Guardería de la Procuraduría de Justicia de la CDMX niega inscripción a niño con discapacidad
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Guardería de la Procuraduría de Justicia de la CDMX niega inscripción a niño con discapacidad

La inscripción a la estancia infantil es un derecho laboral para las trabajadoras de la Procuraduría, sin embargo ésta negó inscripción a un menor que tiene discapacidad motriz e intelectual.
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Por Paris Martínez
9 de diciembre, 2016
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El pasado 3 de diciembre, al conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que gracias a los apoyos que su administración ha brindado a la población con discapacidad, en la capital del país ha logrado disminuirse el índice discriminación hacia este sector de la sociedad.

Sin embargo, un informe emitido por la Comisión de Derechos Humanos capitalina –publicado este 8 de diciembre–, revela que cuando Mancera fue Procurador de Justicia del Distrito Federal, esta dependencia se negó reiteradamente a aceptar a un menor de edad con discapacidad en la guardería-preescolar donde se cuida a los hijos e hijas de quienes ahí laboran.

Tal como consta en la recomendación 15/2016, de la CDHDF, la mamá de este menor intentó inscribir a su hijo con discapacidad motriz e intelectual en la guardería de la Procuraduría, desde agosto del año 2011, cuando el actual jefe de gobierno dirigía la PGJ de la Ciudad de México.

A pesar de que el acceso a la guardería es un derecho laboral de la afectada, la Procuraduría le informó que el reglamento de la institución prohibía inscribir a menores con “autismo infantil”, por lo que le requirieron llevar a su hijo a otra institución.

En enero de 2012, Miguel Ángel Mancera dejó de ser titular de la Procuraduría y se convirtió en candidato, primero, y luego en jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Sin embargo, esto no implicó ningún cambio en la política de la Procuraduría capitalina hacia los hijos de sus empleados con discapacidad. De hecho, durante 2012, la mamá del menor  recibió nuevos pretextos para no aceptar a su hijo en la guardería: en agosto de ese año, ante un nuevo intento de inscripción, la negativa se sustentó en el supuesto de que no había cupo en el grado escolar que le correspondía al menor.

Luego, en 2013, el argumento fue que el niño podía ingresar a la guardería, sólo si la mamá obtenía, por sus propios medios, diagnósticos en psicología, terapia de lenguaje, pedagogía y medicina, para que, con ellos, con el fin de que la guardería oficial estuviera en posibilidades de prepararse para brindarle atención.

En 2014, el menor cumplió los 6 años y dejó de estar en edad de acceder a la guardería-preescolar de la PGJ de la Ciudad de México, por lo cual, su mamá presentó una denuncia penal por el delito de discriminación en contra de su hijo. La misma PGJ desechó la denuncia.

PGJ discriminó y afectó al menor

Por todas estas anomalías, la Comisión de Derechos Humanos del DF determinó que la Procuraduría capitalina violó el derecho de este menor a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación, que gozan las personas menores de edad con discapacidad.

Además, concluyó, al no contar con infraestructura, recursos humanos ni convenios con instituciones especializadas (locales o federales) para atender a menores con discapacidad, la PGJ de la Ciudad de México “viola el derecho (de estos menores) a la educación inclusiva, en condiciones de igualdad y no discriminación”.

Por último, al carecer de una “política de de apoyo a los niños y niñas con discapacidad, que son hijos e hijas del personal” se vulnera el derecho de estos menores “a recibir la protección y asistencia necesarias por parte del Estado y sus familiares”.

Cabe destacar que, aunque la guardería en cuestión pertenece a la PGJDF, su “vigilancia y supervisión” está a cargo de la Secretaría de Educación Pública federal y, por lo tanto, en dicha guardería aplica el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa federal, según el cual, los planteles oficiales deben “eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o comunicación”.

En concreto, este ordenamiento establece que “tratándose de personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o comunicación, se favorecerá su atención en los planteles de educación básica”.

Este decir, por ley, la guardería de la PGJDF está obligada a recibir a todos los menores con discapacidad, que sean hijos del personal, y eliminar aquellas condiciones que le impiden atender adecuadamente a estos menores, tales como la falta de infraestructura, de personal capacitado, así como la falta de convenios con instituciones que puedan complementar los servicios de su guardería-preescolar.

La Comisión de Derechos Humanos del DF concluyó, también, que el Manual Administrativo de la Procuraduría y el Manual de Operación de la guardería violan el derecho de los niños y niñas con discapacidad a una educación inclusiva, al prohibir expresamente que menores con discapacidad sean atendidos por la guardería-preescolar de la institución.

Al respecto, la Procuraduría alegó que dicho manual ya había sido reformado, y que estas prohibiciones fueron eliminadas. Sin embargo, cuando la CDHDF solicitó las pruebas documentales de que dichos cambios habían sido realizados, la Procuraduría debió reconocer que no existían dichas modificaciones y que la prohibición contra personas con discapacidad sigue vigente.

Peor aún: este Manual Administrativo, así como el Manual Específico de Operación de la guardería de la PGJDF, violan “lo estipulado en diversos instrumentos internacionales, en el sentido de que ninguna ley debe ser discriminatoria”, según las conclusiones de la Comisión de Derechos Humanos capitalina.

Estas normas ordenan “negar la inscripción” en la guardería o, en su caso, “suspender” a todo niño o niña que presente epilepsia, ceguera, labio y paladar hendidos, neoplasia, luxación congénita de cadera, alteraciones ortopédicas que obliguen al uso de “aparatos ortopédicos que representen riesgo al menor o compañeros”, “retraso mental” y “Síndrome de Asperger”.

Por todas estas violaciones a derechos humanos, la CDHDF ordenó a la Procuraduría modificar su normatividad interna para adecuarla a los ordenamientos nacionales e internacionales, capacitar al personal de su guardería en atención a menores con discapacidad, así como “planificar e implementar” las medidas de accesibilidad necesarias para que sus instalaciones puedan brindar servicio óptimo a este sector de la población.

Por último, ordenó que se inicien investigaciones, tanto penales como administrativas, en contra de los funcionarios responsables del delito de discriminación, en contra del menor agraviado.

Respuesta de la Procuraduría

Tras la publicación de este reportaje, la Procuraduría respondió lo siguiente:

1. El 23 de agosto de 2011, la madre del menor de edad solicitó su ingreso al Centro Pedagógico de Desarrollo Infantil (CEPDI). El mismo día, se le entregaron los requisitos generales del servicio médico para iniciar el trámite, entre los que se incluían los exámenes de laboratorio.

2. El 23 de septiembre de 2011, la madre del menor presentó los resultados de dichos exámenes de laboratorio, y se le brindó cita para elaboración de documentación y valoración de ingreso del menor de edad, como se hace con todos los de nuevo ingreso.

3. El 29 de septiembre de 2011, se elaboró la historia clínica del menor de edad, y del diagnóstico obtenido, se canalizó al Instituto Nacional de la Comunicación Humana, del Instituto Nacional de Rehabilitación del Sector Salud para su valoración.

4. El 20 de enero de 2012, se realiza llamada telefónico a la madre, para solicitarle los resultados de la canalización, informando que aún no contaba con ellos, sino sólo con el carnet de citas, cuya copia presentó el 10 de febrero de 2012.

5. El 30 de mayo del mismo año, se realizó la valoración por neurología y psiquiatría, del Instituto mencionado.

6. Hasta el 21 de junio de ese mismo año, la madre presentó al CEPDI los documentos de valoración y diagnóstico del niño, y señaló que no continuaría con el trámite pues lo llevaría al Centro de Atención Múltiple de la SEP, manifestando su agradecimiento por la atención brindada.

7. El 30 de agosto de 2012, la madre del menor de edad volvió a solicitar su ingresó al CEPDI, manifestándosele que en ese momento no había cupo en el grado preescolar pretendido, y se le sugirió realizar el trámite de lista de espera, como se hace en todos los casos.

8. El 12 de marzo de 2013, el CEPDI hace del conocimiento de la madre del niño, que para formular un plan de trabajo adecuado al menor, resultaba necesaria una valoración neuropsicopedagógica que permitiera conocer sus habilidades y necesidades; aunado a ello, el niño debía recibir educación especializada, adicional a la que el CEPDI le proporcionaría.

9. A partir de lo anterior, la madre del niño no continuó con los trámites correspondientes al ingreso.

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La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
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Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

Getty Images
La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

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El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

Getty Images
En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


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