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Montserrat Sánchez Maldonado y Paris Martínez
Policías federales cumplen 7 años desaparecidos; familiares denuncian omisiones en investigación
En 2009 siete policías federales recibieron la orden de trasladarse al municipio de Ciudad Hidalgo, pero nunca llegaron a su destino final; desaparecieron y no hay avances en las investigaciones.
Montserrat Sánchez Maldonado y Paris Martínez
Por Montserrat Sánchez Maldonado y Paris Martínez
18 de noviembre, 2016
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Siete policías federales y de un acompañante civil están desaparecidos desde 2009, y sus familiares acusan omisiones en la indagatoria sobre el caso.

Acompañados por familias de otras víctimas provenientes de Veracruz, Morelos, Estado de México y otras entidades, se congregaron el pasado miércoles frente a las oficinas principales de la Procuraduría General de la República –en Paseo de la Reforma–, para hacer sonar sirenas y torretas azules y rojas.

Lo anterior, con un doble significado: por un lado, rendir homenaje a los agentes que fueron raptados cuando se dirigían a Michoacán, para asumir labores de seguridad pública en uno de sus municipios; y por otro, protestar por las fallas en la búsqueda de las víctimas y sus captores.

El 16 de noviembre de 2009; siete elementos de la Policía Federal (Luis Ángel León Rodríguez, Juan Carlos Ruiz Valencia, Pedro Alberto Vázquez Hernández, Bernardo Israel López Sánchez, Víctor Hugo Gómez Lorenzo, Israel Ramón Usla y Jaime Humberto Ugalde Villeda) recibieron la orden de trasladarse al municipio de Ciudad Hidalgo, para asumir la coordinación de la seguridad pública en la localidad.

Sin embargo, la dependencia no les proporcionó ningún medio para su traslado, ni para garantizar su integridad física.

Por ello, los siete agentes federales contrataron al civil Sergio Santoyo García, para que los llevara en su camioneta, desde la Ciudad de México hasta Ciudad Hidalgo.

Nunca llegaron. Desde entonces se desconoce su paradero.

Aracely Rodríguez, madre del policía Luis Ángel León, exigió al nuevo titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, que no ignore el caso, que la ayude a ella y a los demás familiares a descubrir lo que pasó hace ya siete años.

“La denuncia por nuestros desaparecidos la hemos hecho ante PGR, al Órgano Interno de Control de la Policía Federal, Asuntos Internos de la misma, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también recurrimos a la Secretaría de la Función Pública y nos hemos dado cuenta que todos los expedientes que se han ido acumulando no bastan”, argumentó Aracely Rodríguez.

Asimismo, la madre de Luis Ángel León declaró que durante el seguimiento que han hecho los propios familiares, se han confirmado omisiones por parte de servidores públicos, que dieron pie a la desaparición de los policías, y aunque esas omisiones pudieron ser investigadas como delitos, esto ya no es posible puesto que prescribieron.

Es por esa razón que Aracely Rodríguez, junto con los demás familiares, anunció que presentarán una queja contra la Secretaría de la Función Pública, para que se investigue la responsabilidad de todos los que dejaron prescribir los delitos y sobre todo, “para que salga a la luz la responsabilidad de los funcionarios que hayan estado implicados”.

Por su parte, la abogada de la Karla Loyo, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, recalcó que “es de suma importancia que la PGR realice una investigación exhaustiva con la cual se permita señalar la responsabilidad de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), que de acuerdo a testimonios de los detenidos brindaba protección a la Familia Michoacana en todas sus actividades delictivas, incluyendo la desaparición y ejecución extrajudicial de personas; configurándose así la desaparición forzada por particulares en contra de los siete policías federales y el civil que los llevó a Michoacán”.

Antonio Helguera, caricaturista del periódico La Jornada, también participó en la protesta, ya que su familia también se vio afectada por la misma cadena de violencia.

“Esa guerra alcanzó a mi familia: mi cuñado, Rafael Muñoz Rojas, trabajaba en la PF de Michoacán, y tras la desaparición de los siete elementos ya mencionados, fue enviado al mismo lugar a tomar posesión como Director de Seguridad Pública.

Tras dos meses bajo el cargo, fue asesinado. Se nos ha dicho que se combate al narcotráfico, pero lo que vemos en realidad es un narco que florece, que está más fuerte que nunca; si al Ejército se trata así significa que la guerra no está funcionando, lo único que se logra es bañar de sangre al país”, subrayó Helguera.

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