Gobiernos estatales malgastan 3,800 mdp destinados a servicios de salud
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Cuartoscuro

Gobiernos estatales malgastan 3,800 mdp destinados a servicios de salud

Los estados utilizaron los recursos federales destinados a la salud de manera irregular. Guerrero gastó de manera irregular mil 248 millones de pesos.
Cuartoscuro
Por Nayeli Roldán
17 de febrero, 2017
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¿Por qué los centros de salud o pequeñas clínicas en los estados tienen tantas carencias? Porque los recursos se quedan en el camino.

En 2015, las entidades ocuparon 3 mil 894 millones de pesos destinados a servicios de salud para el salario de personal comisionado en otras dependencias, pagos sin facturas, licitaciones irregulares para comprar insumos o simplemente tienen subejercicio, es decir, no lo ejercieron y aún lo tienen en sus cuentas bancarias.

Guerrero es la entidad con el monto más alto de malgasto: mil 248 millones de pesos, es decir 32% del total de recursos ejercidos irregularmente en el país. Mientras que Michoacán, con 10% de su presupuesto sin gastar (275 millones de pesos), es la entidad con mayor subejercicio.

Esto es parte de los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación en el análisis del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2015.

Lee: Javier Duarte desvió y malversó 4 mil 630 mdp destinados a salud y educación solo en 2015: ASF

Los casi cuatro mil millones de pesos ejercidos de manera irregular por los gobiernos de los estados es equiparable al recorte que sufrió el sector salud en 2015: 3 mil 339 millones de pesos en el Ramo 12 (Salud).

El recorte de 2015 impactó sobre todo en los rubros: Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud, con una disminución por mil 183 mdp, Seguro Médico Siglo XXI, con 539 mdp menos y Proyectos de Infraestructura Social de Salud (400 mdp).

 

La Auditoría comprobó que ninguno de los gobiernos estatales tuvo un ejercicio “satisfactorio” de recursos, toda vez que cometieron 10 tipos de irregularidades: pagos a personal que no se estaban en su área de trabajo o está comisionado a otras dependencias (980 millones de pesos).

Los estados tuvieron un subejercicio por 992 millones de pesos, sobre todo en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

La Auditoría detectó diferencias entre el saldo de las cuentas bancarias donde recibieron los recursos y lo que gastaron por 990 millones de pesos en Baja California, Chiapas, Guanajuato, Estado de México y Michoacán.

Los gobiernos se quedaron con 801 millones de pesos que debían ser destinados a las aportaciones al FOVISSSTE (prestaciones de los trabajadores) y para la declaración de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Pagaron 209 millones de pesos por conceptos no contemplados por el Fondo como cuentas atrasadas de ejercicios fiscales anteriores y erogaron 279 millones de pesos para pagar a personal de honorarios sin que existieran los contratos que comprobaran la relación laboral. En ese caso están Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Puebla, Sonora y Zacatecas.

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Campeche, Coahuila, Chiapas y Tabasco no comprobaron con facturas el gasto de 232 millones de pesos, comprobar el gasto o el pago de contratos. También ocuparon el dinero para pagos de nómina no autorizados por el Fondo como compensación de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, medidas de fin de año a mandos medios, entre otros.

Las entidades no devolvieron a la tesorería de la Federación 110 millones de pesos de rendimientos financieros por los recursos que recibieron. Mientras 319 millones de pesos fueron erogados sin que hubiera evidencia de los expedientes de licitación y de obra pública o pagos no autorizados.

El Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud (FASSA) funciona desde 1998 como una mecanismo para transferir recursos desde la Federación a las entidades federativas y municipios. En 2015 el Fondo distribuyó 77 mil millones en todo el país.

El objetivo es proporcionar servicios de salud a la población que no está integrada a ningún régimen de seguridad en salud, es decir, es la manera en proveer algún tipo de atención médica y entrega de medicamentos en las zonas del país más desprotegidas.

Guerrero, el primer lugar en irregularidades

Guerrero recibió 3 mil 196 millones de pesos como parte del Fondo para salud; sin embargo, 39% de los recursos que recibió (mil millones 248 mil pesos) lo ejerció de manera irregular y, por tanto, debe regresarlo a la Federación.

De ese monto por irregularidades, el gobierno de Guerrero pagó a 5 mil 665 aviadores y exempleados, según el análisis de la Auditoría. Por ejemplo, erogó 972 millones de pesos “a personal que no se encontró en su centro de trabajo”; 235 millones de pesos para personal eventual sin contar con el contrato y un millón de pesos por pagos a personal después de ser dados de baja.

Lee: Médicos protestan contra el recorte al presupuesto del sector salud y exigen más seguridad

El gobierno estatal tampoco presentó las cuotas y aportaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) por un monto de 86 millones de pesos.

Por tanto, la Auditoría promovió una sanción al gobierno de Guerrero ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado para que realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo contra los servidores públicos que cometieron las irregularidades.

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El gobierno de Maduro redujo ingresos de funcionarios públicos y desató una nueva ola de protestas en Venezuela

En 2022 ha habido un repunte de las protestas en Venezuela, luego de dos años consecutivos en los que venían disminuyendo. BBC Mundo te cuenta qué hay detrás de este cambio,
23 de agosto, 2022
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El descontento ha vuelto a tomar las calles de Venezuela.

Luego de dos años durante los cuales el número de protestas en ese país habían ido reduciéndose progresivamente, en 2022 la tendencia parece haberse revertido.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el primer semestre de este año hubo unas 3.892 protestas, un promedio de 22 al día, lo que significa un incremento de 15% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Pero a diferencia de lo ocurrido en 2019 -el año en el que se produjeron más manifestaciones en la última década- cuando las protestas por motivos políticos fueron las más numerosas, durante el primer semestre de este 2022 fueron los derechos laborales los que impulsaron la mayor cantidad de muestras de descontento: 42% del total.

Este giro tiene que ver con un choque entre las políticas laborales del gobierno de Nicolás Maduro y las exigencias de los empleados públicos.

BBC Mundo te explica por qué.

Rebajas de ingresos

En los últimos meses ha habido un recrudecimiento de las protestas de funcionarios públicos en Venezuela, en especial de parte de aquellos empleados en los sectores de salud y educación.

Solamente en julio pasado, hubo unos 143 conflictos laborales, de acuerdo con el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).

Protesta de trabajadores en Venezuela.

Getty Images
Muchos trabajadores culpan al ONAPRE por la reducción en sus ingresos.

Detrás de estas protestas está un instructivo emitido en marzo por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) que reduce entre 40% y 70% el ingreso de los empleados públicos, de acuerdo con un informe del Inaesin.

“La ONAPRE se ha dado a la tarea de emitir un instructivo para pagar el salario a los trabajadores y, desde que ellos se han inmiscuido en eso, han estado violando la Constitución, las leyes y los derechos laborales, pues a medida que se aplican estos instructivos, el salario de los trabajadores ha ido disminuyendo”, dice Belkys Bolívar, miembro de la directiva nacional de la Federación Venezolana de Maestros.

Explica que por medio de estos instructivos la ONAPRE ha estado obviando los beneficios previstos en los contratos colectivos de los empleados públicos y ha estado reduciendo los montos de los bonos y primas allí previstos, los cuales representan una parte importante del ingreso de estos funcionarios.

“En marzo de este año, cuando se dio un aumento salarial por la vía Ejecutiva, ellos decidieron rebajar todas nuestras bonificaciones que están en la convención colectiva. Las rebajaron 50%. Por ejemplo, las primas de compensación académica por las cuales el docente estudia posgrados, maestrías o doctorados, las rebajaron todas 50%”, dice.

Señala que también redujeron, por ejemplo, las primas por antigüedad que, en su caso, pasó de 60% a 30% del salario, y que una prima geográfica, para quienes laboran en áreas rurales, pasó de 25% a 10%, una disminución mayor al 50%.

Esta política ha afectado también a otros sectores de la administración pública.

Según explica Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, Fetrasalud, los funcionarios sanitarios en Venezuela también han perdido más de 50% de sus ingresos por la aplicación de este instructivo de la ONAPRE.

Victoria parcial

Aunque este instructivo más reciente de la ONAPRE viene generando expresiones de descontento desde su promulgación en marzo, la chispa se encendió recientemente cuando los empleados del sector educativo recibieron el pago de su tradicional bono vacacional por un monto muy inferior al esperado.

Según afirma Bolívar, la ley establece que ese bono debe pagarse tomando en cuenta el último salario percibido por el trabajador, pero que el gobierno en vez de hacerlo tomando en cuenta ese salario que fue aprobado en marzo pasado, lo hizo en función del sueldo vigente para diciembre de 2021.

La diferencia es notable.

“En mi caso, me pagaron 140 bolívares (unos US$23) y deberían haberme pagado 2.400 bolívares (unos US$400)“, apunta Bolívar.

“A raíz de esa arbitrariedad, entonces fue que empezaron a surgir manifestaciones. Ya nosotros veníamos manifestando desde hacía tiempo por el tema de que el salario no nos alcanza para vivir, pero entonces nos volvimos a activar. Salimos a las calles, estuvimos más de 3 semanas protestando para que no pudieran pagar ese bono vacacional con el sueldo con el último salario”, comenta.

Y obtuvieron una victoria parcial.

El pasado 15 de octubre, Maduro destituyó al entonces director de la ONAPRE, Marco Polo Cosenza, y nombró en ese cargo a Jennifer Quintero de Barrios, quien hasta ese momento estaba a cargo de la Tesorería Nacional.

Y poco después, los funcionarios del sector educativo comenzaron a recibir en sus cuentas la diferencia pendiente del bono vacacional.

Sin embargo, el instructivo de la ONAPRE no ha sido derogado, por lo que los trabajadores públicos han anunciado que se mantendrán activos pues su objetivo es que esta norma se elimine y que el gobierno se ponga al día con otras deudas que tienen pendientes con ellos.

Salarios de hambre

Bolívar indica que el malestar causado por el pago incompleto del bono vacacional no tiene que ver con las vacaciones de los funcionarios sino con la necesidad que tienen del dinero.

Una enfermera muestra un cartel que dice "No al salario de hambre".

Getty Images
Los funcionarios públicos en Venezuela se quejan por cobrar un “salario de hambre”.

“La gente siempre espera las vacaciones para resolver problemas personales con ese dinero porque no lo usamos realmente para irnos de vacaciones. Eso no alcanza para irnos de vacaciones con nuestro grupo familiar”, afirma y apunta que esos recursos los destinan a tapar los agujeros en el presupuesto que no logran cubrir con sus salarios.

Explica que entre los docentes que trabajan en la administración pública en Venezuela hay seis categorías. En la más baja ganan unos 400 bolívares al mes (unos US$67) y en la más alta, unos 900 bolívares al mes (unos US$150).

“Esos son salarios indignos. Es un salario de hambre porque no nos alcanza para cubrir las necesidades alimentarias. Además de que nosotros también tenemos necesidades de salud y de otro tipo. Cuando se nos presenta un siniestro, cuando fallece un familiar, no tenemos cómo cubrir estas situaciones y tenemos que buscar la solidaridad, pedir en las redes sociales, pedir a nuestros compañeros y familiares que nos ayuden, porque el salario no nos permite cubrir esas necesidades”, afirma.

La situación no es mejor en el caso de los trabajadores de la salud.

Pablo Zambrano explica que empleado administrativo devenga el equivalente a unos US$30 al mes, mientras que un médico gana un poco más de US$100.

Con esos salarios tienen que hacer frente a un elevado coste de la vida.

La llamada canasta alimentaria -que se refiere al dinero que hace falta para alimentar cada mes a una familia de cinco personas- se ubicó en junio en US$459,84, de acuerdo con cálculos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Así, harían faltan los ingresos de unos tres o cuatro médicos por familia para cubrir esa canasta mensualmente.

Qué ha dicho el gobierno

El gobierno de Maduro ha manejado este tema con discreción sin que sus principales figuras lo hayan abordado públicamente.

De acuerdo con la prensa venezolana, el pasado 8 de agosto, mientras daba un discurso, Maduro fue interrumpido por una mujer que le gritó algo relacionado con la ONAPRE a lo que el mandatario respondió: “Eso que estás diciendo no es así y si quieres lo hablamos personalmente. No es verdad. No es verdad. Es una campañita que nos tienen por las redes y no es verdad”.

Ese mismo día, durante una sesión de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Pedro Carreño hizo una defensa del instructivo de la ONAPRE, señalando que el verdadero problema era que el Estado no tiene dinero.

“Ese instructivo que satanizan, que someten al escarnio público, se constituyó en una suerte de muro de contención para frenar las pretensiones de la derecha reaccionaria que lo que pretende hacer ver es que hay una desidia en Venezuela porque no se está en consonancia con los derechos de los trabajadores, cuando el instructivo en realidad dice es que no hay recursos, no hay medios, para resolver las necesidades”, señaló.

BBC Mundo se puso en contacto con el Ministerio de Comunicación del gobierno de Venezuela para consultarles sobre este tema, pero al momento de publicar esta nota no habíamos recibido respuesta.

Manda el bolsillo

Luego de un 2019 convulso, el malestar expresado en las calles venezolanas había disminuido de forma notable.

Protesta de trabajadores en Venezuela.

Getty Images
2022 ha visto un repunte de las protestas callejeras en Venezuela.

De acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en 2019 hubo en Venezuela unas 16.739 protestas. La cifra se redujo a 9.633 en 2020 y siguió cayendo hasta 6.560 en 2021.

En ese descenso jugaron un rol varios factores que van desde un aparente debilitamiento de las fuerzas de oposición, hasta las limitaciones a la movilidad derivadas de la pandemia de covid-19, entre muchos otros.

Pablo Zambrano, de Fetrasalud, asegura que los sindicatos se mantuvieron movilizados todo este tiempo, pero reconoce que el impulso reciente tomado por las protestas tiene que ver con algunos cambios recientes.

Señala que los trabajadores no se sienten satisfechos porque se les está aplicando el instructivo de la ONAPRE que cercena sus derechos laborales y que, para hacer las cosas peor, la respuesta del gobierno ante el reclamo ha sido la persecución, el amedrentamiento y la criminalización de las protestas.

“También ha generado descontento que el gobierno viene hablando de recuperación económica, pero eso no se siente entre los trabajadores. Puede ser para un sector que de alguna forma representará un 10% de la población y que forma parte de todas estas élites que se han construido ahora dentro de este gobierno, pero los trabajadores, los asalariados en este momento no tienen para vivir con dignidad, no tienen para mantener a su familia”, apunta.

Zambrano asegura que un elemento clave en la reactivación de las protestas ha sido el hecho de que los sectores de salud y educación han unido fuerzas para impulsar las protestas de forma conjunta, pero también que lo que exigen son respuestas concretas del gobierno a las exigencias de los trabajadores, sin otras banderas.

“Nosotros logramos que los trabajadores respondieran al reclamo, inclusive más allá del partido, más allá de la ideología, más allá del debate sobre el capitalismo, el comunismo, la izquierda o la derecha -esos discursos que ya están agotados-. Eso aquí en este momento se acabó. La gente indistintamente de su pensamiento sabe que el gobierno lo está haciendo mal, sabe que está cometiendo errores garrafales y que tiene una política que va en contra de la clase obrera y de la clase trabajadora venezolana”, asegura.


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