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Luis Pérez de Acha.

Cómo es la enorme red de sobornos de Odebrecht que afecta a México

El gigante brasileño de la construcción reconoció su responsabilidad en una red internacional de corrupción que abarca buena parte de América Latina.
Luis Pérez de Acha.
Por BBC Mundo
23 de diciembre, 2016
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A lo largo de América Latina se sienten las reverberaciones de un escándalo de corrupción que empezó en Brasil pero que afecta a por lo menos diez naciones de la región. El jueves, ejecutivos de Odebrecht, la empresa constructora brasileña, reconocieron ante las autoridades judiciales estadounidenses que la firma había cometido actos de corrupción incluyendo el pago de cerca de US$788 millones en sobornos.

El objetivo: facilitar la consecución de contratos para más de 100 proyectos en distintas naciones de la región.

Los pagos ilícitos, según el gobierno de Washington, incluyen US$349 millones en Brasil, US$98 millones en Venezuela US$10 millones en México.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, Odebrecht y Braskem, una empresa petroquímica parcialmente controlada por la primera, aceptaron pagar a las autoridades brasileñas, de Estados Unidos y de Suiza, una suma combinada de al menos US$3.500 millones en multas.

Estados Unidos lo llama el “mayor caso de sobornos extranjeros en la historia”.

Se espera que Braskem pague cerca de US$1,000 millones en multas.

La penalización a Odebrecht podría llegar a US$4,500 millones, según un comunicado del Departamento de Justicia, pero la empresa constructora ha dicho que solo tiene la habilidad para pagar US$2,600.

Las autoridades judiciales estadounidenses han dicho que investigarán la capacidad real de pago de la empresa y en abril del año entrante confirmarán el monto final de la penalidad económica.

La aceptación de culpa de Odebrecht no menciona pagos de sobornos en Estados Unidos o Suiza.

No obstante, las legislaciones de los dos países permiten que las autoridades locales procesen a empresas extranjeras por actos de corrupción ocurridos en otras naciones si las empresas tienen algún vínculo con Suiza o con Estados Unidos”, explica Joao Fellet, corresponsal de BBC Brasil en Washington.

Sin más detalles

Los documentos judiciales estadounidenses no menciona nombres específicos de las personas que recibieron los sobornos en los distintos países.

Pero habla de una estructura elaborada dentro de Odebrecht para administrar una red internacional de pagos ilícitos.

También afirma que Odebrecht obtuvo negocios por un valor varias veces el monto de los sobornos pagados.

Este viernes, autoridades de varios de los países en donde Estados Unidos dice que se cometieron las irregularidades, han anunciado investigaciones propias de los hechos.

A continuación BBC Mundo resume las cifras de los sobornos que Odebrecht reconoció ante las autoridades estadounidenses.

México

En un periodo comprendido aproximadamente entre 2010 y 2014, Odebrecht estuvo vinculado a pagos por valor de US$10.5 millones para ganar contratos de obras públicas mexicanas que le generaron beneficios por mas de US$39 millones, según las autoridades de Washington.

Y la Secretaría de la Función Pública mexicana anunció que iniciaría la recopilación de información sobre los supuestos pagos de forma inmediata, en coordinación con la petrolera estatal, Pemex, mencionada en el escándalo.

Brasil

De acuerdo al documento judicial difundido por Estados Unidos. empezando en 2009, Odebrecht pagó aproximadamente US$349 millones en sobornos a partidos políticos, funcionarios extranjeros y sus representantes en Brasil.

Washington menciona específicamente contratos con la petrolera estatal Petrobras.

Y la justicia brasileña ya condenó al millonario y expresidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, a 19 años y 4 meses prisión por un escándalo de corrupción que involucra a la petrolera.

El juez federal Sergio Moro, sin embargo, “sólo” lo declaró culpable por el pago de más de US$30 millones en sobornos a funcionarios de Petrobras a cambio de obtener contratos e influencia.

Pero las investigaciones continúan.

Argentina

Según los fiscales estadounidenses, aproximadamente entre 2007 y 2014, Odebrecht realizó pago de sobornos por valor de US$35 millones “en el entendido que esos se trasladarían, en parte, a funcionarios gubernamentales en Argentina”.

La justicia argentina está investigando las alegaciones.

Colombia

El documento de las autoridades judiciales estadounidense sostiene que en un periodo comprendido aproximadamente entre 2009 y 2014, Odebrecht efectuó e hizo que se efectuaran pagos por más de US$11 millones para asegurar contratos de obras publicas.

La empresa obtuvo beneficios de más de US$50 millones como resultado de esos pagos corruptos”, asegura Washington.

Por ejemplo menciona un pago de US$6.5 millones a un funcionario gubernamental no identificado para que le ayudara a Odebrecht a ganarse un contrato.

A través de su Secretaría de Transparencia, el Gobierno colombiano advirtió que si constataba el pago de sobornos, no dudaría en cancelar de manera unilateral sus contratos con la empresa.

República Dominicana

Según los funcionarios judiciales estadounidenses, entre 2001 y 2014, Odebrecht estuvo relacionado con pagos ilícitos por valor de US$92 millones en República Dominicana, que le habrían dado beneficios por US$163 millones en ese país.

Y la Procuraduría General de la República de la nación caribeña ya dijo que “actuará con toda responsabilidad” en el caso, aunque que por el momento solo conocía la información publicada en la web del Departamento de Justicia de EE.UU.

“Como ente activo, la PGR está solicitando formalmente a las autoridades correspondientes, toda la información recopilada en la referida investigación sobre las actuaciones de Odebrecht en República Dominicana”, dijo el Ministerio Público a través de un comunicado.

Ecuador

Entre 2007 y 2016, la firma brasileña estuvo involucrada en pagos por US$33,5 millones “a funcionarios gubernamentales corruptos en Ecuador”, asegura el comunicado de las autoridades judiciales.

Por ejemplo, dice el documento, entre 2007 y 2008 Odebrecht tuvo problemas con un contrato de construcción, y mediante un intermediario, realizó pagos en efectivo a un funcionario “para resolver” los mismos.

Las autoridades ecuatorianas, por su parte, también anunciaron una investigación, pero recordaron que la nación andina expulsó a Odebrecht en 2008 por “mala gestión”.

“La denunciamos como empresa corrupta y corruptora por lo que decir que en el año 2008 se corrompió a un funcionario público es absolutamente incompresible y si se hizo un pago, evidentemente ese pago fue inoperante, inoficioso e ineficaz”, dijo el secretario jurídico de la Presidencia de Ecuador, Alexis Mera.

Guatemala

De acuerdo al documento de la justicia estadounidense, entre 2013 y 2015 se vio involucrada en pagos corruptos por valor de US$18 millones en Guatemala, lo que le habrían generado más de US$34 millones en beneficios en ese país.

Y las actuales autoridades guatemaltecas dicen haberse dado cuenta de irregularidades en una obra realizada por Odebrecht inmediatamente después de haber llegado al gobierno, por lo que solicitarán la devolución de US$38 millones.

Y la Fiscalía guatemalteca también anunció que solicitará el apoyo de EE.UU. para investigar el problema.

Panamá

Los documentos estadounidenses también revelan que entre 2010 y 2014 Odebrecht habría pagos de más de US$59 millones en Panamá, resultando en US$175 millones de beneficios.

Y el gobierno del presidente Juan Carlos Varela le dio su “apoyo total” a las investigaciones sobre el tema que ya adelanta el Ministerio Público panameño.

Perú

Entre 2005 y 2014 Odebrecht aparece relacionado con aproximadamente US$29 millones en pagos, que le generaron más de US$143 millones en contratos, de acuerdo a los investigadores judiciales.

Por ejemplo, asegura la corte estadounidense, un intermediario contactó a Odebrecht en nombre de un alto funcionario peruano no identificado que ofreció apoyar la propuesta de la firma en una licitación pública a cambio de pagos que lo beneficiaran, que el informe estima en US$20 millones entre 2005 y 2008.

Y el propio presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, se sintió obligado a asegurar públicamente que él no estaba entre los implicados.

Yo le puedo garantizar que no recibí nada, ni sé nada, mire que todo eso se tiene que investigar obviamente y estoy a favor de una profunda investigación”, dijo el mandatario peruano.

Venezuela

De acuerdo a la entidad judicial estadounidense, en un periodo comprendido aproximadamente entre 2006 y 2015, en Venezuela “Odebrecht efectuó o hizo que se efectuaran pagos corruptos a funcionarios gubernamentales y sus intermediarios por aproximadamente US$98 millones “para ganar o retener contratos de obra publica”.

De inmediato, el presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, informó de la apertura de una investigación sobre el caso.

Y el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, le demandó a Odebrecht vía Twitter que publicara los nombres de los venezolanos supuestamente sobornados.

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Cuartoscuro Archivo

La petición de abrir los videos del juicio a Javier Duarte llega a la Suprema Corte

Jueces federales se han negado a entregar copias de los videos, pese a que las audiencias de Duarte, como todas las del nuevo sistema penal, son por definición públicas.
Cuartoscuro Archivo
13 de junio, 2019
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza si atrae la petición hecha por una organización no gubernamental para que se transparenten los videos de las audiencias que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, enfrentó como parte de un proceso federal por lavado de dinero y asociación delictuosa, y que concluyó con una condena en su contra de nueve años de prisión.

Lo anterior luego de que jueces federales se han negado a entregar copias de dichos videos pese a que las audiencias del caso Duarte, como todas las del nuevo sistema penal, son por definición públicas.

Si la Corte determina atraerlo y en su caso favorece la petición, podría fijar un criterio para que los videos de cualquier audiencia puedan ser transparentados y, por ende, que cualquier persona pueda verlos sin necesidad de estar presente en la misma o ser una de las partes involucradas.

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La petición de los videos fue presentada por la organización TOJIL: ESTRATEGIA CONTRA LA IMPUNIDAD, que además denunció penalmente a los funcionarios de la PGR (hoy Fiscalía General de la República) que estuvieron a cargo del proceso de Duarte,  al advertir que podría existir corrupción en la negociación del caso que le permitió al exgobernador obtener una pena reducida.

Hace unos días, un juez amparó a dicha organización y les reconoció su calidad de víctimas en dicha denuncia, con lo cual podrán participar en las investigaciones.

En ese contexto, los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizan la solicitud de la organización de entregar los videos para determinar, primero, si el caso es de relevancia para que el máximo tribunal lo aborde, y de ser el caso quien procedería al estudio de fondo del mismo.

Cabe señalar que además del caso Duarte, TOJIL también promovió ante la Corte la atracción de otra solicitud en la que se pide la expedición de copias de video de distintas audiencias relacionadas con casos de feminicidio, violencia familiar ente otros, algo que jueces de Ciudad de México han negado.

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Batalla por la transparencia

El 31 de agosto y el 28 de septiembre de 2018 la organización TOJIL presentó dos solicitudes ante el juez de Control del Reclusorio Preventivo Norte (donde hoy permanece preso el exgobernador de Veracruz) para que se expidieran copias en audio y video de todas las audiencias en las que estaba en calidad de imputado Javier Duarte.

En ambos casos el juez requirió a las abogadas de la organización que acreditaran que fueron parte del proceso para darle acceso a los mismos. Las litigantes respondieron que no fueron parte, pero que solicitaban los videos en calidad de un tercero que, como cualquier ciudadano, tiene derecho a la publicidad de esta y de cualquier otra audiencia.

Sin embargo, el juez determinó que no era procedente entregar copia de dichos videos, bajo el argumento de que el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales solo contempla la expedición de copias “a las partes”.

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Ante ello la organización promovió dos demandas de amparo ante jueces federales. Uno de ellos quiso desechar de inicio la demanda al considerar que la organización no tenía legitimidad para promoverlo, sin embargo un Tribunal federal revolcó la decisión.

Pero en abril de este año los jueces concluyeron que no era procedente conceder los amparos a la organización bajo el mismo argumento esgrimido por el juez del Reclusorio Norte: que de acuerdo al Código Nacional la organización civil y por lo tanto no se pueden expedir copias de los videos.

Derivado de lo anterior la ONG interpuso un nuevo recurso de revisión que ya fue admitido en tribunales colegiados, sin embargo, el pasado 23 de mayo la apoderada legal de la organización, Estefanía Medina, presentó los escritos ante la Suprema Corte para solicitar que sea esta la que se encargue de revisar el caso.

¿En dónde termina la publicidad de las audiencias?

Uno de los argumentos centrales en los que Medina sustenta la importancia de estos casos y, por ende, la necesidad de que el máximo tribunal los atraiga, es que resulta indispensable delimitar cuál es el alcance del principio de publicidad del nuevo sistema penal en todos los casos, pero más aun en hechos de grave corrupción e interés público como lo es el caso de Javier Duarte.

Y es que, hasta ahora, solo el público en general que acude personalmente a una audiencia e ingresa a la misma (si es que el cupo lo permite) puede presenciarla. De lo contrario no hay forma, pues las mismas no pueden transmitirse por ningún medio, y las grabaciones solo se facilitan a las partes, como ocurre ahora en el caso Duarte.

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“¿Cuál es el alcance del principio de publicidad y acceso a la información en los procesos penales como derecho humano de todos los mexicanos y mexicanas? O si este está restringido a que los ciudadanos acudan de manera presencial a una audiencia del orden penal pública…”, indica la solicitud.

En ese sentido, la abogada enfatizó que este caso puede representar una oportunidad para que “este Alto Tribunal edifique un criterio respecto de los fines y objetivos de estas normas constitucionales que protegen los derechos humanos de publicidad del proceso penal y acceso a la información”.

En los documentos presentados en la Corte, la organización añade que a Javier Duarte se le considera “líder de una de las redes de corrupción y desvío de recursos públicos más grandes y relevantes de México”, lo que deja de manifiesto que se trata de un caso de “distorsión del poder público” y, por ende, existe una afectación a la sociedad en general. De ahí que ello deba tomarse en cuenta en el ejercicio del derecho a la transparencia.

En ese contexto la abogada concluye que existen las características de “importancia y trascendencia” para que la Corte atraiga el caso.

Por el momento, el máximo tribunal ya admitió a trámite las solicitudes con los números de expediente 314/2019 y 315/2019 en la Primera Sala responsable de los temas penales. Lo que sigue ahora es que los seis ministros que la integran analicen en privado el asunto, para se determine si alguno decide atraerlo para su análisis y posterior elaboración de un proyecto de resolución.

El factor clave para que los ministros determinen si atraen la solicitud es que consideren que el caso sea de importancia trascendental y pueda generar precedentes. En caso de que no lo atraiga, la organización deberá esperar la resolución de los recursos de revisión promovidos en tribunales colegiados.

Dudas en negociación PGR-Duarte

De manera paralela a la solicitud de transparencia, la organización también presentó el 1 de octubre del año pasado una denuncia penal ante la Visitaduría General de la FGR (hoy Fiscalía General) para que se investigue la actuación de los fiscales a cargo del proceso en contra de Javier Duarte.

Lo anterior luego de que el exgobernador consiguió que le fuera cambiado el delito original que se le imputó de delincuencia organizada por uno menos grave denominado asociación delictuosa, lo que a su vez le permitió declararse culpable en lo que se denomina un “proceso abreviado” (una especie de minijuicio)  y así obtener una sentencia condenatoria reducida de 9 años de prisión.

Con ello se evitó que el caso llegara al denominado juicio oral en donde cada parte hubiera tenido que enfrentar sus pruebas y donde la sentencia, en caso de ser condenatoria, podría haber sido mucho mayor.

El entonces subprocurador de PGR, Felipe Muñoz, admitió que se hizo este acuerdo con Duarte debido a que los fiscales tenían dudas de que las pruebas bancarias que recabaron fueron consideradas legítimas ya que se obtuvieron sin la autorización de un juez.

Pero para TOJIL existen al menos tres elementos que generan dudas en el caso. Primero: que el mismo era de la relevancia y gravedad suficiente para que la PGR buscara llegar al juicio oral. Segundo: la decisión de retirar el delito de delincuencia organizada y pactar una pena que pudo ser mayor. Y tercero: que si no había evidencia sólida, como el subprocurador reconoció, la defensa hubiera buscado ir a juicio pues tenía las cartas a su favor.

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“De ahí que consideramos que en este contexto es muy posible que haya habido una gran negociación corrupta en este caso que van desde los MP que firmaron y fueron a las audiencias hasta sus jefes. Sumado a que la FGR tiene un Acuerdo que establece los márgenes de pena que pueden ofrecer en estos casos y es muy posible que no se hayan seguido estos lineamientos en este caso en particular” dijo la abogada Medina.

La investigación tras la denuncia de la organización sigue abierta. El pasado 31 de mayo la organización ganó un amparo que obliga además a la FGR a reconocerle a TOJIL su carácter no solo de denunciante, sino de víctima, algo que la dependencia y un juez de control les había negado.

En dicha resolución de amparo el juez federal consideró que la sociedad civil tiene derecho a participar en los procesos penales en donde se presuma la comisión de un delito “del interés colectivo”, como puede serlo un hecho de corrupción o de mala impartición de justicia. De ahí que una organización de la sociedad civil, como TOJIL, es en parte víctima del caso y debe reconocérsele como tal.

Se trata de una resolución inédita en su tipo y que permitirá a la ONG participar activamente en la indagatoria, pedir que se realicen diligencias y tener acceso al expediente de la carpeta de investigación.

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