Mal diseñada y sin resultados, estrategia para prevenir la violencia contra las mujeres en CDMX
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Mal diseñada y sin resultados, estrategia para prevenir la violencia contra las mujeres en CDMX

Una de las estrategias analizadas fue la entrega de silbatos que, según las organizaciones, se trata de una medida “problemática”, debido a que está mal diseñada y no atiende el tema del acoso contra las mujeres en el transporte público
Cuartoscuro
Por Nayeli Roldán
25 de noviembre, 2016
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La estrategia 30-100 para prevenir la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México (CDMX), impulsada por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, fue “mal planeada”, “mal ejecutada” y sin resultados. Así lo concluye el informe realizado por cuatro organizaciones sociales a 100 días de su instrumentación.

Ala Izquierda, EQUIS Justicia para las Mujeres, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Programa de Derecho a la Salud del Centro de Investigación y Docencia Económicas (ADSYR) presentaron este jueves 24 de noviembre el informe de seguimiento Estrategia 30-100 selección de acciones de impacto inmediato para prevenir, atender y sancionar la violencia hacia las mujeres en el transporte y los espacios públicos.

El informe analiza los resultados de las políticas implementadas por el gobierno de la CDMX tras la marcha del 24 de abril pasado, donde mujeres de 26 ciudades en el país protestaron contra las violencias machistas y la inacción gubernamental para combatirlas.

Aunque el gobierno de la Ciudad de México lanzó la estrategia 30-100 para afrontar la problemática, las organizaciones concluyeron tras el análisis que se trata de una política pública “endeble e insuficiente para hacerle frente al problema que supuestamente debía atacar”. Se quedó en “una buena intención” nada más.

Una de las políticas analizadas es la entrega de silbatos que, según Mancera, serviría para que las mujeres “avisaran” de posibles delitos. Para las organizaciones se trata de una medida “problemática”, debido a que está mal diseñada y no atiende el tema del acoso en el transporte público.

La estrategia fue anunciada el 25 de mayo pasado, pero careció de diagnóstico sobre los tipos de violencia en el transporte público y de análisis de la propia estrategia, por lo tanto, “su defensa como política pública es endeble”.

Tampoco estuvo vinculada a otras áreas. Si una mujer hace sonar el silbato, las autoridades no saben qué hacer. De acuerdo con el informe, cuando preguntaron a la Secretaría de Seguridad Pública, respondió que no existe un protocolo de actuación policial para enfrentar violencia en el transporte público.

Esto significa que “se repartieron los silbatos sin tener claro el papel de las mismas autoridades ante su llamado”; por tanto, no puede ser considerada como una medida eficaz para combatir una de las formas de violencia.

Tampoco tuvo éxito en materia cuantitativa. Se ofrecieron, en total, 115 mil silbatos, en una ciudad con una población de casi 9 millones de habitantes, pero según información del Instituto de las Mujeres CDMX, sólo se repartieron 19 mil 417 silbatos a mujeres y mil 16 a hombres. Tampoco hubo claridad sobre el cálculo para repartir ni cuál era la población objetivo.

Entre los requisitos para obtenerlos está presentar credencial de elector –lo que excluye a menores de edad y quienes no cuentan con la ciudadanía– y tener correo electrónico, aunque sólo 63.1% de los hogares tiene acceso al Internet. “El acceso al silbato, por lo tanto, está fuertemente restringido”, dice el informe.

Mal diseño y sin impacto

En marzo pasado, el caso de Andrea Noel, periodista estadounidense agredida en la calle, y otras denuncias que se hicieron pública en redes sociales originaron debate sobre la violencia contra las mujeres y, al mismo tiempo, desencadenó más agresiones vía internet hacia las denunciantes.

En unos días, miles de mujeres atendieron la convocatoria surgida en redes sociales para marchar el 24 de abril. Fue la primera vez en que las mujeres y hombres protestaron para exigir respeto y cese de las agresiones contra mujeres, además de políticas públicas para combatirlo.

En respuesta, el gobierno capitalino lanzó la campaña “Tu Denuncia es Tu Mejor Defensa”, cuyos mensajes se transmitieron en carteles, dovelas y calcomanías, en rutas y estaciones del sistema de transporte colectivo y dirigida a las mujeres, a quienes incita a “hacerse escuchar”, denunciando. #PorTiPorTodas.

El informe identifica tres aspectos que no contribuyen a resolver el problema. Primero, al ser la única campaña al respecto en la Ciudad, “todos los esfuerzos de comunicación están centrados en las mujeres víctimas de la violencia sexual”, por lo que no se incluye a los agresores y el público en general.

La campaña finca la responsabilidad en las mujeres. “Es una campaña que les dice a las mujeres que tienen que denunciar si quieren que el problema se aborde. Todo depende de ellas. Más aún: que de ellas depende ayudar a otras”.

El llamado está fincado en la denuncia “formal”, pero el proceso “está plagado de obstáculos” para las mujeres, toda vez que implica una inversión de tiempo que no pueden hacer si es que trabajan, además, en las instancias gubernamentales pueden ser revictimizadas. Otro problema confirmado por la investigación es que el resto de las instancias estaban desvinculadas de la campaña.

 Los espacios divididos

Para las organizaciones, la decisión del gobierno capitalino de aumentar los espacios exclusivos para las mujeres en el sistema de transporte público es “problemático”, porque no se sabe a ciencia cierta su eficacia y debía ser atemporal.

La estrategia Viaja segura, de acuerdo al gobierno, agrupa y fortalece las acciones que han desarrollado desde 2008 con el Programa Viajemos Seguras en los diversos sistemas de transporte público.

Esto significa que la estrategia 30-100 del gobierno está basada en programas que ya existía. Aunque un informe realizado por el Colegio de México analiza la eficacia de esta estrategia, los resultados no son públicos.

Por lo tanto, tras 8 años de implementación del Programa Viajemos Seguras, la ciudadanía no cuenta con elementos para valorar la idoneidad de ampliarlo o focalizarlo en una nueva estrategia.

Sin saber si este programa ha funcionado, el gobierno simplemente decidió mantenerlo y aumentar los espacios para las mujeres en el sistema de transporte público”, refiere el informe.

Como otras políticas públicas, ésta debe servir para propósitos específicos y temporales. Los transportes separados no contribuyen para alcanzar la igualdad, ya implementarlos de manera permanente resultan en lo mismo: segregación.

El informe concluye que la estrategia del gobierno capitalino “presenta problemas desde su concepción” porque no está basada en un diagnóstico adecuado del problema que supuestamente ataca. Esto deriva en un mal diseño y mal ejecución de las políticas públicas.

Las estrategias tampoco previeron indicadores, ni procedimientos adecuados para evaluar. Esto, incluso, puede ser contraproducente, ya que “ha implicado no solo un desgaste institucional y de cara a la ciudadanía, sino un gasto de recursos que se pudieron haber utilizado para otro tipo de políticas”.

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'Solo sí es sí': por qué muchos agresores sexuales en España podrán salir de prisión antes de tiempo bajo una nueva ley

Un agujero legal en la nueva legislación sobre la libertad sexual en España ha abierto la puerta a la rebaja de la pena a personas ya condenadas por agresión sexual.
18 de noviembre, 2022
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Lleva en vigor apenas un mes, pero la polémica no abandona a la nueva ley española conocida como del “solo sí es sí”.

Un “agujero legal” en La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que impulsó el sector más izquierdista del gobierno español, ha provocado que la aplicación de la norma tenga una consecuencia indeseada para sus promotores: la reducción de la pena a algunos condenados.

Desde que comenzó a aplicarse, una quincena de agresores condenados con la legislación antigua han obtenido una rebaja automática en sus penas, entre ellos un hombre que abusó sexualmente de su hijastra de 14 años. Tres de ellos han sido excarcelados.

El cambio en el régimen jurídico, que se aprobó tras más de cuatro años de debate, no incluyó una disposición transitoria para acotar los casos susceptibles de revisión de la pena, una especie de reglas que establecen el paso de un Código al otro.

Esta es una disposición que suelen adjuntar las nuevas leyes que modifican el Código Penal español.

La ley de Libertad Sexual ha eliminado la distinción entre abuso y agresión sexual. Ahora, toda interacción sexual sin consentimiento se considera una agresión.

Sin embargo, esta refundición de conductas también ha ampliado el rango de las penas que se aplican a estos comportamientos, que pueden ser muy distintos.

En algunos supuestos, las penas mínimas y las máximas son más bajas.

Esto ha sido aprovechado por los abogados de algunos condenados, que tienen derecho a que su pena se adapte a la nueva ley si esta les resulta más favorable.

Perspectiva de género

Para la ministra española de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, el problema radica en que “hay jueces que no están cumpliendo con la ley” por “machismo“, y ha pedido que se refuerce la formación en igualdad en el sistema judicial.

La ministra española de Igualdad, Irene Montero.

EPA
La ministra española de Igualdad, Irene Montero.

Según la ministra, la ley está bien redactada y el problema se encuentra en la aplicación e interpretación de la misma por jueces a los que les falta “perspectiva de género”.

La titular de Derechos Sociales y líder del partido izquierdista, Ione Belarra, también ha dicho que los jueces están aplicando “mal” la nueva ley, y ha acusado a una parte de la magistratura de erigirse como “oposición al gobierno de coalición, y especialmente al ministerio de Igualdad”.

Ante las críticas, los jueces aseguran que ellos mantienen un compromiso con las víctimas, pero que la nueva ley puede dar lugar a interpretaciones.

El Consejo General del Poder Judicial, conocido como “gobierno de los jueces”, ya había advertido en un informe antes de que se aprobara la ley que ésta podría dar lugar a “una revisión de las condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas”.

Varias agrupaciones de jueces, entre ellas la Asociación Profesional de la Magistratura, que reúne al mayor número de juristas en España, han pedido la dimisión de la ministra de Igualdad por sus ataques a los jueces y por generar “una alarma innecesaria y devastadora” entre las víctimas.

En el Gobierno de coalición, los socialistas se han abierto a revisar la ley del “solo sí es sí”.

“Si hay que abordar una reforma para conseguir un respaldo más sólido a las víctimas, habrá que abordarla”, ha dicho la ministra socialista de Educación, Pilar Alegría.

La ley, sostiene, se aprobó para la protección integral de las víctimas.

El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que corresponde a los jueces y fiscales “unificar” la doctrina al respecto.

Origen

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual tiene su origen en el polémico caso conocido como de “la manada“, que generó manifestaciones en todo el país y la exigencia de parte de la sociedad española de reformar las leyes para proteger a las mujeres de ataques sexuales y endurecer los castigos para quienes los perpetren.

En este caso, cinco hombres violaron a una joven de 18 años en un portal de Pamplona y fueron condenados a penas de 15 años.

Paradójicamente, la nueva ley podría rebajar la condena de alguno de ellos.

Su abogado ya ha dicho que, a la luz del nuevo código, pedirá la reducción de la pena de al menos uno de los condenados.

La ley se conoce como de “solo sí es sí” por uno de sus postulados más importantes y, a la vez, más polémicos: la del consentimiento antes de cualquier agresión sexual.

“Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”, expone el texto legal.

Esto supone que una agresión sexual no implica necesariamente el uso de la fuerza o que la víctima haya tratado de resistirse.

La nueva norma también castiga el acoso callejero y la violencia sexual digital, entre otros delitos.


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