Duermen en el suelo y beben agua contaminada: así trabajan niños indígenas en un rancho
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Duermen en el suelo y beben agua contaminada: así trabajan niños indígenas en un rancho

Por tercera vez en algo más de un año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a autoridades locales y federales por un caso de explotación laboral de menores indígenas en un rancho agrícola. UNICEF México estima que 44% de los hogares de jornaleros tienen, al menos, un niño trabajador.
Especial
Por Manu Ureste
7 de febrero, 2017
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Niños indígenas de entre cuatro y 12 años de edad trabajaban en un rancho agrícola en San Luis Potosí, donde compartían cuartos hacinados con más de 200 jornaleros y dormían en el suelo infestado de chinches. Además, los menores de etnia nahua solo disponían de cartones para cubrirse en la noche, y se les negó la atención médica a pesar de las fuertes diarreas que padecían por el consumo de alimentos podridos y agua no potable.

Y todo, con el ‘permiso’ de funcionarios públicos de la Secretaría del Trabajo local y federal, la Procuraduría estatal de justicia, y de la Procuraduría de Protección de Niños, quienes a pesar de estar enterados de las denuncias no tomaron medidas para evitar las violaciones a derechos humanos.

Todo lo anterior lo documenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en una recomendación –la tercera por el mismo motivo desde octubre de 2015- que envió al secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, y al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carrera, para que se repare el daño a los menores y a los jornaleros indígenas.

Trabajaban niños de entre cuatro y 12 años de edad

Según consta en la recomendación 70/2016, el 13 de junio de 2016 la Comisión de derechos humanos de San Luis Potosí recibió una llamada telefónica de Juan pidiendo ayuda.

Juan, cuyo verdadero nombre queda protegido por temor a represalias, explicó que trabajaba sembrando chile y pepino en un rancho en el municipio potosino de Villa Juárez. Y que junto a él había al menos otros 240 jornaleros indígenas, “incluyendo niños de entre cuatro, cinco y 12 años de edad”, que llegaron desde diferentes puntos de las sierras de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí, para laborar de 07.30 de la mañana hasta las 16.30 de la tarde por un salario de 150 pesos al día.

En su denuncia de hechos, Juan expuso que las condiciones de trabajo y alojamiento eran infrahumanas para todos los jornaleros, pero más aún para los menores que dormían con otras ocho personas tirados en el suelo, entre el lodo y una “epidemia” de chinches.

Tres días más tarde de la denuncia telefónica, el 16 de junio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tomó el caso y un día después se presentó en la Secretaría del Trabajo Federal en San Luis Potosí para pedirle que diera “atención inmediata” a la denuncia de Juan.

Pero ni la delegación estatal de la Secretaría del Trabajo, ni tampoco la Secretaría del Trabajo local, realizaron acción alguna para verificar las condiciones laborales en este rancho, por lo que la CNDH se presentó el 19 de agosto en las instalaciones del campo agrícola.

Cocinaban alimentos con agua contaminada de una cisterna

Allí, durante dos días, la CNDH documentó que al menos siete niños estaban trabajando “en condiciones indignas” y de “explotación”, y que prácticamente vivían hacinados como el resto de jornaleros en unas caballerizas.

“Las viviendas proporcionadas por el empleador eran inadecuadas, pues permitían la filtración del agua de lluvia, el suelo era de tierra, carecían de instalaciones eléctricas, había presencia de fauna nociva y el agua con el que cocinaban sus alimentos provenía de una cisterna que, a simple vista, presentaba malas condiciones de higiene con insectos en la superficie”, detalla el informe de la CNDH.

Los patrones les vendían alimentos “excesivamente caros” en la tienda del rancho

Además, los menores y los jornaleros no contaban con baños ni regaderas, ni con agua potable para beber. Situación que los obligó a tener que caminar a diario varios kilómetros para bañarse y beber agua en un arroyo, lo que a su vez originó que muchos de ellos presentaran síntomas de diarrea, a pesar de lo cual los dueños del rancho les negaron la atención médica.

En cuanto a la alimentación de los menores y de los jornaleros, el ‘menú’ siempre era el mismo: agua hervida con frijoles y 600 gramos de tortilla por persona. Aunque los patrones del rancho tenían una tienda en el campo donde les vendía productos “excesivamente caros”, por lo que los jornaleros acababan endeudándose con sus jefes si querían comer una ‘dieta’ diferente.

Autoridades solo hicieron trámites burocráticos

Tras la visita al rancho, la CNDH solicitó el 20 de agosto a la Procuraduría de justicia de San Luis Potosí la implementación de medidas cautelares para proteger a los menores y a los jornaleros explotados. Petición a la que la Procuraduría contestó afirmativamente por escrito.

Sin embargo, la CNDH denuncia en su recomendación que la Procuraduría no tomó en realidad ninguna acción concreta, al igual que que la Secretaría del Trabajo local y estatal.

“Quedó plenamente evidenciado que las autoridades responsables de la aplicación de las leyes del trabajo no adoptaron las medidas necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones a derechos humanos, a pesar de haberles sido requeridas por la Comisión Nacional, a quienes hicieron llegar sus correspondientes aceptaciones”, recalca la CNDH.

En cuanto al trabajo de la Procuraduría estatal, la Comisión evidencia que su actuación se limitó básicamente a abrir una carpeta de investigación y a realizar trámites burocráticos estériles entre sus diferentes áreas, sin llevar a cabo “acciones de investigación ni medidas de protección de las posibles víctimas de delito”, como la explotación laboral y/o la trata de personas.

Por estos motivos, la CNDH dirigió la recomendación a Alfonso Navarrete, titular de la Secretaría del Trabajo federal, y a Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí, a quienes instó a que sus respectivos órganos internos de control inicien una investigación en contra de 12 servidores públicos adscritos a las Secretarías del Trabajo federal y local, a la Procuraduría estatal, y a la Procuraduría estatal de Protección a niños, “por no investigar el caso, ni proteger y salvaguardar los derechos de los jornaleros” ni de los menores.

Lee aquí el documento íntegro de la recomendación.

“Condiciones infrahumanas” también en Baja California

Cabe subrayar que esta no es la primera recomendación que emite la CNDH por un caso de explotación laboral de jornaleros indígenas y de menores.

De hecho, apenas el pasado 31 de mayo de 2016, la comisión envió otra recomendación al secretario del trabajo, Alfonso Navarrete, y al gobernador de Baja California, Carlos Mendoza, por las “condiciones infrahumanas” en las que fueron hallados jornaleros rarámuris en campos del municipio de Comondú.

En esta recomendación también se denuncian violaciones a derechos humanos en contra de menores indígenas que trabajaban en el campo en condiciones precarias.

Mientras que meses antes, en octubre de 2015, la CNDH emitió otra recomendación dirigida esta vez al entonces titular de Sedesol, José Antonio Meade, así como al ayuntamiento de Yurécuaro, Michoacán, luego de que una menor indígena perdiera la vida ahogada en el aljibe de un albergue comunitario para jornaleros agrícolas.

44% de hogares de jornaleros cuentan con al menos un niño trabajador

UNICEF advierte que en México los hijos e hijas de los jornaleros agrícolas “son un grupo especialmente vulnerable”.

Así lo apunta en su estudio ‘Trabajo infantil’, en el que la agencia para la niñez de la ONU subraya que 44% de los hogares de jornaleros agrícolas cuentan con, al menos, un niño o una niña trabajador.

Es decir, que en casi 5 de cada 10 casas de jornaleros los niños laboran, estando expuestos a posibles violaciones a derechos humanos como la explotación laboral o el tráfico de personas.

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Agresión de policías a músico reenciende protestas en Francia por polémica ley de seguridad

El ataque a un productor de música negro, que fue golpeado por policías de París, ha elevado la indignación en Francia en momentos en que el gobierno promueve una polémica ley de seguridad.
28 de noviembre, 2020
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Los policías involucrados “han manchado el uniforme de la república”, sentenció este viernes el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin.

Y es que la golpiza que recibió el productor de música Michel Zecler el pasado 21 de noviembre ha indignado al país luego de que se diera a conocer un video del incidente que tuvo con policías en París.

Un caso que ha reavivado las protestas que se registran en el país por una ley de seguridad que propone el gobierno y que los manifestantes advierten hará invisibles casos de abuso de las fuerzas del orden.

Las imágenes de una cámara de seguridad, difundidas primero por el sitio de noticias Loopsider, muestran a tres agentes pateando y golpeando con porras a Zecler, cuando este entraba a su propio estudio musical.

El productor de Black Gold Studios presuntamente se había cruzado con una patrulla y, al no llevar puesta una mascarilla, trató de entrar rápido a su oficina para evitar ser multado.

Tres agentes lo siguieron e ingresaron al estudio para sacarlo a la calle. Para conseguirlo, hicieron uso de la fuerza, hecho que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dice que es “inaceptable” y “vergonzoso.

Tras pedirles ayuda, artistas que estaban en el estudio consiguieron liberarlo de los agentes y cerrar la puerta, pero los policías reingresaron y lanzaron una granada lacrimógena en el interior.

Zecler asegura que, además de ser golpeado, fue objeto de insultos racistas por ser negro durante los cinco minutos de golpiza que le dejó hematomas en todo el cuerpo, además de necesitar puntos en la cabeza.

Inicialmente había sido acusado de violencia y resistencia al arresto, pero los fiscales desestimaron los cargos y en su lugar abrieron una investigación contra los agentes.

“Me atacaron personas que deberían haberme protegido. No hice nada para merecer esto. Solo quiero que estas tres personas sean castigadas según la ley”, dijo Zecler a la prensa afuera de la jefatura de policía el jueves, a la que llegó con su abogado para presentar una denuncia.

Los tres policías que aparecen en el video han sido suspendidos y están bajo investigación. Fueron interrogados el viernes.

Pero este caso y otros de uso excesivo de la fuerza solo ha reavivado las protestas en el país contra el gobierno de Macron.

Una protesta en París

EPA
Miles de manifestantes tomaron las calles, a pesar de las restricciones de movilidad por la pandemia de covid-19.

La policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes que se manifestaban en París este sábado.

Los enfrentamientos comenzaron después de que algunos en la multitud arrojaron piedras y fuegos artificiales a los agentes. Autos fueron incendiados y se levantaron barricadas.

Una protesta en París

Reuters
Hubo algunos disturbios en París durante una marcha multitudinaria.

Macron exigió el viernes una respuesta rápida de sus subalternos para reconstruir la confianza entre la policía y los ciudadanos. Dijo que Francia nunca debería “resignarse a la violencia” o “dejar que prospere el odio o el racismo”.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, dijo estar “profundamente conmocionada” por este “acto intolerable”.

El ojo sobre la policía

El gobierno francés ha emprendido un controvertido proyecto de ley de seguridad, que según los opositores podría socavar la capacidad de los medios para examinar el comportamiento de la policía.

El artículo 24 del proyecto de ley tipifica como delito la publicación de imágenes de policías o soldados en las redes sociales que puedan afectar a los uniformados en su seguridad física y psicológica.

Los críticos de la legislación dicen que sin tales imágenes, ninguno de los incidentes como el de Zecler, o el desalojo de un campamento de migrantes la semana pasada en París, habría salido a la luz.

El gobierno argumenta que el nuevo proyecto de ley no compromete los derechos de los medios de comunicación ni de los ciudadanos comunes a denunciar los abusos policiales.

Una protesta en París

Reuters
Tras las protestas, el artículo 24 del proyecto de ley ha sido enmendado.

Ante las críticas, el gobierno agregó una enmienda, especificando que el artículo 24 “sólo tendrá como objetivo controlar la difusión de imágenes claramente dirigidas a dañar la integridad física o psicológica de un oficial de policía o soldado”.

Las personas declaradas culpables podrían ser castigadas con un año de prisión o con una multa de hasta 45.000 euros (US$53.800).


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