadores migrantes pueden cambiar de empleo antes del fin de su contrato sin obtener primero un Certificado de No Objeción de su empleador.

Esta nueva ley, unida a la eliminación previa del requisito de un permiso del empleador para abandonar el país, efectivamente desmantela el sistema de patrocinio de kafala y marca el comienzo de una era en el mercado laboral de Qatar”.

“Mediante legislación adicional se estableció un salario mínimo de 1.000 riyales de Qatar (unos US$275) que se aplica a todos los trabajadores, de todos los sectores, incluyendo las empleadas domésticas”, agregó la OIT.

Trabajadores migrantes en Doha, Qatar, haciendo fila para usar un cajero automático

Getty Images
Qatar tiene cerca de dos millones de trabajadores migrantes, que conforman el 95% de la fuerza laboral del país.

Arabia Saudita, por su parte, “tiene más de 10 millones de trabajadores migrantes“, afirmó Romanos.

Este país también introdujo algunas reformas, “pero son más en papel que en la práctica”, según la investigadora de AI.

“Por otra parte, es un país cerrado a las organizaciones de derechos humanos por lo que es muy difícil documentar los abusos y ofrecer apoyo a los trabajadores”.

“Una forma de esclavitud moderna”

Al igual que Mary, la trabajadora doméstica en Líbano, Athenkosi intentó quitarse la vida.

El joven barista logró finalmente volver a Sudáfrica, luego de que su novia organizara una campaña para recaudar fondos. El empleador sólo lo dejó ir tras recibir unos US$1.500 por “incumplimiento de contrato y gastos de comida y alojamiento”.

Otras personas atrapadas en el sistema de kafala no han sido tan afortunadas y siguen a la merced de sus empleadores.

Protesta de trabajadores migrantes en Líbano en 2019

Getty Images
Estos trabajadores migrantes en Líbano piden a sus empleadores: “Entreguen nuestros pasaportes, concédannos un día libre, paguen salarios, hablen en forma amable”.

Para Romanos, el kafala es un sistema complejo que no se cambia solo aboliendo un par de leyes.

“Debe haber un cambio de cultura en estos países, y debe acabarse con la cultura de impunidad”.

Los empleadores no enfrentan ninguna consecuencia por sus abusos, ni en Qatar ni en el resto de la región”.

Romanos asegura que los gobiernos deben no solo reformar las leyes sino implementar esos cambios y castigar a los abusadores.

“Definitivamente el sistema de kafala es una forma de esclavitud moderna y creemos que debe ser abolido“.

“Ése es el llamado que hicimos ya hace más de diez años cuando comenzamos a informar sobre el kafala”.

“Es un sistema que debe ser reemplazado por otro que proteja a los trabajadores migrantes de los abusos y garantice sus derechos humanos”.


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