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Colinas de Santa Fe: “Los policías a los que pedimos ayuda secuestraron a mi hijo”

Griselda Barradas Huesca, del Colectivo Solecito, narra cómo fue la búsqueda de su hijo Pedro; un agente del MP que fue secuestrado en 2013 junto a su secretario Gerardo, y que hasta la fecha son las únicas dos víctimas identificadas entre 249 cadáveres en Colinas de Santa Fe, Veracruz.
Por Manu Ureste
16 de marzo, 2017
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Animal Político viajó a Colinas de Santa Fe, en el Puerto de Veracruz, para platicar con las madres del Colectivo Solecito, quienes buscan a sus hijos desaparecidos en la que hasta la fecha es la mayor fosa clandestina del sexenio en México. En esta primera entrega de tres, Griselda Barradas Huesca narra cómo fue la desaparición y los posteriores años de búsqueda de su hijo Pedro; un agente del MP que junto a su secretario Gerardo, son hasta la fecha las únicas dos víctimas identificadas entre 249 cadáveres.

Cinco balazos

La luz perpendicular del mediodía quemaba a plena intensidad, cuando Griselda escuchó el sonido seco de cinco disparos.

¡Pam, pam, pam…!

Los balazos se escucharon claros a un par de cuadras de su casa en Cardel, una pequeña localidad ubicada a 37 kilómetros del Puerto de Veracruz. Pero Griselda no se alteró, ni corrió a refugiarse. Si acaso, dice encogiendo los hombros, le extrañó que los maleantes ya tuvieran la desfachatez de no esperar a que cayera la noche para cometer sus crímenes.

Tras la última detonación, la mujer volvió a su rutina: se metió a la ducha, comió algo que ya no recuerda, y más tarde salió a la calle para hacer unos mandados.

Aproximadamente a las 14 horas, cuando ya caminaba de regreso a su domicilio, Griselda vio a lo lejos la camioneta Cheyenne blanca que la Secretaría de Seguridad Pública había asignado a su hijo Pedro, un agente del Ministerio Público de apenas 30 años de edad y un extenso currículum de licenciaturas, Maestrías, y 10 años de servicio en Ministerios Públicos de diferentes regiones de Veracruz, como Atoyac y Cuitláhuac.

Contenta, Griselda tomó de su bolsa el celular y le mandó un mensaje a su hijo para pedirle que regresara y saludarlo unos minutos.

Al final de la calle, la camioneta se detuvo, dio la vuelta y se dirigió hacia ella.

Pero Pedro no manejaba el vehículo.

-Cuando vi que mi nuera se bajó del coche con los ojos llorosos tuve de inmediato un mal presentimiento –asegura Griselda con la mano puesta en el pecho-. Me acerqué a ella y le dije: “Dime qué le ha pasado a mi hijo”.

Haciendo un esfuerzo por controlar el llanto, su nuera Yuridia le trató de explicar que, al parecer, un comando armado había atacado unas horas atrás a Pedro y a Gerardo Montiel, su secretario particular, y que habían dejado su camioneta abandonada en un paraje.

-Los ‘balacearon’ y se los llevaron.

Aturdida, Griselda no entendía nada de lo que le trataban de explicar.

Fue como hasta las seis de tarde, horas después del ataque a Pedro, cuando ya lo vio todo con una claridad que le estremeció el cuerpo: los cinco balazos que había escuchado en la mañana eran para su hijo.

“La patrulla de la Policía entregó a mi hijo”

Casi cuatro años después de aquel 15 de abril de 2013, Griselda recuerda la escena sentada en una de las bancas que hay en el paseo marítimo del Puerto de Veracruz, entre turistas con sombreros tipo Panamá que fotografían los buques amarrados a tierra, y los soldados de la Marina que deambulan por la zona con caras de aburrimiento.

Tras recibir la noticia, continúa narrando la veracruzana, ella y su nuera pidieron ayuda a la comandancia de Policía de Cardel para que una patrulla las escoltara hasta Las Bajadas, en el Puerto de Veracruz.

Allí avisaron a la Marina de la desaparición de Pedro, puesto que llevaba trabajando ocho meses como Fiscal Especial adscrito a la Secretaría de Marina como parte de ‘Veracruz Seguro’; un operativo ideado para tratar de frenar la delincuencia en un estado que aquel año 2013, cuando secuestraron a Pedro y Gerardo, registró 863 asesinatos –en 2016, esa cifra ya se disparó a mil 258, 45% al alza-.

Una vez en la base militar, los policías insistieron en retirarse de inmediato, a pesar de que les solicitaron que se esperaran para escoltarlas de regreso. Sin embargo, Griselda cuenta que, tiempo después, supieron por un testigo que las prisas de los policías por desaparecer cuanto antes se debía a que habían participado en el secuestro de Pedro y Gerardo.

-La patrulla que nos escoltó fue la misma que los entregó. Es decir, les dio tiempo de entregarlos, regresarse a su puesto, y luego todavía fue con nosotras a Veracruz para escoltarnos –denuncia Griselda, quien añade sarcástica que, curiosamente, al día siguiente de la desaparición de su hijo, cambiaron a todos los policías de Cardel sin explicación alguna.

En este punto de la historia cabe precisar un apunte: si bien las dos personas que fueron detenidas semanas después del secuestro de Pedro y Gerardo declararon que recibieron ayuda de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, tal y como publicaron medios veracruzanos como el blog Expediente, hasta el momento no hay policías detenidos por el caso.

No obstante, la participación de la Policía Estatal en secuestros no es un hecho aislado en Veracruz.

Por ejemplo, en enero de 2016, cinco jóvenes de Playa Vicente fueron entregados al crimen organizado luego de que policías estatales los detuvieran en un retén en Tierra Blanca. Y poco después, en marzo de ese año, otros tres jóvenes de Papantla fueron desaparecidos por la policía. De hecho, según datos oficiales, Veracruz es la tercera entidad en el país que tiene más policías estatales reprobados en confianza: el 26% de la corporación, o casi 3 de cada 10 elementos. 

Tras recordar el pasaje de la policía, Griselda niega con la cabeza y dice que no sabe con exactitud por qué desaparecieron a su hijo. Aunque sin entrar en muchos detalles, explica que Pedro desmanteló meses antes de su secuestro a una red criminal en Córdoba, en la zona centro de Veracruz, y eso pudo haber molestado a bastantes personas, tanto autoridades como criminales.

-Creo que mi hijo era demasiado honesto en su trabajo y eso no le convenía ni le gustaba a mucha gente. Les estorbaba.

“Miraba la fosa y le preguntaba: ¿Hijo, serás tú quién está ahí?”

Con la desaparición de Pedro, su familia se quedó paralizada inicialmente por el trauma y la incertidumbre. Además, la viuda de Pedro, Yuridia, asegura que tuvo que enfrentar el estigma del “algo habrá hecho” de algunas personas que susurraban que Pedro fue levantado por vínculos con el crimen organizado.

-Mucha gente en Cardel no sabía a qué se dedicaba mi esposo. Y como anteriormente habían levantado a otras personas que tal vez sí andaban mal, pues pensaron que él también era un malandro –dice Yuridia, que añade que cuando Pedro desapareció hubo personas que dejaron de asistir a su academia de ballet, en Cardel.

Con el paso del tiempo, Griselda comenzó a moverse. Pasó por varias organizaciones civiles que buscan a personas desaparecidas, hasta que en 2016 las madres del Colectivo Solecito la invitaron a unirse.

Con ellas participó en una protesta el 10 de mayo por la desaparición de sus hijos. Y ahí fue cuando “un muchacho” les entregó un “regalo” por el Día de la Madre: un mapa dibujado a mano con las indicaciones precisas para llegar al predio Colinas de Santa Fe, a unos pocos kilómetros del Puerto de Veracruz.

De acuerdo con el mapa, aquel predio del tamaño de un campo de futbol era un enorme cementerio clandestino que un grupo del crimen organizado usaba para desaparecer a cientos de personas.

El 3 agosto de 2016, el grupo de mujeres comenzó a excavar la tierra. Y a los pocos días, salieron a flote las primeras fosas. Y luego más, hasta que en la actualidad, seis meses después, suman 125 fosas, 249 cadáveres, y al menos 14 mil restos óseos en la que ya es la fosa clandestina más grande de México en lo que va de sexenio.

-Desde que llegué el primer día, le dije a una compañera: ‘Yo siento que mi hijo está enterrado aquí. No sé en cuál de estas fosas, pero él está aquí’.

Y en efecto, en una de las tumbas estaban Pedro y su compañero Gerardo. Las dos primeras víctimas que gracias en buena medida a que fueron enterradas con sus credenciales, fueron rápidamente identificadas por las autoridades entre cientos de cuerpos que aún esperan las pruebas de ADN por falta de recursos, tal y como reconoció la Fiscalía veracruzana.

-Cuando escarbaba la tierra no lo podía reconocer, pero sé que estuve muy cerca de la fosa de mi hijo. Estuve a unos metros, a unos pasos de él. De hecho, había un campamento muy cerca de la fosa y yo me quedaba ahí sentada, mirándola, y diciéndole: “¿Serás tú, hijo, quién está ahí al lado de mí?”.

 “Su trabajo le costó la vida y la Fiscalía no lo reconoció. No fueron ni al sepelio”

El viento cargado con agua de mar arrecia y Griselda se acomoda el pelo que luce pintado de un ligero color rojizo.

El dolor por la ausencia de su hijo estará presente toda su vida, dice mientras sostiene una foto a color tamaño carta en la que Pedro, vestido con un saco blanco y una camisa beige, mira muy sonriente a la cámara. Pero haberlo encontrado en Colinas de Santa Fe después de cuatro años de búsqueda, le ha regresado algo de paz a su vida y a la de su familia.

Ahora, al menos ya puede hablar de su hijo sin que se le quiebre la voz a cada rato. Puede, por ejemplo, recitar con orgullo que su Pedro es licenciado en Derecho, que tiene una maestría en Derecho Procesal, otra en Psicología criminalística, y que si no hubiera decidido prepararse para ser Ministerio Público, muy probablemente también habría terminado su Doctorado.

-Nadie puede decir que mi hijo llegó a Fiscal Especial por un ´palancazo’. Todo fue gracias a su esfuerzo –presume Griselda, que recuerda a su hijo años atrás estudiando durante largas noches con un café para no quedarse dormido, y con la ambición de poder hacer bien su trabajo.

Quizá por esa dedicación, lamenta Griselda, a la familia le duele aún más que la Fiscalía de Veracruz no le haya dedicado a Pedro ni un mínimo gesto de reconocimiento a una labor “que le costó la vida”.

-Según decía mi hijo en vida, él tenía muchos amigos en la Fiscalía –la mujer mira al suelo, guarda silencio, y niega con la cabeza-. Pero cuando fue su sepelio, ninguno de sus compañeros se presentó para despedirlo.

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Familia Dudek

Ikea indemniza con 46 mdd a padres de un niño que murió aplastado por uno de sus muebles

El gigante sueco alcanzó un acuerdo millonario con la familia de un niño de 2 años que en 2017 fue aplastado por los cajones de un gavetero de la línea Malm que le cayeron encima.
Familia Dudek
7 de enero, 2020
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El fabricante de muebles sueco Ikea alcanzó un acuerdo por el que pagará US$46 millones a los padres de un niño que murió cuando varios cajones de un mueble fabricado por esa empresa le cayeron encima.

Jozef Dudek, de 2 años, falleció en mayo de 2017 cuando los cajones de un gavetero de Ikea modelo Malm se desplomaron sobre él en el hogar familiar en California, Estados Unidos.

El mueble, que pesa unos 32 kilogramos, había sido retirado del mercado un año antes por una alerta de seguridad tras la muerte de otros tres menores.

Se trata de la mayor indemnización por homicidio imprudente de un niño en la historia de Estados Unidos, según dijeron los abogados.

Tres hombres participan en una demostración, con una muñeca, de cómo se pueden volcar los cajones de una cómoda Malm de Ikea

AFP
Expertos realizaron en 2016 demostraciones del peligro que pueden suponer las cómodas de la línea Malm de Ikea.

“Si bien ningún acuerdo puede alterar los trágicos eventos que nos trajeron hasta aquí, por el bien de la familia y de todos los implicados estamos agradecidos de que el litigio se haya resuelto”, declaró una portavoz de Ikea.

“Seguimos comprometidos en nuestro esfuerzo por abordar esta cuestión de seguridad doméstica tan importante”, añadió.

Una familia devastada

En un comunicado, los padres del niño, Joleen y Craig Dudek, dijeron que están “devastados” por la pérdida de su hijo.

“Nunca pensamos que un niño de 2 años pudiera hacer que un gavetero de 76 centímetros de altura volcara y lo aplastara”, añadieron. “Solo después supimos que el mueble era inestable por diseño“.

Exposición de un gavetero Malm de Ikea en China

Getty Images
Los gaveteros Malm fueron también retirados de las tiendas de Ikea en China en 2016.

“Contamos nuestra historia porque no queremos que esto le suceda a otra familia”, prosiguió la pareja, que instó a cualquiera que todavía tenga uno de los muebles retirados del mercado a devolverlo.

La familia también dijo que donarán US$1 millón del acuerdo a grupos que trabajan para proteger a los niños de productos peligrosos.

Retirada del mercado

En 2016, Ikea llamó a sacar del mercado norteamericano millones de gaveteros Malm por una alerta de seguridad. Fue el retiro más grande de un producto del mercado en la historia de la compañía.

Inicialmente, la empresa aconsejó a los clientes utilizar una sujeción de pared para estos muebles, pero la muerte de un tercer niño hizo que Ikea decidiera retirarlos.

Camden Ellis y Curren Collas, de 2 años cada uno, y el bebé de 23 meses Ted McGee fueron todos aplastados por este tipo de gavetero.

De izquierda a derecha: Camden Ellis, Curren Collas y Ted McGee

Feldman Shepherd
De izquierda a derecha: Camden Ellis, Curren Collas y Ted McGee, tres niños que murieron aplastados por cajones de gaveteros Malm de Ikea.

En diciembre de ese año, la empresa aceptó pagar US$50 millones en un acuerdo combinado con las familias de los tres niños.

Bajo aquel acuerdo, Ikea se comprometió a vender en EE.UU. solamente gaveteros que cumplan con -o excedan- los estándares voluntarios de seguridad nacional para unidades para guardar ropa.

Las muertes propiciaron que la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de EE.UU. lanzara una campaña educativa sobre el riesgo de caída de los muebles con cajones.

En 2017, Ikea volvió a lanzar una orden de retirada en EE.UU. y Canadá.

La empresa dijo que unidades de su línea Malm y otros gaveteros y tocadores suponen “un serio peligro de volcado y aprisionamiento” si no están sujetos a la pared de forma segura.


Recientes indemnizaciones millonarias en EE.UU.:

  • En diciembre de 2019, la familia de un chico de 15 años que murió después de que un agente de policía lo alcanzara con un arma eléctrica Taser logró una indemnización de US$12 millones por homicidio imprudente.
  • Ese mismo mes, el condado de Sacramento, California, accedió a pagar al menos US$25 millones tras un accidente que involucró un auto del sheriff y que dejó a una niña de 10 años con daño cerebral permanente.
  • En noviembre de 2019, un jurado ordenó a las tabacaleras RJ Reynolds y Philip Morris pagar más de US$157 millones a un hombre de Florida por la muerte por cáncer de su esposo.
  • En mayo de 2019, un jurado de California le concedió más de US$2.000 millones a una pareja que denunció que el herbicida Roundup era responsable de su cáncer. La empresa estudia apelar.
  • En 2017, la firma Johnson & Johnson fue condenada a pagar US$417 millones a una mujer que dice que desarrolló cáncer de ovarios después de usar productos como polvos de talco (también pendiente de apelación).

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