Catear, detener y tomar declaraciones, nuevas tareas de los militares si se aprueba la nueva ley
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Catear, detener y tomar declaraciones, nuevas tareas de los militares si se aprueba la nueva ley

En el Senado y la Cámara de Diputados hay dos propuestas, una del PAN y otra del PRI, para dar respaldo legal y normalizar la actuación militar en labores de seguridad pública. Conoce su contenido.
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Por Tania Montalvo
13 de diciembre, 2016
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Las propuestas para tener una Ley de Seguridad Interior que fueron presentadas en septiembre y noviembre de este año en el Congreso —una del senador del PAN, Roberto Gil Zuarth; y otra del diputado del PRI, César Camacho, respectivamente— detallan el proceso a seguir para que las fuerzas armadas se unan a tareas civiles de seguridad como recibir denuncias, hacer detenciones, realizar cateos, aseguramientos, hacer entrevistas a testigos o tomar declaraciones.

También se incluye la posibilidad de intervenir comunicaciones o extraer datos de dispositivos móviles para realizar investigaciones, además específica que las acciones por la seguridad interior incluirán desde la lucha al crimen organizado hasta el combate a la corrupción y al cambio climático.

Ambas iniciativas mencionan que el Ejecutivo Federal podrá emitir en cualquier momento el decreto para que los militares inicien acciones para salvaguardar la seguridad interior, pero la actividad militar también podría iniciar tras una solicitud del poder Legislativo Federal y Estatal o de autoridades locales como alcaldes y gobernadores.

“La seguridad interior, como vertiente de la seguridad nacional, implica la posibilidad de disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente (Ejército, Armada y Fuerza Aérea)”, cita la propuesta del líder de los diputados priistas, César Camacho.

En términos de esa ley, se define amenazas a la seguridad interior a los actos violentos que atenten contra bienes jurídicos de la nación, fenómenos que pongan en peligro a la sociedad, la estabilidad, seguridad o la paz pública en el territorio nacional.

La iniciativa que se presentó en el Senado no dista mucho de esa definición, pues también señala el uso de las fuerzas armadas cuando estén en riesgo las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, cuando ocurra un acto que impida la prestación de un servicio de seguridad o la ejecución de un programa de apoyo por parte de cualquier autoridad.

En términos de la iniciativa de ley presentada por el senador del PAN, Roberto Gil, las fuerzas armadas en comisión para preservar la seguridad interior estarían a cargo de “salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos que determinen las leyes”.

Pero también recibir denuncias de hechos que pudieran constituir un delito, participar con el Ministerio Público en la persecución de delitos, en la detención de personas, en el aseguramiento de bienes y cumplir órdenes de aprehensión y otros mandatos ministeriales y jurisdiccionales.

No sólo eso. El proyecto del senador Roberto Gil señala que las fuerzas armadas podrían intervenir comunicaciones privadas, extraer información, utilizar datos de geolocalización y de datos conservados en sistemas informáticos como “técnicas especiales de investigación en materia de seguridad interior”.

Las coincidencias

Las dos iniciativas coinciden en la necesidad de establecer puestos de inspección en los puntos en riesgo en los que haya presencia de las fuerzas armadas, revisar vehículos y personas, retener individuos o catear domicilios.

La propuesta del PAN señala: “En los protocolos y directivas del uso legítimo de la fuerza deberán preverse en forma gradual la disuasión, la persuasión, la fuerza no letal y la fuerza letal como distintos niveles de coacción, privilegiando en todo momento el empleo de los dos primeros niveles”.

Leer: Peña duplica el número de militares en las calles, aunque ninguna ley los regula

Otras actuaciones que se normalizan son: recabar datos generales y en su caso entrevista, de manera voluntaria, a las personas que pudieren aportar algún elemento para la investigación; recolectar, procesar, diseminar y explotar información para prevenir, disuadir, contener y neutralizar afectaciones a la seguridad interior.

La iniciativa del priista César Camacho indica que: “A partir de la expedición del Acuerdo de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, las acciones que realicen las autoridades federales para su atención, se considerarán como de Seguridad Interior”. Ese Acuerdo puede tomarse ya sea para combatir al crimen organizado, corrupción, terrorismo, “deficiencia en la profesionalización de cuerpos de seguridad” o incluso para combatir al cambio climático.

Una discusión en puerta

La posible discusión de una iniciativa de Ley de Seguridad Interior llegó al debate público después de que este viernes el general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, pidió un marco jurídico que regule la actuación de los militares en tareas de seguridad pública.

El general incluso dijo que la falta de un marco legal provoca que los soldados piensen “si le entran a seguir enfrentando a estos grupos (del crimen organizado) con el riesgo de ser procesados por delitos que tengan que ver con derechos humanos”.

La petición del titular de la Sedena se vincula con lo que establecen las iniciativas a Ley de Seguridad Interior que señalan y regulan cómo hacer uso de la fuerza cuando haya militares a cargo de la seguridad pública.

La respuesta del presidente Enrique Peña Nieto también fue en ese sentido, pues dijo que las fuerzas armadas carecen de un margen jurídico que los respalde cuando su misión es preservar la seguridad interior del país.

Leer: ONG piden al Congreso frenar iniciativas que normalicen presencia militar para seguridad pública

A decir del priista César Camacho la discusión sobre esta Ley de Seguridad Interior se dará en el Congreso en enero próximo y descartó, como propusieron legisladores del PRD y del PAN, que se apruebe antes del 24 de diciembre de este año.

Organizaciones civiles rechazaron este domingo las dos iniciativas y se opusieron a la normalización de la actuación del Ejército en las calles; los militares cumplen diez años a cargo de labores de seguridad pública después de que el presidente Felipe Calderón ordenó a las fuerzas armadas combatir a grupos criminales.

Según cifras oficiales, en el arranque del sexenio de Peña Nieto el Ejército tenía bases de operaciones para apoyar tareas de seguridad pública en 19 estados. En 2016 la presencia militar se extendió a 24 entidades, el equivalente a 75 % del territorio nacional.

Aquí puedes ver las dos iniciativas: 

La del senador del PAN, Roberto Gil. 

La del diputado del PRI, César Camacho.

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Ketanji Brown Jackson: quién es la primera mujer negra en llegar a la Corte Suprema de EE.UU.

La jueza de 51 años fue confirmada este jueves por el Senado de EE.UU. para ocupar un puesto en el máximo tribunal del país. ¿Quién es Ketanji Brown Jackson?
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7 de abril, 2022
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Ketanji Brown Jackson hizo historia este jueves.

Con 53 votos a favor, la jurista de 51 años se convirtió en la primera mujer afroestadounidense en ser nombrada jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Los demócratas y tres republicanos del Senado votaron a favor de su nombramiento luego de que el pasado febrero el presidente de EE.UU., Joe Biden, la nominara para reemplazar al juez Stephen Breyer, quien anunció su retiro.

“En esta votación, los ‘sí’ son 53, los ‘no’ 47. Y esta nominación es confirmada”, dijo la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, quien asumió su función de presidenta del Senado en la sesión.

La mayoría demócrata aplaudió y ovacionó el resultado. Chuck Schumer, el líder de la mayoría, lo calificó como un “día jubiloso” para Estados Unidos.

La senadora por Alaska Lisa Murkowski, una de los tres republicanos que votaron a favor de la jueza Jackson, dijo que su decisión era, en parte, una señal de “rechazo a la corrosiva politización” en torno a los procesos de confirmación.

La nueva magistrada “aportará a la Corte Suprema una experiencia en tribunales que pocos pueden equiparar dado su historial en litigios”, añadió Murkowski.

En 233 años de historia de la Corte Suprema, es la tercera persona de la comunidad negra en sentarse en el máximo tribunal del país, después de los jueces Thurgood Marshall (fallecido en 1993) y Clarence Thomas (actualmente en el cargo).

Con la llegada de Jackson, la composición de la Corte Suprema -clave en muchas decisiones del país- quedará con una representación de seis jueces conservadores y tres progresistas, incluida Jackson entre estos últimos.

El origen de Ketanji Brown Jackson

Al nominarla para la Corte Suprema, el presidente Biden dijo que Jackson es “una de las mentes legales más brillantes de la nación”. Su trayectoria es amplia.

Nacida en Washington DC en 1970, creció en Miami en los años en los que aún había efectos de la segregación racial en el sureste del país.

Ketanji Brown Jackson

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“Mis padres me enseñaron que, a pesar de las muchas barreras que tuviera que enfrentar al crecer, si trabajaba duro y creía en mí misma y en Estados Unidos, podría hacer cualquier cosa o ser cualquier cosa que yo quisiera ser”, dice Jackson.

“Fue mi padre quien me inició en este camino. Cuando yo era niña, lo vi estudiar y se convirtió en mi primer ejemplo profesional”.

En la escuela secundaria fue campeona de debate y presidenta de su clase.

Jackson posee dos títulos de la Universidad de Harvard, institución a la que ingresó con solo otros tres compañeros afroestadounidenses.

“En esos primeros momentos en los que te preguntas si perteneces, ella fue el ancla. Luego se aseguró de que todos lo fuéramos. Ella es la que se convirtió en el cimiento de todos nosotros”, dice su excompañera Lisa Fairfax.

En esa época conoció a su esposo, Patrick Jackson, que era estudiante de medicina de Columbia y proviene de una familia blanca de Boston.

Su carrera

Jackson actualmente forma parte del influyente Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el circuito de DC.

Previamente estuvo en la defensa pública, lo que la convierte en la primera jueza de la Corte Suprema en haber sido abogada pública ante los tribunales.

Joe Biden y Ketanji Brown Jackson

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Jackson fue nominada por el presidente Joe Biden.

En 2012, el entonces presidente Barack Obama nominó a Jakcson como jueza del tribunal de distrito de DC. Durante los ocho años que pasó ahí escribió más de 500 opiniones.

Entre ellas, dictaminó que Donald F McGhan II, el exabogado de la Casa Blanca del presidente Donald Trump, tenía que testificar en la investigación sobre la intromisión de Rusia en las elecciones de EE.UU.

Al ser nominada, la jueza Jackson habló de su familia y sus mentores legales y modelos a seguir.

Dijo que al trabajar como secretaria del juez Breyer (al que sustituye) de 1999-2000, aprendió lo que se necesitaba para ese cargo: “el más alto nivel de habilidad e integridad, civilidad y gracia”.

La jueza Jackson también habló brevemente sobre su enfoque de la ley: “He sido juez durante casi una década y me tomo muy en serio esa responsabilidad y mi deber de ser independiente”.

“Decido los casos desde una postura neutral. Evalúo los hechos, interpreto y aplico la ley a los hechos del caso que tengo ante mí, sin temor ni favoritismo, de conformidad con mi juramento judicial”.

Senadores republicanos

EPA
La mayoría de los republicanos optó por rechazar la nominación de Jackson.

Pero, durante las 30 horas de audiencias de confirmación, muchos republicanos consideraron que hubo fallas en sus decisiones pasadas.

La criticaron por no responder si se deberían agregar escaños a la Corte Suprema (algo que rechazan los republicanos) y por no querer definir el término “mujer”. También la acusaron de indulgencia en casos de pornografía infantil.

Sin embargo, los demócratas dijeron que tiene “todas las credenciales” para el máximo cargo al que fue confirmada.

Casos polémicos

Algunas de las decisiones en su carrera judicial fueron repasadas en las audiencias de confirmación.

El senador Dick Durbin se refirió a acusaciones de que “tiene un patrón de dejar libres a los delincuentes de pornografía infantil”.

Fue señalada por haber dado sentencias “indulgentes” a procesados y abogar por reducir sus penas cuando fue vicepresidenta de la Comisión de Sentencias de EE.UU., que asesora al Congreso sobre las pautas federales de sentencias.

Las afirmaciones son engañosas, según varios sitios de verificación de hechos.

“Nada podría estar más lejos de la verdad”, dijo Jackson, quien eludió las críticas a sus sentencias que en ocasiones estuvieron por debajo de las pautas emitidas por el Congreso, pero no muy diferentes a las de otros jueces.

Optó por hablar del daño causado por los delincuentes sexuales y de las vidas que habían sido destrozadas Describió la gama de castigos que los procesados recibieron a través de sus fallos.

Senadores republicanos

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Otro de sus momentos cuestionados fue haber sido defensora pública de detenidos de Guantánamo.

Los republicanos criticaron que hubiera dado “servicios legales gratuitos para ayudar a los terroristas a salir” de la prisión militar.

La jueza dijo que a los defensores públicos se les asignan casos y no eligen a quién representar, y que todos los acusados tienen “derecho a representación y a ser tratados de manera justa” bajo el sistema de justicia de EE.UU.

Pero reconoció que defender a los detenidos significaba, a veces, ayudar a liberar a personas que luego estaban en contra de los intereses estadounidenses.


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