La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República acordó realizar una serie de foros y consultas; y aprobar en enero del año próximo el marco legal que piden las Fuerzas Armadas para tener certeza jurídica en las tareas que realizan de seguridad pública y combate al crimen organizado.
[contextly_sidebar id=”CmfldDLuea1ecE0HSq8k121FNoU4EKlO”]En el marco de una reunión de la Jucopo, que encabeza el coordinador del PAN Fernando Herrera Avila, se informó de la resolución para trabajar con la Cámara de Diputados en una nueva Ley de Seguridad Interior.
El legislador precisó que se comunicará con el diputado del PRD, Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, para que ambas cámaras definan la ruta crítica de análisis, discusión, dictaminen y votación de este proyecto de ley.
“La idea es trabajar en conferencia e iniciar a la brevedad con las consultas a los sectores involucrados y tratar de llegar a un acuerdo lo antes posible”, dijo.
“Empezaremos las discusiones ya los próximos días, la próxima semana, con orden, con precisión para tratar de aventurar tener un dictamen en el mes de enero”.
Comentó que las juntas de Coordinación Política del Senado y de la Cámara de Diputados podrían reunirse la próxima semana para afinar los detalles e iniciar el procedimiento parlamentario, una vez que se determine cuál será la cámara de origen para procesar las iniciativas que expedirán la Ley de Seguridad Interior.
El senador del PAN indicó que existe un acuerdo en el Senado para realizar los foros y consultas con todos los actores involucrados en este tema, por lo que, ahora, no hay condiciones para que en lo que resta de diciembre se apruebe este nuevo marco legal.
La posible discusión de una iniciativa de Ley de Seguridad Interior llegó al debate público después de que este viernes el general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, pidió un marco jurídico que regule la actuación de los militares en tareas de seguridad pública.
El general incluso dijo que la falta de un marco legal provoca que los soldados piensen “si le entran a seguir enfrentando a estos grupos (del crimen organizado) con el riesgo de ser procesados por delitos que tengan que ver con derechos humanos”.
