E. tiene 26 años y es repartidor de Domino’s Pizza, en el Estado de México. Está preso desde el pasado 3 de enero, acusado de incendiar una patrulla, junto con otro joven.

[contextly_sidebar id=”FCBJ3DAuq5VWWf4klH2GbTLb4OrATPJX”]Aún con el uniforme de la pizzería, desde detrás de un vidrio, en la Sala 12 de los Juzgados de Control en Ecatepec, E. narra a la juez lo ocurrido ese día:

Efectivamente, a medio kilómetro, en la intersección de Avenida Central y la avenida Jardines de Morelos, un grupo de personas atacaba una gasolinera y una farmacia Guadalajara.

Él y otros compañeros “nos percatamos que traían cajas de pizza de otra pizzería, Little Caesar, y nos regresamos al local (de Domino’s) y cerramos. De ahí me salí yo en mi moto del trabajo, ya para irme a la casa, y entonces pasé de nuevo por avenida Jardines de Morelos, y vi que toda la gente venía hacia mí, entonces intenté regresarme de nuevo al local, y fue ahí que los municipales me bajaron de la moto y me empezaron a pegar… unos compañeros vieron, y le dijeron a los policías que me soltaran, y me dejaron”.

E. llamó desde la ambulancia a su familia, y fueron por él sus padres y un hermano, y ya en su compañía, decidió que quería presentar una denuncia contra los policías que lo habían agredido.

“Se escuchará un poco raro –dijo E. a la juez María de Lourdes Hernández González–, pero yo nada más quería que les hicieran una llamada de atención por mis heridas, porque yo nada más iba pasando…”

Sin embargo, una vez que llegaron al MP, narra E., “ya no sé qué pasó, porque en vez de que me dejaran denunciar, ahora me están acusando”.

Según la Procuraduría de Justicia del Estado de México, E. roció un garrafón de 20 litros de gasolina sobre una patrulla ubicada en Jardines de Morelos y Violetas, para que un segundo joven le prendiera fuego.

La única prueba en su contra es el dicho de los policías, ya que otras evidencias materiales exhibidas por la Procuraduría son, prácticamente, de trámite.

Por ejemplo, la Procuraduría realizó un examen dactiloscópico a la patrulla incendiada, sin encontrar ninguna huella, debido a que estaba totalmente carbonizada.

Tal como informó la familia de E., este joven fue sometido a una prueba de sedimentos de gasolina en sus manos. Sin embargo, los resultados de este peritaje no fueron presentados por la Procuraduría durante la audiencia con la que se presentaron formalmente cargos en su contra, por el delito de “daño en los bienes”, en agravio del Ayuntamiento de Ecatepec, al que pertenecía la patrulla que lo acusan de incendiar.

Será este martes, 10 de enero, cuando nuevamente se presente ante la juez, para presentar pruebas en su favor. Sólo después de eso, la juez determinará si existen evidencias suficientes en su contra, para iniciarle un juicio que, por la gravedad del delito, enfrentaría en prisión.

Peticiones de perdón…

Antes de que la jueza Victoria Arreola terminara de hablar, S. la interrumpió. “No entiendo por qué me acusan, yo no hice eso que dicen”. ¿Quieres declarar?, le preguntó. “Sí. Si yo hubiera sido, lo sostenía, pero no hice nada”, respondió él joven. En los siguientes minutos, el abogado de oficio se acercó a él y al resto de los acusados. S. movía la cabeza, manoteaba.

La jueza explicó a los 11 imputados, todos detenidos en la Ciudad de México, que de aceptar declarar en ese momento, pasarían al estrado y “todo lo que digan puedo usarlo en su contra, en cambio si no declaran hoy, no les afecta”. Después preguntó a cada uno su decisión. S. apenas pronunció las palabras que le recomendó su abogado: “me reservo”.

Es la audiencia de 11 acusados de “robo con violencia en pandilla” tras el saqueo a la tienda Famsa de la colonia Solidaridad en la delegación Gustavo A. Madero el pasado 4 de enero. Todos visten playera y pants gris, sandalias. Ninguno rebasa los 25 años.

Les asignaron dos abogados de oficio, quienes tuvieron la carpeta de investigación tres horas antes de la audiencia.

La primera vez que vieron a sus defendidos fue en la sala, minutos antes de iniciar la audiencia. Ni siquiera les habían leído sus derechos, como exige el nuevo sistema de justicia, por eso la jueza hizo una pausa al inicio del procedimiento para que lo pudieran hacer.

La carpeta de investigación contenía las declaraciones de los policías que participaron en el operativo donde narran lo que ocurrió la noche del 4 de enero: mientras decenas de personas saqueaban la tienda Walmart de la calle Luis Espinosa en la colonia Solidaridad, los policías fueron enviados 100 metros más adelante, donde otro grupo robaba la tienda Famsa. Era las 19:50 horas.

Diez minutos después ocurrió la primera detención. Era R., quien según el policía que declaró, salía con una pantalla de 32 pulgadas marca Samsung; el segundo fue D., que llevaba una bocina OFX. Dos más, con otras dos pantallas.

A las 8:03, cuatro policías hicieron un cerco donde capturaron a siete más con 10 pantallas, aunque en el reporte no se detalla cuántos objetos llevaba cada uno. Entre ellos está S.

S. pide que le permitan hacer una llamada para avisarle a su familia. “No sabe que estoy aquí, no he hecho mi llamada. Tengo mis cosas en la maleta que traía cuando llegué a la ciudad”, dice. Otros cuatro tampoco han hablado con sus familiares.

Pese a que los abogados del Ministerio Público acusaron a los 11 jóvenes del delito de robo con violencia en pandilla, no expusieron los argumentos correctos, “aunque tenía todos los elementos” y “muy a mi pesar y por errores del MP”, dijo la jueza Arreola, tipificó el delito como robo simple, que alcanza una pena de 4 a 6 años de prisión.

Cada uno es acusado por el robo de las 12 pantallas y una bocina que suma 77 mil 484 pesos, mientras que el daño a las vitrinas es de 2 mil 542 pesos, según la valuación de los peritos de la Procuraduría capitalina.

Los 11 casos están en una misma carpeta de investigación, y los abogados de oficio realizaron una defensa colectiva: ninguno abundó en lo que dijo S. sobre su detención con una maleta porque acababa de llegar a la ciudad, ni que K. mencionó que iba en un camión de transporte público. No existe ninguna declaración de los acusados en la carpeta de investigación, ni fue tomada en ese momento.

En la investigación el MP descubrió que tres de ellos tienen antecedentes penales.

L., tiene dos carpetas de investigación por robo a transeúnte con violencia y robo a casa habitación sin violencia. G. fue acusado por narcomenudeo en posesión simple y P. estuvo en prisión por robo simple.

La jueza Victoria Arreola explicó en su resolución que estos elementos eran suficientes para dictar la medida cautelar de “prisión preventiva”, porque este era un momento delicado de “alteración de la paz pública”, pues los saqueos que han sucedido en los últimos días no tiene precedente.

Los 11 imputados pasarán dos meses en el Reclusorio Oriente mientras esperan la próxima audiencia del 7 de marzo donde podría determinarse su inocencia o culpabilidad.

Al concluir la audiencia que duró siete horas, la jueza les explicó que podrían solicitar medidas alternas, como un acuerdo con la tienda Famsa. Uno a uno lo solicitó. “Perdón a Famsa, esto fue un error”, dijo C. “Soy ayudante de albañil, si quieren les puedo pagar por semana”, dijo L. antes de que el llanto le apagara la voz.

“Yo no quiero ir a la cárcel, tengo esposa y un hijo. No hice nada”, dijo S. En la audiencia, no estuvieron sus familiares y en la hoja de registro no anotó el teléfono celular de su esposa porque no lo sabe de memoria. Nadie de su familia está enterado de su situación.

El viernes por la tarde, familiares de dos de los acusados narraban que el miércoles pasado, vecinos de su colonia comenzaron a llamar a otros para ir a los saqueos. “Se le hizo fácil”, dijo el hermano de uno de ellos. “Los pendejos son los que están aquí”, agregaba otro.