No era necesario activar al Ejército en guerra contra el narco, concluye estudio del Senado
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No era necesario activar al Ejército en guerra contra el narco, concluye estudio del Senado

Cuando se activó la "guerra contra el narco" no existía una crisis de seguridad que justificara operativos con las Fuerzas Armadas", indica un estudio; las iniciativas partidistas para dar a militares un marco legal en combate al crimen son "cuestionables" y tienen deficiencias, señala el Instituto Belisario Domínguez.
Cuartoscuro Archivo
Por Paris Martínez
14 de febrero, 2017
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A diez años de que diera inicio la actual estrategia de combate al crimen organizado, con la participación activa de las Fuerzas Armadas en los enfrentamientos con el narcotráfico, los datos oficiales disponibles revelan que ésta “no redujo la violencia existente en el país”, sino “todo lo contrario: esta estrategia detonó una posterior ola de violencia”, tal como concluyó un estudio elaborado por el Senado de la República.

Peor aún: dicho estudio determinó que, en el año 2007, cuando esta estrategia popularmente conocida como “guerra contra el narco” fue puesta en marcha, la violencia en México “se encontraba en niveles mínimos históricos”, por lo cual, en realidad “no existía una crisis de seguridad que justificara el despliegue simultáneo de operativos con las Fuerzas Armadas”.

Elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (centro de estudios legislativos del Senado de la República), el documento denominado “Seguridad interior: elementos para el debate” destaca que “hasta el momento, no se ha puesto a disposición pública ningún diagnóstico oficial que justifique este cambio en la política nacional” de seguridad pública, decidido en 2007 y refrendado hasta la fecha.

Leer: Grupos criminales crecieron 900% durante la guerra contra el narco de Calderón

Información publicada por la Secretaría de la Defensa Nacional en diciembre de 2016 señala que, en el presente, 52 mil soldados participan en los operativos antinarco iniciados hace diez años, sin embargo, según el estudio del Senado, hasta ahora no existe información oficial “que permita evaluar a cabalidad el desempeño y los resultados de los operativos” militares.

Lo que sí puede verificarse, tal como determinó la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez, es que la implicación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado generó un deterioro no sólo de la seguridad pública, sino también de “las relaciones de convivencia entre el Ejército y la sociedad mexicana”.

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Tras analizar los registros de homicidios del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el centro de estudios legislativos del Senado constató que, antes del inicio de la guerra contra el narco, México experimentaba un índice anual de 9 mil asesinatos, que se elevó a 27 mil a raíz de que esta estrategia de confrontación bélica fue puesta en marcha.

Las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas, además, también registraron un crecimiento exponencial.

Retrocesos legislativos

El 1 de diciembre de 2016, cuando faltaban unas semanas para conmemorar los 10 años de la guerra contra el narco, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, demandó en un discurso público “que se hagan las leyes reglamentarias del artículo 89 fracción VI Constitucional”, para que “podamos servir mejor (al país), con un respaldo jurídico que le permita al soldado hacer las cosas que la propia ley le va autorizar”.

El titular de la Sedena aseguró que dicha reforma es necesaria, ya que “nuestros soldados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos de la delincuencia, (ya que se enfrentan) con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos”.

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En respuesta, tres partidos políticos (PRI, PAN y PRD) presentaron en el Congreso su propia iniciativa de Ley de Seguridad Interior, para dotar a las Fuerzas Armadas de un marco legal que regule su participación en la guerra contra el narco.

Sin embargo, según el Instituto Belisario Domínguez, las tres iniciativas de ley presentan distintas deficiencias, empezando por que las tres incumplen con su objetivo central, que es “acotar la presencia militar en tareas de seguridad pública”.

Según el centro de estudios del Senado, en vez de limitar la participación del Ejército, estas iniciativas buscan “otorgar amplias facultades a las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública, y posibilitan una presencia militar de largo plazo, si no es que permanente”.

Aunque estas tres iniciativas persiguen objetivos “bien intencionados”, el Instituto Belisario Domínguez concluyó que los procedimientos que proponen convertir en ley “pueden resultar cuestionables”.

De aprobarse estas enmiendas legales, las Fuerzas Armadas quedarían autorizadas para realizar “investigación de delitos federales y locales”, “amenazas a la gobernabilidad”, “perturbaciones a la paz pública” e incluso “riesgos sanitarios”.

Además, por simple decisión presidencial, sería posible “la suspensión de derechos humanos”, tales como “la libertad de tránsito”, el “derecho a no ser molestados en nuestra persona, familia, papeles o posesiones”, “los derechos a no ser detenidos y a no ser objeto de violencia por parte de las autoridades”, e incluso, se permitiría “el uso de la fuerza pública para controlar actos de resistencia no agresiva por parte de la población”.

Leer: Catear, detener y tomar declaraciones, nuevas tareas de los militares si se aprueba la nueva ley

Todas estas propuestas presentadas por el PAN, PRI y PRD para atender la solicitud del titular de la Sedena, no obstante, entran en contradicción con diversos artículos de la Constitución, tal como concluyó el centro de estudios del Senado, entre los cuales están los artículos 11, 16, 22, 29 y 129 de la Carta Magna.

Asimismo, el Instituto Belisario Domínguez advirtió que ninguna de las iniciativas legales contempla “políticas especiales para la atención y garantía de las víctimas de violaciones a derechos humanos, en el contexto de las acciones contra amenazas a la seguridad interior”, y tampoco precisa “medidas específicas para garantizar el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos”.

Por todas estas razones, el centro de estudios del Senado determinó que la militarización de la seguridad pública no ayuda a disminuir la violencia, sino que sólo la incrementa “de forma drástica”, además de que los proyectos para normalizar legalmente la participación de militares en la guerra contra el narco atentan contra el orden constitucional.

Aquí puedes consultar el estudio completo.

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Quién vigila la radiación del 5G (y cuáles son sus verdaderos riesgos)

Esta nueva tecnología regresa el eterno debate sobre los efectos sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas. Estos, sin embargo, son descartados por todas las agencias internacionales.
27 de octubre, 2020
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Seúl

Getty Images
Corea del Sur ya tiene una red 5G en todo el país.

Decenas de antenas, dispositivos bluetooth y cientos de teléfonos móviles nos rodean e irradian cada día. Por no hablar de la telefonía 5G que, al parecer, acabará con la vida en la Tierra. ¡Tanta radiación no puede ser buena!

¿Quién controla los niveles de exposición y los posibles efectos sobre la salud?

Percepción del riesgo

Los campos electromagnéticos están presentes en la naturaleza desde antes de la aparición del ser humano. La luz solar, los rayos cósmicos, las tormentas y la radiación natural terrestre son fuentes de exposición a estos campos.

A mediados de los años 90, se comenzaron a desplegar las redes de antenas de telefonía móvil. Aunque se hacían con estándares técnicos internacionales, que ya tenían en cuenta la protección de la población, no se ofreció la suficiente información al respecto.

A pesar de una reacción rápida por parte de organismos, operadoras y expertos, la percepción de riesgo se instaló entre los ciudadanos. También caló en instituciones, administraciones locales y asociaciones.

Así, se produjo una situación paradigmática. Por un lado, el rechazo a las antenas era un fenómeno global. Por el otro, crecía la demanda universal del servicio.

Ilustracion 5G

Getty Images
La red 5G es mucho más que la mejora de la red 4G.

La OMS parece tenerlo claro

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Unión Europea fueron conscientes a principios de los 2000 de esa carencia y de la necesidad de dar respuesta a una inquietud y percepción social del riesgo asociado a la telefonía móvil.

Aunque esta percepción e inquietud estaban sobredimensionadas.

A pesar de los esfuerzos realizados para informar y tranquilizar a la población, la OMS reconoció en 2006 que “algunas personas consideran probable que la exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia entrañe riesgos y que éstos puedan ser incluso graves”.

En la revisión de 2014, la OMS aseguraba que “hasta la fecha no se ha confirmado que el uso del teléfono móvil tenga efectos perjudiciales para la salud”.

En otro documento publicado a comienzos de este 2020 sobre el 5G, insiste en que en las últimas décadas no hay estudios científicos que demuestren una relación causal que pueda hacer temer efectos sobre la salud.

“El calentamiento de tejidos es el principal mecanismo de interacción entre los campos electromagnéticos de radiofrecuencia y el cuerpo humano”.

Ese posible efecto, a los niveles habituales de exposición, es insignificante. Por eso es importante que los niveles se mantengan por debajo de los límites establecidos por agencias internacionales independientes.

Mujer con una tablet.

Getty Images
La OMS ha dicho que no hay estudios científicos que demuestren una relación causal del 5G que pueda hacer temer efectos sobre la salud.

Quién y cómo se establecen los límites de exposición

En 1992 se estableció en Alemania la Comisión Internacional de Protección frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP). Esta organización científica, independiente y sin ánimo de lucro, revisa periódicamente y de forma sistemática las evidencias científicas para determinar los niveles a los cuales se producen efectos biológicos.

No solo de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, sino también de otras radiaciones electromagnéticas como la luz visible, los infrarrojos y los ultravioletas que, por encima de ciertos niveles, también pueden resultar muy peligrosos.

Por eso se fijan niveles de seguridad y, por eso mismo, no debemos preocuparnos de la radiación que emite el mando a distancia de nuestra tele. Tampoco del router wifi de nuestra casa o de nuestro teléfono inalámbrico.

El proceso de revisión es abierto y su publicación se realiza en una revista científica tras un proceso de revisión por pares.

Así, una vez se establecen los niveles a los cuales se observan efectos para cada frecuencia, se aplica un factor de precaución o seguridad de 50.

Estos valores son aceptados por la mayor parte de los países occidentales desde hace décadas y se adoptan en las correspondientes legislaciones.

Además, existen otras agencias u organismos que realizan una revisión similar. Por ejemplo el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) y la Food and Drug Administration de Estados Unidos.

Estos tres organismos, en los últimos meses y coincidiendo con el despliegue de la 5G, han revisado y publicado sus guías de límites seguros de exposición humana.

La mano negra de la industria

Que la industria está detrás de todas estas regulaciones e instituciones es un argumento reiterado por los movimientos antiantenas -ahora anti-5G- que parecen acoger toda clase de creencias conspiranoicas con respecto, también, a las mascarillas, las vacunas y la COVID-19.

En realidad han sido la industria y los profesionales del sector los más interesados en garantizar que las radiaciones emitidas por las antenas fueran seguras y que los niveles de potencia estuviesen dentro de los límites permitidos.

Transmisión de eventos deportivos en dos pantallas.

Getty Images
Con la conexión 5G se podrán conectar muchos dispositivos al mismo tiempo.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), como entidad de derecho público al servicio de la sociedad, fue la primera organización que ya en 2001 elaboró un informe sobre las radiofrecuencias de telefonía móvil.

Con ello se pretendía informar a la ciudadanía y mitigar la inquietud que ya surgía ante el desconocimiento de esta tecnología y la normativa que la regula.

La labor de difusión se centró en ayuntamientos y asociaciones ciudadanas, aunque se ha seguido trabajando durante todos estos años con todo tipo de administraciones e instituciones.

En 2006, se creó el Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud (CCARS), comité independiente compuesto por profesionales de gran prestigio -en campos como la medicina, física, química, biología, ingeniería de telecomunicación y derecho-, que, desde entonces, ha elaborado cinco informes trienales de referencia.

En ellos recogen las evidencias científicas existentes sobre el impacto de los campos electromagnéticos en la salud.

Además, ha publicado numerosos documentos sobre tecnologías concretas -el último sobre 5G-, con el ánimo de informar verazmente a la sociedad, manteniendo siempre el conocimiento científico riguroso como referencia.

Sus informes han tratado siempre de arrojar luz y evitar cualquier tergiversación que de forma interesada se intentara hacer sobre el efecto de estas tecnologías sobre la salud.

Incluidas comparaciones sin fundamento con sustancias, como el tabaco o el alcohol, que la ciencia sí ha demostrado como perniciosas incluso en pequeñas cantidades.

5G

Getty Images
Los verdaderos riesgos de estas tecnologías son los asociados a la dependencia, problemas musculares, malas posturas y al condicionamiento de nuestras relaciones personales y hábitos saludables.

Los verdaderos riesgos para la salud

Decir que los campos electromagnéticos de radiofrecuencia son inocuos es falso si no se acompaña de la frase “a los niveles habituales de exposición”.

Dichos niveles están decenas o centenas de miles de veces por debajo de los de seguridad marcados por ICNIRP.

Es lo que han demostrado numerosos estudios y revisiones sistemáticas de exposición personal en condiciones reales.

Pero hay efectos constatados derivados del uso de dispositivos y que no son consecuencia de las radiaciones que emiten.

Así, se ha demostrado que su uso puede provocar dependencia, problemas musculares, malas posturas y que condicionan nuestras relaciones personales y hábitos saludables.

Dichos efectos, sin embargo, no son denunciados por los movimientos en contra de estas tecnologías.

Ilustración 5G

Getty Images
Hay una proliferación de un cierto “negocio del miedo” vinculado a las nuevas tecnologías.

Negar la evidencia, ¿con qué fin?

Quizá piense que existe cierta controversia científica en este tema.

Habrá oído que “numerosos científicos alertan de los efectos” en cuestionables llamamientos internacionales, algún pseudoinforme como el Bioinitiative o declaración política ajena a la Unión Europea, como la declaración 1815 del Consejo de Europa.

Todos tienen en común su falta de rigor, el establecimiento de límites de forma arbitraria o la extrapolación inadecuada de estudios en animales o de laboratorio sin tener en cuenta las condiciones reales.

En 30 años, no se ha publicado una revisión sistemática o metaanálisis -los estudios con mayor fortaleza en ciencia- que demuestre sus alarmantes augurios y peligros para la salud (efectos sobre el sueño, la concentración, fisiológicos, hipersensibilidad o, incluso, cáncer).

En cambio, sí es constatable la relación de sus promotores con la proliferación de un cierto “negocio del miedo” a partir de datos tergiversados, erróneos y en ningún caso avalados por la evidencia científica.

Y ese negocio que se basa en esos datos afecta tanto a ámbitos como el médico-sanitario, con diagnósticos o prescripciones no fundamentados en el conocimiento médico; el legal, con denuncias insostenibles basadas en opiniones de supuestos expertos, medios de información carentes de credibilidad (webs pseudocientíficas) o, incluso, empresas que ofrecen aparatos y dispositivos de protección completamente innecesarios.

Todo un negocio basado en el miedo y el desconocimiento que sigue alimentando esa falsa percepción de que vivimos radiados al límite.

*Alberto Nájera López es doctor en radiología y medicina física y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y Juan Carlos López es ingeniero de telecomunicaciones y catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer la versión original aquí.


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