No era necesario activar al Ejército en guerra contra el narco, concluye estudio del Senado
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No era necesario activar al Ejército en guerra contra el narco, concluye estudio del Senado

Cuando se activó la "guerra contra el narco" no existía una crisis de seguridad que justificara operativos con las Fuerzas Armadas", indica un estudio; las iniciativas partidistas para dar a militares un marco legal en combate al crimen son "cuestionables" y tienen deficiencias, señala el Instituto Belisario Domínguez.
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Por Paris Martínez
14 de febrero, 2017
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A diez años de que diera inicio la actual estrategia de combate al crimen organizado, con la participación activa de las Fuerzas Armadas en los enfrentamientos con el narcotráfico, los datos oficiales disponibles revelan que ésta “no redujo la violencia existente en el país”, sino “todo lo contrario: esta estrategia detonó una posterior ola de violencia”, tal como concluyó un estudio elaborado por el Senado de la República.

Peor aún: dicho estudio determinó que, en el año 2007, cuando esta estrategia popularmente conocida como “guerra contra el narco” fue puesta en marcha, la violencia en México “se encontraba en niveles mínimos históricos”, por lo cual, en realidad “no existía una crisis de seguridad que justificara el despliegue simultáneo de operativos con las Fuerzas Armadas”.

Elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (centro de estudios legislativos del Senado de la República), el documento denominado “Seguridad interior: elementos para el debate” destaca que “hasta el momento, no se ha puesto a disposición pública ningún diagnóstico oficial que justifique este cambio en la política nacional” de seguridad pública, decidido en 2007 y refrendado hasta la fecha.

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Información publicada por la Secretaría de la Defensa Nacional en diciembre de 2016 señala que, en el presente, 52 mil soldados participan en los operativos antinarco iniciados hace diez años, sin embargo, según el estudio del Senado, hasta ahora no existe información oficial “que permita evaluar a cabalidad el desempeño y los resultados de los operativos” militares.

Lo que sí puede verificarse, tal como determinó la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez, es que la implicación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado generó un deterioro no sólo de la seguridad pública, sino también de “las relaciones de convivencia entre el Ejército y la sociedad mexicana”.

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Tras analizar los registros de homicidios del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el centro de estudios legislativos del Senado constató que, antes del inicio de la guerra contra el narco, México experimentaba un índice anual de 9 mil asesinatos, que se elevó a 27 mil a raíz de que esta estrategia de confrontación bélica fue puesta en marcha.

Las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas, además, también registraron un crecimiento exponencial.

Retrocesos legislativos

El 1 de diciembre de 2016, cuando faltaban unas semanas para conmemorar los 10 años de la guerra contra el narco, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, demandó en un discurso público “que se hagan las leyes reglamentarias del artículo 89 fracción VI Constitucional”, para que “podamos servir mejor (al país), con un respaldo jurídico que le permita al soldado hacer las cosas que la propia ley le va autorizar”.

El titular de la Sedena aseguró que dicha reforma es necesaria, ya que “nuestros soldados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos de la delincuencia, (ya que se enfrentan) con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos”.

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En respuesta, tres partidos políticos (PRI, PAN y PRD) presentaron en el Congreso su propia iniciativa de Ley de Seguridad Interior, para dotar a las Fuerzas Armadas de un marco legal que regule su participación en la guerra contra el narco.

Sin embargo, según el Instituto Belisario Domínguez, las tres iniciativas de ley presentan distintas deficiencias, empezando por que las tres incumplen con su objetivo central, que es “acotar la presencia militar en tareas de seguridad pública”.

Según el centro de estudios del Senado, en vez de limitar la participación del Ejército, estas iniciativas buscan “otorgar amplias facultades a las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública, y posibilitan una presencia militar de largo plazo, si no es que permanente”.

Aunque estas tres iniciativas persiguen objetivos “bien intencionados”, el Instituto Belisario Domínguez concluyó que los procedimientos que proponen convertir en ley “pueden resultar cuestionables”.

De aprobarse estas enmiendas legales, las Fuerzas Armadas quedarían autorizadas para realizar “investigación de delitos federales y locales”, “amenazas a la gobernabilidad”, “perturbaciones a la paz pública” e incluso “riesgos sanitarios”.

Además, por simple decisión presidencial, sería posible “la suspensión de derechos humanos”, tales como “la libertad de tránsito”, el “derecho a no ser molestados en nuestra persona, familia, papeles o posesiones”, “los derechos a no ser detenidos y a no ser objeto de violencia por parte de las autoridades”, e incluso, se permitiría “el uso de la fuerza pública para controlar actos de resistencia no agresiva por parte de la población”.

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Todas estas propuestas presentadas por el PAN, PRI y PRD para atender la solicitud del titular de la Sedena, no obstante, entran en contradicción con diversos artículos de la Constitución, tal como concluyó el centro de estudios del Senado, entre los cuales están los artículos 11, 16, 22, 29 y 129 de la Carta Magna.

Asimismo, el Instituto Belisario Domínguez advirtió que ninguna de las iniciativas legales contempla “políticas especiales para la atención y garantía de las víctimas de violaciones a derechos humanos, en el contexto de las acciones contra amenazas a la seguridad interior”, y tampoco precisa “medidas específicas para garantizar el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos”.

Por todas estas razones, el centro de estudios del Senado determinó que la militarización de la seguridad pública no ayuda a disminuir la violencia, sino que sólo la incrementa “de forma drástica”, además de que los proyectos para normalizar legalmente la participación de militares en la guerra contra el narco atentan contra el orden constitucional.

Aquí puedes consultar el estudio completo.

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COVID-19: lo que se sabe de la abrupta caída de casos en Sudamérica

Luego de haber sido el epicentro mundial de la pandemia, los países de América del Sur han registrado un fuerte descenso en los casos de COVID-19.
14 de septiembre, 2021
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A mediados de junio, mientras el resto del mundo experimentaba bajos números de infecciones por el nuevo coronavirus, América del Sur estaba convertida en el epicentro de la pandemia.

Siete de las 10 naciones del mundo con más muertes diarias per cápita estaban en la región: la tasa de Brasil era siete veces la de India, mientras que Colombia y Argentina sumaban una cifra que equivalía a tres veces la registrada en todo el continente africano.

Con apenas 5% de la población mundial, Sudamérica registraba una tasa de muertes per cápita que era equivalente a ocho veces la cifra mundial.

Pero eso ya es cosa del pasado.

A finales de junio, la cifra de contagios comenzó a descender de forma consistente hasta convertir a la región en una de las zonas del mundo donde la pandemia parece estar mejor controlada.

Así, mientras para este lunes el promedio semanal de casos confirmados por cada 100.000 habitantes era de 52 en Reino Unido y de 43 en Estados Unidos, Brasil solamente llegaba a 8, Argentina a 6 y Colombia a 3, de acuerdo con cifras de Our World in Data.

Países como Uruguay, que a inicios de junio llegó a tener 100 casos por cada 100.000 habitantes, ahora solamente tienen 4; mientras que Paraguay que registró hasta 40 casos ahora no llega ni a 1 por cada 100.000 habitantes.

Evolución de casos de covid-19 en Sudamérica. Número de contagios promedio diarios por cada 100.000 habitantes. Evolución de los casos confirmados de covid-19 en Sudamerica entre junio y septiembre de 2021. .

Esta disminución de contagios ha sido clave para que Sudamérica sea en la actualidad una de las regiones del mundo que está registrando menos casos de covid-19.

Pero ¿cómo se explica esta abrupta caída de los contagios en Sudamérica?

Entre la inmunidad y otras incógnitas

“Lo primero que le diría es que creo que no lo tenemos del todo claro“, responde Andrés Vecino, investigador en sistemas de salud del Departamento de Salud Internacional de la Escuela de Salud Pública John Hopkins (Estados Unidos).

El investigador recuerda que esta no es la primera vez que ocurre un descenso de casos que parece anunciar que se acerca el final de la pandemia y luego se produce otra ola de contagios que demuestra que no era así.

“Es importante decir que no sabemos exactamente qué es esto y que el hecho de que estén bajando los casos ahora no quiere decir que vaya a pasar en el futuro. Quiero recordar lo que pasó en India, donde había un conteo de casos relativamente bajo para su población y después vimos el gran incremento de casos con la variante delta”, advierte el experto a BBC Mundo.

Una mujer prepara una vacuna en Argentina.

Getty Images
En los últimos meses, los países de Sudamérica han avanzado en las vacunaciones.

La doctora Carla Domingues, que dirigió el programa de inmunización de Brasil hasta 2019, hizo recientemente una advertencia similar. “Es un fenómeno que no sabemos cómo explicar”, dijo esta epidemióloga al diario The New York Times.

No obstante, los especialistas dan algunas claves: entre ellas, la vacunación. Los países sudamericanos han acelerado el ritmo de las inoculaciones en los últimos tiempos, algo que según numerosos expertos podría haber contribuido a frenar los contagios.

Vecino coincide, pero no apunta solamente hacia las vacunas sino, de forma más amplia, a la inmunidad adquirida por parte de la población de la región tanto por vía de las inyecciones como de los contagios.

“Creo que hay más o menos consenso en que es posible que la reducción de casos en Sudamérica puede estar relacionada con algún grado de inmunidad de la población”, destaca.

El experto explica que las diferentes vacunas que se han estado aplicando en los países de la región son un elemento importante a considerar, como también lo es la inmunidad alcanzada por quienes ya tuvieron la infección.

“Muchas personas en algunos de esos países se han infectado. Un estudio reciente que hicieron en 12 ciudades de Colombia muestra que el 89% de las personas de esas localidades ya se infectaron. Con eso uno empieza a pensar que es posible que en algunos sitios haya unos niveles de infección tan altos que ya empezamos a ver una reducción de la enfermedad”, indica el experto.

Vecino advierte que, dado que la población no es homogénea, este dato no puede interpretarse como que 9 de cada 10 personas que uno encuentre en las calles de esas ciudades ya tuvo covid-19, por lo que no hay que confiarse.

“Los individuos se relacionan en grupos, entonces es posible que haya grupos de personas que todavía, por ejemplo, no se hayan infectado ni hayan sido vacunadas y esos grupos de personas pueden tener brotes si llega, por ejemplo, una variante altamente transmisible como la omega, como la delta o como la gama -las 3 que ya están en Latinoamérica-, por lo que pueden obviamente causar un incremento en casos y muertes”, explica.

“Habiendo dicho eso, es posible que el nivel de inmunidad adquirido por las vacunas y por la infección previa sea una de las razones por las cuales estamos viendo menor transmisión hoy”, agrega.

Aplicando las medidas correctas

Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), confirma por su parte que hubo una disminución de los casos y las muertes en casi todos los países de Sudamérica, con excepción de Venezuela.

Ugarte explica que la OPS está trabajando con los ministerios de Salud y con los expertos de la región para estudiar estas tendencias, así como las razones por las cuales se ha mantenido este descenso, y apunta al endurecimiento de las medidas de control luego del incremento significativo de los casos en la región entre finales de 2020 y los primeros meses de 2021.

Los países implementaron medidas mucho más estrictas respecto al distanciamiento físico, al movimiento de personas, al uso mandatario de mascarillas, iniciaron la vacunación y la ampliaron a otros grupos, principalmente a aquellos que estaban en mayor riesgo. Todo esto puede explicar en parte esta tendencia”, incide Ugarte en respuesta a una consulta de BBC Mundo.

El director, sin embargo, previno a la región en contra de caer en la complacencia.

“Hemos visto que cuando los casos disminuyen es porque estamos haciendo bien las cosas. Es decir, estamos implementando las medidas de salud pública que se ha probado una y otra vez que siguen sirviendo”, destaca.

“Lo peor que nos podría ocurrir y que podría ocurrir con los países de América del Sur es que ahora que están con menos casos relajen las medidas porque eso es una gran oportunidad para el virus para transmitirse de persona a persona”, alerta.

Personas usando mascarillas en el metro de Medellín.

Getty Images
La OPS insta a que los países de la región mantengan las medidas de precacución para evitar los contagios.

Así, aunque el número de casos sea bajo en estos momentos, Ugarte considera que lo procedente es no bajar la guardia:

“Nuestra recomendación a toda la población de América del Sur que está viendo que la transmisión es cada vez menor es tomar en cuenta que estamos en esa fase porque se han tomado las medidas adecuadas. No las relajemos”.


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