Tortura en Veracruz: cuando autoridades y delincuentes aplican la ley del todo vale
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Tortura en Veracruz: cuando autoridades y delincuentes aplican la ley del todo vale

La guerra contra las drogas, la corrupción política y la falta de estado de derecho han normalizado la tortura. En esta entidad los métodos de los cuerpos de seguridad y criminales se confunden. Muchas víctimas nunca regresan: se convierten en muertos o desaparecidos.
Vice News
Por José Luis Pardo Veiras
15 de noviembre, 2016
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El 14 de enero de 2014 la policía de Veracruz estaba de fiesta. El secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, había acudido hasta la Academia estatal de Policía de El Lencero, un enorme recinto que una vez sirvió de fábrica textil y que desde hace un cuarto de siglo es el centro neurálgico de la élite policial veracruzana. Osorio Chong, que presidía la graduación de cerca de 900 agentes municipales, alabó la disposición para luchar contra el crimen de Javier Duarte, ex gobernador y hoy prófugo de la justicia; agradeció “especialmente” la presencia de Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública de Veracruz hasta el pasado agosto, cuando renunció entre acusaciones de corrupción y colusión criminal; y definió ese día como un ejemplo “del buen trabajo para devolver la tranquilidad y la seguridad a los veracruzanos”. En ese mismo recinto se encontraba también Gibrán Martiz, un cantante de reggaetón de 22 años que había alcanzado cierta fama por su participación en el reality show La Voz… México. O al menos, según las coordenadas del GPS de su IPhone 4 registradas por la compañía Telcel, se encontraba su celular. Una semana antes, Gibrán Martiz había desaparecido.

”Un agente me dijo: a su hijo se lo llevó la policía, se les pasó la mano y están viendo cómo se lo regresan. Si hacen un operativo o qué”, dice Efraín Martiz, su padre, recordando aquellos días de búsqueda. “Mi esposa le rogó al Ministerio Público que nos devolviera a nuestro hijo. Vivo o muerto”.

Al día siguiente de la súplica, el décimo de la desaparición, apareció el cuerpo de Gibrán: 1,80m y 70kg; cabello corto, ondulado, castaño oscuro; de labios finos y ojos de un color similar al de su pelo; en el cuello lucía un tatuaje de un ocho acostado y en el tórax otro de un pentagrama con una clave de sol. El cuerpo, según el informe forense, presentaba quemaduras en la espalda, la mandíbula golpeada; un tiro en la cabeza. Martiz padre, médico de profesión, asegura que se ensañaron con su hijo, que le propinaron choques eléctricos, tablazos y, después de torturarlo, le dieron el tiro de gracia.

‘Un agente me dijo: a su hijo se lo llevó la policía, se les pasó la mano y están viendo cómo se lo regresan’.

El relato oficial: un enfrentamiento entre criminales y policías. Los criminales habían matado a Gibrán y a otro chico. Los policías matan a los criminales y recuperan los cuerpos.

Para Efraín Martiz esos diez días transcurrieron de una forma muy diferente. El 7 de enero de 2014 llegó al departamento que su hijo acababa de rentar en Xalapa, la capital del estado costero de Veracruz, donde grababa un disco, el primero después de su paso por la televisión. Llegó preocupado. Hacía horas que Gibrán no se comunicaba por Whatsapp, algo que padre e hijo hacían constantemente. El conserje del edificio le contó que un grupo de encapuchados a bordo de patrullas de la policía estatal habían secuestrado a Gibrán y a otros dos chicos.

Esa misma noche empezaron la búsqueda. Acudieron a la policía.

Según el padre, los agentes les dijeron que su hijo no aparecía en ningún registro, que si era cierto que lo habían detenido ya estaba libre. “Después miramos cámaras de seguridad y nos dimos cuenta de que estaban borrosas, manipuladas. Había gente coludida con la policía”. Uno de los chicos nunca ha aparecido; el otro era un menor. Su cuerpo apareció el 17 de enero, el mismo día, en el mismo lugar, que el de Gibrán.

“El chico que está desaparecido tuvo una disputa con un familiar de Bermúdez Zurita”, asegura Efraín sobre los motivos del secuestro de su hijo. “Desafortunadamente se llevaron a los tres. Me dijeron que Bermúdez lo mató y luego mataron a Gibrán y al otro muchacho por ser testigos”.

Efraín Martiz cuenta esto vía skype desde un país que no es México. Al fondo de la imagen se ve cómo su familia prepara la mesa para la cena. Huyeron después de sufrir amenazas por investigar qué le ocurrió a Gibrán, convencidos de que la policía lo secuestró, lo torturó y lo mató. “A otro de mis hijos le llamaron por teléfono y le dijeron ‘o le bajan o tú eres el siguiente'”. Desde el exilio, Efraín Martiz se lamenta de que siete policías involucrados en el caso, arrestados por detención ilegal, salieron bajo fianza y hoy están en la calle.

“En un lugar donde la cabeza, el gobernador está mal, el resto está mal. Luis Ángel Bravo, el Fiscal General, es un servidor del pueblo que sirve al gobierno. Yo le preguntaría si tiene miedo de Bermúdez Zurita”.

Instalaciones de la Academia de Policía de El Lencero, en Veracruz (Imagen por Rafael Castillo/VICE News).

Es 12 de octubre de 2016 y Veracruz ha amanecido con una entrevista a Javier Duarte en la televisora de mayor audiencia en México en la que anuncia su dimisión como gobernador a 48 días de finalizar su mandato. La renuncia de Duarte entre una ola de denuncias por corrupción y acusaciones que lo relacionan con el crimen organizado, precipita el fin de una saga de políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que han gobernado el estado durante 86 años ininterrumpidos. En las charlas de café, escuchamos teorías que van desde la alegría contenida hasta el escepticismo. ¿Cambiará algo con Miguel Ángel Yunes, el gobernador electo del PAN?¿Duarte huiría? ¿Lo dejarán huir? Duarte, en efecto, huirá después de 6 años de gobierno a paradero desconocido. Lo que sí es conocido es su desolador legado.

Veracruz, en el pasado un estado de carnavales y alegrías, hoy destaca por el caciquismo y la falta de estado de derecho. En la última década, desde que comenzó la ‘Guerra contra el narco’, según datos de la base realizada por VICE News, ocupa los primeros lugares en la lista de homicidios y secuestros. En ese tiempo, se han registrado 680 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por tortura.

Aunque contabilizar la tortura, más allá del miedo a denunciar y la desconfianza en las autoridades, tiene un gran problema: muchos torturados no vuelven; se convierten en desaparecidos o muertos.

‘La tortura se ha convertido en algo generalizado porque hay una cultura de encubrimiento’.

“La Guerra contra el narcotráfico ha afectado a muchísimas personas porque se ha impuesto una lucha contra un enemigo en la que las autoridades, desesperadas por obtener resultados, detienen arbitrariamente. Y en México se detiene para investigar, no se investiga para detener”, dice Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional y autora del informe Sobrevivir a la muerte: tortura a mujeres por parte de policías y fuerzas armadas en México.

“La tortura se ha convertido en algo generalizado porque hay una cultura de tolerancia y encubrimiento. Muchas mujeres me contaban que en el Ministerio Público, los ministeriales les decían al policía: ‘por qué me la traes tan golpeada si ésta no es, ahora tenemos que seguir adelante ”, cuenta Penman.

En la lógica de esta guerra, donde los métodos de los ‘buenos y malos’ se confunden, la tortura es más un vehículo para ser procesado que una violación a los derechos humanos.

Hasta que a todos les tocó

La fotografía de la última década sobre la degradación social y la explosión de violencia en Veracruz es nítida; los efectos sobre la vida de las personas varían en grados, en tiempos. La guerra suele comenzar en el ambiente: con el sonido de las balaceras, el temor en las calles. Le sigue el recogimiento. La vida nocturna, por ejemplo la de Puerto de Veracruz, un lugar famoso por sus fiestas, se vacía, se impone un toque de queda implícito y las zonas a visitar se reducen. Pero para abrir los ojos el impacto debe ser más personal. Todas las víctimas consultadas coinciden en que tuvieron un despertar tardío: pensaban que a ellos no les tocaría.

El discurso oficial de que la guerra era entre ‘buenos’ y ‘malos’ caló hondo. A quien le tocaba era porque andaba “en malos pasos”. Pensaban que con bajar la cabeza y mirar hacia otro lado era suficiente para estar a salvo. Hasta que les tocó. Por eso si la fecha oficial del comienzo de la ‘Guerra contra el narco’ es diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón asume la presidencia, para los veracruzanos hay varios comienzos:

Para muchos, la barbarie se hizo presente en 2011, la tarde en que tiraron 35 cuerpos en Boca del Río, centro neurálgico de turismo.

Griselda Barradas vivía en José Cardel, un pueblo en el que se conocían bien las extorsiones y las matanzas de los Zetas, pero en 2013, cuando escuchó cinco disparos desde su casa se convirtió en algo personal. La balacera iba dirigida contra Pedro Alberto Huesca, su hijo, un agente del Ministerio Público, y contra su secretario. Se llevaron a los dos. Griselda nunca supo si los mataron ahí o si siguen vivos, tampoco el porqué. “Nunca me contaba de sus investigaciones para no preocuparme”, dice. Después de la desaparición de su hijo sufrió una crisis nerviosa. Estuvo un año en cama, perdió su negocio y se mudó a un pueblo donde no llega la señal telefónica. Ahora ella pertenece al colectivo Solecito, un grupo de madres convertidas en antropólogas forenses improvisadas que buscan a sus hijos en fosas clandestinas.

Esmeralda López, de Medellín del Bravo, rompe en llanto y no puede continuar el relato del 12 de septiembre de 2015, cuando unos hombres a bordo de una furgoneta se llevaron a su hijo, Leonisio. En los caminos sin pavimentar y entre las humildes casas de piedra, los secuestros, los homicidios y la intimidación se han convertido en algo cotidiano. A la pareja de Esmeralda también le desaparecieron a su hijo. Su hermano dice que “quisiera saber qué celebran los mexicanos el 15 de septiembre , porque aquí ya no hay nada que celebrar”.

Un día de 2011 unos hombres llegaron al negocio de desecho industrial que Herón Miranda y su hermano regentaban en Xalapa para exigir “el derecho de piso”, esa eufemismo utilizado por el crimen organizado para la extorsión, que consiste en pagar dinero a cambio de protección para que te protejan de ellos mismos. Durante casi tres años los dueños del negocio pagaron religiosamente 5.000 pesos al mes . Hasta que el 14 de agosto de 2014 unos hombres secuestraron a Miranda.

Su mujer, Karla Aracely Pérez, vive con sus hijas en una casa alambrada, con cámaras de seguridad. Ha sido amenazada por buscar a su marido. “Mis hijas resienten la ausencia de su papá, pero también la de su mamá. Me preguntan: ¿Ya te vas de viaje otra vez? ¿Cuándo vuelves? Me siento como que estoy fallando una parte y en la otra cumpliendo. Ya no sabes cómo repartirte”, dice.

Aracely González, defensora de los derechos de las mujeres, se cruzó con la ‘Guerra contra el narco’ y la violencia feminicida en 2007 cuando Ernestina Ascensio, una mujer indígena de la sierra, murió después de denunciar una violación sexual por parte de un grupo de militares. Aracely acompañó el caso. La versión oficial fue que murió por “una gastritis mal atendida”. Desde entonces, dice González, “tengo más miedo de las autoridades que de los criminales”.

Para Eleonora Martínez, una policía que pide mantener el anonimato por miedo a represalias, “la destrucción” comenzó en 2010, el año que Duarte llegó a la gubernatura. Dice que a su jefe y al resto de jefes les dieron la orden de “limpiar Veracruz”. La limpieza, según ella, consistía en torturar, matar y desaparecer a cualquier persona que supuestamente estuviera relacionada con el crimen organizado. “Yo además de tareas administrativas ayudaba en las detenciones cuando había mujeres. Pero en muchos casos ya no había nadie detenido”.

En esos años el crimen organizado enviaba mensajes con cuerpos desmembrados, decapitados, sin lengua. Según su versión, en vez de llevarlos a prestar declaración a su oficina, muchos detenidos iban directamente a la academia del Lencero donde las autoridades tenían un método muy similar a los criminales: la tortura.

‘Me dan descargas. Me retuerzo. Brincan sobre mi’

A Claudia Medina la guerra llamó literalmente a la puerta de su casa. La madrugada del 7 de agosto de 2012 un grupo de marinos entraron a la fuerza en su domicilio y la arrestaron a ella y a su marido:

“Nos llevan en una camioneta blanca a la base naval. Tengo los ojos vendados pero escucho aviones aterrizar y despegar. La base naval está cerca del aeropuerto. Me hacen subir a un primer piso. La persona que se queda conmigo me dice que yo soy la buena, que me dedico al crimen. Yo vendo productos naturistas, le digo. Me empieza a jalar los pechos. Mientras intento esquivarlo escucho una música electrónica. Entre la música, gritos. Pienso que le están haciendo algo a mi marido. Viene otro hombre. ¡No te hagas pendeja!, me grita. Me da un golpe en la nuca. Me llevan a otro cuarto. Noto agua en los pies. Me sientan en una silla. Me atan las manos al respaldo y los pies a las patas. Me ponen cables de electricidad en los dedos gordos de los pies y un trapo en la boca. Me tiran un balde de agua. Escucho la misma música. Conforme suben el volumen las descargas aumentan. Paran. Me echan salsa picante en las fosas nasales. Me envuelven el cuerpo con un hule y me tiran al suelo. Me dan descargas. Me retuerzo. Brincan sobre mi. Estoy ahí como unos 20 minutos pero no puedo hablar con exactitud del tiempo”.

Claudia Medina, al igual que Efraín Martiz, habla desde fuera de Veracruz. Después de sufrir tortura, se le presentaron 12 cargos federales y fue mostrada a la prensa como una integrante importante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Dos años y medio después, un juez la absolvió de todos los cargos y confirmó la tortura. Ningún marino ha sido procesado. Su marido, Isaías Flores Pineda, está preso en una cárcel de Tamaulipas. La Procuraduría General del Estado lo acusa de ser uno de los jefes de sicarios del CJNG.

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Elecciones en Brasil: 3 claves para entender el áspero duelo entre Bolsonaro y Lula da Silva

La mayor democracia de la región celebra este domingo unos comicios marcados por la extrema polarización y las dudas sobre cómo reaccionaría el presidente ante una posible derrota.
2 de octubre, 2022
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A primera vista, las elecciones de este domingo en Brasil pueden parecer una típica disputa latinoamericana por votos entre la derecha y la izquierda política.

Sin embargo, este duelo electoral que tiene como protagonistas al presidente brasileño de ultraderecha, Jair Bolsonaro, y al expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva es especial por donde se lo analice.

Las últimas encuestas colocan a Lula como líder en las intenciones de voto, con una ventaja de entre seis y 14 puntos sobre Bolsonaro. Algunas dejan abierta la posibilidad de que gane la presidencia en esta primera vuelta, sin tener que ir a un balotaje el 30 de octubre.

Pero la dureza de la lucha electoral, el ánimo de los votantes y, sobre todo, las dudas sobre cómo actuaría Bolsonaro ante una posible derrota, llevan a expertos en política brasileña como Marco Antonio Teixeira a advertir que esta elección es “atípica”.

Tres claves ayudan a entender lo que ocurre en la mayor democracia de América Latina.

1. Polarización extrema

Si bien hay 11 candidatos presidenciales registrados, esta elección en Brasil es un pulso entre Bolsonaro, de 67 años, y Lula, de 76.

La idea de organizar una “tercera vía” nunca se concretó en la práctica.

El candidato que sigue en las encuestas, el centroizquierdista Ciro Gomes, figura con menos de 10% de las intenciones de voto.

A diferencia de elecciones anteriores en que los contendientes se veían como adversarios, ahora hay una fuerte polarización donde se instaló la noción de “enemigo político”, explica Vera Chaia, profesora de ciencia política en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo.

“Con el enemigo no tienes diálogo, no respetas al otro: eso es lo que está ocurriendo”, dice Chaia a BBC Mundo. “La propagación del odio y la visión estrecha del candidato Bolsonaro hacen que esta elección sea muy exasperada”.

Manifestaciones a favor de Lula e Bolsonaro

Reuters
Brasil vive una fuerte polarización política entre Lula y Bolsonaro.

Ese nivel de crispación se apreció claramente en el último debate de candidatos presidenciales el jueves por la noche, donde Bolsonaro y Lula intercambiaron acusaciones de mentir y tener pandillas dedicadas al desvío de fondos en sus gobiernos.

Durante la campaña, Bolsonaro planteó los comicios como “una lucha del bien contra el mal”, se presentó como garante de los valores conservadores y cristianos, y se refirió a Lula como un “ladrón” que puede llevar a Brasil hacia un socialismo como el de Venezuela.

El presidente ha sido acusado de incitar la violencia política, con frases como la que lanzó en mayo al hablar de las alianzas de sus rivales: “Es bueno, un tiro solo mata a todo el mundo, o una granadita”.

Bolsonaro ha negado que sus palabras estimulen la violencia.

Pero Lula lo responsabilizó por el homicidio de un simpatizante suyo que, según la policía, fue apuñalado en agosto por un seguidor del presidente tras una discusión política en un área rural del estado de Mato Grosso.

En julio, un militante del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula fue asesinado a tiros por un policía que irrumpió en su fiesta de cumpleaños que homenajeaba al expresidente y gritó: “¡Aquí somos de Bolsonaro!”

Funeral del militante del PT Marcelo Arruda en Foz de Iguaçu

AFP
El asesinato del militante del PT Marcelo Arruda sacudió a Brasil en julio.

Lula ha buscado ampliar su base electoral con acuerdos como el que alcanzó con su candidato a vicepresidente, Geraldo Alckmin, un exrival suyo de centroderecha al que derrotó en las elecciones de 2006.

Pero el líder izquierdista tampoco rehuyó de la confrontación directa con Bolsonaro, a quien ha calificado de “genocida” por su respuesta a la pandemia de covid-19, y sostuvo que en las elecciones se juega “la democracia contra el fascismo”.

Con un debate alejado de las propuestas de gobierno, es probable que la tensión política aumente más en Brasil si ningún presidenciable supera la mitad de los votos válidos en la primera vuelta y hay un segundo turno entre Lula y Bolsonaro.

2. Un mar de angustias

Con este panorama, los brasileños parecen mirar con recelo la campaña electoral: tres de cada cuatro votantes (67,5%) teme sufrir agresiones por motivos políticos, según una encuesta de la firma Datafolha.

Pero esa está lejos de ser la única inquietud de la población.

De hecho, las mayores preocupaciones de los brasileños pasan por temas económicos como el desempleo o la inflación, así como por la salud, según distintos sondeos.

Fila de búsqueda de empleo en Brasil.

Agência Sindical
La tasa de desempleo en Brasil cayó a 9,1% pero aun es una de las mayores preocupaciones de los votantes.

Esta elección será la primera en Brasil luego de la pandemia que golpeó con dureza al país y dejó más de 685.000 muertes mientras Bolsonaro comparaba el covid con una “gripecita” y se mostraba escéptico sobre las vacunas para combatirlo.

La economía brasileña entró en recesión en 2021 y, si bien volvió a crecer desde hace casi un año y la tasa de desempleo cayó a 9,1% en julio, la mejora está lejos de ser percibida por la población en general.

El 15% de brasileños (unos 33 millones de personas) pasa hambre y más de la mitad de la población padece (125 millones de personas) padece en algún grado de inseguridad alimentaria, de acuerdo a un estudio de la red Penssan.

Algunas noticias recientes han causado escalofríos.

El agosto, un niño de 11 años en la región metropolitana de Belo Horizonte llamó a una línea policial de emergencia para informar que no había “nada” que comer en su casa, luego de ver a su madre desesperada por la falta de alimentos para sus hijos.

Mujer con hijo en brazos busca comida en un armario.

Getty Images/AFP

“La mayoría de la población brasileña está angustiada”, dice Chaia. “En Brasil ocurrió un retroceso total: en lugar de ir para adelante, Brasil fue para atrás”.

Muchos en el país añoran los años de 2003 a 2010 en que Lula gobernó en medio de un boom económico impulsado por altos precios de las materias primas y millones de personas ascendieron a la clase media con programas sociales del gobierno.

Bolsonaro y sus seguidores, en cambio, recuerdan el desplome que tuvo la economía brasileña bajo el mandato de la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, y los grandes escándalos de corrupción que surgieron en los gobiernos del PT.

El propio Lula estuvo 19 meses preso por un caso de corrupción, pero el Supremo Tribunal Federal brasileño anuló sus condenas en 2021 por fallas en el proceso que condujo el entonces juez Sergio Moro, quien luego fue ministro de Bolsonaro.

Un hombre en Brasil muestra un plato que tiene escrita la palabra "hambre" en portugués.

Reuters
La el hambre y la inseguridad alimentaria moderada afecta a tres de cada 10 brasileños.

El gobierno de Bolsonaro, que también ha sido salpicado por denuncias de corrupción, aumentó 50% el programa Auxilio Brasil de subsidios a los pobres en agosto, hasta 600 reales (unos 115 dólares) por persona.

Pero nada indica que con esto el presidente haya eliminado la ventaja de Lula en las encuestas, que en las últimas semanas reflejaron una carrera estable.

3. Incertidumbre sobre el desenlace

Para que un candidato gane en primera vuelta, precisa superar la mitad de los votos válidos (es decir, descontando del total los sufragios en blanco o nulos).

Algunas de las últimas encuestas ubican a Lula próximo a ese umbral de 50% de los votos válidos.

Datafolha e Ipec, dos grandes encuestadoras brasileñas, proyectaron el sábado que el expresidente tenía el 50% y 51% de los votos válidos respectivamente.

Como el margen de error de esos sondeos es de dos puntos más o menos, señalaron que no es posible anticipar si Lula ganará en primera vuelta o irá a un balotaje con Bolsonaro en cuatro semanas.

Eso puede depender en buena medida del nivel de participación este domingo: los votantes de baja renta y escolaridad, que tienden a apoyar más a Lula, también suelen tener mayores índices de abstención. Por eso, el izquierdista llamó en los últimos días a votar.

Claro, las encuestas pueden errar y la diferencia entre los candidatos podría ser menor o mayor de lo que proyectan.

Pero lo que vuelve más peculiar esta elección es la incertidumbre sobre si Bolsonaro reconocería una victoria de Lula.

A semejanza de lo que hizo su “amigo” Donald Trump como presidente de Estados Unidos, Bolsonaro ha buscado sembrar dudas sobre la fiabilidad de las encuestas y, sobre todo, del sistema de votación de su país, sin presentar pruebas para ello.

Además ha repetido, como hacía Trump, que aceptará el resultado de las elecciones “siempre que sean limpias”.

Jair Bolsonaro

Reuters
Bolsonaro ha planteado dudas sobre la fiabilidad del sistema electoral brasileño, sin presentar pruebas.

Muchos se preguntan si Bolsonaro se prepara así para actuar también como Trump en caso de ser derrotado y denunciar un fraude en su contra, intentando seguir en el poder.

“Nunca antes en la historia de este país (…) discutimos una reelección y también si el resultado será impugnado o no”, dice Teixeira, politólogo de la Fundación Getulio Vargas, a BBC Mundo. “Eso es inédito en la democracia brasileña”.

La preocupación es tal que un manifiesto en defensa de la democracia y el sistema electoral del país recogió en agosto la firma de más de un millón de brasileños, desde artistas y deportistas hasta intelectuales y expresidentes.

Bolsonaro pareció moderar su retórica en días recientes, por ejemplo al declarar que si pierde la elección pasará la banda presidencial y se retirará de la política.

Pero algunos cuestionan si eso respondió apenas a un esfuerzo del presidente por captar votos de centro.

Luis Inácio Lula da Silva

Reuters
Lula figura como favorito en las encuestas aunque es probable que tenga que disputar un balotaje con Bolsonaro.

Distintos analistas ven un riesgo de que, si el Bolsonaro denuncia un fraude en su contra, sus seguidores arremetan contra las instituciones como hicieron los trumpistas el año pasado en el Capitolio de Washington.

En los actos de Bolsonaro es común ver carteles pidiendo “intervención militar” y en plena campaña la policía registró las casas de empresarios simpatizantes del presidente por discutir en WhatsApp sobre la posibilidad de un golpe de Estado, aunque ellos niegan haber cometido delito alguno.

Las Fuerzas Armadas ganaron protagonismo en el gobierno de Bolsonaro, un excapitán del Ejército que ha expresado nostalgia por el régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985 y ha elogiado a uno de los torturadores de ese régimen.

Para estas elecciones, los militares plantearon cuestionamientos a la justicia electoral sobre las urnas electrónicas y prevén hacer un seguimiento propio del escrutinio, algo también novedoso en el país.

Teixeira descarta que las Fuerzas Armadas brasileñas como institución tengan intenciones golpistas.

Pero advierte que las dudas planteadas desde la propia presidencia sobre el desenlace de las elecciones “dejan todo en un estado que contribuye a la inestabilidad”.


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