“Dotar de marco jurídico a las Fuerzas Armadas es, sin duda, importante. Las Fuerzas Armadas han realizado un trabajo que las autoridades civiles no han podido o querido hacer, tareas que constitucionalmente no les corresponden y que no están entrenados para realizar. Esto ha puesto a sus miembros en una situación de vulnerabilidad jurídica. Sin embargo, dicho marco jurídico no puede simplemente plantear -como hacen las propuestas legislativas de Seguridad Interior propuestas por Roberto Gil Zuarth (PAN) y por Cesar Camacho (PRI)- que se normalice y haga permanente lo que hoy sucede de forma inconstitucional.
Tampoco se debe abogar por suspender las garantías individuales para que el ejército pueda realizar sin controles y sin transparencia la tarea que corresponde a la autoridad civil”, agregaron las organizaciones.
El texto está respaldado por organizaciones como Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, México Unido Contra la Delincuencia y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos conformada por 80 organizaciones en 21 estados.
Su mensaje aparece días después de que el jefe del Ejército mexicano, Salvador Cienfuegos, reclamara que la milicia no había estudiado para perseguir delincuentes, y no tenía la protección legal necesaria para cumplir con esa labor, de la que se ha encargado desde hace 10 años al no existir una policía confiable para combatir al crimen organizado.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, coincidió en que las Fuerzas Armadas mexicanas no están para cumplir con labores de seguridad por sus condiciones de entrenamiento y porque carecen de un margen jurídico que las respalde al hacer esas funciones.
“Los soldados y marinos están para cumplir con una misión, para preservar la seguridad interior, para cuidar de nuestra soberanía, y no necesariamente para hacerse cargo de tareas que en estricto sentido corresponden a las policías investigadoras y a las distintas procuradurías del país”, dijo.
Las ONG indicaron que cualquier propuesta de regulación de la labor del Ejército en las calles debe retomar las recomendaciones que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México: ir orientada a regresar a los soldados a sus cuarteles “de forma paulatina y responsable”, y además ir acompañada por una Ley que regule el uso de la fuerza y establezca mecanismos institucionales para fiscalizarla.
“El proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no contempla contrapesos serios ni tiempos máximos para la suspensión de garantías. La iniciativa además incluye definiciones laxas para justificar la declaratoria de estado de excepción”, agregaron.
Este domingo el diario Reforma indicó que las bancadas del PAN y PRD en el Senado se pronunciaron a favor de ir a un periodo extraordinario para legislar sobre el papel del Ejército en el combate al crimen en las calles. Tanto en la Cámara Alta como en la Cámara de Diputados hay iniciativas sobre este tema.
