Tribunal obliga a comuneros a pagar 5 mdp a una minera para recuperar sus tierras
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Iván Castaneira

Tribunal obliga a comuneros a pagar 5 mdp a una minera para recuperar sus tierras

Iván Castaneira
Por Nayeli Roldán
7 de diciembre, 2016
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El Tribunal Unitario Agrario de Torreón emitió una sentencia en la que obliga a los comuneros de La Sierrita en Coahuila a pagar cinco millones 612 mil pesos a la minera Excellon de México para recuperar sus tierras, tras cuatro años de litigio.

Se trata de mil 100 hectáreas que por el momento están embargadas. Es decir, ni la minera ni los ejidatarios pueden hacer uso de ellas. Sin embargo, los 123 ejidatarios interpusieron un amparo para revocar esa multa, porque, según argumentan, el juez ignoró sus demandas.

Juan Antonio López, coordinador del área de justicia trasnacional de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), organización que representa a los comuneros, asegura que “al condicionar la entrega al pago se está manteniendo un embargo sobre las tierras de uso común que son propiedad del ejido La Sierrita, lo que significa una clara violación al artículo 27 de la Constitución”

En entrevista con Animal Político, explica que el amparo será turnado a un Tribunal Colegiado y deberá emitir sentencia en un plazo de cuatro meses.

La Sierrita era un modelo exitoso en el que una empresa minera y los pobladores establecieron un contrato para la explotación de territorio de manera controlada y con el pago de una renta anual por parte de los empresarios. Sin embargo el acuerdo se rompió debido a incumplimientos según alegaron ambas partes.

Acuerdo y rompimiento

La minera Excellon de México S. A de C. V. fue constituida en 1997 para la exploración, explotación, producción y comercialización de minerales metálicos y pertenece al grupo canadiense Excellon Resources Inc., según indica el registro ante la Secretaría de Economía.

La empresa inició operaciones en el ejido La Sierrita en 2004, pero, según explica Juan Antonio López, “engañó” a los pobladores para firmar un contrato para explotar 27 hectáreas durante 30 años por un pago único de 1 millón 200 mil pesos.

Sin embargo, cuatro años después, los comuneros consiguieron un mejor acuerdo. En

2008, ambas partes firmaron un Contrato de Ocupación Temporal por la renta de mil 100 hectáreas por un monto de 5 millones 500 mil pesos anuales, con el aumento correspondiente a la inflación.

En ese documento se establecieron cláusulas económicas, sociales y medioambientales pero fueron incumplidas por la empresa, como la construcción de una planta tratadora de agua, un aspecto fundamental para la operación de la mina y la protección ambiental de la zona.

La empresa tampoco cumplió con la concesión del comedor para trabajadores, pese a que uno de los puntos importantes para los ejidatarios era crear fuentes de trabajo.

Por tanto, en septiembre de 2012, los ejidatarios de La Sierrita presentaron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario por rescisión del contrato con la minera argumentando los incumplimientos.

La respuesta de la minera fue otra demanda, argumentando que los ejidatarios habían prohibido la operación de la mina y, por tanto, habían generado pérdidas económicas. El alegato judicial se basó en una manifestación de los pobladores en 2012 para pedir la presencia de los directivos para solucionar el conflicto.

Sin embargo, “nunca se prohibió la entrada a nadie; incluso, el trabajo en la mina estuvo compuesta por seis cuadrillas de seis trabajadores cada uno”, asegura Juan Antonio López.

Aunque la minera pagó la renta anual de 2008 a 2012, a partir del inicio del proceso legal suspendió los pagos, aunque continuó los trabajos en las mil 100 hectáreas de La Sierrita.

Finalmente, el Tribunal agrario tomó en cuenta dicho argumento y estableció el pago de 5 millones 612 mil pesos para retirar el embargo. En tanto, obligó a la empresa a entregar las mil 100 hectáreas.

“En un juicio en que las dos partes están demandando que la otra parte incumplió, el Tribunal dice ‘los dos incumplieron y los dos páguense similares’”, lo cual resulta desigual para los ejidatarios, asegura el representante legal de los comuneros.

El argumento legal del Tribunal es que la minera incumplió sus compromisos desde 2008, pero “ante reiteradas violaciones, el ejido demandó la recisión del contrato hasta 2012, por lo cual estaba dando una aceptación tácita de las violaciones”.

Después de estos años de conflicto, los ejidatarios confían “una vez más en los tribunales para que se haga justicia” y esperan que el Tribunal Colegiado emita una sentencia apegada a derecho, asegura Juan Antonio López.

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El inicio del “paro armado” del Clan del Golfo en Colombia deja decenas de actos violentos

La organización criminal tomó represalias luego de la extradición de Otoniel quien fue su principal líder.
7 de mayo, 2022
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El primer día de “paro armado” del Clan del Golfo en Colombia dejo decenas de actos violentos.

Después de la extradición esta semana a Estados Unidos de alias Otoniel, la organización criminal que el líder narco dirigió, el Clan del Golfo, tomó represalias e inició un “paro armado” que durará cuatro días.

En el primer día ya se reportaron en diferentes carreteras del norte del país, alrededor de 100 vehículos incinerados entre camiones, buses, automóviles y motocicletas, según informó el gobierno.

La prensa local, por su parte, compartió imágenes de municipios que amanecieron con grafitis alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como también se conoce a la organización criminal.

Durante los ataques conocidos como “paros armados”, los grupos criminales bloquean vías, restringen la libre movilidad y envían mensajes amenazantes que obligan el cierre de establecimientos comerciales y la suspensión de clases en colegios y universidades.

En respuesta a los hechos, el ministro del interior, Diego Molano, asistió a consejos de seguridad regionales en las zonas más afectadas.

Molano reveló que Wilver Giraldo, alias ‘Sipoas’, y Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo”, asumieron el liderazgo del grupo criminal después de la captura de Otoniel en 2021.

Molano anunció, también, que han aumentado la recompensa por cada uno de los cabecillas

El Clan del Golfo -también llamado Autodefensas Gaitanistas, Los urabeños o Clan Úsuga- es una de las principales organizaciones criminales de Colombia. De acuerdo con un reporte de la Policía Nacional y la Fundación Paz y Reconciliación, tiene presencia en 211 de los 1.103 municipios que hay en el país.

Su principal líder ha sido Otoniel, quien luego de ser extraditado a EE.UU. esta semana se declaró no culpable ante un fiscal federal en Nueva York, renunció a solicitar libertad bajo fianza y espera enfrentar un juicio con jurado.


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