Los problemas judiciales que rondan a Donald Trump tras convertirse en presidente electo de EU
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AP

Los problemas judiciales que rondan a Donald Trump tras convertirse en presidente electo de EU

Donald Trump está involucrado en pleitos judiciales que deben resolverse en los próximos meses.
AP
Por BBC Mundo
12 de noviembre, 2016
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Donald Trump está a punto de convertirse en el hombre más poderoso del mundo.

El 20 de enero asumirá la presidencia de Estados Unidos, tras derrotar a Hillary Clinton en las elecciones del pasado martes.

Pero antes de que eso suceda, este del 28 de noviembre, él y sus abogados tendrán que enfrentar una demanda judicial como un ciudadano cualquiera.

Y no es la única ya que el presidente electo de EU enfrenta varias causas judiciales.

Tal vez la más notoria es en la que se acusa a su Universidad Trump de defraudar a los estudiantes.

El procedimiento judicial tendrá lugar a fines de noviembre en la ciudad de San Diego, California, y es parte de un juicio civil.

Lo que quiere decir que Trump no está acusado de ningún delito sino que enfrenta una disputa de índole monetaria con personas que se sienten estafadas por la universidad que lleva su nombre.

En este caso, un grupo de antiguos estudiantes están demandando al centro educativo por US$40 millones, según informa el diario Financial Times.

Los abogados de Trump niegan las acusaciones.

Se espera que en algún momento del juicio Trump declare en su propia defensa y como testigo solicitado por la parte acusadora. Sus abogados están buscando que la declaración del presidente electo a la corte ocurra mediante una conexión de video, para evitarle la necesidad de acudir en persona.

Juez Curiel

caravana de TrumpLa Corte Suprema dictaminó que los presidentes no tienen fuero especial para estos casos civiles

El juez que preside la causa es nada más y nada menos que el magistrado federal Gonzalo Curiel, un estadounidense de ancestro mexicano.

Durante la reciente campaña electoral, en la que las demandas contra el candidato conservador habían surgido como tema de campaña, Trump había cuestionado la idoneidad del juez para resolver su caso por ser de origen hispano, argumentando que estaría predispuesto contra el magnate por sus polémicas declaraciones sobre los indocumentados mexicanos.

Ello generó acusaciones de racismo contra Trump, que al final no fueron suficientes para convencer a los votantes de que escogieran a otro candidato.

Pero independientemente del resultado en la elección presidencial, el mandatario electo está obligado a enfrentarel juicio. 

Incluso, si el procedimiento llegase a extenderse más allá del 20 de enero, cuando asume la presidencia, no podría evadirlo.

Un fallo de la Corte Suprema en 1997 dictaminó que los presidentes no tenían protección especial para enfrentar causas civiles por hechos que hubiesen ocurrido antes de asumir el cargo presidencial.

En 1997, el acusado fue el entonces presidente Bill Clinton, quien tuvo que enfrentar una demanda civil por acoso sexual contra Paula Jones. Clinton aceptó pagar $850.000 a la demandante sin reconocer culpa.

Fuero especial

Paula Jones.Durante su presidencia, Bill Clinton enfrentó una demanda por acoso sexual de Paula Jones.

Los presidentes estadounidenses gozan, en cambio, de un fuero especial para enfrentar acusaciones penales por acciones ocurridas durante su presidencia.

En este caso, es solamente la Cámara de Representantes la que puede efectuar un “impeachment”, una acusación penal formal contra el mandatario. Y es el Senado el que lleva a cabo el juicio que eventualmente podría resultar en la destitución del presidente.

El último mandatario en enfrentar este procedimiento fue también Bill Clinton, quien fue formalmente acusado por la Cámara de Representantes de haber mentido bajo juramento en hechos relacionados con el escándalo sexual de Mónica Lewinsky.

Pero el Senado, que era controlado por su partido, absolvió a Clinton en 1999.

Otros juicios

José AndrésTrump también tiene un pleito con el famoso chef José Andrés.

En cualquier caso, nadie está sugiriendo que el juicio que enfrentará Trump a fines de noviembre pueda poner en riesgo legal su llegada a la presidencia estadounidense semanas más tarde.

Incluso no son pocos los que suponen que Trump podría llegar a un arreglo monetario con los demandantes en ese juicio civil, y así evitarse el engorroso trámite que le quitaría tiempo valioso para prepararse a asumir la presidencia estadounidense.

Pero sus disputas judiciales no se detienen ahí.

El Financial Times reporta que hay más de 70 demandas pendientes contra el magnate y sus empresas.

El mismo Trump amenazó con acrecentar la lista en los días finales de la campaña al advertir que demandaría a las mujeres que lo acusaban de acoso sexual. Y también aseguró en algún momento que demandaría al diario New York Times por aspectos de la cobertura de su campaña. No se sabe si cumplirá con esas amenazas.

Trump también ha demandado antes a personas como al chef español José Andrés, quien se retiró de una acuerdo para ubicar un restaurante en un proyecto hotelero del millonario luego de sus polémicas declaraciones contra los hispanos.

Y hay otras investigaciones preliminares en curso. Eric Schneiderman, fiscal general del estado de Nueva York, había dicho que su oficina investigaba posibles irregularidades de la Fundación Trump.

Un inconveniente

TrumpTrump podría rendir testimonio por video.

Hasta ahora no hay evidencia de un problema legal que pueda amenazar realmente la presidencia de Donald Trump.

Pero sus problemas en los estrados judiciales pueden ser una distracción peligrosa.

Muchos recuerdan el impacto negativo que tuvieron los problemas legales privados de Bill Clinton en los años finales de su mandato.

Y Trump apenas comienza su gobierno, con una nación extremadamente polarizada en torno a su figura.

Por ello, tener que pensar en los múltiples casos judiciales que involucran a su nombre y al de sus empresas es uno más en la larga lista de retos complejos del presidente electo.

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Las 24 horas de ataques sincronizados del narco en Ecuador que dejaron 6 muertos y llevaron a un nuevo estado de excepción

Los tiroteos por parte de grupos del crimen organizado en Ecuador se han atribuido al traslado de presos del Penal del Litoral, en Guayaquil.
2 de noviembre, 2022
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Dos provincias de Ecuador vivieron 24 horas de terror cuando bandas armadas realizaron ataques sincronizados que fueron calificados por el presidente Guillermo Lasso como “una declaración de guerra” contra el estado de Derecho, el gobierno y la ciudadanía.

El mandatario decretó un nuevo estado de excepción en Guayas y Esmeraldas por 45 días, que implica un toque de queda desde las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana.

Según informó el diario El Universo, hasta el momento hay cinco policías muertos, atacados a tiros mientras patrullaban las calles de estas dos provincias, y un civil, quien falleció, por una herida de bala en la cabeza.

La mayoría de los ataques se produjeron entre la una y las tres y media de la madrugada, e incluyeron detonaciones de artefactos explosivos y coches bomba en los alrededores de gasolineras, terminales de autobuses y comisarías.

Como indicó en septiembre la enviada especial de BBC Mundo a Guayaquil Valentina Oropeza, “el Ministerio del Interior y la Policía Nacional han registrado 145 atentados con explosivos en Ecuador entre enero y agosto de este año, un récord en la historia del país. 72 de ellos, casi la mitad, han ocurrido en Guayaquil”.

Los atentados continuaron en horas de la tarde, por ejemplo frente al edificio municipal de Durán, ciudad vecina a Guayaquil, que tiene la segunda tasa de homicidios más alta del país, según informó el medio GK.

Traslados “por reparaciones”

Los ataques habrían sido -según la prensa local- una respuesta de grupos vinculados al narcotráfico a un traslado de cientos de presos del Penal del Litoral, ubicado en Guayaquil y escenario de motines sangrientos en los últimos dos años (unos 120 internos murieron en esta cárcel en septiembre de 2021).

El diario El Universo informó de panfletos atribuidos a las bandas Los Lobos y Los Tiguerones que advertían el lunes pasado con hacer uso de su poder logístico y armamento si “tocaban” a su gente de los pabellones 8 y 9 de esa penitenciaría.

Familiares de presos en el el Penal del Litoral

Getty Images
Familiares de presos en el el Penal del Litoral se autoconvocaron desde el lunes afuera de la penitenciaría.

Se desconoce aún a qué otros centros de rehabilitación fueron llevados los presos, cuyo traslado fue atribuido por el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores) a “reparaciones en los pabellones”.

“No sabemos a dónde los llevan, los mandan a morir”, dijo a este diario uno de los familiares que desde la noche del 31 de octubre se autoconvocaron en las afueras del Penal del Litoral ante las primeras noticias de los traslados y con temor a nuevas masacres carcelarias que han dejado más de 400 muertos en Ecuador desde 2020.

Mientras, en un centro de rehabilitación de Esmeraldas siete funcionarios penitenciarios fueron secuestrados por los presos y más tarde liberados.

“Incomodidad”

En este marco de violencia, el presidente suspendió sus vacaciones familiares a Orlando, Estados Unidos, por las que había sido criticado en redes sociales debido a la situación de violencia en el país, y se trasladó a Guayaquil -capital de la provincia del Guayas- para encabezar la respuesta del gobierno a esta última ola de atentados.

Según Lasso, lo ocurrido en estas 24 horas muestra “claramente los límites que la delincuencia organizada transnacional está dispuesta a traspasar”.

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador

Getty Images
El presidente Lasso ha decretado varios estados de excepción desde 2020 pero la violencia no se detiene en el país.

“La narcodelincuencia se siente incómoda y manifiesta su malestar con violencia”, añadió el mandatario, atribuyendo la reacción de las bandas armadas al combate de su gobierno al tráfico de drogas.

Como informó Valentina Oropeza, en 2022 Ecuador figura como el tercer país donde se incauta más cocaína después de Colombia y Estados Unidos, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga.

Guayaquil, el mayor puerto marítimo del país, también es el principal puerto de salida de la droga que navega por el Pacífico hacia el norte del continente americano.


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