[contextly_sidebar id=”ypenEr9SijeJ8iMY8PIsaTTIAbGEi74m”]”Un agente me dijo: a su hijo se lo llevó la policía, se les pasó la mano y están viendo cómo se lo regresan. Si hacen un operativo o qué”, dice Efraín Martiz, su padre, recordando aquellos días de búsqueda. “Mi esposa le rogó al Ministerio Público que nos devolviera a nuestro hijo. Vivo o muerto”.
Al día siguiente de la súplica, el décimo de la desaparición, apareció el cuerpo de Gibrán: 1,80m y 70kg; cabello corto, ondulado, castaño oscuro; de labios finos y ojos de un color similar al de su pelo; en el cuello lucía un tatuaje de un ocho acostado y en el tórax otro de un pentagrama con una clave de sol. El cuerpo, según el informe forense, presentaba quemaduras en la espalda, la mandíbula golpeada; un tiro en la cabeza. Martiz padre, médico de profesión, asegura que se ensañaron con su hijo, que le propinaron choques eléctricos, tablazos y, después de torturarlo, le dieron el tiro de gracia.
‘Un agente me dijo: a su hijo se lo llevó la policía, se les pasó la mano y están viendo cómo se lo regresan’.
El relato oficial: un enfrentamiento entre criminales y policías. Los criminales habían matado a Gibrán y a otro chico. Los policías matan a los criminales y recuperan los cuerpos.
Para Efraín Martiz esos diez días transcurrieron de una forma muy diferente. El 7 de enero de 2014 llegó al departamento que su hijo acababa de rentar en Xalapa, la capital del estado costero de Veracruz, donde grababa un disco, el primero después de su paso por la televisión. Llegó preocupado. Hacía horas que Gibrán no se comunicaba por Whatsapp, algo que padre e hijo hacían constantemente. El conserje del edificio le contó que un grupo de encapuchados a bordo de patrullas de la policía estatal habían secuestrado a Gibrán y a otros dos chicos.
Esa misma noche empezaron la búsqueda. Acudieron a la policía.
Según el padre, los agentes les dijeron que su hijo no aparecía en ningún registro, que si era cierto que lo habían detenido ya estaba libre. “Después miramos cámaras de seguridad y nos dimos cuenta de que [las grabaciones] estaban borrosas, manipuladas. Había gente coludida con la policía”. Uno de los chicos nunca ha aparecido; el otro era un menor. Su cuerpo apareció el 17 de enero, el mismo día, en el mismo lugar, que el de Gibrán.
“El chico que está desaparecido tuvo una disputa con un familiar de [Arturo] Bermúdez Zurita”, asegura Efraín sobre los motivos del secuestro de su hijo. “Desafortunadamente se llevaron a los tres. Me dijeron que Bermúdez lo mató y luego mataron a Gibrán y al otro muchacho por ser testigos”.
Efraín Martiz cuenta esto vía skype desde un país que no es México. Al fondo de la imagen se ve cómo su familia prepara la mesa para la cena. Huyeron después de sufrir amenazas por investigar qué le ocurrió a Gibrán, convencidos de que la policía lo secuestró, lo torturó y lo mató. “A otro de mis hijos le llamaron por teléfono y le dijeron ‘o le bajan o tú eres el siguiente'”. Desde el exilio, Efraín Martiz se lamenta de que siete policías involucrados en el caso, arrestados por detención ilegal, salieron bajo fianza y hoy están en la calle.
“En un lugar donde la cabeza, el gobernador [Javier Duarte] está mal, el resto está mal. Luis Ángel Bravo, el Fiscal General, es un servidor del pueblo que sirve al gobierno. Yo le preguntaría si tiene miedo de Bermúdez Zurita”.
Es 12 de octubre de 2016 y Veracruz ha amanecido con una entrevista a Javier Duarte en la televisora de mayor audiencia en México [Televisa] en la que anuncia su dimisión como gobernador a 48 días de finalizar su mandato. La renuncia de Duarte entre una ola de denuncias por corrupción y acusaciones que lo relacionan con el crimen organizado, precipita el fin de una saga de políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que han gobernado el estado durante 86 años ininterrumpidos. En las charlas de café, escuchamos teorías que van desde la alegría contenida hasta el escepticismo. ¿Cambiará algo con Miguel Ángel Yunes, el gobernador electo del PAN?¿Duarte huiría? ¿Lo dejarán huir? Duarte, en efecto, huirá después de 6 años de gobierno a paradero desconocido. Lo que sí es conocido es su desolador legado.
Veracruz, en el pasado un estado de carnavales y alegrías, hoy destaca por el caciquismo y la falta de estado de derecho. En la última década, desde que comenzó la ‘Guerra contra el narco’, según datos de la base realizada por VICE News, ocupa los primeros lugares en la lista de homicidios y secuestros. En ese tiempo, se han registrado 680 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por tortura.
Aunque contabilizar la tortura, más allá del miedo a denunciar y la desconfianza en las autoridades, tiene un gran problema: muchos torturados no vuelven; se convierten en desaparecidos o muertos.
‘La tortura se ha convertido en algo generalizado porque hay una cultura de encubrimiento’.
“La Guerra contra el narcotráfico ha afectado a muchísimas personas porque se ha impuesto una lucha contra un enemigo en la que las autoridades, desesperadas por obtener resultados, detienen arbitrariamente. Y en México se detiene para investigar, no se investiga para detener”, dice Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional y autora del informe Sobrevivir a la muerte: tortura a mujeres por parte de policías y fuerzas armadas en México.
“La tortura se ha convertido en algo generalizado porque hay una cultura de tolerancia y encubrimiento. Muchas mujeres me contaban que en el Ministerio Público, los ministeriales les decían al policía: ‘por qué me la traes tan golpeada si ésta no es, ahora tenemos que seguir adelante [con el proceso acusatorio]”, cuenta Penman.
En la lógica de esta guerra, donde los métodos de los ‘buenos y malos’ se confunden, la tortura es más un vehículo para ser procesado que una violación a los derechos humanos.
Hasta que a todos les tocó
La fotografía de la última década sobre la degradación social y la explosión de violencia en Veracruz es nítida; los efectos sobre la vida de las personas varían en grados, en tiempos. La guerra suele comenzar en el ambiente: con el sonido de las balaceras, el temor en las calles. Le sigue el recogimiento. La vida nocturna, por ejemplo la de Puerto de Veracruz, un lugar famoso por sus fiestas, se vacía, se impone un toque de queda implícito y las zonas a visitar se reducen. Pero para abrir los ojos el impacto debe ser más personal. Todas las víctimas consultadas coinciden en que tuvieron un despertar tardío: pensaban que a ellos no les tocaría.
El discurso oficial de que la guerra era entre ‘buenos’ y ‘malos’ caló hondo. A quien le tocaba era porque andaba “en malos pasos”. Pensaban que con bajar la cabeza y mirar hacia otro lado era suficiente para estar a salvo. Hasta que les tocó. Por eso si la fecha oficial del comienzo de la ‘Guerra contra el narco’ es diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón asume la presidencia, para los veracruzanos hay varios comienzos:
Para muchos, la barbarie se hizo presente en 2011, la tarde en que tiraron 35 cuerpos en Boca del Río, centro neurálgico de turismo.
Griselda Barradas vivía en José Cardel, un pueblo en el que se conocían bien las extorsiones y las matanzas de los Zetas, pero en 2013, cuando escuchó cinco disparos desde su casa se convirtió en algo personal. La balacera iba dirigida contra Pedro Alberto Huesca, su hijo, un agente del Ministerio Público, y contra su secretario. Se llevaron a los dos. Griselda nunca supo si los mataron ahí o si siguen vivos, tampoco el porqué. “Nunca me contaba de sus investigaciones para no preocuparme”, dice. Después de la desaparición de su hijo sufrió una crisis nerviosa. Estuvo un año en cama, perdió su negocio y se mudó a un pueblo donde no llega la señal telefónica. Ahora ella pertenece al colectivo Solecito, un grupo de madres convertidas en antropólogas forenses improvisadas que buscan a sus hijos en fosas clandestinas.
Esmeralda López, de Medellín del Bravo, rompe en llanto y no puede continuar el relato del 12 de septiembre de 2015, cuando unos hombres a bordo de una furgoneta se llevaron a su hijo, Leonisio. En los caminos sin pavimentar y entre las humildes casas de piedra, los secuestros, los homicidios y la intimidación se han convertido en algo cotidiano. A la pareja de Esmeralda también le desaparecieron a su hijo. Su hermano dice que “quisiera saber qué celebran los mexicanos el 15 de septiembre [día de la Independencia], porque aquí ya no hay nada que celebrar”.
Un día de 2011 unos hombres llegaron al negocio de desecho industrial que Herón Miranda y su hermano regentaban en Xalapa para exigir “el derecho de piso”, esa eufemismo utilizado por el crimen organizado para la extorsión, que consiste en pagar dinero a cambio de protección para que te protejan de ellos mismos. Durante casi tres años los dueños del negocio pagaron religiosamente 5.000 pesos al mes [unos 250 dólares]. Hasta que el 14 de agosto de 2014 unos hombres secuestraron a Miranda.
Su mujer, Karla Aracely Pérez, vive con sus hijas en una casa alambrada, con cámaras de seguridad. Ha sido amenazada por buscar a su marido. “Mis hijas resienten la ausencia de su papá, pero también la de su mamá. Me preguntan: ¿Ya te vas de viaje otra vez? ¿Cuándo vuelves? Me siento como que estoy fallando una parte y en la otra cumpliendo. Ya no sabes cómo repartirte”, dice.
Aracely González, defensora de los derechos de las mujeres, se cruzó con la ‘Guerra contra el narco’ y la violencia feminicida en 2007 cuando Ernestina Ascensio, una mujer indígena de la sierra, murió después de denunciar una violación sexual por parte de un grupo de militares. Aracely acompañó el caso. La versión oficial fue que murió por “una gastritis mal atendida”. Desde entonces, dice González, “tengo más miedo de las autoridades que de los criminales”.
Para Eleonora Martínez, una policía que pide mantener el anonimato por miedo a represalias, “la destrucción” comenzó en 2010, el año que Duarte llegó a la gubernatura. Dice que a su jefe y al resto de jefes les dieron la orden de “limpiar Veracruz”. La limpieza, según ella, consistía en torturar, matar y desaparecer a cualquier persona que supuestamente estuviera relacionada con el crimen organizado. “Yo además de tareas administrativas ayudaba en las detenciones cuando había mujeres. Pero en muchos casos ya no había nadie detenido”.
En esos años el crimen organizado enviaba mensajes con cuerpos desmembrados, decapitados, sin lengua. Según su versión, en vez de llevarlos a prestar declaración a su oficina, muchos detenidos iban directamente a la academia del Lencero donde las autoridades tenían un método muy similar a los criminales: la tortura.
‘Me dan descargas. Me retuerzo. Brincan sobre mi’
A Claudia Medina la guerra llamó literalmente a la puerta de su casa. La madrugada del 7 de agosto de 2012 un grupo de marinos entraron a la fuerza en su domicilio y la arrestaron a ella y a su marido:
“Nos llevan en una camioneta blanca a la base naval. Tengo los ojos vendados pero escucho aviones aterrizar y despegar. La base naval está cerca del aeropuerto. Me hacen subir a un primer piso. La persona que se queda conmigo me dice que yo soy la buena, que me dedico al crimen. Yo vendo productos naturistas, le digo. Me empieza a jalar los pechos. Mientras intento esquivarlo escucho una música electrónica. Entre la música, gritos. Pienso que le están haciendo algo a mi marido. Viene otro hombre. ¡No te hagas pendeja!, me grita. Me da un golpe en la nuca. Me llevan a otro cuarto. Noto agua en los pies. Me sientan en una silla. Me atan las manos al respaldo y los pies a las patas. Me ponen cables de electricidad en los dedos gordos de los pies y un trapo en la boca. Me tiran un balde de agua. Escucho la misma música. Conforme suben el volumen las descargas aumentan. Paran. Me echan salsa picante en las fosas nasales. Me envuelven el cuerpo con un hule y me tiran al suelo. Me dan descargas. Me retuerzo. Brincan sobre mi. Estoy ahí como unos 20 minutos pero no puedo hablar con exactitud del tiempo”.
Claudia Medina, al igual que Efraín Martiz, habla desde fuera de Veracruz. Después de sufrir tortura, se le presentaron 12 cargos federales y fue mostrada a la prensa como una integrante importante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Dos años y medio después, un juez la absolvió de todos los cargos y confirmó la tortura. Ningún marino ha sido procesado. Su marido, Isaías Flores Pineda, está preso en una cárcel de Tamaulipas. La Procuraduría General del Estado lo acusa de ser uno de los jefes de sicarios del CJNG.
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