Una reforma busca ayudar a migrantes que regresen a México para que revaliden estudios
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Cuartoscuro Archivo

Una reforma busca ayudar a migrantes que regresen a México para que revaliden estudios

El Senado iniciará trabajos para reformar la Ley de Educación y facilitar la revalidación de estudios en el caso de alumnos de origen mexicano que lleguen del extranjero, ante la amenaza de un aumento de deportaciones con el gobierno de Trump.
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Por Nayeli Roldán
8 de febrero, 2017
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El retorno a México de jóvenes que estudiaban en Estados Unidos podría ser una realidad en los próximos meses, por la política antiinmigrante del presidente Donald Trump. Sin embargo, el sistema educativo mexicano no está listo todavía para incorporarlos a las universidades del país.

Este miércoles 8 de febrero, las Comisiones de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores iniciarán trabajos para reformar la Ley General de Educación que, entre otras cosas, obligaría a las universidades públicas del país a revalidar los estudios de alumnos de origen mexicano inscritos en instituciones extranjeras.

En ese contexto, la próxima semana iniciarán las audiencias con cinco sectores involucrados en el sistema educativo para que externen sus propuestas sobre los aspectos a reformar, según informó el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Juan Carlos Romero Hicks.

En el primer grupo consultado estará el gobierno federal, representado por el secretario de Educación, Aurelio Nuño, y el subsecretario de América del Norte, Carlos Sada Solana; en el segundo participarán los secretarios de Educación de los estados con mayor flujo migratorio; en el tercero estará la sociedad civil. También serán consultados académicos y organizaciones de universidades, tanto públicas como privadas.

La iniciativa de reforma a la Ley General de Educación fue enviada por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 1 de febrero con la premisa “preferente”, es decir, para ser votada en un plazo de 30 días.

El senador Romero Hicks dijo que es indispensable escuchar todas las voces para enriquecer la reforma y que estará lista en un mes, el plazo que dicta la ley. “Vamos a cumplir con una reforma bien, a fondo, y con eficacia”, dijo en entrevista con Animal Político.

¿Qué propone la reforma?

Si un niño que radicaba en otro país regresaba a México, podía ser recibido en la primaria y secundaria cumpliendo con los términos del Acuerdo 286, donde se establecen los lineamientos para la revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios.

El Acuerdo 286 apela a la “interpretación administrativa” para “procurar facilitar la integración o tránsito del alumno al sistema educativo nacional”. Establece requisitos como que los certificados, diplomas, constancias, título o grados académicos deben incluir los periodos de estudio, las asignaturas y calificaciones o créditos.

Si bien podían existir ciertas trabas burocráticas, las autoridades educativas están obligadas a resolver los casos. Sin embargo, en el caso de la educación superior la revalidación es más compleja porque los programas de estudio varían entre cada país.

Por tanto, la reforma a la Ley General de Educación plantea los siguientes puntos:

  • Las autoridades educativas podrán autorizar a las instituciones de educación superior a las que hayan otorgado reconocimiento de validez oficial de estudios, para otorgar revalidaciones y equivalencias parciales de estudios de licenciatura.
  • Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, y autorizar que las instituciones particulares de educación superior tengan reconocimiento de validez oficial de estudios?
  • Impedir que la falta de documentos de identidad o académicos sea un obstáculo para acceder al sistema educativo nacional. Se deberá facilitar opciones para obtener la documentación que permita su integración o tránsito por el sistema educativo nacional.
  • Los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional podrán adquirir validez oficial, mediante su revalidación, para lo cual deberá cumplirse con las normas y criterios generales que determine la SEP.

La reforma a esta Ley significará también la adecuación del Acuerdo 286, lo que permitiría una incorporación fácil de los estudiantes mexicanos repatriados de Estados Unidos o provenientes de otro país, aseguró el senador Romero Hicks.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que agrupa a 187 instituciones del país, la reforma a la Ley permitiría adecuar sus propios reglamentos para recibir a los estudiantes universitarios que hayan realizado estudios en otros países, según informó el área de comunicación social.

La UNAM también recibirá repatriados

El rector de la UNAM, Enrique Graue, informó este martes 7 de febrero la estrategia que implementará la institución para atender a los estudiantes y académicos que pudieran ser deportados.

La Universidad envió cartas a las 39 universidades estadounidenses con las que tiene convenios vigentes para que, en caso de que los estudiantes mexicanos se vean en dificultades para continuar sus estudios, contacten a la UNAM para recibirlos o servir de puente con las universidades incorporadas o del interior del país.

También disminuirán los requisitos burocráticos para la incorporación de estudiantes repatriados, por lo que la Secretaría General, la Oficina de la Abogada General y la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) propondrán al Consejo Universitario los mecanismos y medidas de simplificación.

Además, el Programa para el Apoyo de los Mexicanos en el Extranjero (PAME-UNAM) convocó, para el próximo 24 de febrero, a todas las sedes que  tiene la UNAM en la Unión Americana (Los Ángeles, Tucson, San Antonio, Chicago y Seattle), a una reunión en la sede de Seattle para discutir, acordar y articular las medidas necesarias.

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Qué implica que García Luna se declarara 'no culpable' de narcotráfico en EU

El otrora hombre fuerte de la policía en México apareció en una corte de Nueva York acusado de conspiración para el narcotráfico y otros cargos que rechazó. Permanecerá detenido mientras se define si va a juicio.
5 de enero, 2020
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Genaro García Luna

Getty Images
Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública de México.

Fue una escena con ribetes surrealistas: Genaro García Luna, arquitecto de la guerra contra el narco en México, entró a una corte de Nueva York este viernes acusado de conspiración para traficar cocaína.

En una audiencia que duró menos de media hora, García Luna se declaró “no culpable” de los cargos que enfrenta, que podrían costarle entre 10 años de prisión y cadena perpetua.

Vestía un jersey gris de algodón, pantalones beige y, tras casi un mes detenido, lucía algo demacrado respecto a su imagen de secretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano de Felipe Calderón (2006-2012).

Al ingresar y retirarse de la sala custodiado por guardias, buscó con su mirada a su esposa e hijos presentes entre el público, que lo despidieron con gestos de fuerza con sus puños.

La audiencia transcurrió en la misma corte federal de Brooklyn donde el año pasado fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa que según la acusación entregó millones de dólares en sobornos a García Luna para “operar con impunidad” en México.

Después que la fiscalía advirtiera que hay un “riesgo inaceptable de fuga” si fuera liberado, la jueza Peggy Kuo decidió que García Luna, de 51 años, permanezca preso mientras su defensa trabaja en un pedido de fianza.

La próxima audiencia quedó fijada para el 21 de enero y se abren distintos escenarios para el otrora hombre fuerte de la policía mexicana.

¿Habrá juicio?

Además de los cargos por conspiración para el narcotráfico, García Luna también está acusado de formular declaraciones falsas en 2018, al pedir su naturalización para obtener la ciudadanía de EE.UU.

El exfuncionario mexicano se mudó en 2012 a Florida, donde obtuvo estatus de residente y fundó una empresa de seguridad con sus iniciales.

García Luna y Felipe Calderón

Getty Images
García Luna fue pieza clave en la estrategia contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón (derecha).

Fue detenido el mes pasado en Dallas, Texas, después que la justicia de EE.UU. emitiera una orden de arresto en su contra, una noticia que causó asombro a ambos lados de la frontera.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló esta semana el arresto de García Luna como la “prueba” de que el narcotráfico convivía con el poder en su país.

“Nada más esa prueba o sea, el que estaba a cargo de la seguridad, la mano derecha (de Calderón) está acusado de proteger a una organización delictiva”, sostuvo AMLO en el Palacio Nacional de México.

Además de su cargo como secretario de Seguridad Pública, desde el que trazó la estrategia de la guerra contra los carteles de la droga, García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la desaparecida Agencia Federal de Investigación, que combatía el crimen organizado y la corrupción en México.

Aunque se declaró “no culpable”, García Luna aún podría evitar ir a juicio si llegase a algún tipo de acuerdo con el gobierno estadounidense.

De hecho, la jueza y la fiscalía sugirieron esa posibilidad en la audiencia de este viernes.

“Una pregunta es si el gobierno estaría dispuesto a retirar esos cargos” para alcanzar un acuerdo, dice Rob Heroy, un abogado que ha defendido a acusados de narcotráfico en EE.UU. y antes fue asistente de fiscal de distrito en Carolina del Norte.

“Estoy seguro de que (García Luna) tiene mucha información que al gobierno le encantaría conocer”, añade Heroy en diálogo con BBC Mundo.

¿Habrá acuerdo?

Parte de las pruebas de la fiscalía de EE.UU. contra García Luna provienen del juicio a “El Chapo” Guzmán, y en particular del testimonio del hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, otro líder del cartel de Sinaloa.

Jesús Zambada aseguró en el juicio que se reunió personalmente en dos ocasiones con García Luna en un restaurante para entregarle carteras con entre tres y cinco millones de dólares en efectivo.

Y especificó que esos sobornos eran para asegurarle a su hermano que García Luna no iba a arrestarlo ni interferir con las operaciones del cartel.

En ese momento García Luna respondió en un largo comunicado que esas afirmaciones eran “mentira, difamación y perjurio” en su contra y negó haber tenido contacto “con personas vinculadas con actividad delictiva”.

Zambada

Reuters
Jesús Zambada acusó a Garcia Luna de recibir dinero del narco.

Pero la fiscalía de EE.UU. insiste ahora en que García Luna ha “amasado una fortuna personal” de millones de dólares inconsistente con el salario de un servidor público en México.

La propuesta de fianza que haría su defensa en los próximos días podría servir como indicación de su situación financiera, aunque no revele de dónde proviene el dinero.

Heroy advierte que aún faltan conocerse todas las pruebas con que contarían los fiscales y que García Luna podría evitar un acuerdo de cooperación por razones de seguridad.

Proporcionar información sería muy peligroso para su familia. Incluso si toma protección de testigos, tendrá familia en México, así que creo que es poco probable que coopere con el gobierno”, dice el abogado.

“Si negociara un trato, sería uno que no implique cooperación”, agrega. Es decir, aceptar pasar un tiempo en prisión sin proporcionar información al gobierno.

Esto podría comenzar a despejarse a partir de la próxima audiencia de García Luna en la corte de Brooklyn, que estará a cargo del juez Brian Cogan, el mismo que dirigió el juicio a “El Chapo” y limitó los testimonios sobre presunta corrupción en México.


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