Es injusto, no le robo a nadie, dice la mexicana símbolo de la política migratoria de Trump
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Es injusto, no le robo a nadie, dice la mexicana símbolo de la política migratoria de Trump

“Le están quitando el derecho a mis hijos de estar con su madre”, dice Guadalupe Cargía de Rayos, la mexicana que es símbolo de la política de Trump.
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Por Juan Paullier // BBC Mundo
11 de febrero, 2017
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”Es injusto porque yo estaba trabajando, no le estoy robando a nadie nada, y al contrario, les están quitando el derecho a mis hijos de estar con su mamá”. La mexicana Guadalupe García de Rayos habla con la voz apagada horas después de volver a poner un pie en el México que abandonó a los 14 años para cruzar de forma ilegal a Estados Unidos junto a su familia.

Veintiún años después, el jueves pasado la mexicana atravesó la misma frontera.

“Todo ha sido tan rápido que no asimilo bien lo que es”, dice en entrevista con BBC Mundo en Nogales (Sonora)

A esta mexicana se le considera una de las primeras persona en ser deportadas bajo una nueva orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó el 25 de enero que prioriza la remoción de indocumentados “peligrosos”.

Y se convirtió en un símbolo. 

El caso de esta madre, de 35 años, de dos ciudadanos estadounidenses menores de edad (Ángel, de 16 años, y Jacqueline, de 14) encendió las alarmas para millones de inmigrantes indocumentados en el país.

Cada seis meses debía presentarse en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en Phoenix, Arizona.

Este miércoles, pese a las dudas por la nueva orden ejecutiva, lo hizo. Lo que debía ser una cita de rutina se convirtió en un caso emblemático de la política migratoria de Trump.

Quedó detenida y menos de 24 horas después fue deportada a México. Se encuentra junto a alguno de sus familiares en Nogales, a unas tres horas de Phoenix.

Guadalupe y sus hijos.
Image caption“Les están quitando el derecho a mis hijos de estar con su mamá”, asegura García.

“No me arrepiento”, le dice a BBC Mundo. Si no me hubiera presentado iba a estar huyendo, y en cualquier momento me iban a perseguir, por eso me atreví a hacer lo que hice”.

Pero eran conscientes de los riesgos. Tanto, que antes de presentarse ante las autoridades la familia fue a misa, y García de Rayos ingresó a las oficinas rezando, junto a su abogado y un sacerdote.

“Al principio teníamos miedo”, explica su hijo Ángel, “pero luego dijimos que lo teníamos que enfrentar, que no nos podíamos esconder, que teníamos que hacer lo correcto”. 

“Podría haber huido, pero enfrentó la situación, como hacía cada año”, agrega.

Su deportación generó protestas fuera de las oficinas de ICE. Siete personas fueron detenidas, entre ellas un hombre que se encadenó a las ruedas de vehículo donde intentaban a trasladar a García de Rayos.

La gente reunida gritaba “Liberación, no deportación”.

Ahora García de Rayos y sus familiares esperan que la notoriedad del caso sirva para advertir a otros inmigrantes en condiciones similares a que tomen precauciones, se informen y se asesoren con sus abogados.

“Nos está atacando”, dice la mexicana

La nueva directriz del presidente Trump determina que cualquier inmigrante indocumentado condenado por un delito, aunque no hayan sido acusados pero se considere que cometieron “actos que constituyan un crimen imputable”, serán una prioridad para deportación.

“Nos está atacando, no veo el porqué atacarnos tan feo si solamente estamos contribuyendo al país, no le estamos robando ni quitando nada, simplemente queremos trabajar para estar bien”, afirma. 

García de Rayos fue deportada no por haber ingresado ilegalmente al país, lo que se considera una ofensa civil, sino por usar un número falso de seguridad social para poder trabajar en el parque Golfland Sunsplash en Mesa, un suburbio de Phoenix, por el cual fue condenada por los delitos de robo de identidad y el uso de documentos falsos.

Su caso fue descubierto el 16 de diciembre de 2008 cuando en una de las primeras redadas ordenadas por el controvertido sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, acusado por el gobierno estadounidense de prácticas policiales discriminatorias, quedó expuesto su uso indebido del número de seguridad social.

Tras ello, pasó tres meses presa y otros tres en un centro de detención migratoria.

Su hijo todavía recuerda cuando tenía 8 años y vio cómo se llevaban a su madre esposada.

“Es bastante difícil vivir con el miedo de que deporten a tu madre. Ni siquiera pude crecer como hubiera querido, teniendo saber que te pueden quitar a tu madre en cualquier momento. Da miedo. Y saber que hay millones de familias en la misma situación es realmente triste”.

“Criminales, no familias”

En 2013 un tribunal migratorio determinó que debía ser enviada a México pero su situación quedó en suspenso porque durante el gobierno de Barack Obama casos como el de García de Rayos, que ingresó al país siendo menor, no eran un objetivo prioritario de deportación.

Desde entonces debía presentarse una vez al año y luego cada seis meses en las oficinas de ICE, recibió un permiso de trabajo y retornó al mismo lugar de trabajo.

El gobierno del expresidente, tildado por líderes de la comunidad latina como el “Deportador en Jefe”, expulsó 2009 y 2015 a casi 3 millones de inmigrantes indocumentados que habían cometido algún tipo de delito bajo una política denominada por Obama como “felons, not families” (criminales, no familias).

Una vez electo, Trump prometió que iba a deportar entre 2 y 3 millones de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales, entre ellos “miembros de pandillas y narcotraficantes”. Se estima que en 2014 unos 11 millones de indocumentados, casi la mitad mexicanos, vivían en Estados Unidos.

La advertencia del gobierno mexicano

Tras su deportación, el gobierno mexicano emitió un comunicado en el que “invita a toda la comunidad mexicana a tomar precauciones”.

El caso, aseguró la cancillería, “ilustra la nueva realidad que vive la comunidad mexicana en territorio estadounidense ante la aplicación más severa de las medidas de control migratorio”.

“Es importante que los connacionales se familiaricen con los distintos escenarios que pueden enfrentar”, añadieron las autoridades.

ICE defendió la medida en un comunicado. Su caso “estuvo sujeto a revisiones en múltiples niveles del sistema legal de inmigración (…) y los jueces determinaron que ella no tiene bases legales para permanecer en Estados Unidos”.

Donald Trump.Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionDonald Trump firmó el 25 de enero una orden ejecutiva que prioriza la remoción de indocumentados “peligrosos”.

García de Rayos confía en que podrá volver a reunirse con sus hijos.

“Tengo esperanza de que se revierta. Sé que es difícil, pero sé que lo vamos a lograr con la ayuda de Dios y las organizaciones, esta lucha no se va a acabar”.

Por lo pronto, planea en los próximos días ir a Guanajuato para reencontrarse con sus padres, a quienes no ve desde hace 15 años.

“Siento que me va a gustar de ver cosas que hace tiempo que no veía”, dice, “me hace ilusión abrazar a mis papás”.

 

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Por qué en México están apareciendo “antimonumentos” (y cómo reflejan los episodios más oscuros de su historia reciente)

Instalados por movimientos sociales en las calles de la capital mexicana, los "antimonumentos" intentan que las víctimas de casos de violencia emblemáticos y a la espera de justicia no se olviden.
8 de diciembre, 2020
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En México, un país donde nueve de cada diez delitos denunciados quedan impunes, los familiares de las víctimas luchan por conseguir que sus casos no caigan en el olvido.

Con ese objetivo afloraron en los últimos años en el país los llamados “antimonumentos”, unos memoriales que simbolizan historias muy distintas pero que comparten una finalidad: el recordar que sus casos continúan a la espera de justicia.

Todos fueron colocados en espacios de la vía pública por ciudadanos y movimientos sociales al margen de las autoridades, ya que precisamente lo que persiguen es “denunciar la inacción o poca empatía del Estado”, le dice a BBC Mundo el doctor en Antropología Alfonso Díaz Tovar.

Autor de la investigación “Antimonumentos. Espacio público, memoria y duelo social en México”, el experto destaca cómo los monumentos “tradicionales” son instalados por el Estado para que perduren en el tiempo y representen “discursos oficiales y verdades históricas”.

“Pero los antimonumentos surgen para deconstruir esas posturas oficiales mediante una apropiación del espacio público, digamos ‘caótica’, y que sí tienen una temporalidad”, apunta.

Así, según Díaz Tovar, mientras los monumentos representan ideas generales sobre la historia de una nación, los antimonumentos simbolizan historias que aún no han terminado, que actúan como una memoria que no está cerrada sobre algo pendiente y que no ha podido acceder a la justicia.

Varios de estos conjuntos están distribuidos por buena parte de México, como la imponente cruz de clavos en Chihuahua (y su réplica en Ciudad Juárez) que fue uno de los primeros que se instaló para representar a cada una de las mujeres asesinadas o desaparecidas desde los años 90.

Sin embargo, probablemente son los antimonumentos de la capital del país los que logran mayor atención, al haberse levantado en puntos emblemáticos y muy transitados de una de las ciudades más pobladas del mundo.

Esta es la historia -y la reivindicación- de los siete antimonumentos de Ciudad de México.

1. Los 43 de Ayotzinapa

Antimonumento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Marcos González

El primer antimonumento fue levantado en 2015 en memoria de uno de los casos de desaparición forzada más escandalosos y reconocidos internacionalmente en la historia reciente de México.

Un año antes, 43 jóvenes estudiantes de una escuela de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron en el municipio de Iguala.

Seis años después, el caso sigue sin resolver y está considerado como uno de los mayores episodios de violaciones de derechos humanos en el país.

El Paseo de la Reforma, una de las arterias principales de la capital mexicana, se convirtió en escenario de habituales protestas por este caso y fue el lugar donde sus padres inauguraron un gran “+ 43” en rojo, en alusión a las otras miles de personas desaparecidas en México.

“Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, se lee en la base del antimonumento.

2. La desaparición de David y Miguel

Antimonumento a la desaparición de Miguel y David

Marcos González

A pocos metros, se encuentra otro antimonumento que recuerda precisamente otro caso de desaparición que tampoco fue resuelto.

Se trata de David Ramírez y Miguel Rivera, dos jóvenes secuestrados en 2012 cerca de Ciudad Altamirano cuando se dirigían al estado de Guerrero para festejar el 20º cumpleaños de uno de ellos.

Los captores se comunicaron con la familia, que llegó a pagar un rescate. Las autoridades iniciaron una investigación pero, en todo este tiempo, ni los jóvenes fueron liberados ni se logró detener a los responsables.

Sus familiares, sin embargo, denunciaron en numerosas ocasiones “inacción” por parte de la policía, y aseguraron que fueron ellos mismos quienes investigaron el paradero de sus hijos rastreando por ejemplo la señal de sus teléfonos, que los secuestradores siguieron utilizando.

La instalación representa una forma de letra T azul que simula dos siluetas dividas a la mitad y los transeúntes son llamados a colocar un candado en su base como muestra de apoyo.

3. Incendio de la guardería ABC

Antimonumento a los 49 niños muertos en el incendio de la guardería ABC.

Marcos González

En el mismo Paseo de la Reforma, un “ABC” de colores recuerda a los 49 niños que murieron en 2009 en el incendio de la guardería que llevaba este nombre en Hermosillo, estado de Sonora. Más de un centenar resultaron heridos.

El fuego se originó en los archivos de un edificio del gobierno estatal contiguo a la guardería mientras los pequeños dormían la siesta. Parte del personal se encontraba en la hora de la comida, y otros ya habían concluido su turno.

Las labores de evacuación fueron caóticas y se prolongaron durante 30 minutos. Vecinos de la zona abrieron boquetes en las paredes incluso con vehículos ante la falta de salidas de emergencia y extintores suficientes.

Cerca de 20 personas, entre funcionarios y encargados del cuidado de los niños, fueron condenadas a prisión. Pero cuando el año pasado se cumplió una década de la tragedia, ninguna había ingresado en la cárcel mientras se resuelven sus recursos de amparo.

Los familiares denuncian que no se ha hecho justicia y por eso colocaron el antimonumento frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del cual la guardería prestaba sus servicios de manera subrogada.

4. La explosión en la mina de Pasta de Conchos

Antimonumento a los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos.

Marcos González

Un gran “+ 65” pide justicia para los 65 trabajadores que fallecieron en 2006 atrapados por una explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en Coahuila.

Un año después, la compañía a cargo de la explotación de la mina suspendió las tareas de rescate tras haber recuperado solo dos cuerpos. Argumentó que se ponía en riesgo la vida de los equipos de emergencia.

Varias familias denunciaron que, de ser rescatados los cadáveres, podría evidenciarse que las condiciones de trabajo en la mina no eran adecuadas para garantizar la seguridad de los mineros, como concluyó después la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El pasado octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en 2021 se reanudará el rescate de los cuerpos atrapados. También confirmó que este año los familiares de los fallecidos recibirían sendas indemnizaciones.

Su antimonumento se encuentra desde 2018 en Reforma, frente a la Bolsa Mexicana de Valores. Un año después, los familiares colocaron junto a él decenas de cascos como símbolo de los mineros que quedaban por rescatar.

5. La masacre de Tlatelolco

Antimonumento a la masacre de Tlatelolco.

Marcos González

El simbólico Zócalo de Ciudad de México fue el lugar elegido para inaugurar un antimonumento cuando se cumplieron 50 años de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Aquel día, miles de personas se reunieron en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, convocadas por un movimiento de estudiantes cada vez más activo que protestaba contra el gobierno y la violencia de la policía.

Pero ese 2 de octubre la actuación fue aún más desmedida. Cientos de soldados y miembros de grupos paramilitares iniciaron una balacera contra la multitud que participaba en un mitin pacífico. No hay un balance oficial de víctimas, aunque se estima que mataron a cientos de personas.

No fue hasta 2006 que el expresidente Luis Echeverría -quien era secretario de Gobernación en 1968 en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz- quedó en arresto domiciliario acusado de genocidio, aunque fue exonerado tres años después. Ningún funcionario fue declarado nunca culpable.

La emblemática frase “2 de octubre no se olvida” y otra que reza “Fue el Ejército, fue el Estado” pueden leerse en el antimonumento dedicado a una masacre que dio un vuelco a la vida política y social de México para siempre.

6. “Antimonumenta” contra los feminicidios

Antimonumento a los feminicidios

Marcos González

Un antimonumento para denunciar la violencia contra las mujeres parece inevitable en México, un país donde diez mujeres son asesinadas cada día.

El conocido como “Antimonumenta” fue inaugurado en el marco del Día Internacional de la Mujer del año pasado frente al Palacio de Bellas Artes.

Convertido en punto central de muchas de las marchas de mujeres organizadas en los últimos meses en la capital mexicana, junto a él suelen verse veladoras, flores, cruces rosas, fotografías de decenas de mujeres asesinadas o desaparecidas en el país y mensajes exigiendo justicia.

“Ni una más. No más feminicidios”, se lee en este antimonumento que fue saboteado durante una marcha de opositores al aborto el pasado año.

7. Masacre de migrantes de San Fernando

Antimonumento de la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas.

AFP

El último en sumarse a la lista de antimonumentos de Ciudad de México fue un “+72” instalado el pasado agosto en Reforma, frente a la Embajada de Estados Unidos, para reclamar justicia por la masacre ocurrida en San Fernando diez años antes.

En agosto de 2010, 72 personas migrantes -la mayoría de origen centroamericano- fueron brutalmente asesinadas en esta localidad del estado de Tamaulipas, en la frontera norte de México.

El grupo fue secuestrado mientras viajaba en autobús por el cartel de Los Zetas, que los acribilló después de negarse a pagar el dinero que les exigían por dejarlos libres.

Los captores los vendaron, los obligaron a apoyarse contra un muro y luego los balearon. Solo dos personas lograron escapar. Ninguna persona llegó a ser condenada por este espeluznante hecho.

Con el mensaje “migrar es un derecho humano”, el antimonumento fue colocado como homenaje a las víctimas de esta masacre y a todos los migrantes muertos o desaparecidos en el peligroso viaje que emprenden cada año hacia territorio estadounidense.


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