Gobierno de Duarte en Chihuahua compró medicinas con costos inflados y así malversó 107 mdp: ASF
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Gobierno de Duarte en Chihuahua compró medicinas con costos inflados y así malversó 107 mdp: ASF

Las empresas que inflaron los costos han sido señaladas públicamente por haber apoyado la campaña para gobernador de César Duarte en Chihuahua, en 2010.
Cuartoscuro Archivo
Por Francisco Sandoval Alarcón
20 de febrero, 2017
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Durante el gobierno de César Duarte en Chihuahua hubo una presunta malversación de recursos por 107.2 millones de pesos, con la compra de medicamentos y material de curación con sobreprecios, de acuerdo con la revisión de la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública 2015.

Lo hizo a través de proveedores que inflaron los costos de medicamentos, por hasta 20 veces más su valor individual autorizado.

Animal Político obtuvo documentos del Registro Público del Comercio de Coahuila y Chihuahua, ubicando a las empresas involucradas, sus dueños y la fecha de su creación.

El actual mandatario estatal, Javier Corral, acusa que los dueños de al menos dos de esas empresas apoyaron en 2010 la campaña del entonces candidato a gobernador, César Duarte.

Leer: También César Duarte creó empresas fantasma en Chihuahua

Según una auditoría forense practicada por la ASF, el gobierno de Chihuahua malversó “Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa”.

Se malversó dinero “destinado a la atención digna y oportuna de enfermedades cubiertas por el Seguro Popular, con lo que se afectó directamente a familias que por su condición laboral y socioeconómica no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social”, apuntó la Auditoría Superior.

Por lo menos desde 2012, medios de comunicación y el actual gobernador de Chihuahua, Corral, señalaron que esas empresas se favorecieron económicamente con millonarios contratos públicos, inflando los costos de los medicamentos y materiales médicos vendidos a la administración de César Duarte.

Una de las empresas involucradas en el sobreprecio es Administración y Comercialización de Franquicias Internacional, S. de R.L. de C.V, de la cual “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal” por un monto de 6 millones 223 mil pesos y 32 millones 335 mil pesos, correspondientes al pago de medicamentos y material de curación, respectivamente.

Según el acta constitutiva en poder de Animal Político, la empresa fue creada en Chihuahua en 2004. Como dueños aparecen Eduardo Almeida Navarro y Armando Antonio Acosta Nava, el primero señalado por Corral de apoyar la campaña del exgobernador Duarte en 2010.

Originalmente Administración y Comercialización de Franquicias Internacional tenía como objeto social “la obtención de aprovechamiento por cualquier título legal de toda clase de concesión”, pero el 13 de junio de 2011 (ya con Duarte en la gubernatura) establecieron un nuevo punto al objeto de la empresa: “la compraventa de medicamentos”.

Leer: Con César Duarte también hubo medicinas falsas vs. el cáncer, acusan autoridades de Chihuahua

Según la revisión de la ASF, a la factura número K-498 de fecha 3 de julio de 2015, por concepto de la compra de Olanzapina tabletas con 10 miligramos -medicamento que sirve para atender el trastorno bipolar- se pagó un precio unitario de 848.56 pesos.

No obstante, el precio autorizado era 55.48 pesos, por lo que resulta una diferencia de sobreprecio de 793.08 pesos.

Otro de los medicamentos con sobreprecio es la Sertralina, antidepresivo que sirve para tratar el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de pánico, “cuyo precio unitario fue 149.14 pesos, cuando el precio autorizado era de 8.93 pesos, un aumento de 140.21 pesos”.

Otra empresa involucrada con sobreprecios fue Servicios y Atenciones Médicas K, S.A. de C.V, que vendió medicamentos y material de curación en 2015. Por inflar los precios de los medicamentos y materiales de curación se presume un probable daño o perjuicio a las finanzas por 3 millones 800 mil pesos y 3 millones 231 mil pesos, respectivamente.

En el caso de esta empresa se detectó una factura –de varias- fechada el 10 de enero de 2015, donde se pagó 1,153.87 pesos por Olanzapina 5 miligramos, medicamento para atender la esquizofrenia. Tenía un precio autorizado de 56.57 pesos, por lo que resultó una diferencia de sobreprecio pagada por 1,097.3 pesos, por la cantidad de 63 unidades facturadas.

Una persona física, de la cual no se revela su nombre, también infló los costos de material médico. Según la ASF, se presume un probable daño o perjuicio al erario por un monto de 8 millones 798 mil pesos.

Además, los Servicios de Salud de Chihuahua contrataron a la empresa Ecomed Equipos y Consumibles Médicos del Norte para la compra de medicamentos y material de curación “con irregularidades en el procedimiento de licitación y contratación” y sin una “política tendiente a reducir los precios”. Según la ASF, por esa acción se presume un daño al erario por 48 millones 862 mil pesos.

En todos los casos la ASF estableció que los servidores públicos del Instituto Chihuahuense de Salud y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Chihuahua, responsables de administrar y supervisar el ejercicio de los recursos, “no llevaron a cabo acciones de forma eficiente y oportuna para verificar que los materiales de curación e insumos se relacionaran con los CAUSES de conformidad… (y) verificar de forma eficiente y oportuna el precio autorizado de los medicamentos”.

Aparte de los sobreprecios, la ASF detectó que se pagaron 5 millones 105 mil pesos por medicamentos y material de curación a la empresa Ymmarsa Pharmaceutica, S.A. de C.V.

Fueron adquiridos en 2014, a través de un contrato que se les dio por adjudicación directa, bajo el argumento de que los medicamentos eran “exclusivos” del proveedor.

En su investigación, la ASF estableció que los medicamentos “no eran… exclusivos” de Ymmarsa Pharmaceutica, además que dichas compras se realizaron al amparo de dos contratos vencidos, lo que presuntamente derivó en la adjudicación, contratación y pago a favor de la empresa.

El acta constitutiva de la sociedad, en poder de Animal Político, revela que esta empresa se dio de alta oficialmente ante el Registro Público del Comercio de Coahuila el 4 de abril de 2011.

Su objeto social es la “intermediación en el comercio de medicamentos”; sus dueños son: Juan Hiram Márquez Rodríguez, José Luis Martínez Prado, Juan Francisco Lucero Chávez y José Lázaro Joaquín López Ramírez.

Márquez Rodríguez, según Corral, apoyó la campaña de César Duarte en 2010.

En sus conclusiones, la ASF estableció que, en términos generales, el gobierno de Chihuahua, en ese entonces bajo el mando de César Duarte, no cumplió con el objetivo de garantizar que los recursos federales del sector salud fueran gastados correctamente, por lo que se presume un daño al erario por más de 100 millones de pesos.

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Odebrecht en Panamá: condenan en EU a dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli por ayudar con los sobornos de la constructora

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares fueron sentenciados a tres años de prisión tras haber abierto cuentas y creado empresas ficticias para recibir sobornos de la constructora Odebrecht que, según dijeron, tenían como destino a su padre.
21 de mayo, 2022
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Dos hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli fueron condenados este viernes en un tribunal de Estados Unidos por conspirar para recibir sobornos, supuestamente para su padre, por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares ya se habían declarado culpables del lavado de 28 millones de dólares que, según el abogado de Luis Enrique Martinelli, James Mac Govern, cometieron “por órdenes del padre”.

El juez Raymond Dearie emitió una condena de tres años de cárcel y dos más de libertad vigilada, una pena inferior a la que buscaba la fiscalía de entre nueve y 11 años.

Ya que habían estado detenidos en Guatemala y Estados Unidos desde hace casi dos años, los hermanos Martinelli solo tendrán que pasar 13 meses más en prisión.

El caso inició en 2016, cuando la compañía Odebrecht reconoció haber sobornado con más de 700 millones de dólares a funcionarios de varios países de América Latina para ganar contratos.

El expresidente Ricardo Martinelli no ha sido condenado por ningún delito, pero sigue bajo investigación en Panamá en un caso separado por presunta corrupción relacionada con Odebrecht.

El exmandatario ha rechazado las acusaciones en su contra.

“Para complacerlo”

Tras ser detenidos y acusados, los hermanos Martinelli Linares reconocieron haber creado cuentas bancarias y compañías ficticias para recibir los sobornos durante el mandato de su padre en Panamá (2009-2014).

En 2021, se declararon culpables de un cargo de conspiración de lavado de dinero.

Los hermanos Martinelli Linares en un tribunal de Nueva York

Reuters

“Realmente quería complacerlo, mantenerlo feliz, mantenerlo orgulloso (…) Eso no quiere decir que no soy responsable de mis acciones”, declaró en alusión a su padre Luis Martinelli, en la audiencia de sentencia en el tribunal de Nueva York.

Ricardo Alberto Martinelli también dijo que lamentaba sus acciones y esperaba que su declaración de culpabilidad ayudara a “establecer la rendición de cuentas” en Panamá.

Para los acusados fue “un resultado favorable, muy alejado de las excesivas pretensiones de los fiscales”, dijo el vocero del expresidente Martinelli, Luis Camacho.

La defensa había argumentado que los hermanos Martinelli no deberían pasar más tiempo detenidos porque habían actuado “por órdenes de su padre”, y ya habían pasado casi dos años detenidos en Guatemala y seis meses en Brooklyn.

Ricardo Martinelli

Reuters
El expresidente estuvo un tiempo prófugo, hasta que fue detenido en Miami y extraditado a Panamá.

El juez Dearie dijo que los dos hijos del expresidente habían mostrado durante el tiempo en que delinquieron una actitud “arrogante”.

No obstante, desestimó la petición de hasta 11 años de cárcel que había solicitado la fiscalía, la cual espera que haya un pago de 19 millones de dólares de los 28 millones implicados en el juicio por sobornos de los Martinelli.

Los casos por corrupción protagonizados por la firma Odebrecht han supuesto grandes escándalos y la apertura de procesos judiciales en Brasil, Perú, Panamá, Ecuador, Argentina, República Dominicana, Colombia y México.


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