Recién nacida murió en Chiapas por negligencia de 9 médicos del IMSS
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Archivo Cuartoscuro

Recién nacida murió en Chiapas por negligencia de 9 médicos del IMSS

Gabriela Jaqueline denunció que un hospital del IMSS en Bochil, Chiapas, recibió una atención inadecuada de un médico practicante, y en un momento incluso le dijo que tuviera el bebé sola.
Archivo Cuartoscuro
Por Paris Martínez
8 de noviembre, 2016
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Luego de casi tres años de investigaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó el pasado 28 de octubre que la muerte de una bebé recién nacida, ocurrida en diciembre de 2013 en un hospital público del municipio de Bochil, Chiapas, fue producto de la mala atención médica, otorgada por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Gabriela Jaqueline tenía 21 años y 40 semanas de embarazo cuando se presentó a la unidad de urgencias médicas del Hospital Regional 8 del IMSS, ya con labores de parto.

Ella llegó al hospital a las 5:00 de la madrugada del 26 de diciembre de 2013, momento en que fue recibida por un médico de planta, el cual, después de una valoración superficial, la dejó encomendada a un médico practicante, es decir, un alumno en formación.

Las normas oficiales mexicanas relacionadas con la atención de alumbramientos señalan que toda mujer embarazada debe ser atendida por un médico titular, y en caso de que sea asistida por un practicante, éste debe ser siempre supervisado por el doctor de planta.

Esto, sin embargo, no ocurrió en el caso de Gabriela Jaqueline: durante las siguientes 18 horas, la joven embarazada no volvió a ver a ningún médico titular, a pesar de que sus dolencias fueron en aumento, y a lo largo del día sólo fue auscultada, cada determinado tiempo, por el mismo médico practicante al que fue encargada.

“El médico que me atendió no era ni ginecólogo –denunció Gabriela en 2013, a través de redes sociales– era un médico general pasante, y no me quiso atender a la hora. Yo le decía que mi bebé ya iba a nacer y él me contestó de manera grosera que, si podía, lo tuviera sola.”

Aunque a su arribo al hospital se detectó que Gabriela presentaba “ruptura prematura de membrana”, durante las siguientes 18 horas nuca se valoró el “riesgo obstétrico” ni el “bienestar fetal” de la bebé por venir, como se pudo comprobar tras analizar el expediente médico integrado por el personal del IMSS y, tal como concluyó la CNDH, tampoco se realizaron estudios básicos, como “ultrasonidos obstétricos”.

De haber realizado estos procedimientos, el personal médico del IMSS habría podido detectar que la bebé tenía el cordón umbilical enredado en su cuello, y que eso era lo que impedía su alumbramiento.

El ultrasonido obstétrico habría podido alertar también sobre la disminución del líquido amniótico que presentaba Gabriela hasta niveles que, según los médicos expertos de la CNDH, son indicativos de sufrimiento fetal.

Además, esos procedimientos habrían permitido a los médicos del IMSS darse cuenta que la mejor respuesta, en esas circunstancias, era realizar una cesárea, en vez de insistir en un parto natural.

Para las 10 de la noche (es decir, al cumplirse 17 horas en labores de parto e intensos dolores), Gabriela aún seguía bajo observación única del médico practicante, quien en todo momento se negó a que la joven fuera sometida a una intervención quirúrgica.

Para la CNDH, el sólo hecho de que las labores de parto se prolongaran por más de 17 horas era un evidente indicativo de que el proceso de alumbramiento se había detenido. Sin embargo, no se hizo nada.

“Yo le suplicaba al médico que operara a mi hija –denunció la madre de Gabriela, a través de un video difundido en 2013–. Yo soy madre y sabía que era el momento, pero el doctor no entendió razones.”

Gabriela sólo fue trasladada a la sala de expulsión y ahí fue abandonada durante una hora más.
Para las 11 de la noche, Gabriela advirtió al médico practicante que sufría “fuertes dolores” y que “sentía que la bebé estaba teniendo sufrimiento fetal” y ese fue, de hecho, el momento en que el médico practicante le respondió que, si ella insistía, “tuviera a la bebé sola”, y luego volvió a irse.

Gabriela quedó nuevamente sola, sin atención, durante otros 30 minutos, sintiendo cómo el movimiento de su bebé dentro de su vientre era cada vez “más lento”, y no fue sino hasta las 23:30 horas que fue revisada por un médico residente gineco-obstetra (el primero en 18 horas), quien confirmó que la bebé presentaba “ritmo cardiaco muy bajo”.

Este médico residente realizó presión en el abdomen de Gabriela, para forzar la salida de la bebé, y sólo entonces se percataron que estaba atorada con el cordón umbilical.

La bebé quedó atorada dentro del canal de parto por cinco minutos y cuando lograron extraerla, no respiraba, por lo que debió ser reanimada y colocada dentro de un respirador.

Aunque la ley establece que los bebés recién nacidos en México deben ser inmediatamente atendidos por un médico pediatra, la bebé de Gabriela no tuvo ningún pediatra a su lado.

Tras nacer, fue atendida únicamente por una enfermera.

Durante las siguientes diez horas, la bebé sufrió tres infartos y, finalmente, murió menos de un día después de haber nacido.

La culpa, según los médicos del IMSS, fue de Gabriela, y alegaron “falta de colaboración de la paciente, que no pujaba”.

Luego de estudiar el caso, el IMSS determinó que su personal actuó correctamente y que no había ninguna responsabilidad en la muerte de la menor.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico también abordó el caso, pero no se pronunció en torno a las deficiencias en la atención brindada a Gabriela y a su bebé. Este organismo público sólo buscó que se llegara a un “acuerdo conciliatorio”, rechazado por las partes.

Finalmente, fue la CNDH, tras analizar los expedientes médicos e informes oficiales relacionados con este caso, concluyó que nueve médicos del IMSS, incluidos los directivos del Hospital Reginal 8 de Bochil, así como los practicantes y residentes involucrados, violaron distintos derechos de Gabriela.

Pero la culpa de estos hechos no recae únicamente en esos nueve médicos, advirtió la CNDH, sino que constituyen también una “responsabilidad institucional” por parte del IMSS, al representar no sólo deficiencias en el actuar personal de estos doctores, sino también deficiencias estructurales de este organismo público.

Según la CNDH, el IMSS y sus médicos violaron el derecho de Gabriela a la protección a la salud (en su modalidad de derecho a la libertad y autonomía reproductiva, así como el derecho a la información en salud); su derecho a una vida libre de violencia de género (en este caso violencia obstétrica); así como su derecho a la integridad personal y al trato digno.

Asimismo, en el caso de la bebé de Gabriela, la CNDH concluyó que el IMSS y sus médicos violaron su derecho a la vida.

Por estas razones, la CNDH anunció que promoverá una nueva investigación administrativa al interior del IMSS en contra del personal involucrado en los hechos que derivaron en la muerte de la bebé recién nacida de Gabriela Jaqueline, y también presentará una “denuncia de hechos” ante la Procuraduría General de la República, ante la posibilidad de que pueda también existir una sanción de tipo penal.

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Tokio: Por qué los Juegos Olímpicos dejarán ‘enormes’ pérdidas económicas para Japón

Las proyecciones iniciales sobre el costo de albergar el evento fueron ampliamente superadas. Varios economistas consideran que los Juegos se han convertido en un "mal negocio".
2 de agosto, 2021
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Protestas en Tokio

Getty Images
Dos tercios de la población japonesa se oponen a los Juegos Olímpicos en Tokio.

Estadios vacíos, hoteles y restaurantes sin turistas extranjeros y negocios con pocos clientes.

La decepción de quienes habían hecho grandes inversiones a la espera de un boom comercial gatillado por los Juegos Olímpicos ha sido brutal.

Es que el evento en Tokio, que fue pospuesto el año pasado por la pandemia de covid-19, se está desarrollando sin público y en una ciudad en estado de emergencia por la crisis sanitaria.

Pese a las persistentes protestas contra la celebración de los Juegos y a que de dos tercios de la población japonesa se oponen a ellos por temor a que se conviertan en un evento “superpropagador” de la pandemia, las competiciones siguen adelante.

No sin polémica. Uno de los grandes auspiciadores del evento, la automotriz Toyota, anunció hace unos días que no utilizará avisos comerciales conectados con los Olímpicos de Tokio por la preocupación que existe en el país en relación con la pandemia.

Y algunos líderes empresariales en Japón como Takeshi Niinami, director ejecutivo de la empresa Suntory, declaró que los Juegos Olímpicos están perdiendo su valor comercial y que su firma decidió no ser parte de los patrocinadores por considerarlos “demasiado caros”.

Algo que ya habían advertido expertos del mundo financiero como Takahide Kiuchi, economista del Instituto de Investigación Nomura, quien escribió en un informe que “gran parte del beneficio económico esperado de los Juegos de Tokio desapareció en marzo, cuando se decidió prohibir a los espectadores extranjeros viajar a Japón”.

“Hubiera sido mejor no tenerlos”, declaró Suehiro Toru del banco de inversión Daiwa Securities, pese a los costos que habría supuesto suspenderlos.

La perspectiva comercial es sombría, aunque no solo por los estragos que ha causado la pandemia.

Un “mal negocio”

Desde hace años varios economistas han publicado investigaciones para demostrar que los Olímpicos son un “mal negocio” para la ciudad -y el país- que los alberga.

Los argumentos que más se repiten son que, en lugar de consumo, turismo y prestigio, el evento deja una millonaria deuda y obras de infraestructura que terminan convertidas en “elefantes blancos” completamente inútiles.

Negocio callejero en Tokio

Getty Images
Desde pequeños negocios hasta las grandes cadenas de hoteles han sufrido el impacto de unos Juegos sin público.

“Las pérdidas serán enormes”, le dice a BBC Mundo Robert Baade, profesor de Economía de la Universidad Lake Forest en Estados Unidos y expresidente de la Asociación Internacional de Economistas del Deporte.

Aunque es difícil poner en cifras la verdadera magnitud de las pérdidas económicas para Japón, porque los cálculos operan sobre la base de valores estimados en relación a lo que habrían sido las “ganancias” generadas por el evento en otras circunstancias, el economista dice que, de todos modos, es posible hacer una proyección.

Desde su perspectiva, las pérdidas pueden ser de unos US$15.000 millones.

Lo que se sabe a ciencia cierta es que se han esfumado unos US$800 millones por la venta de entradas. Pero el asunto se torna más complejo cuando hay que estimar cuánto ha perdido el sector turístico y todos los negocios asociados a él, además de otros sectores que confiaban en un renacer económico gracias a los Juegos.

Qué dice el gobierno

El evento se ha convertido en todo un desafío para la nación del sol naciente, que “cuando ganó esta oportunidad esperaba que le sirviera para demostrar su renacer tras la triple crisis de 2011 y su vuelta a la primera línea mundial, con un ojo puesto en Pekín, que acogerá los siguientes, los de invierno en 2022”, explica Tamara Gil, enviada especial de BBC Mundo a Tokio.

En medio de la vorágine, el gobierno de Japón ha salido a tratar de calmar las aguas.

El primer ministro Yoshihide Suga

Getty Images
El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, declaró el estado de emergencia por la pandemia de covid-19.

El primer ministro Yoshihide Suga ha dicho que está seguro de que las medidas para mantener al público alejado del evento evitarán una escalada de la pandemia y que el país aún se beneficiará de una enorme audiencia televisiva mundial.

“Decidí que los Juegos Olímpicos pueden seguir adelante sin comprometer la seguridad del pueblo japonés”, dijo Suga en una entrevista.

“Lo más simple y lo más fácil es detenerlos”, agregó. Pero “el trabajo del gobierno es abordar los desafíos”.

Suga no está en una posición cómoda, considerando que su nivel de aprobación ha bajado y que enfrentará elecciones hacia fines de este año.

Por otro lado, la apuesta por convertirse en país sede del evento fue hecha hace casi una década por su predecesor, Shinzo Abe, un aliado político de Suga, que heredó este gran desafío.

El problema es que cada vez hay menos interés por parte de los gobiernos para albergar el evento, precisamente porque se han puesto en duda los beneficios que genera.

Los únicos interesados en responder al último llamado para organizar los Juegos posteriores a Tokio fueron Pekín y Almaty (Kazajastán). La apuesta la ganó China.

¿Qué tan costosos han resultado estos Olímpicos?

Como suele ocurrir con los Juegos Olímpicos, el presupuesto previsto para el evento terminó escalando más allá de las previsiones iniciales.

En 2013, el costo del evento fue calculado oficialmente en US$7.300 millones. A fines de 2019 subió a US$12.600 millones y más tarde a US$15.400 millones.

Posteriormente, la Junta Nacional de Auditoría de Japón informó que el costo final se acerca a los US$22.000 millones.

Y luego los medios locales Nikkei y Asahai hicieron sus propias investigaciones situando la cifra en US$28.000 millones.

El costo de los Juegos Olímpicos de Tokio. [ US$22.000 millones Costo estimado del evento según la Junta Nacional de Auditoría de Japón. ] [ US$7.300 millones Estimación oficial del costo del evento en 2013 ], Source: Fuente: BBC Mundo, Image:

A final de cuentas, sea cual sea el cálculo que se considere más preciso, no cabe duda de que las proyecciones iniciales quedaron ampliamente superadas, algo que ha sido una constante durante los últimos años.

“La historia muestra que los Juegos Olímpicos terminan generando pérdidas para los países que se convierten en sede”, explica Baade. “Lo que está ocurriendo en Japón venía desde mucho antes de la pandemia”.

Las firmas patrocinadoras japonesas que aportaron unos US$3.300 millones están preocupadas por la manera en que ha evolucionado esta saga.

Y las pérdidas, dicen expertos, podrían aumentar si finalmente los Juegos terminan siendo el “evento superpropagador” que algunos temen.

“Eso sería un desastre que se sumaría a las pérdidas actuales”, apunta Baade. “Crucemos los dedos para que eso no ocurra”.

¿Quién pierde más?

Según Victor Matheson, profesor de Economía de la Universidad de la Santa Cruz en Massachusetts, Estados Unidos, el costo -no oficial- de los Juegos Olímpicos podría haber llegado a los US$25.000 millones, incluso antes de los gastos adicionales que ha provocado la contención de la pandemia.

Como contraparte, los millonarios ingresos por concepto de entradas, patrocinadores o turismo para Japón, han caído dramáticamente, le dice Matheson a BBC Mundo.

Pero los que no han sufrido un gran impacto financiero, argumenta, son los organizadores del Comité Olímpico Internacional (COI).

“Los ingresos del COI permanecen intactos mientras los juegos continúen siendo televisados”, señala.

“Todavía hay una oportunidad importante”

Varias de las más de 60 empresas que invirtieron en el evento han mostrado su preocupación por la rentabilidad de sus fondos.

“Esta no es una situación ideal”, reconoció Michael Payne, exjefe de marketing del Comité Olímpico Internacional en una entrevista.

El Estadio Internacional de Yokohama

Getty Images
El Estadio Internacional de Yokohama será la sede de la final del fútbol olímpico.

Sin embargo, su pronóstico aún mantiene un cierto nivel de esperanza.

Las empresas aún podrían quedar “gratamente sorprendidas por el potencial beneficio que dejará el legado de estos juegos tan difíciles”.

“Todavía hay una oportunidad importante”, agregó.

Una solución radical

Andrew Zimbalist, quien ha publicado tres libros sobre la economía de los Juegos Olímpicos, ha criticado los beneficios que deja el evento en las ciudades que lo albergan.

Y en el caso de Tokio, sostiene que el gobierno ha gastado unos US$35.000 millones, la cifra más alta que se ha puesto sobre la mesa.

GHF

Getty Images
Andrew Zimbalist propone que la misma ciudad sea sede de los Juegos cada dos años

Su postura es que las gigantescas inversiones en infraestructura que se hacen para acoger el evento -como construcción de estadios, villas olímpicas o renovación de las instalaciones existentes- suelen terminar beneficiando a las empresas constructoras, más que a la economía local.

En una entrevista con el diario The New York Times, Zimbalist propuso que si viviéramos en un mundo racional, “tendríamos la misma ciudad sede de los Juegos cada dos años”. No hay razón para reconstruir obras cada cuatro años, apuntó. “No tiene sentido para las ciudades”.

“Cuando se crearon los Juegos Olímpicos modernos en 1896, no teníamos telecomunicaciones internacionales ni viajes internacionales en aviones. Entonces, para que el mundo participara y disfrutara de los Juegos Olímpicos, tenía que moverse. Ya no tenemos que hacer eso”, propuso el investigador.

Una propuesta que hasta ahora no parece haber ganado adeptos, al menos en el debate público, pero que después de los Juegos de Tokio y con los efectos que ha causado la pandemia de covid-19 en el mundo, quizás podría comenzar a debatirse.


#BBCMundoenTokio

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