Estos son los diputados que no aceptarán el bono navideño de 150 mil pesos
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Estos son los diputados que no aceptarán el bono navideño de 150 mil pesos

La Cámara de Diputados aprobó ese bono –el cual se les depositará a partir de mañana– por concepto de "atención legislativa".
Cuartoscuro/Archivo
Por Redacción Animal Político
15 de diciembre, 2016
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Este año, los diputados se aprobaron un bono navideño de 150 mil pesos, bajo la figura de “asistencia legislativa”.

La asistencia legislativa es “el apoyo económico que reciben los legisladores para sus labores de gestoría que realizan en su carácter de representantes populares“, de acuerdo con el sitio web de la Cámara de Diputados.

Y este año tiene un presupuesto de 75 millones de pesos para ese rubro. 

De acuerdo con un reporte de La Jornada, los diputados aprobaron este miércoles 14 de diciembre que desde un día después, el  jueves, comenzarán a realizar los depósitos. 

El diario mexicano precisó que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri, explicó que los diputados deberán justificar en qué gastaron el dinero. 

Los que (dicen que) no aceptarán el dinero

Un día después de la aprobación de la asistencia legislativa, la diputada Ivonne Ortega (del PRI) dijo en un comunicado que rechazaría el “bono secreto”.

“El ‘bono secreto’, consistente en 150 mil pesos adicionales a las prestaciones de ley anunciado por la Junta de Coordinación Política, constituye ‘una condición de privilegio y eso no me parece’”, indicó la exgobernadora de Yucatán.

Los diputados de Hidalgo por el PRI también rechazaron el bono navideño. El coordinador de ese grupo de legisladores, Fernando Moctezuma, señal{o que ya le indicaron a César Camacho, coordinador de la bancada del PRI, la decisión de no aceptar el bono.

“Con plena libertad, hemos dicho que no lo aceptamos”, dijo Moctezuma en improvisada rueda de prensa, reporta el diario Reforma.

Hasta ahora, los diputados del PRI que dijeron que rechazarán el bono son: Fernando Moctezuma, Pedro Luis Noble, Alfredo Bejos, Gloria Hernández, Erika Rodríguez y Guadalupe Chávez.

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) indicó en un comunicado que los legisladores de ese partido no aceptarán el dinero. 

“El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano tomó la decisión de rechazar cualquier subvención, bono, prestación o gratificación de carácter extraordinario con motivo de fin de año“, indicaron, y solicitaron que no se realice ningún depósito.

Los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) también rechazaron el bono por asistencia legislativa. 

Hago de su conocimiento que el grupo parlamentario de Morena rechaza este recurso por lo que mucho agradeceré gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que no se deposite dicho recurso económico en la cuenta oficial ni en las cuentas bancarias de los legisladores”,dijo la coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle García, en una carta enviada al secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebra.

También el diputado independiente, Manuel Clouthier rechazó el apoyo económico. 

En diciembre del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó la entrega de una “subvención extraordinaria”, es decir, un bono, por 180 millones de pesos. 

Esto a pesar de que desde 2013 la Auditoría Superior de la Federación recomendó a la legislatura de ese entonces “fortalecer sus mecanismos de control y supervisión” en la entrega de “subvenciones”. Esto porque los diputados se había repartido bonos mensuales por 250 mil pesos para cada uno.

¿En qué lo gastarán?

Según dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Nerien, entrevista con La Jornada, los diputados pueden destinar el dinero a gastos personales, para apoyar a alguna institución educativa o de asistencia privada, e incluso para los aguinaldos de sus colaboradores. La regla es que deberán justificar en qué lo gastaron. 

El diputado del PRD, Agustín Basave, dijo a El Financiero TV que “si el grupo parlamentario lo acepta y el diputado lo rechaza, se lo reparten”. Por ello, él lo donará a una “causa altruista”.

Con información de La Jornada y Reforma (Suscripción necesaria).

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Elecciones en Nicaragua: 3 claves para entender la esperada tercera reelección consecutiva

Daniel Ortega avanza hacia un nuevo mandato en Nicaragua en medio de denuncias por las trabas a la participación de la oposición.
Getty Images
7 de noviembre, 2021
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Como hace cinco años, este domingo se espera un nuevo triunfo de Daniel Ortega sin oposición.

El presidente de Nicaragua se declaró ganador en las presidenciales de 2016 de manera arrolladora. El colegio electoral le adjudicó el 72% de los votos. Pero los comicios quedaron manchados porque el mandatario izquierdista no tuvo competencia: el poder judicial, que según sus críticos está controlado por él, había ilegalizado a la oposición.

Este domingo se espera que Ortega, quien cumplirá 76 años a final de mes, sea elegido presidente por cuarta vez, la tercera de manera consecutiva, en un contexto similar al de hace cinco años.

“El poder no está en juego, no hay competencia electoral”, dice tajante a BBC Mundo el analista político Eliseo Núñez. “Ortega controla todo y ahora en 2021 con mano de hierro”, destaca.

En los últimos cuatro meses, la Justicia ordenó el encarcelamiento de siete precandidatos que se perfilaban como rivales de Ortega en los comicios junto a 32 líderes opositores y empresarios -otrora aliados- que están acusados de “conspiración y traición a la patria”.

Una reciente encuesta de Gallup divulgada hace dos semanas destacó que hasta el más impopular de todos los candidatos opositores presos habría derrotado al líder izquierdista que gobierna Nicaragua desde 2007, luego de un primer periodo presidencial en los años ochenta.

El sondeo reveló un dato nunca visto para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el fuerte partido político que lidera Ortega: su simpatía política había bajado a 9%, luego de sobrepasar el 70% en 2016.

“En 2016 le bastó nada más ilegalizar a la oposición, ahora apresó a todos los candidatos”, dice Núñez, exiliado en Costa Rica.

“No eran ni precandidatos ni de su propio grupo, mucho menos que fueran precandidatos presidenciales. Eso nunca existió”, dijo Ortega tras los arrestos de los opositores Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, entre otros.

Oscar René Vargas, un sociólogo que fue miembro de la Dirección Nacional del FSLN, dice que Ortega no quiso competir en las elecciones porque sabe que perdió el apoyo de la población.

“Las encuestas no mienten, por eso tiene a partidos comparsas o zancudos como sus contrincantes”, dice Vargas.

En BBC Mundo resumimos en tres claves el momento político que explica la esperada reelección de Ortega.

Protestas en Nicaragua

Getty Images

1. Las protestas de 2018

Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y hasta 2018 gozó de altos niveles de popularidad, según diversas encuestas. En abril de 2018 estudiantes universitarios y campesinos salieron a las calles a protestar contra una reforma a la seguridad social que disminuía beneficios sociales a los jubilados. Las revueltas fueron reprimidas violentamente por la policía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuantificó 328 personas fallecidas durante las protestas, la mayoría opositores al gobierno a manos de policías o civiles armados leales a Ortega.

El gobierno calificó las protestas como “un intento de golpe de estado” y acusó a Estados Unidos y la Iglesia Católica de alentarlas.

Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

Getty Images

Desde entonces, el país centroamericano de 6,2 millones de habitantes y uno de los más pobres de América Latina vive una continua crisis política agravada en 2021.

El gobierno no solo apresó este año a los líderes opositores más visibles, sino que también cerró el principal diario del país, La Prensa, con casi 100 años de historia, encarceló a su gerente general, al que señaló de lavado de dinero, y obligó a buena parte de sus periodistas más críticos a irse al exilio.

“Seguimos vivos en la parte digital, pero nuestros periodistas trabajan casi clandestinos en Nicaragua”, dice a BBC Mundo una autoridad de La Prensa que tuvo que salir del país.

2. La respuesta de la comunidad internacional

La situación en Nicaragua ha llamado la atención de la comunidad internacional. Estados Unidos ha dicho que las de este domingo no son unas elecciones libresy ha sancionado a 28 funcionarios nicaragüenses, incluyendo a la vicepresidenta del país y esposa de Ortega, Rosario Murillo, junto a cuatro de sus hijos.

A esa condena se ha sumado Canadá y la Unión Europea y la OEA (Organización de Estados Americanos), que ya tiene una sesión programada para el 10 de noviembre para analizar la situación de Nicaragua.

Experto en negociar al filo del abismo, “Ortega está aislado internacionalmente y si bien es cierto que las sanciones económicas impuestas por varios países no han impactado directamente los préstamos del país con la comunidad internacional, pronto comenzarán a sentirse los efectos”, dice Vargas.

Opositores en el exilio

Getty Images
Además de detenidos, otros opositores han salido del país y hacen política desde fuera.

El Senado de Estados Unidos aprobó esta semana una ley, a la que han llamado Renacer, que está pensada para poner más presión a Ortega hasta que haya elecciones “libres y justas”.

“Con Ortega encarcelando a más de 150 presos políticos, incluidos prácticamente a todos los candidatos presidenciales de la oposición, no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras su régimen consolida una tercera dictadura en América Latina”, dijo el senador Bob Menéndez.

La ley, ahora en el despacho de Joe Biden para que sea firmada por el presidente, obliga a los representantes de Washington en los organismos internacionales a limitar el acceso a préstamos de Nicaragua.

Pero el punto más importante de la ley es el relacionado con la posible revisión del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Nicaragua, mediante el cual ingresan libre de aranceles o con tasas preferenciales el 60% de las exportaciones nicaragüenses a suelo estadounidense. El tratado tiene una cláusula sobre gobernabilidad y derechos humanos y eso piden revisar los legisladores.

“Si Estados Unidos pone a revisión ese tratado, sería catastrófico para la economía de Nicaragua y el fin de Ortega”, dice un economista nicaragüense que pide anonimato por miedo a represalias.

Ortega acusa a Estados Unidos de injerencia y de promover desde hace años un cambio de gobierno en el país.

Camisetas a favor de Ortega.

Getty Images
Daniel Ortega alcanzará los 20 años en el poder al final del mandato que casi con seguridad ganará este domingo.

Pero ni la presión internacional de los últimos meses obligó a Nicaragua a permitir observación electoral nacional o internacional. En 2014, una reforma electoral aprobada por la mayoría de diputados leales a Ortega cambió el terminó de “observador” por “acompañante”. Y ningún organismo de peso como la OEA, Unión Europea o el Centro Carter estará observando las elecciones.

Ortega aseguró en junio que las sanciones no doblegarían a su administración y analistas opinan que, a pesar de aislar al país aún más, no provocarían un cambio de gobierno, como tampoco ha sucedido en Cuba y Venezuela.

3. Los efectos de la crisis en la calle

Con la bonanza económica impulsada por US$600 millones anuales en cooperación petrolera venezolana e inversión extranjera directa, Nicaragua mantuvo altos niveles de crecimiento económico hasta 2017. El país crecía a un promedio de 4%, según cifras del Banco Mundial (BM)

Debido a las protestas que paralizaron el país en 2018 y a los efectos de la pandemia del coronavirus en 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo casi 9%, según el Banco Mundial.

Mercado de Managua

Getty Images
106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018.

“La pobreza va en aumento ya que las principales fuentes de ingresos, los salarios y las entradas de las empresas familiares siguen estando afectadas”, dijo el BM.

Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, podrían usar las sanciones para justificar la contracción económica del país más grande de Centroamérica.

Algunos analistas creen que Ortega y Murillo buscarán negociar con sectores empresariales de peso para reactivar la economía, buscando un efecto estabilizador para su administración y normalizador de la sociedad como antes de 2018.

Hombre delante de una pancarta de la campaña de Ortega

Getty Images

Pero entre las recientes detenciones están las de los líderes del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas, quienes enfrentan cargos similares a los precandidatos presidenciales detenidos.

En medio de la crisis política, más de 106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018, según cálculos de Naciones Unidas. Y en el último año, por la pandemia, la migración se ha acelerado.

En enero pasado, 595 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos. En julio ya habían sido detenidos en los mismos puestos fronterizos 13.391 nicaragüenses, según cifras oficiales.

La salida de nicaragüenses influye en la economía. El Banco Central de Nicaragua proyecta que para el cierre de 2021 habrán ingresado al país en remesas US$2.000 millones, el 17% del Producto Interno Bruto (PIB), un gran incentivo para un país que, según las proyecciones, seguirá expulsando migrantes en los próximos años.


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