En 2017 el Congreso de la Unión y los congresos de los estados deberán analizar y aprobar por lo menos diez reformas e iniciativas claves destinadas a mejorar la investigación de delitos graves y a reforzar el modelo de seguridad en el país. En algunos casos, se trata de temas que llevan varios años atorados.
[contextly_sidebar id=”Xip3VKGyMMqBj7TEopsIKJOzZcVugvJL”]Los pendientes van desde la emisión de leyes específicas para combatir delitos como la desaparición forzada, la tortura o la trata de personas, hasta la expedición de nuevas normas o la aprobación de reformas constitucionales que definan el modelo de policía y la participación del Ejército en trabajos de seguridad pública.
Animal Político presenta a continuación el listado de cuáles son estos pendientes claves y que autoridad del poder legislativo, ya sea el Senado, la Cámara de Diputados o los congresos locales, tiene la responsabilidad de que estos avancen.
1.Ley para prevenir y sancionar la tortura
Responsable: Cámara de Diputados
En México más del 90 por ciento de las averiguaciones abiertas por casos de tortura continúan impunes porque no hay órganos especializados ni facultades legales suficientes que permitan investigar estos delitos con mayor celeridad.
En abril pasado el Senado aprobó el dictamen por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles la cual, además de definir la competencia de los tres órdenes de gobierno para investigar este delito, también hace obligatorio que se impulsen políticas de prevención para que la trata deje de cometerse.
La minuta del dictamen aprobado por el Senado pasó a la Cámara de Diputados para su revisión pero el año concluyó sin que esto ocurriera, por lo que se espera que sea un tema prioritario en el próximo periodo de sesiones. En septiembre pasado Amnistía Internacional hizo un llamado oficial al Estado mexicano para que esta ley sea aprobada y puesta en marcha.
2. Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas
Responsable: Cámara de Diputados
México es un punto neurálgico de las redes de trata de personas. Investigaciones de la PGR y de procuradurías estatales han documentado el reclutamiento de jóvenes y menores de edad que son enviados al extranjero con distintos fines de explotación, así como personas que son sometidas a jornadas laborales en condiciones cercanas a la esclavitud.
En ese contexto organizaciones civiles y grupos políticos impulsaron la aprobación en el Senado de una iniciativa que crea la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados pero, al igual que en el caso de tortura, no fue aprobada todavía.
El pasado 15 de diciembre el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Cesar Camacho, adelantó que la minuta del Senado será modificada pues contiene supuestas disposiciones que podrían favorecer de forma retroactiva a personas ya procesadas por el delito de trata.
Debido a las modificaciones que deberán realizarse, no hay seguridad de que esta ley pueda ser expedida en el próximo periodo de sesiones.
3.Ley contra la Desaparición Forzada
Responsable: Senado de la República
Tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014 se hizo evidente la necesidad de contar con una norma en el país que prevenga, persiga y castigue los delitos de desaparición forzada, es decir, los casos de privación ilegal de la libertad en donde hay autoridades involucradas coludidas (o no) con delincuentes.
En diciembre de 2015 el gobierno federal envió al Senado una iniciativa para la creación de la Ley contra la desaparición forzada, sin embargo, la iniciativa no ha logrado el consenso necesario para su aprobación. Tanto organizaciones civiles como legisladores han expuesto dudas respecto algunos puntos de la iniciativa, como por ejemplo, el tiempo que debe pasar que una víctima comience a ser buscada.
El pasado 25 de noviembre un contingente de madres de migrantes centroamericanos desaparecidos en México se manifestaron en el Senado para exigir que esta ley pueda debatirse y expedirse lo más pronto posible.
4.Reformas en materia de Extinción de Dominio
Responsable: Senado de la República
La Federal de Extinción de Dominio, que permite al Estado apropiarse de propiedades que se hayan utilizado u obtenido mediante delitos graves, no ha funcionado. En julio de 2015 la PGR reconoció que la ley tiene fallas que han provocado que en más de seis años apenas medio centenar de casos se hayan procesado con éxito.
En noviembre pasado la Senadora del PAN Pilar Ortega Martínez anunció que se trabajarán en el senado una serie de reformas a la Ley de Extinción de Dominio encaminadas a eficientar esta medida que es clave, sobretodo si se toma en cuenta que el crimen organizado llega a lavar hasta 60 mil millones de dólares al año.
5.Desaparición del arraigo
Responsable: Senado dela República
En el sexenio pasado el arraigo llegó a usarse como regla general por la PGR para privar de la libertad a personas hasta por 90 días sin que hubiera pruebas suficientes de que se había cometido algún delito. De acuerdo con expertos, más de 7,7 00 personas fueron arraigadas solo por la SEIDO para indagarles por supuesto crimen organizado.
En el sexenio actual se optó por disminuir este recurso gradualmente peor con la entrada del nuevo sistema penal acusatorio, los arraigos se han convertido en una medida que debería aplicarse solo en casos excepcionales.
En este contexto organizaciones de la sociedad civil encabezadas por la Red Nacional de Juicios Orales entregaron al Senado una iniciativa que elimine de forma definitiva la figura del arraigo y que sean los jueces los que a su criterio determinen la medida cautelar que corresponda. Se espera que en 2017 se inicie el análisis de este tema.
6.Reforma en materia de prisión preventiva
Responsable: Senado de la República
Con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio se aprobó que la prisión preventiva oficiosa, es decir el que una persona sea encarcelada de facto tras ser detenida, solo se aplique a un cierto número de delitos. Esto ha generado posiciones encontradas.
Por un lado organizaciones de la sociedad civil han propuesto que se elimine de plano esta figura de forma definitiva, y que sea exclusivamente el juez el que determine, de acuerdo a las características del caos en particular cuando se justifique que una persona sea recluida. En este sentido ya se envió una iniciativa al Senado.
En contraparte, otras organizaciones y el propio Gobierno federal han señalado que es necesario endurecer el mecanismo de prisión oficiosa debido a que, en algunos casos, personas detenidas en flagrancia quedan libres por criterio de un juez. En ese contexto varios grupos políticos también trabajan en iniciativas propias sobre el tema.
7. Aprobación de la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones
Responsable: Congresos estatales
En junio de este año fue aprobada finalmente la Ley Nacional de Ejecución Penal, una norma vital para el funcionamiento del nuevo sistema penal pues plantea la forma en cómo se van a aplicar las penas y sentencias, así como los acuerdos de reparación de daños y otras sanciones que correspondan en cada caso.
Pero al tratarse de una norma única y nacional requiere de la aprobación de más de la mitad de los congresos estatales para que sea declarada vigente y entre en funcionamiento. Se prevé que el próximo año esta situación se concluya para que la nueva ley pueda comenzar a aplicarse de manera homologada.
8. Reforma constitucional en materia de Mando Policial
Responsable: Senado de la República
Desde hace ocho años inició en México el debate de una reforma policial que permita que los cuerpos de seguridad de las entidades federativas que estén mejor preparados para las tareas de prevención del delito y combate a la delincuencia, y con ello, la intervención federal a través de las fuerzas armadas pueda acotarse.
Más de una decena de iniciativas, incluyendo una del expresidente Felipe Calderón y otra del actual presidente Enrique Peña Nieto se han enviado al Congreso pero ninguna ha prosperado. Los planteamientos originales de eliminar las policías municipales y establecer un Mando Único han enfrentado la oposición de políticos y expertos.
En junio pasado Animal Político reveló el proyecto del Senado el cual elimina de forma definitiva la propuesta de Mando único y establece la configuración de un Mando Mixto y la creación de una nueva Ley de Seguridad Pública. El documento aún no ha sido aprobado pero se espera que sea un tema central en el próximo periodo ordinario de sesiones.
9. Ley de Seguridad Interior
Responsables: Cámaras de Diputados y Senadores
Este mes el general Salvador Cienfuegos hizo un nuevo llamado al Congreso para que legisle en materia de seguridad interior y se regule la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública la cual, supuestamente, serpia solo temporal pero que ya s eha extendido casi una década.
Por lo menos hay dos iniciativas presentadas en ambas cámaras del Congreso de la Unión que platean distintas opciones para crear una Ley de Seguridad Interior que permita regular esta intervención militar. El pasado 13 de diciembre el Congreso decidió aplazar para enero de 2017 la discusión de estas iniciativas.
10. Nombramiento del Fiscal Anticorrupción
Responsable: Senado de la República
La Fiscalía Anticorrupción es una parte vital del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Es el área encargada de las investigaciones ministeriales en contra de funcionarios y particulares que hayan incurrido en posibles hechos ilegales y, en su caso, de consignarlos ante los jueces correspondientes.
La fiscalía existe ya en el papel pero operativamente no funciona debido a que necesita un titular que ponga en marcha su constitución y desarrollo, Aunque está adscrita a la Fiscalía General de la República (hoy todavía PGR) el nombramiento del fiscal corresponde al Senado de la República.
El nombramiento debió darse este mismo año pero el pasado 29 de noviembre el Senado determinó aplazarlo para 2017 por la falta de consensos políticos necesarios. Actualmente hay 32 aspirantes a ocupar este cargo pro será hasta febrero cuando inicien los trabajos legislativos relacionados con este tema.
