Secretarías de estado, partidos políticos, gobiernos estatales, municipales, sindicatos y más de 800 sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno no cumplieron, de nuevo, con el plazo legal para ordenar y transparentar la información pública que indica la ley.
[contextly_sidebar id=”X4OJlGU9kbCWIKq2saCVQy4L9FrEMzMT”]El pasado 2 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que les otorga una nueva prórroga de seis meses para transparentar datos como salarios, presupuestos, deuda o contratos tanto en sus sitios web como en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
El primer plazo venció el 5 de mayo pasado, cuando entró en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En ese entonces, ante el retraso en el ordenamiento de los datos, se otorgó un nuevo plazo de seis meses que venció este 5 de noviembre y con el que tampoco se cumplió.
Por el retraso de los sujetos obligados, el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia aprobó que el nuevo plazo sea el 4 de mayo de 2017. Es decir, dos años después de que se promulgó la nueva legislación en materia de transparencia y se notificó sobre la obligación de tener la información lista.
El Título Quinto de la Ley General de Transparencia indica que las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno deben publicar (y actualizar) en su sitio web y en la PNT información como reglamentos, directorios, contratos, total de plazas y salarios, prestaciones, bonos entregados, viáticos, declaraciones patrimoniales o datos curriculares.
Así como datos sobre deuda pública, listado de licitaciones y adjudicaciones directas, los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, entre otros.
La ley establece que esta información debe estar disponible en formatos accesibles, congruentes y comprensibles y, sobre todo, debe cumplir con los criterios de homologación que establece la ley; por lo que todos los entes de gobierno tienen que publicar bajo los mismos criterios.
La información deberá actualizarse cada tres meses pero conservando versiones históricas que también estén disponibles, ser gratuita y con el “máximo desglose posible”. La legislación también indica que los datos deben entregarse en formatos abiertos para consulta y procesamiento digital.
En mayo 2016 que venció el primer plazo, sólo diez sujetos obligados habían cumplido con transparentar información en su sitio web, tal como indica la ley, en tanto más de 800 sujetos obligados entre las que se encuentran autoridades de los 3 órdenes de gobierno, partidos políticos y los sindicatos, volvieron a incumplir con el plazo marcado por la propia ley.
